Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Expone el lavado de activos de origen delictivo como motivo principal de preocupación para los Gobiernos y para la comunidad internacional. Se trata de un fenómeno que tiene tres características fundamentales: mueve enormes sumas de dinero, utiliza técnicas sofisticadas –fundamentalmente a través del sistema financiero- y supera los límites nacionales para alcanzar dimensiones internacionales. Precisamente, a propósito de la necesidad de “blanquear” los activos de manera inadvertida para los órganos de persecución, los agentes de blanqueo se hacen de abogados en ejercicio por la calidad de sus conocimientos técnicos, para de esta forma les permita alcanzar de mejor manera sus objetivos furtivos. Es por esta razón que cada vez en mayor medida se viene poniendo en tela de juicio si la participación del letrado puede ser causa de un blanqueo de dinero llevado a cabo por su cliente. Lamentablemente, la práctica judicial nacional se muestra poco inclinada a explicaciones alternativas o apartadas de tesis que sólo buscan el punitivismo de estas conductas sin reparar en los fundamentos jurídicos que la figura exige. Esto queda de manera clara sin duda en la actual regulación cada vez más expansiva en materia de blanqueo de capitales 1 , la cual arrastra consecuencias negativas para el ejercicio de la abogacía, pues si el abogado conoce o simplemente presume que una determinada estructura societaria por él creada puede ser utilizada por su cliente para el blanqueo de dinero, debe responder a título de partícipe. En virtud de tamaño atropello, quiero acercar una solución a un problema que ha venido aquejando a más de un futuro colega: ¿Cuándo un abogado será objeto de responsabilidad penal por el delito de lavado de activos a propósito de recibir algún dinero o bien de procedencia ilícita por razones de asesoría o litigio? ¿O es qué acaso cualquier aporte causal al resultado configurará participación en el delito de blanqueo de capitales? En el marco de las próximas líneas se intentó dar respuesta a esta pregunta a partir de un análisis que quiere centrarse en una visión de la problemática desde la teoría de la imputación objetiva y sus subinstitutos, destacando entre otros, uno de sus más recientes desarrollos jurisprudenciales: las denominadas “acciones neutrales” como institución dogmática, en su caso, explicativa de ausencia de imputación. / Tesis

El objetivo de esta investigación es sistematizar una metodología de entrenamiento desde el manejo de técnica teatral, que le ayude al abogado a desarrollar sus habilidades de comunicación en vivo, en las audiencias arbitrales, para persuadir al tribunal del litigio. Tomando como punto de partida la capacidad del abogado para crear una teoría sólida del caso, propongo potenciar su habilidad de proyectar su discurso hacia los árbitros de la contienda, utilizando herramientas que usaría un actor para organizar un rol o un personaje persuasivo. Todo este bagaje que proviene de la tradición teatral está sustentado en investigaciones de piscología y comunicación. Así mismo, en los resultados obtenidos de la experiencia del entrenamiento de estudiantes de derecho y/o abogados en competencias internacionales de litigio arbitral (MOOT) y consultorías privadas. Todo puesto al servicio del abogado para que pueda transmitir de manera atractiva su teoría del caso “sepa cómo contar de manera atractiva su historia” y mejorar su performance en la “puesta en escena” que es la audiencia arbitral. / Tesis

Tesis (magister en derecho con mención en derecho público) / El juramento de abogado señalado en el inciso 1° del artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales: “En la audiencia indicada, después que el postulante preste juramento de desempeñar leal y honradamente la profesión de abogado, el presidente del tribunal, de viva voz, lo declarará legalmente investido del título de abogado.”, es un requisito para obtener el título de carácter religioso cristiano y que la Corte Suprema así lo entiende al aplicar literalmente dicho precepto legal. El objetivo de esta tesis es verificar la siguiente hipótesis: la interpretación del precepto del juramento de abogado se integra con la promesa como alternativa al juramento bajo la fórmula juramento o promesa. La comprobación de la hipótesis empieza por determinar el concepto, características y sentido religioso cristiano del juramento en general y luego del juramento de abogado en particular y la interpretación literal que hace la Corte Suprema que no admite la promesa. Posteriormente se desarrolla el sentido y alcance del derecho a la libertad de conciencia y el principio de igualdad ante la ley en las distintas fuentes del derecho tanto nacionales como internacionales y se establece su contradicción con el precepto legal del juramento de abogado. Luego se continúa con el estudio de la percepción del juramento de abogado que tienen los Licenciados en Derecho que van a jurar y de algunas autoridades y personas representativas de determinados sectores de nuestra sociedad. Y finaliza esta tesis con el análisis de las distintas interpretaciones de la norma legal del juramento de abogado: la interpretación literal, la interpretación que deroga tácitamente la norma y la interpretación finalista que integra el vacío legal de la norma con la promesa como disyuntiva al juramento de acuerdo a la fórmula juramento o promesa; y la elección fundada de ésta última que verifica la hipótesis planteada.

El rol de los Colegios de Abogados es de importancia ya que otorgan la colegiatura, controlan, fiscalizan y sancionan – de ser el caso- el ejercicio profesional; no obstante, no ha estado ajeno de cuestionamientos con el pasar de los años. Según encuesta realizada por La Ley, en el 2014 existían más de 130,000 abogados, el 62% ejercía en el sector público, el 93% de abogados consideraba necesario un registro que brinde información de la especialidad, formación y sanciones, el 63% apoyaba que se realice un examen para obtener la colegiatura, y el 69% creía necesario una evaluación periódica que determine la calidad profesional (La Ley 2014: 1-6). Por ello, se puede concluir que no existía un mecanismo de transparencia e información adecuada por parte de los Colegios; además, que los abogados ya percibían que tanto la colegiatura, así como el método de calificación, información y filtro de calidad profesional realizada para la colegiatura no era la más idónea. Además, a pesar de que existen 32 Colegios de Abogados en todo el país1 , ello no ha ayudado a que la ciudadanía sienta menos desconfianza de los abogados, ni asegura el ejercicio de calidad profesional y ética de los mismos. El presente trabajo tiene como objetivo resolver los siguientes cuestionamientos; (i) si la colegiatura es el mecanismo más idóneo como filtro para determinar un buen ejercicio profesional de abogados; (ii) si se está realizando un control efectivo disciplinario y sancionador a los abogados que incurran en faltas al ejercicio profesional y/o cuál es el motivo que evita que este se realice de manera correcta; y, (iii) qué modificaciones y/o mejoras debería haber a fin de que los colegios de abogados ejerzan un buen control disciplinario.

El objetivo principal de esta memoria profesional es documentar un proceso aprendido tras cinco años de experiencia. En ella se detallan temas esenciales sobre cómo generar una estrategia de comunicación efectiva para un estudio de abogados. Si bien no se afirma que detallar es el único camino para conseguirlo, éste fue el que trajo resultados más satisfactorios durante el tiempo dedicado a este tipo de trabajo. Esta memoria pretende ser un aporte para las personas o instituciones interesadas en entender paso a paso el proceso de la estrategia de comunicación aprovechando los aprendizajes logrados a través de la experiencia del proyecto. Se espera también que estas experiencias puedan ser replicadas con otros proyectos comunicacionales que tengan que ver con servicios de esta naturaleza. En este documento se sistematiza la experiencia obtenida en el área de marketing con el importante estudio Torres y Torres Lara Abogados, aun cuando es necesario precisar que la memoria esta complementada con comentarios de diversas experiencias y lecturas que refuerzan los aprendizajes logrados hasta el presente.

Un hito sin precedentes se produjo el año 2004 en nuestro país. En junio de ese año el Presidente del Poder Judicial entregó al Presidente del Ejecutivo el voluminoso Plan de la Comisión Especial de la Reforma Integral de la Justicia (CERIAJUS) a cuya elaboración se habían avocado, durante 6 meses, las principales instituciones del sistema de justicia en un trabajo conjunto con representantes de la sociedad civil. Era la reforma impulsada no sólo por los Jueces, o por el poder político, como antaño, sino que incluía al conjunto de actores involucrados en el proceso de impartición de justicia, incluso organizaciones representantes de sectores de la ciudadanía, algo antes impensado en el Perú, de modo que esta circunstancia marcaba un antes y un después para el sistema de justicia. Dicho Plan contenía propuestas puntuales para mejorar el servicio de justicia de nuestro país, entre ellos la formación y evaluación de los jueces, tema que esperamos desarrollar en este trabajo y aportar nuevas luces sobre otros esfuerzos que se hayan emprendido en el mismo sentido.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La presente Memoria de Prueba tiene por finalidad el estudio de la vida y obra de la ilustre abogada y docente de nuestra Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales, doña Ana Hederra Donoso. Para comprender la trascendencia de esta abogada, es menester situarnos en la época en que ingresó a la Universidad, en la década de 1920, en donde las mujeres tenían una naciente y difícil incursión en este ámbito, siendo una lucha constante para aquellas que se aventuraban en un mundo dominado por los hombres, sobre todo en el Derecho.

La investigación presenta un análisis de la revelación de los mecanismos de las planificaciones fiscales agresivas por parte de los profesionales del Derecho a las administraciones tributarias, obligación que forma parte de la acción 12 del llamado "Plan de Acción contra el BEPS". Esta tendría un impacto negativo en el ejercicio del derecho constitucional a la reserva profesional del abogado debido a sus medidas que pretenden luchar contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. Para dilucidar este aspecto, se analiza si la información que se brinda a los profesionales del derecho para la elaboración de planeamientos fiscales, forma parte de la esfera de protección que otorga el derecho obligación a guardar el secreto profesional que tenemos todos los abogados. Se concluye que en Perú, la revelación de los mecanismos de las planificaciones fiscales agresivas por parte de los profesionales del derecho a las administraciones tributarias, no sería posible, puesto que se contrapondría al derecho constitucional a guardar el secreto profesional que protege a los abogados. / The investigation presents an analysis of the disclosure of the mechanisms of aggressive tax planning by law professionals to tax administrations, an obligation that is part of Action 12 of the called "Plan of Action against BEPS." This would have a negative impact on the exercise of the constitutional right to the professionalreserve of the lawyer due to its measures that aim to fight the base erotion and profit shifting. In order to elucidate this aspect, it is analyzed if the information that is provided to the professionals of the right for the elaboration offiscal planning, forms part of the sphere of protection that grants the right obligation to keep the professional secretthat we have all the lawyers. It is concluded that in Peru, disclosure of the mechanisms of aggressive tax planningby professionals of the right to tax administrations would not be possible, because it would be opposed to theconstitutional right to keep professional secret that protects lawyers. / Tesis

Describe la relación existente entre práctica jurídica y corrupción desde la actuación de los estudios de abogados de Lima. Se plantea que los estudios de abogados recurren, en determinados casos, al ejercicio de prácticas corruptas a efectos de conseguir resultados eficientes en los litigios que llevan a cabo ante los diversos órganos del Poder Judicial. La investigación encuentra justificación en los pocos estudios existentes en la actualidad que tienen por finalidad describir la relación entre práctica jurídica privada (estudios de abogados) y redes de corrupción. Asimismo, se utiliza una metodología poco usual en los estudios que abordan el tema de la corrupción, toda vez que plantea un estudio de carácter cualitativo, el cual se ha visto reflejado en el desarrollo de una etnografía. Los resultados confirmaron la hipótesis planteada en la investigación, esto es, que los estudios de abogados participan en las redes de corrupción existentes a efectos de obtener resultados eficientes en lo litigios llevados a cabo ante el Poder Judicial, para lo cual cuentan con personal que participa y actúa en estas redes. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El Departamento de Ciencias del Derecho de la Universidad de Chile ha estado interesado en la realización de memorias relativas a juristas chilenos del siglo XIX. En busca de uno de ellos que hubiera efectuado algún desempeño destacado optamos por don Gregorio Víctor Amunátegui Aldunate, un hombre que fue Presidente de la Excelentísima Corte Suprema entre los años 1892 y 1893, Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juez de Letras, miembro de la Facultad de Filosofía y Humanidades y de la de Letras y Ciencias Políticas de la Universidad de Chile, diputado, profesor, miembro de varias corporaciones científicas y literarias de América y Europa, respecto del cual descubrí un acervo cultural bastante considerable. En relación a este jurista del siglo XIX, pretendemos estudiar sus múltiples desempeños en ya algunas de las áreas que hemos mencionado, pero principalmente destacaremos sus obras literarias y su carrera judicial. Para ello hemos recurrido a gran parte de las obras por él publicadas, en revistas de la época, libros, y hasta algunas en los Anales de la Universidad de Chile, las que mayoritariamente fueron premiadas en los certámenes que ésta organizaba.