El presente caso trata de la controversia iniciada por Transportadora de gas del Perú S.A. (en adelante TGP), en contra del Ministerio de Energía y Minas (en adelante MINEM o MEM, indistintamente), por la ejecución de una carta fianza cuyo monto asciende a US$ 2´000,000.00, otorgada como Garantía de Fiel Cumplimiento Complementaria en el marco de la ejecución de los Contratos de Concesión Transporte de Gas Natural por ductos de Camisea a “City Gate”, así como el contrato de Concesión de Transporte de Líquidos de Gas Natural de Camisea a la Costa. En este expediente se tratan temas de derecho civil, garantías y arbitral, con un especial énfasis en la interpretación contractual, así como el sentido, naturaleza y justificación de la cláusula penal en específico. Es la opinión de este graduando, que el expediente fue resuelto de forma correcta por el Tribunal Arbitral en Mayoría, a pesar que, como se podrá observar en el presente informe, difiera de algunos de sus argumentos, razonamientos o justificaciones. Asimismo, se apreciará que es la opinión de este graduando, que la institución de la cláusula penal se encuentra desnaturalizada en nuestro sistema jurídico y requiere una revisión urgente, habiéndose plasmado en el presente informe la opinión de este graduando en el sentido de que lo que he denominado como “la función punitivo – disuasorio”, no solo nace de la cláusula penal sino que, considero, está arraigada a su propio núcleo y es parte inherente e inseparable de ella, por lo que debe ser expresamente reconocida y reivindicada en una futura revisión de esta institución, otorgando “reglas claras de juego” para que así esta institución pueda desplegar sus efectos plenos y de esta manera ayudar al trafico jurídico de bienes y a la reducción de la carga en la administración de justicia.

Como punto de partida, se menciona al arbitraje como concepto, su naturaleza jurídica, los principios que les rodea y su vinculación con el orden público. Aquí aparece, una de sus características fundamentales: la confidencialidad que, por ser privada, busca resguardar el prestigio y/o reputación de las partes y de los árbitros. Más adelante, se aborda el objetivo de esta tesis; describir y discutir una realidad jurídica en el arbitraje bajo las normas de contrataciones del Estado, las cuales cuentan con dos elementos propios del sector público: (i) el interés público y (ii) el principio de transparencia abarca, entre otros aspectos, el derecho fundamental a obtener la información. En ese escenario, la confidencialidad se confronta con el interés público en esta clase de arbitrajes. Así, podemos observar que, a nivel normativo, se presenta lo siguiente:  En la ley de arbitraje, está regulada la confidencialidad y ésta se aplica supletoriamente en las normas de contrataciones con el Estado.  Si una de las partes esel Estado, debe primar el interés público y el buen uso delos recursos públicos; advirtiéndose que la Ley de Arbitraje es aplicables para ambas situaciones. Sin embargo, entre particulares no es obligatoria la transparencia. Esta tensión normativa hizo que estos arbitrajes fuesen un potencial factor creador de espacios de corrupción, lo que implica considerar la posibilidad de crear un marco normativo independiente de arbitraje estatal que pueda armonizar a la confidencialidadcon el interés público y el principio de transparencia bajo las normas de contrataciones del Estado. / As a starting point, arbitration is mentioned as a concept, its legal nature, the principles surrounding it and its relationship with public order. Here appears one of its fundamental characteristics: confidentiality, which, due to its private nature, seeks to protect the reputation of the parties and the arbitrators. Further on, the objective of this thesis is addressed: to describe and discuss a legal reality in arbitration under the rules of State contracting, which have two elements typical of the public sector: (i) the public interest and (ii) the principle of transparency, which even contains access to information as a fundamental right. However, at present, confidentiality is confronted with the public interest. Thus, we can observe that, at the regulatory level, the following is present: -The confidentiality contained in the arbitration law applies supplementarily in the rules of contracting with the State. -Between private parties, transparency is not mandatory. On the other hand, if one of the parties is the State, concepts such as the public interest and the adequate use of public resources must prevail; it should be noted that the arbitration law is applicable to both situations. This regulatory tension has made these arbitrations a potential factor creating spaces for corruption, which implies considering the possibility of creating an independent regulatory framework for state arbitration that can harmonize confidentiality with the public interest and the principle of transparency under the rules of state contracting.

El laudo parcial analizado aborda problemáticas jurídicas referidas a dos excepciones planteadas en el marco de un arbitraje de salud. La primera excepción es de oscuridad y/o ambigüedad en el modo de proponer la demanda, respecto de la cual se analiza su vinculación con la fijación de puntos controvertidos. La segunda excepción es una mediante la cual se cuestiona la competencia del Tribunal Unipersonal por no haberse acreditado la existencia de un convenio arbitral ni una norma con rango legal que obligue a las partes a resolver sus controversias en el marco de un arbitraje. Vinculado a la resolución de este problema se analiza el principio competence – competence y la garantía constitucional del control difuso en sede arbitral. Finalmente se hace un análisis referido a la naturaleza y aplicación al caso concreto del artículo 14 de la Ley de Arbitraje, que regula la extensión del convenio arbitral a partes no signatarias.