Como estudiante de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), y a partir de mi experiencia en la Comisión Andina de Juristas (CAJ) y el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), tuve la oportunidad de conocer diversos problemas que afectan a los pueblos indígenas en la Región. Pude constatar que tales problemas se deben, entre otros, a la presencia de terceros no autorizados en territorios indígenas y a la imposición de concesiones o autorizaciones para proyectos de “desarrollo o inversión” en sus territorios. Me consternó mucho los problemas que viven los pueblos indígenas y los profundos impactos sociales, culturales y económicos que son forzados a enfrentar a raíz de tales proyectos. Muchos de los cuales ponen en riesgo su propia existencia. / Tesis

El derecho a la consulta previa a los pueblos originarios o indígenas se ha convertido en fuente de conflictos internos de carácter sociocultural, ambiental y legal, que cada vez más se acrecientan en el Perú. El Estado peruano debe realizar procesos de consulta a los pueblos indígenas antes de la implementación de medidas legislativas o administrativas que afecten en forma directa los derechos colectivos de estos últimos, consultas que deben finalizar con la obtención del consentimiento previo, libre e informado. La promulgación de la Ley 29785, “de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas”, es un gran avance hacia la protección de estos pueblos. Sin embargo, en su Artículo 15° se dictamina que si el Estado peruano y los pueblos indígenas no lograran llegar a un acuerdo en la consulta previa, la decisión final será adoptada por el Estado como norma general aplicada a dichos procesos. No obstante ello, esta regla general podría tener excepciones frente a medidas legislativas o administrativas que implique el desplazamiento poblacional indígena de sus territorios ancestrales, ya que de aplicarse de forma taxativa lo señalado en la Ley 29785, se causaría grave indefensión y vulneración a los derechos constitucionales de ese sector poblacional. El Estado, durante los procesos de consulta previa cuando impliquen desplazamiento poblacional indígena de territorios ancestrales, tiene la obligación de obtener el consentimiento de estos pueblos, garantizando la no vulneración de sus derechos constitucionales, como el derecho al consentimiento libre, previo e informado; la libre determinación; el territorio; la identidad étnica y cultural; entre otros; consagrados en los artículos 2°, 70° y 149° de la Constitución peruana, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI). Así como jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Tribunal Constitucional peruano (TC). / Tesis

Las áreas de conservación regional son áreas naturales protegidas que cuentan con una importancia ecológica significativa. En dichas áreas se permite el aprovechamiento o extracción de recursos, priorizando a la población local. Asimismo, de existir pueblos indígenas en la zona en la que se desee crear un área de conservación regional se deberá realizar la consulta previa de forma anterior a la creación de esta área, a fin de respetar el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados. Sin embargo, a pesar que se conocía que en la zona de creación del área de conservación regional Cordillera Escalera existían pueblos indígenas, el Gobierno Regional de San Martín omitió llevar a cabo el proceso de la consulta previa. Ello, ha generado una afectación directa a los pueblos indígenas, ya que con la finalidad de proteger el área de conservación regional se han restringido la posibilidad de habitar esta zona, así como otras actividades que realizaban estos pueblos con fines netamente de supervivencia. Por ello, este trabajo académico tiene como objetivo (i) reafirmar la importancia de la consulta previa en los procesos de creación de áreas naturales protegidas; y, (ii) demostrar que la incorporación de los pueblos indígenas al proceso de creación de un área natural protegida tiene un impacto positivo. Lo último debido a que existiría una retroalimentación entre la autoridad promotora de la creación del área y estos a fin de determinar el mejor manejo del área. / Trabajo académico

La investigación La consulta previa del Reglamento de la Ley Forestal y Fauna Silvestre. Un análisis de la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones identifica y analiza los elementos del proceso de consulta previa del Reglamento de la Ley Forestal y Fauna Silvestre (LFFS) que resultaron relevantes para la inclusión de los pueblos indígenas en la toma de decisiones con respecto a una política que los afecta directamente. El análisis de la consulta previa de la reglamentación de la LFFS radica fundamentalmente en que se trata de la implementación de una política pública con la participación de los pueblos indígenas y, sobre todo, desde una perspectiva intercultural, pues, como bien se puede constatar, la participación de los pueblos indígenas continúa siendo un gran desafío para los hacedores de políticas públicas, no solo por los niveles de exclusión a los que estos se encuentran sometidos, sino también porque se requiere desarrollar herramientas interculturales, las cuales son la clave para la gestión de la diversidad y del potencial para las naciones más justas y equitativas. La presente investigación es un estudio de caso, basado en el análisis de la información recogida a través de técnicas cualitativas como las siguientes: entrevistas semiestructuradas y un grupo focal a representantes de los pueblos indígenas, y entrevistas semiestructuradas a funcionarios públicos que participaron en el proceso de consulta previa; asimismo se realizó revisión y análisis documentario. En conclusión, el espacio de la consulta previa promovió la participación y el fortalecimiento de las organizaciones indígenas, gracias a su perspectiva intercultural y enfoque participativo. Ello generó, además, una nueva forma de relacionarse entre las instituciones del Estado y los pueblos indígenas a través de la escucha, y una mayor voluntad de diálogo entre las partes, lo cual configuró los elementos iniciales de un diálogo intercultural. / Tesis

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Como estudiante de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), y a partir de mi experiencia en la Comisión Andina de Juristas (CAJ) y el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), tuve la oportunidad de conocer diversos problemas que afectan a los pueblos indígenas en la Región. Pude constatar que tales problemas se deben, entre otros, a la presencia de terceros no autorizados en territorios indígenas y a la imposición de concesiones o autorizaciones para proyectos de “desarrollo o inversión” en sus territorios. Me consternó mucho los problemas que viven los pueblos indígenas y los profundos impactos sociales, culturales y económicos que son forzados a enfrentar a raíz de tales proyectos. Muchos de los cuales ponen en riesgo su propia existencia.

En el presente Informe Jurídico se analizará si las concesiones mineras que se encuentran superpuestas a territorios de Pueblos Indígenas u Originarios deberían estar sujetas a un proceso de consulta previa o si este proceso no resultaría necesario hasta antes del otorgamiento de la autorización de inicio de actividades de exploración y explotación. Dicho análisis se realizará a la luz de la Sentencia de Vista N°39 expedida por la Corte Superior de Justicia de Puno en el caso de las Comunidades Campesinas de Atuncolla, sentencia en la que se ordenó al Ministerio de Energía y Minas y al Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico no volver a otorgar títulos de concesión minera sin que previamente se haya realizado un proceso de consulta, pues no hacerlo constituiría en una violación del Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo. En ese sentido, a fin de determinar el momento en el que debería realizarse la consulta previa, se desarrollarán los aspectos jurídicos más relevantes de este derecho, así como de las concesiones mineras, con el objetivo de evaluar la incidencia cultural, social y sobre el medio ambiente que estas concesiones generan y/o podrían generar sobre los Pueblos Indígenas u Originarios. Dicho análisis nos permitirá concluir que la consulta previa debe realizarse antes del otorgamiento de las concesiones mineras; pues contal otorgamiento se derivan consecuencias que impactan directamente sobre los derechos colectivos de los pueblos antes referidos. Finalmente, como problemas complementarios, el presente Informe busca también determinar si el proceso de amparo constituye una vía para poder reclamar tutela respecto de la consulta previa y si correspondía que los jueces de la Corte Superior de Justicia de Puno emitan un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia materia de análisis

El derecho a la consulta previa a los pueblos originarios o indígenas se ha convertido en fuente de conflictos internos de carácter sociocultural, ambiental y legal, que cada vez más se acrecientan en el Perú. El Estado peruano debe realizar procesos de consulta a los pueblos indígenas antes de la implementación de medidas legislativas o administrativas que afecten en forma directa los derechos colectivos de estos últimos, consultas que deben finalizar con la obtención del consentimiento previo, libre e informado. La promulgación de la Ley 29785, “de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas”, es un gran avance hacia la protección de estos pueblos. Sin embargo, en su Artículo 15° se dictamina que si el Estado peruano y los pueblos indígenas no lograran llegar a un acuerdo en la consulta previa, la decisión final será adoptada por el Estado como norma general aplicada a dichos procesos. No obstante ello, esta regla general podría tener excepciones frente a medidas legislativas o administrativas que implique el desplazamiento poblacional indígena de sus territorios ancestrales, ya que de aplicarse de forma taxativa lo señalado en la Ley 29785, se causaría grave indefensión y vulneración a los derechos constitucionales de ese sector poblacional. El Estado, durante los procesos de consulta previa cuando impliquen desplazamiento poblacional indígena de territorios ancestrales, tiene la obligación de obtener el consentimiento de estos pueblos, garantizando la no vulneración de sus derechos constitucionales, como el derecho al consentimiento libre, previo e informado; la libre determinación; el territorio; la identidad étnica y cultural; entre otros; consagrados en los artículos 2°, 70° y 149° de la Constitución peruana, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI). Así como jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Tribunal Constitucional peruano (TC).

Las áreas de conservación regional son áreas naturales protegidas que cuentan con una importancia ecológica significativa. En dichas áreas se permite el aprovechamiento o extracción de recursos, priorizando a la población local. Asimismo, de existir pueblos indígenas en la zona en la que se desee crear un área de conservación regional se deberá realizar la consulta previa de forma anterior a la creación de esta área, a fin de respetar el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados. Sin embargo, a pesar que se conocía que en la zona de creación del área de conservación regional Cordillera Escalera existían pueblos indígenas, el Gobierno Regional de San Martín omitió llevar a cabo el proceso de la consulta previa. Ello, ha generado una afectación directa a los pueblos indígenas, ya que con la finalidad de proteger el área de conservación regional se han restringido la posibilidad de habitar esta zona, así como otras actividades que realizaban estos pueblos con fines netamente de supervivencia. Por ello, este trabajo académico tiene como objetivo (i) reafirmar la importancia de la consulta previa en los procesos de creación de áreas naturales protegidas; y, (ii) demostrar que la incorporación de los pueblos indígenas al proceso de creación de un área natural protegida tiene un impacto positivo. Lo último debido a que existiría una retroalimentación entre la autoridad promotora de la creación del área y estos a fin de determinar el mejor manejo del área.

A lo largo del siglo XX, las organizaciones indígenas han cambiado los métodos para reconocimiento sobre sus territorios y derechos. La transición ha ido de la acción violenta a los procesos judiciales y presentación en organismos internacionales. Por otra parte, desde el Estado se fue construyendo una institucionalidad indígena que encauso los reclamos de las comunidades nativas, a través de leyes y oficinas especializadas. En el marco de esta dinámica se promulga la Ley del derecho a la Consulta Previa. La implementación de la Ley No 29785 requirió de la creación y adaptación de un conjunto de instituciones u oficinas responsables de diseñar las herramientas técnicas del proceso y acompañar a los actores, tanto estatales como a las comunidades nativas involucradas en la consulta. Con un poco más de diez años de vigencia de la ley, esta investigación se propuso analizar los alcances y límites en las capacidades del Estado durante la implementación de los procesos consulta previa en dos casos de significativa importancia. A través de los años se ha ido construyendo una serie herramientas técnicas y fortaleciendo a un conjunto de funcionarios – como abogados, científicos sociales e intérpretes- capacitados y especializados en consulta previa. No obstante, las limitaciones propias del aparato estatal como el recambio de funcionarios o el incumplimiento de acuerdos han complicado el proceso de implementación de la ley.