Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta memoria de prueba da cuenta de la configuración del Derecho de Acceso a la Información Pública (en lo sucesivo, DAIP) en el ordenamiento jurídico chileno, destacando cuatro niveles normativos: internacional, constitucional, legal y reglamentario. Asimismo, examina la jurisprudencia constitucional durante veinte años del TC, desde 1995 a 2015, por medio de la cual se evidencia las tendencias en la valoración del principio de publicidad, del principio de transparencia y del DAIP. Así, se proponen tres épocas, una de alta valoración de estos bienes jurídicos, que se desarrolla entre 1995 y 2012, teniendo como dos grandes hitos la aprobación de la reforma constitucional de 2005 que introdujo el nuevo artículo 8º de la Constitución Política de la República (en adelante, CPR) y la Ley 20.285 de Acceso a la Información Pública (LAIP, por sus siglas). Una segunda época de ruptura con esta línea interpretativa que señala que estos bienes no se encuentran en la CPR, sino que son simplemente de rango legal y en alguna medida inconstitucionales en abstracto dada su extensión y, finalmente, una tercera etapa de revisión en la cual se observa que el TC ha dictado fallos oscilantes, entre algunos de alta y otros de menor valoración del DAIP y los principios mentados. En un Chile que clama ante la ocurrencia de un gran número de episodios de corrupción, la mayor y mejor estimación de los mecanismos de prevención y control son imperativos. No es razonable que la magistratura que recibe el mandato de garantizar la supremacía de la CPR desmerezca un derecho que fue una de las piedras angulares del Estado Moderno Constitucional. Del mismo modo, el DAIP que coadyuva a la adopción de políticas públicas eficientes y eficaces a través de la participación ciudadana, debe ser fortalecido y reconocido como un requisito en los mecanismos de intervención de los incumbentes en la gestión pública. Este trabajo demuestra también la necesidad de una reforma constitucional que responda a esta dificultad en la interpretación y valoración del DAIP, los principios de publicidad y transparencia, como mecanismo de solución a la problemática que se desprende de la jurisprudencia de la magistratura constitucional.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / En la presente investigación se sistematiza la información relativa al derecho de acceso a la información pública a nivel de nuestra normativa interna, desde una perspectiva histórica y conceptual, de manera que analizamos el tratamiento de este derecho desde un escenario anterior a la entrada en vigencia de la ley N° 20.285 y su posterior implementación hasta el final del gobierno de la presidenta Bachelet. Nos hemos planteado como objetivo general el elaborar un juicio crítico respecto de si el desarrollo legal que realiza la ley 20285, respecto del actual artículo 8 de la Constitución Política de la República es suficiente desde la óptica de los requerimientos que nuestra sociedad y sistema democrático. Para dar cumplimiento a este objetivo, en una primera instancia se realiza un análisis doctrinario en la materia, principalmente los desarrollados en torno al concepto del derecho de acceso a la información pública. Luego se intenta delimitar su ámbito de acción mediante el estudio de otros derechos colindantes como lo son el derecho a la libertad de expresión, la probidad pública, principalmente en cuanto a los factores que los diferencian con el propio derecho de acceso a la información. Una vez conceptualizado el derecho de acceso a la información pública se realiza un análisis del marco normativo interno y comparado, para contextualizar esta temática, observando claro la ley Nº 20.285, sus principios, aplicaciones e instituciones. En lo posterior, se procederá a realizar un estudio de fondo acerca las autonomías constitucionales, desde una faceta tanto conceptual como funcional, para identificar luego la relación entre este tipo de entidades y el Banco Central y la Contraloría General de la República, analizando necesariamente a cada uno de los órganos reseñados, para así determinar si la aplicación diferenciada de la ley Nº 20.285 es necesaria o no, y de que forma se protege el derecho de acceso a la información pública, cuando se encuentra en poder de estos dos importantes órganos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El esquema de trabajo contempla cinco capítulos de desarrollo de la materia para finalizar con la exposición de las conclusiones. El primer capítulo explica la relevancia de la protección del derecho de acceso, expone una crítica a la técnica legislativa del doble articulado utilizada en esta normativa, y en general contextualiza el marco regulatorio expuesto por dicha ley. El segundo, tercer y cuarto capítulo, tratan cada uno en forma separada el Régimen Especial de Transparencia que rige al Ministerio Público, al Tribunal Constitucional y al Tribunal Calificador de Elecciones, respectivamente. Cada uno de estos capítulos incluye la exposición del marco normativo de transparencia aplicable, un análisis de transparencia activa, un análisis de transparencia pasiva, y una descripción y crítica de las respectivas acciones legales. Finalmente, el capítulo quinto de esta tesis tiene como objetivo dar cuenta de los estándares de transparencia exigidos por el derecho internacional y la experiencia comparada. En resumen, en atención a la importancia del derecho fundamental de acceso a la información pública y a la obligación impuesta por la Constitución a todos los órganos del Estado de respetar y garantizar este derecho, esta memoria tiene como propósito realizar un análisis completo de estos regímenes especiales de transparencia, con la finalidad de examinarlos y verificar si su regulación especial encuentra una legítima justificación y si contribuye o no a dar un real cumplimiento y protección del derecho de acceso a la información, en conformidad a lo dispuesto por nuestra Carta Fundamental y los estándares de transparencia del derecho internacional

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El acceso a la información pública constituye uno de los más importantes hitos de los últimos años para los Estados a nivel mundial. El conocimiento por parte de la ciudadanía de los actos y decisiones que ejecutan las autoridades se ha transformado en una exigencia a nivel internacional, lo cual según algunos, es básico para consolidar los regímenes democráticos por la fiscalización que pueden hacer los gobernados a sus gobernantes. Lo anterior se ha dicho, es consecuencia del empoderamiento social. Chile no se ha quedado atrás en estas iniciativas, por lo que paulatinamente nuestra legislación se ha ido adaptando a las nuevas perspectivas, en parte a raíz de diversos casos de corrupción política que han acontecido y de la incorporación de nuestro país a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) que exige la adecuación de nuestra normativa a ciertos estándares de Derecho Internacional. Una de las iniciativas más relevantes fue la dictación de la Ley Nº 20.285 el año 2009, consecuencia de la entrada en vigencia del nuevo artículo 8º de la Constitución Política, donde se elevan a rango constitucional los principios de publicidad y transparencia que antes si bien es cierto, habían sido objeto de debate e incluso de dictación de importantes leyes como la Ley Nº 19.6531 y la Ley Nº 19.880, no satisfacían en forma suficiente la necesidad de establecer un sistema sólido de bases democráticas. En consecuencia se llegó a la conclusión de que la idea de legislar sobre el acceso a la información pública, la transparencia, la publicidad y la probidad no debía quedar solamente en el plano de una ley común, y por lo tanto, se planteó la necesidad de estar regulados por la Carta Fundamental.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La investigación muestra las vinculaciones existentes entre el debido proceso y el derecho de acceso a la información pública consagrado por la Ley 20.285. Se trata de analizar las vías procesales previstas en esta ley y verificar si dan satisfacción a los imperativos del debido proceso legal y las contribuciones del derecho de acceso a la información pública a la concreción de los imperativos del debido proceso legal, especialmente en lo que dice relación a la pesquisa de pruebas y documentos que podrían servir al derecho a la defensa de una persona. En la exposición, en primer lugar se analiza el concepto de debido proceso, su evolución histórica y su recepción tanto en tratados internacionales como en el Derecho chileno. A continuación se analiza el reconocimiento del derecho de acceso a la información pública como un derecho humano y como derecho fundamental en el derecho comparado, para asimismo verificar su tratamiento tanto en la normativa internacional como a nivel nacional, especialmente en los aspectos relativos al procedimiento establecido para acceder a información pública por parte de la legislación chilena. Finalmente y a objeto de ilustrar cómo se han aplicado estas normas se revisan una serie de sentencias de tribunales chilenos que dan cuenta de las distintas relaciones existentes entre el debido proceso y el derecho de acceso a la información pública, tanto dentro del procedimiento de solicitud de información como en la utilización de dicho procedimiento para evaluar el seguimiento de un debido proceso en otros procedimientos

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / En una licitación pública la propuesta técnica presentada por los oferentes resulta fundamental a la hora de determinar la contratación administrativa de bienes y servicios para el Estado; dicho documento, en ciertos casos, contiene antecedentes cuyo público conocimiento puede afectar sus derechos (e intereses legítimos) comerciales y económicos. Frente a dicha problemática, el ordenamiento jurídico contempla la protección de los derechos de propiedad intelectual, entre ellos, el secreto comercial cuya regulación influencia aquella que es propia del Derecho Administrativo. La eventual colisión entre ambos bienes jurídicos protegidos constitucionalmente, la transparencia en su dimensión del derecho de acceso a la información y los derechos subjetivos económicos y comerciales, se ha resuelto casuísticamente por el Consejo para la Transparencia en aplicación de la excepción contenida en el número 2º del artículo 21 de la Ley Nº 20.285, cuyo argumento ha devenido en el asentamiento de criterios orientadores para efectos de determinar la procedencia de dicha causal de reserva, que incorpora normas de carácter constitucional, legal y reglamentaria, y un análisis en concreto sobre la naturaleza de la información y su posición en el mercado.