El presente trabajo de investigación está enfocado en el análisis de la resolución N° 11 que contiene la sentencia que resuelve el recurso de anulación de laudo arbitral en el proceso recaído en el Expediente N° 00677-2018-0-1817-SP-CO-01, que fue iniciado por el Gobierno Regional de Cusco contra el Consorcio Indusac S.R.L. – Kajachri E.I.R.L. Con esto en mente, se pretende abarcar el problema relacionado a la intervención del Poder Judicial en la revisión de laudos arbitrales y entrar en la discusión sobre los límites de la causal referida a inciso c) del numeral 1 del artículo 63° de la Ley de Arbitraje. Para ello, se pretende hacer un repaso de los antecedentes del caso, seguido por la identificación del problema jurídico. También se pretende exponer el marco jurídico y el marco conceptual que ayudarán a construir un panorama general a partir del cual se hará el planteamiento de la postura que se tiene frente a la anulación parcial del laudo arbitral en el caso en cuestión. Lo anterior nos servirá para señalar que, si bien la motivación no ha sido recogida expresamente como causal para anular un laudo arbitral, la aparente o inexistente motivación sí puede estar comprendida en el artículo 63° del Decreto Legislativo N° 1071 toda vez que las partes no hayan pactado en contra de su presencia en el laudo.

El presente informe analiza la controversia surgida entre Irradia S.R.L. y Transportadora de Gas del Perú S.A. por la negativa de esta a aprobar la cesión de posición contractual de Irradia, en el Contrato de Servicio de Transporte Firme de Gas Natural que mantenían, a favor de Enersur S.A. El caso fue sometido a un arbitraje ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. El Tribunal Arbitral concluyó que la decisión de TGP tenía causa debidamente justificada porque, cuando Irradia solicitó su asentimiento, las cesiones de posición contractual en dicho tipo de contratos estaba prohibida, hasta que no se extinguiera la llamada “Garantía por Red Principal”. El trabajo analiza los antecedentes del marco regulatorio aplicable y concluye que la prohibición de las cesiones de posición contractual no existía, por lo que la negativa de TGP a aprobar la cesión a Enersur no contó con causa debidamente justificada. También se analizan las implicancias civiles-contractuales de dicha situación, concluyendo que, pese a lo anterior, Irradia debió seguir cumpliendo el Contrato del que era parte y que TGP actuó conforme a derecho al ejecutar las garantías otorgadas y resolver la relación contractual por causa imputable a Irradia

En el presente Informe, se realiza un análisis sobre los principales problemas jurídicos que fueron planteados por las partes y que fueron abordados por el Tribunal Arbitral, en el Caso Arbitral No. 1372-004-2008, iniciado por el Sr. Jaime Mur contra Pativilca ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. El objetivo de este Informe es realizar un análisis desde el Derecho Civil y Arbitral, a través del método doctrinal, exegético y jurisprudencial, sobre las posiciones planteadas por las partes y las decisiones emitidas por el Tribunal Arbitral. Para analizar los principales problemas jurídicos identificados en el Caso Arbitral, se busca: (i) determinar el alcance subjetivo y objetivo del convenio arbitral estatutario, para así determinar si el Tribunal Arbitral podía o no pronunciarse sobre un contrato distinto al Estatuto, que fue suscrito por el Banco (que no era parte del Caso Arbitral); (ii) determinar cuáles fueron las obligaciones contraídas por el Demandante en el Primer y Segundo Convenio entre Accionistas; (iii) determinar si procedía o no una indemnización por enriquecimiento sin causa a favor del Demandante; (iv) determinar si la Casación No. 215-2005 Lima era vinculante al Tribunal Arbitral; y, (v) determinar si el Tribunal Arbitral debió levantar la medida cautelar arbitral. Nuestra conclusión principal es que (i) el Tribunal Arbitral sí podía pronunciarse sobre un contrato suscrito por el Banco, pero sin calidad de cosa juzgada; (ii) bajo el Primer y Segundo Convenio entre Accionistas, el Demandante no asumió frente a Pativilca la deuda que esta tenía con el Banco; (iii) no correspondía otorgarle una indemnización por enriquecimiento sin causa al Demandante; (iv) la Casación No. 215-2005 Lima no era vinculante; y, (v) el Tribunal Arbitral debió levantar la medida cautelar una vez culminado el plazo para presentar un recurso de anulación o apelación.

En el presente informe jurídico se estudiará una anulación parcial de Laudo Arbitral, en el cual el Árbitro Único a cargo del caso desestimó una pretensión reconvencional, en base a una afirmación que puede ser considerada como errada, esto debido a la falta de hechos probados. La situación mencionada se encuentra recogida en la Resolución Nº 7 del Expediente Nº 0212-2016-0-1817-SP-CO-01, en este caso la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR (en adelante, “SERVIR” o “Entidad”) presentó su solicitud de anulación invocando la causal contenida en el inciso b) del numeral 1 del artículo 63° del Decreto Legislativo Nº 1071 (en adelante, “DL Nº 1071”), ley que norma el arbitraje, esto en contra de lo resuelto en el proceso seguido con M4G Consulting SAC (en adelante, “M4G”). De esa manera, el objetivo principal de este trabajo es plantear un análisis respecto a si la invocación de esta afirmación errada puede devenir en la anulación del laudo arbitral. Asimismo, se tendrá en consideración aspectos relacionados al tema como la vulneración a la debida motivación y sus diversos tipos en las decisiones tomadas por los operadores de justicia, y la afectación a los principios de imparcialidad e independencia. Para alcanzar el objetivo de este trabajo se ha recurrido a la revisión de la normativa correspondiente, jurisprudencia y textos académicos que puedan brindar mayores alcances sobre las diversas temáticas planteadas. Siendo ello así, se ha podido concluir que el empleo de una afirmación errada para desestimar una pretensión o sustentar una decisión genera graves afectaciones en el desarrollo del arbitraje, puesto que vulnera el deber motivación e interfiere en el cumplimiento de los principios de imparcialidad e independencia. / In this legal report we will study the partial annulment of an Arbitration Award in which the sole arbitrator dismissed a counterclaim, based on a presumed erroneous statement, this due to the lack of proven facts. The mentioned situation is addressed in Resolution N° 7 of the File Nº 0212- 2016-0-1817-SP-CO-01, in which the Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR (hereinafter, SERVIR or Entity) presented its annulment request invoking the ground contained in subparagraph b) of numeral 1 of Article 63 of the Legislative Decree N° 1071 (hereinafter, “DL 1071”), the law that governs arbitration, against the final decision on the process against M4G Consulting SAC (hereinafter, “M4G”). The main objective of this report is to set an analysis to determine if the invocation of this erroneous statement could conclude in the annulment of the arbitral award. Therefore, it will be considered aspects related to the main topic such as the violation of proper motivation and its diverse types that affects the decisions made by the judicial operators, and how it impacts the principles of impartiality and independence. The review of corresponding regulations, case law and academic texts were done to achieve the report’s objective. This could provide a wider insight into the diverse topics raised. This being the case, it can be concluded that the usage of an erroneous statement to dismiss a claim or to support a decision generate serious effects in the development of the arbitration, as it violates the proper motivation and interferes with the fulfilment of the impartiality and independence principles.

Se observa en el Perú un incremento sostenido del número de arbitrajes en contrataciones con el Estado, por lo que es cada vez más trascendente el interés público que subyace en ello. Por ende, las disputas del arbitraje se tratan bajo el escrutinio de la sociedad en general y lamentablemente, casos como el de Orellana e investigaciones como las realizadas a raíz de Lava Jato han puesto en materia de discusión la transparencia del arbitraje. Por ello, el objetivo de este artículo es contribuir un poco más al entendimiento de la realidad arbitral de modo que se hagan más observables ciertas realidades del arbitraje peruano y se identifiquen preliminarmente algunos aspectos susceptibles de mejora como son las designaciones de los árbitros y el deber de revelación. También, se plantea una propuesta primigenia de marco normativo usando como base las reglas del International Bar Association (en adelante IBA) y teniendo en consideración características propias de nuestro contexto. Cabe mencionarse que esta investigación es en su mayoría de metodología dogmática, ya que usa normativa, doctrina y jurisprudencia para fundamentar el razonamiento. Sin también se presentan cifras y datos obtenidos de estudios e informes jurídicos para dar solidez a la argumentación. Una de las conclusiones principales es que dada la existencia de materias especializadas con pocos profesionales en dichos campos y de un creciente número de arbitrajes los parámetros numéricos de las IBA deben ser modificados para que puedan ser herramientas idóneas para nuestro sistema jurídico. / A sustained increase in the number of arbitrations in contracting with the State is observed in Peru, so the public interest underlying this is becoming more transcendent. Therefore, arbitration disputes are dealt with under the scrutiny of society in general and, unfortunately, cases such as the Orellana case and investigations such as those carried out as a result of Lava Jato case have put the transparency of arbitration under discussion. Therefore, the objective of this article is to contribute a little more to the understanding of the arbitration reality in such a way that certain realities of Peruvian arbitration become more observable and some aspects susceptible to improvement are preliminarily identified, such as the appointments of the arbitrators and duty of disclosure . Also, an original proposal o normative framework was made using as a basis the rules of the International Bar Association (hereinafter IBA) and taking into account characteristics of our context. It should be noted that this research is mostly dogmatic methodology, since it uses legislation, doctrine and jurisprudence to support the reasoning. Also, figures and data obtained from legal studies and reports are also presented to give strength to the argument. One of the main conclusions is that considering the existence of specialized subjects with few professionals in these fields and a growing number of arbitrations, the numerical parameters of the IBA must be modified so that they can be suitable tools for our legal system.

La controversia materia del presente laudo arbitral es la resolución contractual dentro del marco de las contrataciones con el Estado. En este caso, la resolución contractual se rige bajo el cumplimiento de causales tipificadas en la normativa, tal es así que para que pueda proceder la misma basta que exista un incumplimiento de obligaciones contractuales o el haber llegado al monto máximo de penalidades. En ese sentido, la presente trata de la resolución que efectúa el PSI al Consorcio Santa Rosa por supuestamente haber incurrido en 2 causales normativas distintas tales como un supuesto incumplimiento de obligaciones por el hecho de no haber subsanado las observaciones detectadas al informe final previo a la liquidación y por el hecho de haber llegado a tener una penalidad por encima del 10% del monto del contrato principal. Ante ello, bajo el primer supuesto, en el laudo no se llega a acreditar fehacientemente que las observaciones fueron correctamente subsanadas sino más bien el árbitro en su posición de dirimente, se pronuncia sobre este tema sin ser materia controvertida y sin tomar en consideración la afectación de principios y derechos al consorcio. Por otro lado, no se aprecia un análisis exhaustivo al momento de motivar, por parte del árbitro, la aplicación del monto máximo de penalidades que efectúa la Entidad y sin tener en consideración diversos principios que salvaguardan la seguridad jurídica y la razonabilidad del plazo excesivo otorgado por el PSI para subsanar observaciones. / The controversy that is the subject of this arbitration award is the contractual resolution within the framework of contracts with the State. In this case, the contractual resolution is governed by the fulfillment of causes typified in the regulations, so much so that for it to proceed, it is enough that there is a breach of contractual obligations or that the maximum number of penalties has been reached. In that sense, this is about the resolution that the PSI makes to the Santa Rosa Consortium for allegedly having incurred in 2 different regulatory grounds such as an alleged breach of obligations due to the fact of not having corrected the observations detected in the final report prior to the liquidation and the fact of having come to have a penalty above 10% of the amount of the main contract. Given this, under the first assumption, the award does not reliably establish that the observations were correctly corrected, but rather the arbitrator, in his position as settler, pronounces on this issue without being a controversial matter and without taking into account the affectation. of principles and rights to the consortium. On the other hand, an exhaustive analysis is not appreciated at the time of motivating, by the arbitrator, the application of the maximum number of penalties that the Entity carries out and without taking into consideration various principles that safeguard legal certainty and the reasonableness of the excessive term granted. by the PSI to correct observations.

El presente informe expone un análisis de determinados problemas jurídicos que se identifican en el arbitraje seguido bajo el Expediente N° 1507-139-2008, el cual fue administrado por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, en base a los hechos expuestos y posiciones asumidas por las partes durante todo el proceso arbitral. Dichos problemas jurídicos se encuentran comprendidos en áreas del derecho como el Derecho Civil, Derecho Procesal Civil y el Arbitraje, los cuales son ramas del derecho que resultan indispensables para resolver los problemas identificados en este caso. Específicamente, este informe tiene el objetivo de abordar los siguientes temas: i) el procedimiento pericial y el tercero integrador; ii) las reglas de interpretación de los contratos, iii) la condición suspensiva y otros. La motivación del presente informe responde principalmente a que algunos temas que se desarrollan no han sido tratados con gran abundancia en nuestro medio, razón por la que este trabajo se justifica en la intención de desarrollar estos temas, los cuales pueden tener un gran impacto a nivel práctico, motivo por la que requieren ser analizados meticulosamente. Una vez realizado el análisis de los problemas planteados, buscaremos dar una opinión respecto a la solución de la controversia, contrastando nuestra opinión con la posición de cada parte del arbitraje y la decisión final de los árbitros

En los últimos años, debido al crecimiento en el mercado de la necesidad de establecer relaciones duraderas y, a la vez, flexibles que permitan asegurar un ritmo producción y actividades comerciales, así como disminuir la inversión de tiempo y dinero en las negociaciones entre las partes, ha surgido en la práctica nuevas figuras jurídicas tales como los denominados “contratos normativos” o “contratos marco”. Teniendo en cuenta ello, en el presente caso nos encontramos frente a una controversia surgida con relación a dos contratos suscritos por YANACOCHA y DON CARLOS (Contratos CV-001/2004 y CV 003/2005), los cuales las partes denominan contratos de “compraventa”. Sin embargo, luego de haberse sometido la controversia sobre dichos contratos a arbitraje, el Árbitro Único - apartándose de la calificación de dichos contratos alegada por ambas partes durante todo el proceso arbitral- determinó en el laudo que su naturaleza no corresponde a la de “contratos de compraventa” sino a la de “contratos normativos de compraventa”, los cuales no generan verdaderas obligaciones para las partes, por lo que resolvió que no se incurrió en incumplimiento contractual alguno. En ese sentido, el objetivo del presente informe es corroborar a raíz del caso presentado, si se han configurado los denominados “contratos normativos” – y/o “contratos marcos”- , así como determinar si de dichos contratos se derivan verdaderas obligaciones para las partes. Asimismo, en cuanto al arbitraje, se analiza si es posible que el Árbitro Único haya aplicado el principio Iura Novit Curia, en tanto resolvió en base a una calificación del derecho que no fue alegada por las partes durante el proceso. El método de investigación aplicado al presente trabajo será uno argumentativo, ya que se centrará en la descripción de las posiciones desarrolladas en doctrina, para así, en un segundo momento, analizar los hechos materia de controversia y determinar la naturaleza de los Contratos CV-001/2004 y CV 003/2005, así como si corresponde la aplicación del principio iura novit curia en el arbitraje. Finalmente, de dicha investigación, concluiremos principalmente lo siguiente: 1. La naturaleza jurídica de los Contratos CV-001/2004 y CV 003/2005 corresponde a la de “contratos marco de suministro”. 2. Es posible aplicar el principio de Iura Novit Curia en el arbitraje.