Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / A continuación se busca abordar la figura de la desviación de poder, vicio propio de los actos administrativos y que consiste en el ejercicio de una potestad administrativa –o su intencionada omisión- para el cumplimiento de un fin distinto de aquel previsto por el ordenamiento al otorgar la correspondiente potestad al órgano administrativo, y sea este fin público o privado. Dado que es una institución de Derecho Público pensada para el control de las potestades discrecionales –y si bien puede configurarse en el ejercicio de potestades regladas- se analizan los principios basales del Derecho Público que justifican la figura (legalidad y control), haciéndose hincapié en la potestad administrativa como mecanismo del principio de legalidad; se revisa brevemente y en general la cuestión del control de las potestades discrecionales; y finalmente se analiza de manera más detallada la historia de la desviación de poder, sus particularidades en algunos ordenamientos estatales que la recogen, su concepto en la literatura y la jurisprudencia chilenas y las polémicas a que ha dado lugar en la doctrina.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / La presente memoria expone el Derecho Administrativo Sancionador en su fase procedimental. Plantea que el ejercicio por la Administración de las potestades sancionadoras que la ley expresamente le ha atribuido, debe conformarse a un “debido procedimiento administrativo sancionador”, al que atribuye un marcado carácter garantista, pues, adhiriendo a lo planteado recientemente por el Tribunal Constitucional (STC Nº 2.682), este “es similar al penal”. Así, dicho procedimiento administrativo está integrado por principios tales como el derecho al juez natural, el derecho a la defensa jurídica, el derecho a ser notificado de los cargos, el derecho a la prueba, la presunción de inocencia, el derecho al recurso, etcétera. Conforme a la “regla” que importa el “debido procedimiento administrativo sancionador”, en los términos antes referidos, analiza los procedimientos administrativos sancionadores específicos de las superintendencias en relación a tres aspectos críticos: delegabilidad de la potestad sancionadora (principio del juez natural), distinción entre órgano instructor y órgano sancionador (principio de imparcialidad) y ejecución del acto administrativo de sanción (mientras están pendientes recursos deducidos en su contra). Sobre el particular, advierte la existencia de sustantivas diferencias entre superintendencias, tanto normativas como prácticas, que estima inaceptables ya que algunas de ellas (a diferencia de otras) no observarían los principios que integran el debido procedimiento administrativo sancionador y, muy especialmente, por violentarse así el principio de la igualdad ante la ley entre quienes son perseguidos por superintendencias distintas, y más aún si se considera que estas, al menos nominalmente, tendrían la misma naturaleza jurídica. 6 Como solución sugiere el establecimiento de una ley con carácter general, o al menos en relación a las superintendencias, que establezca los principios del debido procedimiento administrativo sancionador, y por lo pronto, la aplicación, con carácter general, al menos en relación a ellas, de las disposiciones legales más conformes a dichos principios que contenga cualquiera de las leyes que individualmente las rige.

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La tesis aborda como problema de investigación si existe relación entre el Liderazgo y el Clima Organizacional en el personal administrativo de una universidad privada de Lima. Para responder a esta interrogante se ha efectuado una investigación no experimental, correlacional con diseño transeccional. Para la evaluación del Liderazgo se utilizo el test Liderazgo de Kurt Lewin analizándose de mediante la Confiabilidad de la Consistencia Interna a través del Coeficiente Alfa de Cronbach para cada uno de los estilos de liderazgo del test habiéndose obtenido que el coeficiente de confiabilidad de las tres tipos de liderazgo es de (0.98). Para la evaluación del Clima Organizacional el Test de Clima Organizacional de Litwin y Stringer (1978) con la Revisión Psicométrica por Luis Alberto Vicuña Peri. La población de estudio estuvo conformada por 237 personas que pertenecen al sector administrativo de la universidad. De esta población se generó un tamaño de muestra que ascendió a un total 147 teniendo en cuenta un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. Así mismo, la selección de la muestra se llevó a cabo de manera probabilística. El estudio encontró que en el personal administrativo de una universidad de Lima predomina el estilo de liderazgo democrático y un clima organizacional con tendencia positiva. Así mismo, se halló que en el personal administrativo solamente ha sido posible establecer una correlación significativa y asimismo negativa entre el estilo de liderazgo laissez faire y el clima organizacional.

La tesis aborda como problema de investigación si existe relación entre la percepción de Justicia de la Institución y el Compromiso Organizacional en los trabajadores administrativos de una Universidad Privada de Lima. Para responder a esta interrogante se ha efectuado una investigación aplicada con el método descriptivo correlacional y con diseño transversal. Para la evaluación del Compromiso Organizacional se utilizó el Cuestionario de Compromiso Organizacional de Allen y Meyer (1990), habiendo encontrado que las tres sub escalas y el cuestionario en su conjunto presentan un alto índice de confiabilidad en la aplicación de la fórmula de Kuder Richardson. La validez se obtuvo por juicio de expertos. Para la evaluación de Justicia Organizacional se aplicó la Escala de Justicia Organizacional percibida de Moorman, 1991; Colquitt, 2001 Traducida por Castro y Fernández en el 2006y que cuenta con una confiabilidad de 0.90 para cada una de las dimensiones que considera: procedimental, interpersonal e informacional y con una validación de expertos. La población de estudio estuvo conformada todos los 270 trabajadores de la Universidad privada con una muestra tipo censo abarcando a toda la población. El estudio encontró que existe relación significativa entre la percepción de la Justicia y sus componentes distributivo, procedimental e interaccional y los tipos de Compromiso Organizacional en los trabajadores administrativos de una universidad privada de Lima.

El presente trabajo busca determinar la naturaleza de la responsabilidad conjunta de los integrantes del comité de selección teniendo como parámetro el principio de causalidad. Se parte de la hipótesis que, contrariamente a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, no se trata de un caso de responsabilidad solidaria. Este tema adquiere particular relevancia si se considera que este género de responsabilidad implica la aplicación indiscriminada de la misma sanción, sin indagar el nivel real de participación y las circunstancias particulares de cada uno de los integrantes del comité de selección, los cuales constituyen criterios de razonabilidad exigidos por la Ley del Procedimiento Administrativo General. Para tal propósito se acoge como marco teórico los modelos de responsabilidad conjunta en Derecho Administrativo en su relación con aquellos elaborados por el Derecho Penal, según los planteamientos de Manuel Gómez Tomillo e Íñigo Sanz Rubiales y Claus Roxin. Partiendo de este supuesto, se concluye que la responsabilidad de los integrantes del comité de selección es un caso de coautoría que proviene del concierto de manifestaciones de voluntad de sus integrantes, que implican el quebrantamiento de las obligaciones que, en tal calidad, les corresponden. / Trabajo académico

Conforme a las modificatorias introducidas a través del Decreto Legislativo N° 1308, el numeral 1 del artículo 107-A, incorporado al Código de Protección y Defensa del Consumidor, señala que el desistimiento del procedimiento podrá formularse hasta antes de la notificación de la resolución que agota la vía administrativa, situación que se encuentra contemplada como una forma de conclusión anticipada del procedimiento de oficio promovido por denuncia de parte, bajo este contexto, se puede apreciar que el desistimiento ha sufrido diversas variaciones respecto a sus efectos, en un primer momento se discutía el carácter sancionador del procedimiento administrativo, siendo que bajo este supuesto no era posible el planteamiento del desistimiento por parte del denunciante, no obstante, en otro momento se planteó el carácter mixto de este procedimiento administrativo (sancionador y trilateral), ante este supuesto si era procedente el desistimiento; finalmente ante esta modificatoria normativa, ha prevalecido esta última posición, más aun si tomamos en cuenta que en la redacción del artículo 107 del Código de Protección y defensa del consumidor, a raíz de la modificatoria introducida por el Decreto Legislativo N° 1308, suprime en su enunciado la denominación de “Sancionador” al procedimiento administrativo, lo cual refuerza la idea de este procedimiento administrativo mixto; partiendo de esta premisa, el presente trabajo tiene por objeto analizar la pertinencia del desistimiento como una forma de conclusión del procedimiento, introducido a través del Decreto Legislativo N° 1308, y a partir de ello, demostrar que el desistimiento planteado por el denunciante, no puede tener por efecto concluir el procedimiento administrativo sancionador, teniendo en cuenta que él que lo plantea, no es parte de dicho procedimiento, y a partir de ello, entender que para aplicar adecuadamente estas modificatorias, es necesario apartarse del carácter sancionador del Procedimiento Administrativo, en materia de Protección al Consumidor. / Trabajo académico

El presente trabajo académico busca realizar un breve acercamiento al estudio y aplicación de las medidas correctivas por parte de INDECOPI, en especial en la normativa referida a la represión de conductas anticompetitivas. Para ello se utiliza el método dogmático haciendo una revisión de la doctrina y normas pertinentes. Primero, se realiza una delimitación conceptual para luego diferenciarlas respecto de la sanción y otros tipos de medidas de policía administrativa. Asimismo, se analiza la regulación de las medidas correctivas en normativa general administrativa (TUO de la LPAG) para luego evaluarla en la regulación específica de INDECOPI, específicamente la de represión de las conductas anticompetitivas. Finalmente se señala como ejemplo la aplicación de la medida correctiva de cese de negativa injustificada a contratar (Caso FETRANS). Se concluye que la regulación de las medidas administrativas en materia de represión de conductas anticompetitivas (Libre Competencia), representan un gran avance con la publicación del Decreto Legislativo N° 1034, en especial la regulación de las medidas correctivas, que no fueron tomadas en cuenta en la antigua norma (Decreto Legislativo N° 701), sin embargo, existen algunos aspectos de dicha regulación que podrían colisionar o contravenir la regulación de medidas correctivas establecidas en el nuevo TUO de la LPAG. / Trabajo académico

El presente trabajo académico describe y analiza la problemática de la gestión de las aguas residuales domésticas. El diagnóstico del que se parte –elaborado en el 2015– evidencia que en el país existen 204 sistemas de tratamiento de aguas residuales que operan las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), de los cuales solo 163 están operativos y más del 90% carece de autorización de vertimiento, por lo que no existe un control adecuado de las descargas que se producen en las fuentes naturales de agua. El objetivo de la investigación es conocer la regulación que establece el ordenamiento jurídico peruano para el control y supervisión de las aguas residuales domésticas, así como identificar los niveles de intervención de las instituciones involucradas a partir de una perspectiva histórica considerando los cambios producidos hasta la actualidad, los cuales han sido introducidos básicamente por el Decreto Legislativo N° 1280 que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (que establece el saneamiento de aguas residuales como servicio público), como por el Decreto Legislativo N° 1285 que modifica el artículo 79 de la Ley N° 29338 - Ley de Recursos Hídricos (que establece disposiciones para la adecuación progresiva a la autorización de vertimientos y a los instrumentos de gestión ambiental en el sector saneamiento). El trabajo está orientado por las disciplinas del Derecho Administrativo, Derechos de Aguas y el Derecho Ambiental, y se ha desarrollado a partir de un trabajo de gabinete con una metodología dogmática. El tema es de suma importancia para el desarrollo del país; toda vez, que hasta la fecha no se cuenta con una herramienta que contenga un diagnóstico y establezca mecanismos consensuados para lograr el objetivo del tratamiento y reuso de las aguas residuales domésticas. / Trabajo académico

Made available in DSpace on 2019-03-30T00:29:50Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2018-08-22 / The purpose of this dissertation is to investigate the requirements for the characterization of the State's civil non-contractual tort liability for omission, with emphasis on Brazilian law, and then proceed to the critical analysis of lines of argument identified in the jurisprudence of the Supreme Federal Court (SFC) and the Superior Court of Justice (SCJ). In the passage from the Liberal State to the Social State, the State¿s apparatus experiences an expansion of its field of action and control, by taking on previously uniquely private interests and covering tasks linked to the new economic and social purposes attributed to them. Even in the paradigm of the Regulatory State, the Public Power remains as a guarantor by indirect means, through the exercise of coordination and supervision competences. At the same time, the liberal design of civil liability has been altered by the influence of the axiological vector of social solidarity, with special attention to the victim's figure, to make flexible the traditional filters of reparation, such as the element culpability and the causal link, which results in the extension of the concept of compensatory damages. In this context of expansion of the boundaries of civil liability, there is the problem of stablishing the limits of State liability on the basis of its omission, so that the Public Power does not become a ¿universal insurer¿. The doctrine does not give to the subject uniform treatment, with consequent controversies in the jurisprudence. The work now presented in the Masters Course of Postgraduate Program in Constitutional Law of the University of Fortaleza is inserted in the area of concentration ¿Public Constitutional Law and Political Theory¿, adheres to the research line ¿Democratic State of Law in Brazil¿ and links to the research group ¿Economic, Political and Legal Relations in Latin America¿. Regarding the methodology, it is developed bibliographical research, with reference to Brazilian and international doctrine, and documentary, with analysis of national jurisprudence. The research is pure, qualitative, descriptive and exploratory. It is concluded that the administrative omission characterizing tort liability will be present if the following requirements are met: a) the existence of a normative duty to act (to give or to do); b) the omission of the material activity due; c) the occurrence of damage to the right or legal interest protected; and d) the causal link between omission and damage, to be established after the result of a motivated test of proportionality of the state conduct (adequacy, necessity and proportionality in the strict sense). In this examination of juridical causal link, the justified unfeasibility of the fulfillment of State¿s duty emerges as a new excluding of responsibility, according to average performance standards of the State apparatus that consider the surrounding cultural, economic and socio-political reality, in comparison with the peculiarities of the concrete case. From the typical cases selected, a critical analysis of the case law of the SFC and the SCJ is carried out in the light of the examination of the proportional causal link. Keywords: State liability. Omission. Causal link. Proporcionality. Jurisprudence. / A presente dissertação objetiva investigar os requisitos para a caracterização da responsabilidade civil extracontratual do Estado por omissão, com ênfase no direito brasileiro, para então proceder à análise crítica de linhas argumentativas identificadas na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Na passagem do Estado Liberal ao Estado Social, o aparelho estatal experimenta ampliação da sua seara de atuação e controle, ao assumir interesses antes considerados exclusivamente privados e abranger tarefas vinculadas aos novos fins econômicos e sociais que lhes são atribuídos. Mesmo no paradigma do Estado Regulador, o Poder Público permanece como um garantidor por vias indiretas, por meio do exercício de competências de coordenação e direção. Em paralelo, o desenho liberal da responsabilidade civil vem se alterando pela influência do vetor axiológico da solidariedade social, com especial atenção à figura da vítima, a ensejar a flexibilização dos filtros tradicionais da reparação, como o elemento culpa e o nexo de causalidade, o que resulta na ampliação do conceito de dano indenizável. Nesse contexto de expansão das fronteiras da responsabilidade civil, coloca-se o problema referente ao estabelecimento dos limites da responsabilidade do Estado em caso de omissão, para que o Poder Público não se transforme em ¿segurador universal¿. A doutrina não confere à questão um tratamento uniforme, com consequentes controvérsias na seara jurisprudencial. O trabalho que ora se apresenta no Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional da Universidade de Fortaleza está inserido na área de concentração de Direito Constitucional Público e Teoria Política, enquadra-se na linha de pesquisa ¿Estado Democrático de Direito no Brasil¿ e vinculase do grupo de pesquisa ¿Relações Econômicas, Políticas e Jurídicas na América Latina¿. No tocante à metodologia, desenvolve-se pesquisa do tipo bibliográfica, com consulta à doutrina brasileira e internacional, e documental, com análise de jurisprudência nacional. A pesquisa é pura, qualitativa, descritiva e exploratória. Conclui-se que a omissão administrativa ensejadora de responsabilidade civil estará presente se satisfeitos os seguintes requisitos: a) a existência de um dever normativo de atuar (dar ou fazer); b) a omissão da atividade material devida; c) a ocorrência de um dano a direito ou interesse jurídico tutelado; e d) o nexo causal entre a omissão e o dano, a ser estabelecido após o resultado de teste motivado de proporcionalidade da conduta estatal (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito). Nesse exame de causalidade de natureza jurídica, surge como nova excludente de responsabilidade a inviabilidade justificada do cumprimento do dever, segundo padrões de desempenho médio do aparelho estatal que considerem a realidade cultural, econômica e sociopolítica circundante, em cotejo com as peculiaridades do caso concreto. A partir de casos típicos selecionados, procedese à análise crítica da jurisprudência do STF e do STJ, à luz do exame do nexo de causalidade proporcional. Palavras-chave: Responsabilidade do Estado. Omissão. Nexo de causalidade. Proporcionalidade. Jurisprudência.