La minería, a lo largo del tiempo, ha sido parte importante del sector económico de nuestro país, es por ello, que el desarrollo de esta actividad ha sido fomentado por el estado. No obstante, es importante considerar los riesgos e impactos que ésta genera, así como los aspectos externos como el cambio climático. Actualmente se cuenta con normativa como el Decreto Supremo Nº 010-2010-MINAM, que aprueba los “Límites Máximos Permisibles para la descarga de efluentes líquidos de Actividades Minero – Metalúrgicas”, sin hacer ningún tipo de distinción en la calidad del cuerpo de agua sobre el cual son vertidos, aun cuando se trate de lagunas. Al respecto, es de destacar que es importante proteger a lagunas, debido a que estas son grandes reservas de agua; asimismo, son cuerpos que alojan ecosistemas en los que la biodiversidad se puede desarrollar y cumple un ciclo natural. La norma de aplicación general señala que los efluentes minero-metalúrgicos deben encontrarse en un rango de 6 a 9 unidades de potencial hidrógeno mientras que existen cuerpos de agua cuyo valor natural se encuentra fuera de este rango. En relación al problema antes planteado, se ha analizado la normativa actual y se ha encontrado que no existen instrumentos legales que permitan ajustar los Límites Máximos Permisibles de acuerdo a los ecosistemas frágiles como las lagunas. En ese sentido, es importante contar con una norma que se adecúe a este tipo de ecosistemas, la cual considere, de forma adicional, las características específicas del cuerpo receptor. Es por ello que el objetivo principal del presente Trabajo de Investigación ha sido la propuesta de aplicación de criterios normativos sustantivos que sirvan para la determinación del parámetro potencial hidrógeno que debe ser considerado en los efluentes industriales minero-metalúrgicos vertidos en ecosistemas frágiles tales como lagunas. Por tanto, la propuesta antes señalada se ha basado en determinar Límites Máximos Permisibles especiales aplicables para el rango de pH en los efluentes minero-metalúrgicos vertidos en las lagunas, considerando que se tratan de ecosistemas frágiles. Estos Límites Máximos Permisibles especiales deben encontrarse acorde al valor del parámetro potencial hidrógeno que posee cada laguna en la que los efluentes van a ser descargados y serán aplicados de manera excepcional; en ese sentido, en el caso de otros cuerpos de agua, serán aplicables los Límites Máximos Permisibles aprobados para efluentes minerometalúrgicos de forma general. Respecto al enfoque metodológico aplicado a la presente investigación, se detalla que éste ha sido del tipo descriptivo con un enfoque regulatorio, hidrológico y comparativo. En primer lugar, se ha examinado la normativa actual peruana respecto al vertimiento de efluentes minero-metalúrgicos, haciendo un énfasis en los aciertos y falencias que posee. Se ha abordado los modelos normativos de tres países en materia relacionada a los efluentes minero-metalúrgicos y se ha analizado si cuentan con una normativa especial para el caso de efluentes a ser vertidos en ecosistema frágiles como las lagunas. Finalmente, se han desarrollado criterios de aplicación de la realidad, flexibilidad y proporcionalidad, así como de protección ambiental. El primer criterio se encuentra dirigido a identificar la calidad de la laguna a través de información confiable; el segundo criterio, se encuentra señalado a, que la propuesta de Límite Máximo Permisible sea adecuada al valor antes identificado; mientras que, el tercer criterio, considera que la identificación del Límite Máximo Permisible especial permite prevenir la afectación de la laguna. La implementación de la propuesta se realiza durante la evaluación del instrumento de gestión ambiental presentado por el titular de la actividad de la gran y mediana minería, puesto que, en aplicación del artículo 12° de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, la autoridad certificadora elabora un informe técnico-legal en el que se incluye, entre otros aspectos, las obligaciones que se hubieren añadido a raíz de la evaluación, en caso corresponda. / Trabajo de investigación

Las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) generan emisiones y efluentes que contaminan el medio ambiente de la ciudad, para resolver este problema y lograr los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) el Estado, en cumplimiento de su función reguladora, exigió en 1997 a la empresa Doe Run Perú, propietaria del CMLO, la ejecución de un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) en el plazo de diez años; sin embargo, la empresa incumplió el plazo y solicitó su extensión en dos ocasiones originando un conflicto social muy complejo. A través de una descripción y análisis del conflicto, esta tesis demuestra que los determinantes de la actuación del Estado frente a este problema son los siguientes: Primero, una falta de capacidad que nos muestra a un Estado débil sin autonomía para diseñar sus políticas y sin efectividad para implementarlas. Segundo, la presión que han ejercido los actores sociales (pobladores y trabajadores) que formaron una coalición para apoyar a la empresa y presionar al Estado a través de acciones de movilización. Y, tercero, una decisión intencional del propio Estado de no actuar ya sea tolerando el incumplimiento de las normas ambientales por cálculo político, ignorando el problema por falta de interés o, simplemente, posponiendo una solución definitiva para evitar los costos de exigir el cumplimiento de las normas. Por otro lado, los hallazgos nos muestran que los factores que explican la coalición entre pobladores y trabajadores son sus intereses económicos, la dependencia económica estructural de la ciudad de las operaciones del CMLO, una actitud pasiva frente a la contaminación ambiental, una mayor valoración al trabajo que a la salud y un conjunto de factores sociales y culturales. Los resultados de esta investigación contribuirán a un mejor conocimiento sobre el funcionamiento del Estado en el Perú así como de los factores determinantes de la calidad de sus respuestas a los problemas del país. / The operations of the La Oroya Metallurgical Complex (CMLO) generate emissions and effluents that pollute the city's environment, to solve this problem and achieve the Environmental Quality Standards (EQS) the State, in compliance with its regulatory function, demanded in 1997 to the company Doe Run Peru, owner of the CMLO, the execution of an Environmental Adaptation and Management Program (PAMA) within ten years; however, the company failed to meet the deadline and requested its extension on two occasions, causing a very complex social conflict. Through a description and analysis of the conflict, this thesis shows that the determinants of the State's action against this problem are the following: First, a lack of capacity that shows us a weak State without autonomy to design its policies and without effectiveness to implement them. Second, the pressure exerted by social actors (residents and workers) who formed a coalition to support the company and put pressure on the State through mobilization actions. And third, an intentional decision by the State itself not to act, either by tolerating noncompliance with environmental regulations by political calculation, ignoring the problem due to lack of interest, or simply postponing a definitive solution to avoid the costs of demanding compliance with the rules. On the other hand, the findings show us that the factors that explain the coalition between residents and workers are their economic interests, the city's structural economic dependence on CMLO operations, a passive attitude towards environmental contamination, a higher valuation to the work than to health and a series of social and cultural factors. The results of this research will contribute to a better understanding of the functioning of the State in Peru as well as of the determinants factors of the quality of its responses to the country's problems.

Históricamente, las zonas costeras han sido intensamente ocupadas; sin embargo, en las últimas décadas, las actividades antrópicas han impactado negativamente en estas zonas, degradando los servicios ecosistémicos que brinda. Entre estas actividades se encuentra el turismo de mar y playa, considerado como una de las áreas de turismo de mayor crecimiento hasta antes de la covid-19. A menos que el turismo sea planificado, puede causar más daño al ambiente y a las poblaciones locales, degradando los ecosistemas o incrementando desigualdades. Así, el objetivo de esta investigación es determinar la capacidad de carga de la actividad turística en la caleta El Ñuro con el fin de aportar a los lineamientos básicos para una gestión local de manera que se desarrolle un turismo sostenible que no comprometa ni degrade el medio natural marino-costero y genere ingresos y mejore la calidad de vida de la población local. Considerando la deficiente planificación inicial y la alta estacionalidad de la afluencia de turistas, se esperaba encontrar una sobrecarga del espacio turístico. La Capacidad de Carga se presenta como una abstracción de la realidad que permite aportar a la planificación del territorio. Para estimar la Capacidad de Carga del turismo en El Ñuro, se empleó la metodología de Cifuentes et al. (1999). Con este fin, es necesario conocer los detalles de la actividad turística y en base a ello, definir factores de corrección y la capacidad de manejo. Gracias a esta metodología, se confirma la sobrecarga del espacio turístico durante la temporada alta, aunque esta también podría ser causada por un limitado apoyo de las autoridades locales. Los factores más limitantes corresponden al conflicto del turismo con la pesca artesanal, y a la temporada de anidación de la especie C. mydas. Los resultados aportan a la toma de decisiones, priorizando acciones de gestión en El Ñuro. / Historically, coastal zones have been intensely occupied; however, in recent decades, anthropic activities have harmed these zones, degrading the ecosystem services they provide. Among these activities, we find beach tourism, considered one of the fastestgrowing tourism areas until before covid-19. Unless tourism is planned, it can cause more damage to the environment and local populations, degrading ecosystems or increasing inequalities. Thus, the objective of this research is to determine the carrying capacity of the tourism activity in El Ñuro to contribute to the basic guidelines for local management to develop sustainable tourism that does not compromise or degrade the marine-coastal natural environment and generates income and improves the quality of life of the local population. Considering the deficient initial planning and the high seasonality influx of tourists, it was expected to find an overcharge in of the touristic areas. The Carrying Capacity is presented as an abstraction of the reality that helps to define the planning of the territory. To estimate the touristic carrying capacity in El Ñuro, the methodology of Cifuentes et al. (1999) was used. To this end, it is necessary to know the details of the tourism activity and, based on this, define correction factors and management capacity. Thanks to this methodology, the overcharge of the touristic areas during the high season is confirmed, although this could also be caused by limited support from local authorities. The most limiting factors correspond to the conflict between tourism with artisanal fishing, and the nesting season of the C. mydas species. The results contribute to decision-making, prioritizing management actions in El Ñuro.

La participación de la Policía Nacional del Perú (PNP), en el control del orden público, es fundamental para que en el país prime el Estado de derecho. Los conflictos socioambientales son una manifestación de protesta de los pobladores donde se desarrollan los proyectos mineros, especialmente por el temor a la contaminación de sus terrenos. Llegado el momento de intervenir por desórdenes sociales, el gobierno de turno dispone que la PNP, de conformidad con la Constitución Política, haciendo uso de todos sus recursos humanos y logísticos, controle el orden público. Sin embargo, debido a la estrategia desplegada por los organizadores de las protestas sociales, con motivo de los conflictos socioambientales, éstas se prolongan en el tiempo y se vuelven cada vez más complicadas para la participación de la policía. Se abren muchos frentes de lucha, se aprovecha el terreno geográfico, se amenaza con tomar locales de servicios básicos, etc. Frente a ese escenario, la PNP ve reducidas sus capacidades de controlar el orden público y por lo tanto tiene que solicitar el apoyo de otras instituciones como las Fuerzas Armadas (FFAA), para que con su personal y logística se pueda lograr el objetivo: imperio de la Ley y el orden. Lamentablemente, desde el 2001, en que se dio inicio a los conflictos sociales, hasta la fecha, en las ocasiones que han intervenido las FFAA en apoyo a la PNP, se ha notado que la colaboración no es integral y por el contrario, se ponen ciertas limitaciones en el uso del personal militar y en el uso de su logística, como por ejemplo el empleo del transporte y el combustible, así como su participación siguiendo un planeamiento policial, debido a que la policía es la titular de esta función. Esta situación, que pareciera que solo afecta a la PNP, contribuye a que no se logre el objetivo final de control del orden público, generando un clima de falta de principio de autoridad e impunidad en la población. En estas circunstancias, es conveniente que se instale una política pública que permita que el apoyo de las FFAA a la PNP, en el marco de los conflictos socioambientales, se realice de una manera más dinámica y efectiva, que permita que prevalezca el orden público y por lo tanto la paz social. A nivel económico, esta tranquilidad va a permitir que los potenciales inversionistas puedan elegir al país como un destino que ofrezca garantías a sus capitales, lo que traerá consigo mejores condiciones de vida para nuestra población. Si bien es cierto, a través del tiempo, se han dado algunos dispositivos legales que regulan la participación de las FFAA en conflictos internos, el que se encuentra vigente no ha sido reglamentado y por lo tanto debe serlo; pero no solo eso, se puede encaminar la política pública para que en todo momento en que la PNP requiera el apoyo de las FFAA, no solo durante los conflictos socioambientales, reciba el apoyo solicitado con miras a mantener el principio de autoridad y que los ciudadanos puedan convivir en un clima de tranquilidad. / Trabajo de investigación

El ingreso de la minería moderna en zonas rurales habitadas tradicionalmente por comunidades campesinas ha significado una transformación de las dinámicas sociales, económicas, y culturales que en estas comunidades prevalecían. Estos cambios, además, han afectado de manera diferenciada a los modos de vida de los distintos grupos etarios. Pese a esto, la literatura acerca de los impactos de la minería sobre las comunidades campesinas ha tendido a ignorar un enfoque interseccional de grupos de edad como un componente también importante para entender la experiencia y las consecuencias de dichos cambios. Por ello, en la presente investigación, se realiza un análisis sobre los efectos que la minería, el desplazamiento poblacional, y los cambios en la agricultura tradicional que genera, causan sobre los modos de vida de los adultos mayores campesinos, y cómo estos responden frente a dichos cambios. Basándonos en el caso de las comunidades campesinas de Alto y Bajo Huancané, en Espinar – Cusco, el argumento se divide en tres partes. Primero, se propone que los cambios causados por la minería representan un punto de quiebre en los modos de vida comunitarios de los adultos mayores, lo cual ocasiona que estos se sientan desafiliados dentro sus propias comunidades. Además, se argumenta que esta desafiliación de los adultos mayores no ocurre solamente por cambios en el ámbito social, sino también por los efectos en la posición sociopolítica y de status intergeneracional que la minería ocasiona dentro de las comunidades. Finalmente, se propone que los adultos mayores, frente a estos cambios, no son actores pasivos y, al contrario, responden desplegando distintos actos de resistencia cotidianos.

La actividad minera es muy importante para la economía del Perú, por lo que es de interés nacional aumentar la competitividad a nivel del país. En el presente estudio identificamos como uno de los problemas principales para lograr una mayor competitividad en el sector minero, la sobre abundancia de normas y procedimientos, muchos de ellos ineficientes para sus objetivos. A fin de delimitar el estudio nos hemos referido al procedimiento de certificación ambiental para la gran y mediana minería, en la que vemos que el problema antes mencionado está presente al identificar al menos 15 procedimientos administrativos involucrados en su obtención, lo que da como resultado que éste sea un procedimiento largo y oneroso. Con el fin de aportar propuestas para la mejora de la competitividad, presentamos la necesidad de un análisis de la calidad regulatoria a todo nivel y de forma constante, el perfeccionamiento de los entes reguladores que deben tener a la mano medios alternativos para cumplir con las funciones estatales y no solo trasladar obligaciones a los particulares, así como de impulsar a fin de hacer atractiva la certificación ambiental global.

El presente proyecto de investigación trata sobre los métodos de aprovechamiento de recursos minerales y los marcos conceptuales que permiten su viabilidad. Se inició investigando el modelo denominado Extractivismo, de larga data en el Perú, el cual, prioriza la explotación de recursos naturales sobre el desarrollo ambiental y social. Se investigó su evolución histórica y su papel en los esquemas de desarrollo nacional o global, incluyendo beneficios e impactos negativos. Del análisis crítico del modelo, del estudio de sus límites y los marcos conceptuales condicionantes sobre los que opera, se han determinado aspectos de mejora, enfocados principalmente en los marcos regulatorios, institucionales y socio ambientales. Se analizó, también, las consecuencias a largo plazo de no incluir el concepto de Sostenibilidad en el método actual. De igual forma, se analizaron modelos alternativos como el Neo Extractivismo y el Post Extractivismo, caracterizados por incluir con mayor énfasis la Sostenibilidad ambiental y social en sus modelos, de reciente planteamiento en varios países. Para ello, se hizo un comparativo entre los método de aprovechamiento de recursos minerales seguidos en Perú y en otros países de la región, incidiendo en las condiciones, contextos o marcos conceptuales de tipo regulatorio, institucional, y socio ambiental, buscando entender el fenómeno extractivo desde un enfoque multidisciplinario. Se determinaron marcos conceptuales relevantes para la viabilidad de una mejora en el caso del modelo actual, o de una implementación futura de los modelos alternativos. Es en el marco regulatorio donde se han encontrado la mayoría de propuestas de mejora o de preparación de los escenarios de transición a modelos más sostenibles. No se contempla necesariamente nuevos marcos regulatorios, pero si la revisión y actualización del marco vigente. Se han definido 2 propuestas, que contribuyen a resolver las dificultades de una transición del modelo Extractivista hacia métodos más enfocados en la sostenibilidad ambiental y social. Estos se enfocan en actualizar la normativa vigente y realizar mejoras en la gestión social, económica e institucional. Se espera contribuir con estas propuestas en la definición de los marcos necesarios para hacer viable la evolución de nuestras industrias extractivas y el ansiado desarrollo económico sostenible y a largo plazo de nuestro país. / Trabajo de investigación

Desde el inicio del presente mileno, nuestro país inició un proceso de descentralización en el cual transfirió, entre otras, competencias para la fiscalización pesquera artesanal por parte del Gobierno Central en favor de los Gobiernos Regionales. Sin embargo, hasta la fecha, la realización de acciones de fiscalización por parte de los Gobiernos Regionales y sus resultados son bastante limitados, por lo que es pertinente determinar a qué se debe esta situación y qué acciones se pueden adoptar para revertir la misma. En este sentido, la presente investigación tiene por finalidad determinar cuáles son los límites de capacidad estatal para la fiscalización pesquera de los Gobiernos Regionales luego del proceso de descentralización, entre los que destacan la falta de capacidad por parte de los inspectores de los Gobiernos Regionales, la carencia de planificación para el desarrollo de acciones de fiscalización, la ausencia de articulación entre el Ministerio de la Producción y los Gobiernos Regionales, la carencia de utilización de las tecnologías para la realización de acciones de fiscalización, entre otras. A partir de dicho diagnóstico y la comparación con experiencias de la región, ha identificado 3 puntos crìticos para la fiscalización; (i) la capacidad de los inspectores por la ausencia de planificación, (ii) la fiscalización durante la faena de pesca; y, (iii) la fiscalización durante la descarga. Ahora, para afrontar dichos puntos críticos se presentan 3 propuestas de política pública: (i) que el Ministerio de la Producción asuma su rol rector, y en el marco de las competencias compartidas, para el diseño de una política de supervisión articulada a nivel nacional, de tal forma que transmita capacidades a los Gobiernos Regionales; (ii) el uso de las tecnologías para la supervisión de todas las embarcaciones pesqueras artesanales en el mar, como es el Sistema de Seguimiento Satelital – SISESAT; y, (iii) el establecimiento de puntos de desembarque a nivel nacional donde permanentemente se encontrarán inspectores para la realización las acciones de fiscalización, de tal forma que se fiscalizarían las 24 horas del día las características y el destino del recurso descargado. Asimismo, cabe señalar que la metodología utilizada es un estudio de caso enmarcado en el proceso de descentralización, describiendo las etapas de transferencia de competencias y empleando herramientas cualitativas como la revisión de bibliografía especializada y la realización de entrevistas a especialistas en políticas públicas del sector. / Trabajo de investigación

La existencia de pasivos ambientales mineros (PAM) a lo largo del territorio peruano, algunos de los cuales han sido originados por el desarrollo de actividades mineras desde épocas ancestrales, vienen causando diversos problemas, no solo al ambiente, sino también a la población, lo cual genera un rechazo social para el desarrollo de proyectos mineros que a la larga pueden traer otros tipos de beneficios al área donde se desarrollan y al país. En atención a ello, a partir del año 2004 el Estado ha buscado implementar un marco legal con la finalidad de remediar las áreas afectadas por PAM a través de la aplicación de este marco normativo; sin embargo, últimamente se han venido escuchando noticias sobre los diversos problemas que vienen acarreando estos pasivos ambientales en la salud de la población básicamente debido a que las lluvias arrastran estos pasivos cargados con metales dañinos y los dirigen hacia los ríos cuya agua es consumida por la población, lo cual es causa de enfermedades de todo tipo. Dicho esto, se podría afirmar que la regulación sobre PAM no ha estado cumpliendo su objetivo de remediación, en razón a ello se determinó la oportunidad de revisar y evaluar el marco legal a través del método descriptivo, de tal forma que se pueda analizar los resultados obtenidos a lo largo de su implementación e identificar sus fallas, vacíos o inconvenientes presentados que afectaron su eficacia. Este trabajo permitirá dar algunas recomendaciones que permitan incrementar el número de pasivos remediados y así disminuir los impactos negativos que vienen ocasionando. / Trabajo de investigación

La Provincia de Lamas, ubicada al noreste del Departamento y Región de San Martín, cuenta con un acervo pluricultural de gran riqueza. En los bordes como dentro de la ciudad de Lamas, se encuentran barrancos y manantiales, que solían ser lugares de encuentro social. Actualmente, tanto los manantiales como los barrancos, se están viendo amenazados por la contaminación ambiental producida por la ciudad debido a la pérdida de su reconocimiento como lugar común. El Plan de Desarrollo Urbano (PDU) de la Municipalidad de Lamas del año 2017, resalta este problema ambiental y propone una serie de acciones de recuperación de estos espacios, además de un plan de reforestación para la ciudad. El presente estudio busca aportar al Plan de Desarrollo para lo cual analiza, desde un enfoque biocultural, las relaciones sociales, culturales y ecológicas entre la población usuaria y las especies de árboles y palmeras de la ciudad, que se encuentran en barrancos, manantiales, calles, plazas, jardines, huertas privadas y alrededores rurales. Se concluye que los árboles y palmeras brindan servicios ecosistémicos, sociales y económicos a la población, así como son parte importante de la cultura e historia de la ciudad. Sin embargo, la presencia de especies nativas de árboles y palmeras se ve amenazada por un fenómeno de aculturación de la población y la disminución del tamaño de las huertas, espacios que suelen albergar una diversidad de estas especies. A partir de estos hallazgos, se recomiendan consideraciones a seguir para la posterior puesta en práctica de planes de intervención en las áreas verdes de la ciudad por parte del gobierno local. / Trabajo de investigación