En el mundo, los Estados transforman el uso de su territorio a través de proyectos de infraestructura con la promesa de generar mayor desarrollo para el país. Sin embargo, tal proceso acarrea costos sociales locales, pues las poblaciones —usualmente marginales— que habitan los territorios de interés para el Estado se ven obligadas a abandonarlos al no poder reproducir sus actividades tradicionales. Si bien los Estados poseen grandes capacidades para promover los mencionados proyectos, aún carecen de mecanismos institucionales suficientes como para evitar impactos locales. Si bien los conflictos sociales son respuestas frecuentes a esta incapacidad, en un nivel general el avance del Estado es exitoso. La presente investigación busca responder a cómo se construye el vínculo entre los funcionarios públicos y la población en riesgo, para legitimar la transformación del territorio e invisibilizar los costos sociales del proceso. Argumentamos que el uso del discurso del desarrollo es un instrumento disponible para ganar legitimidad. El caso elegido es el reasentamiento del asentamiento humano «El Ayllu», a causade la ampliación del aeropuerto internacional Jorge Chávez en el Callao, Perú.

El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma fue creado como una mejor alternativa al anterior programa, cerrado en medio del escándalo y la deslegitimación. Sin embargo, desde su implementación, Qali Warma ha sido fuente de escándalos mediáticos constantes, así como de propuestas de mejora y cambio. Esta investigación se acerca a su implementación desde los espacios de monitoreo de las escuelas, para comprender las lógicas políticas y tecnocráticas dentro del programa y analizar las tensiones producidas por ellas durante las actividades de monitoreo. También analizamos las posibilidades de acción de los monitores a través de la comparación de su trabajo en dos regiones muy diferentes de Perú: Lambayeque y Junín. Finalmente, proponemos un nuevo enfoque para pensar la implementación de programas sociales y el monitoreo en estos.

El último periodo de crecimiento económico y el deseo de elevar la competitividad del comercio exterior peruano exigieron del Estado peruano una respuesta de modernización de su infraestructura portuaria. El proceso de modernización del Terminal Portuario del Callao, el número uno del país y considerado la plataforma logística más importante de la Costa Oeste de Sudamérica, resulta ser un interesante estudio de caso sobre la adaptación del Estado a una combinación de factores internacionales (aumento de los precios de las materias primas y el impulso de políticas de apertura comercial) y domésticos (demanda de empresarios y decisión política). Mientras que se evidencian nuevos aprendizajes del Estado peruano, por ejemplo en el manejo de nuevas reglas de juego en materia de concesiones portuarias con la participación de operadores de talla mundial y el notable incremento de la competitividad de su principal terminal portuario, se manifiestan serias debilidades en planificación y el aseguramiento de políticas a largo plazo que trasciendan gobiernos.

Desde fines de los años 2000 se ha hecho más agudo el problema de la escasez de agua en la cuenca del río Ica. Los factores que causan esta situación son el fuerte crecimiento agroexportador, el crecimiento poblacional y los efectos del cambio climático. Asimismo, la política pública desde los años 90 ha promovido la inversión privada y la agro-exportación en la costa peruana; y es responsable en parte de la escasez de agua en Ica y deterioro de los acuíferos. Sin embargo, dado el problema, la capacidad de Estado para enfrentar la emergencia hídrica está relativamente neutralizada dentro de las relaciones de poder existentes en Ica; y presenta debilidad incluso para el cumplimiento de sus propias disposiciones como es el caso de la restricción a perforar nuevos pozos de agua a fin de garantizar la sostenibilidad de los acuíferos.