Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El fenómeno de la crisis de las cámaras altas europeas durante el siglo XX y su oposición a las cámaras altas de los Estados federales generó un intenso debate acerca de los mecanismos de justificación y del rol del Senado. Esta crisis del bicameralismo, sumado al escenario político chileno de redefinición institucional (mediante una eventual reforma constitucional) vuelve imperativa una discusión y una reflexión acerca de las vías de justificación del bicameralismo en los Estados unitarios. Este trabajo ofrece un análisis sistemático de los criterios intrínseco e instrumentales de los criterios de justificación del sistema bicameral en la actualidad. Asimismo, se revisarán críticamente los criterios de justificación del bicameralismo chileno en el proceso de redacción de la Constitución de 1980 y las razones para su mantención en la reforma constitucional de 2005. / Autor no autoriza el acceso completo de su documento hasta el 07/12/2018

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Hablar hoy del Congreso Nacional chileno o de alguna de sus múltiples funciones es una tarea de primera importancia, sobretodo cuando las grandes materias país son tratadas en el marco de esta institución. Es por ello que solo el conocimiento de su organización y el mayor estudio sobre su funcionamiento pueden ayudar a destacar la labor que al Congreso Nacional le corresponde en el desarrollo de nuestra democracia actual. El Congreso Nacional para lograr su principal objetivo, que es la creación de normas jurídicas, requiere expresar su voluntad válidamente mediante el procedimiento establecido en la Constitución, y que viene en complementar auxiliarmente la Ley Orgánica del Congreso Nacional y los Reglamentos de ambas cámaras. Presupuesto básico en los parlamentos bicamerales, como en Chile, es que las dos corporaciones, la Cámara de Diputados y el Senado, coincidan en sus voluntades en el texto de una norma legal, lo cual se realiza mediante aproximaciones sucesivas en el proceso legislativo. El problema que estudia esta memoria está centrado en la solución institucional que la Constitución establece al conflicto de posiciones que surge entre las distintas versiones de un proyecto de ley, tratado o reforma constitucional en tramitación, cuando cada una de las cámaras expresa un parecer diferente. Es decir, cuando no hay una voluntad unívoca del Congreso Nacional respecto a una solución legislativa. Este, como veremos, es un problema frecuente en los Parlamentos bicamerales en que 4 ninguna de sus ramas tiene preponderancia sobre la otra, como sucede en algunos modelos de derecho comparado, y en específico en la tradición constitucional chilena. Hay que tener en cuenta, antes de plantear la problemática de fondo, que el Congreso Nacional chileno tiene un carácter bicameral, es decir, dos cámaras por las cuales transcurre el trámite legislativo. En esta tramitación, es usual que al revisarse un proyecto de ley, tratado o reforma constitucional en un segundo trámite constitucional, una vez aprobado por la Cámara de origen, se puedan introducir modificaciones al texto, con el propósito de perfeccionar el proyecto según una mirada distinta a la solución legislativa planteada durante el primer trámite. Cuando el proyecto es devuelto a la cámara de origen para que se pronuncie sobre los cambios planteados, si ésta los rechaza, se consolida la discrepancia entre ambas corporaciones, las que por mandato de la Constitución Política deberán ser abordadas por una Comisión Mixta con la finalidad de alcanzar una solución. A partir de las observaciones que se presentan en la cámara revisora, que pueden no ser aprobadas por la Cámara de origen, se produce una controversia entre los puntos de vista de los órganos que componen el Congreso Nacional, es decir, entre la Cámara de Diputados y el Senado. Debemos tener presente que este conflicto se produce – como hemos dicho- sólo en un Congreso de carácter bicameral, donde la existencia de dos cámaras hace inevitable la búsqueda de una concurrencia de voluntades entre ambas corporaciones para que el proceso 5 legislativo produzca frutos. Este objetivo hace necesario un mecanismo de solución que haga posible llegar a un proyecto unívoco y compartido. Al respecto debemos tener presente que un órgano político que no entrega soluciones concretas a la ciudadanía, puede ir perdiendo crédito ante la opinión pública. Esta controversia ha sido solucionada tanto en la doctrina constitucional, como en el derecho comparado, a través de distintas formas, las cuales analizaremos en el primer capítulo de esta memoria, abordando distintos mecanismos, respecto de los cuales nos referiremos, tales como: a) La suspensión de la discusión; que consiste en no volver a discutir la materia en un periodo de sesiones, de forma de replantear el contenido del proyecto o las mayorías necesarias para su aprobación; b) El mecanismo clásico de lanzadera o “La Navette”, que consiste en la remisión sucesiva de un proyecto de ley hasta obtener la concordancia necesaria sobre los puntos en desacuerdo; c) El mecanismo de insistencias, donde una de las cámaras, generalmente la de origen, mediante un quórum determinado le indica a la otra, que si no reúne un quórum similar el proyecto se entenderá aprobado; d) Preeminencia de una de las cámaras. Este mecanismo entiende que una de las cámaras responde a una elección o designación más democrática, y que por tanto debe primar la decisión de esta, y finalmente, e) La Comisión Mixta. Esta institución, que la presente memoria trata como mecanismo relevante y eficiente, está definida como: “una comisión parlamentaria de composición paritaria que tiene por misión propugnar la obtención de un acuerdo sustantivo entre sus miembros, que acercando las 6 posiciones divergentes, se traduzca en la resolución del conflicto surgido con ocasión del rechazo, por parte de una de las cámaras, de la versión proyecto aprobado por la otra, en los diversos estadios en que pueda tener lugar la forma de aquellas”1. En relación al origen de la institución en Chile esto será tratado latamente en el capítulo segundo de esta memoria, pero adelantamos que hay que remontarse al imperio de la Constitución del año 1833, donde el mecanismo de solución a la problemática planteada respondía a un mecanismo de insistencias. La Comisión Mixta se inició entonces como una práctica parlamentaria recogida de la tradición Francesa, procediéndose a su reglamentación como su inclusión de forma facultativa en la Constitución Política del año 1925, y posteriormente como mecanismo obligatorio en la Constitución Política del año 1980. Hay que anticipar que no es una invención del Constituyente de 1980, si no más bien, un reconocimiento al desarrollo de la práctica de la institución por más de cien años. De esta forma la Comisión Mixta, desde el desarrollo institucional de la República a mediados del Siglo XIX, se manifiesta como una expresión, en nuestro sistema institucional, para resolver las discrepancias entre las dos ramas del Congreso Nacional. Toda democracia tiene un Parlamento, y es una institución característica que busca asegurar que los intereses de la comunidad organizada se plasmen en el proceso legislativo. Una forma de definir la Democracia viene dada por tres principios institucionales: “en primer lugar como un conjunto de 1 OBANDO CAMINO, Iván Mauricio. El papel de las comisiones mixtas en el procedimiento legislativo. EN: Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso XIV (1991-1992), Valparaíso, Chile. Pág. 344. 7 reglas que establecen quien está autorizado a tomar las decisiones y mediante que procedimiento; a continuación, diciendo que un régimen es tanto más democrático cuando una mayor cantidad de personas participa directa o indirectamente en la toma de decisiones; por último, subrayando que las elecciones deben ser reales”2. En definitiva, podemos caracterizar la Democracia en base a un régimen donde “la representación consiste en que la totalidad del pueblo, o una numerosa porción de este, ejerce el poder político a través de representantes elegidos periódicamente. Por tanto, la representación no supone que el pueblo pierde soberanía, sino que nada más la delega por el periodo que determinan la Constitución y las leyes. La representación se puede definir como el mecanismo político que permite que los gobernantes actúen por mandato de los gobernados”3 Consideramos por tanto, que un régimen va a ser más democrático, en tanto los intereses de la comunidad sean relevantes a la hora de transformarse en una decisión de carácter político, es decir, en una norma jurídica obligatoria para todos. Por ello, la Democracia se expresa en la representación de intereses por parte de los políticos. En un Congreso enmarcado dentro de un sistema democrático, cada parlamentario tiene el objetivo de responder mediante sus 2 TOURAINE, Alain. ¿Qué es la democracia?, Fondo de Cultura Económica, México. 1era edición. 1995. Pág. 17. En esta cita el autor hace referencia a que la proposición expuesta pertenece a Norberto Bobbio. 3 CORREA SUTIL, Sofía y RUIZ -TAGLE, Pablo. Ciudadanos en Democracia, fundamentos del sistema político chileno. Editorial Random House Mondadori S.A. Santiago de Chile. 2010. Pág. 89. 8 acciones legislativas a los intereses de sus representados a la hora de ejercer sus funciones. En la Comisión Mixta se busca un consenso entre todos los puntos de vista representados en las posiciones mayoritarias de ambas cámaras, buscando mediante el debate, la opinión técnica y las aproximaciones sucesivas, la correcta conformación de la voluntad necesaria para conformar la ley. La solución planteada por este tipo de Comisiones ha demostrado ser bastante eficiente en comparación con otros modelos que hemos enunciado y que revisaremos en el primer capítulo, ya que la Comisión Mixta, después de una discusión acotada sobre los puntos de controversia y el trabajo innovativo en la búsqueda de un acuerdo, propone una formula de solución íntegra para ser votada en las salas de las cámaras, un proyecto consensuado y transversal que aspira a solucionar las discrepancias que le dieron origen. Esta memoria pretende analizar la institución de las Comisiones Mixtas, su historia, competencia y composición, como también la relación de ésta con los parlamentarios que no participan de ellas, su vinculación con el Ejecutivo y la ciudadanía a la hora de elaborar una propuesta de acuerdo. A la vez, es necesario plantear la discusión sobre su funcionamiento, las indicaciones que pueden presentarse en su interior y la forma de votación del informe generado por la Comisión en ambas ramas del Congreso. 9 Para ello, además de la doctrina y la práctica constitucional, se analizará la interpretación generada en las propias Comisiones Mixtas, los Informes de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado y la Cámara de Diputados y los fallos del Tribunal Constitucional sobre esta materia. Por otro lado, se analizarán los otros escenarios en que la Constitución consagra la intervención de una Comisión Mixta; la contemplada en el Art. 15 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso y el papel especial de la Comisión Mixta durante la discusión de la Ley de Presupuestos. Esta memoria además plantea la interrogante sobre el sistema chileno de partidos políticos y su relación con el proceso legislativo, el control efectivo que las bancadas puede sostener sobre las decisiones de los parlamentarios, a la hora de aprobar un proyecto de ley, todo ello en el marco de la tramitación dentro de la institución analizada. Adelantamos al análisis un dato a tener en cuenta, de acuerdo a un estudio que se detallará en el Capítulo VI de esta Memoria, de un total de 1720 leyes aprobadas entre el 30 de Marzo de 1990 al 11 de Diciembre de 2013, es decir, dentro del periodo democrático actual, un total de 299 proyectos pudieron convertirse en leyes debido al trabajo de la Comisión Mixta, muchas de ellas en asuntos de tramitación controvertida. Esto refleja que la Comisión es ocupada y resulta ser útil al trabajo legislativo, permitiendo que estos proyectos superen la traba generada en su tramitación, y anticipamos que su aporte no se circunscribe sólo a los 299 proyectos señalados, sino que la Comisión ha colaborado en la 10 técnica legislativa, perfeccionando en reiteradas ocasiones la redacción de las normas sujetas a estudio. Un análisis global de la institución de la Comisión Mixta, como el que presentamos en esta memoria, es necesario para evaluar la función parlamentaria, de forma de seguir perfeccionándola. La eficiencia a la hora de construir proyectos de ley y acuerdos como los que propicia la Comisión expuesta, no hacen sino reforzar la función legislativa y legitimar el rol democrático que cumple el Congreso Nacional en la actualidad

Ingeniera Civil Industrial / El Poder Legislativo es un pilar fundamental para los ciudadanos de países democráticos, ya que la formulación de leyes entrega los marcos legales, institucionales y representativos del país. Ante la necesidad de que los representantes de una nación deban tener conocimiento en una amplia gama de materias se requiere una gran cantidad de información disponible. Las instituciones bibliotecarias, encargadas de dar servicio a los integrantes de la comunidad parlamentaria, satisfacen las necesidades de información para crear proyectos de ley. En Chile, la Biblioteca del Congreso Nacional entrega asesorías parlamentarias políticamente neutrales a diputados y senadores, entre otros, principalmente a través de la sección de Asesoría Técnica Parlamentaria. Esta sección tiene como prioridad apoyar a las comisiones legislativas con el fin de aportar a la elaboración de leyes técnicamente mejores. Sin embargo, la demanda de asesorías es principalmente individual, ya que la Biblioteca debe también prestar apoyo a los parlamentarios en sus funciones de representación y fiscalización. Es por esto que se ha propuesto aportar mayor valor público entregando una mayor cantidad de servicios de asesoría a comisiones legislativas, que es donde se tramitan los proyectos de ley. Actualmente la demanda que posee ATP proviene en un tercio de solicitudes de comisiones, y es esta relación la que debe aumentar. Dado lo anterior, este trabajo muestra el proceso actual de gestión de demanda interna y externa de la sección ATP, lo que permitió detectar oportunidades de mejora y proponer un rediseño oportuno que posibilite destinar una mayor cantidad de servicios de asesoría a comisiones legislativas. Esta memoria presenta medidas de rediseño analizadas en base al estudio de estadística histórica, de entrevistas con actores relevantes del proceso de elaboración de asesorías parlamentarias y de entrevistas con usuarios y clientes. El rediseño planteado propone una dirección del cambio tal que se puedan racionalizar recursos y disminuir la carga laboral de quienes elaboran servicios de asesoría, para así liberar tiempos que puedan ser destinados a apoyar la función legislativa de los parlamentarios. Para lograr este cambio se plantearon 7 medidas sobre el proceso de gestión de demanda, donde se consideró la opinión de los integrantes de ATP para analizar factibilidad y relevancia del rediseño. Junto con lo anterior se elaboró un modelo descriptivo que otorga herramientas a investigadores para capturar y anticipar demanda. Este modelo utiliza información sobre cantidad de proyectos de ley, cantidad de sesiones de comisión que se realizan, entre otras variables. Finalmente para proponer una métrica del impacto que genera el servicio de asesorías parlamentarias se consideró el mayor uso de herramientas tecnológicas en la BCN junto con las medidas de rediseño analizadas.

El objeto de estudio de este trabajo es la elaboración de la política exterior argentina y el objetivo es dar cuenta de la participación que el cuerpo decisional legislativo tiene en la política exterior, especialmente en la confección de la agenda de política exterior. Por ende, el problema de investigación consiste en el análisis de uno de los condicionantes internos de la política exterior argentina. Reside en el análisis de la participación del cuerpo decisional legislativo en el diseño de la agenda de política exterior argentina entre diciembre de 1999 y mayo del 2003. Dado que el título del trabajo presenta en forma inmediata el problema de estudio resulta menester aclarar por qué el uso de “cuerpo decisional legislativo”. La utilización del mismo tiene un doble propósito: por un lado, porque la utilización de Parlamento o Congreso en esta instancia podía sugerir una cosificación del objeto de de aquellas concepciones que ven el estado como un actor unitario y unívoco, posición de la cual toma distancia este trabajo; y por otro lado, porque el conjunto de actores involucrados no se reduce a los legisladores, sino que forman parte del mismo otros tantos. El proceso de adopción de decisiones para la formulación de la política exterior consiste, en definitiva, en estudiar el proceso por el cual se construye la agenda pública de política internacional. Proceso, que en la práctica permite operacionalizar los temas o intereses incorporados a la agenda y determina los objetivos y opciones de la política exterior a adoptar. El Parlamento es una de las arenas, tal vez la más representativa, donde el conjunto de intereses que responden en buena medida a la relación de fuerzas en la sociedad (Duroselle, 1992: 174) tienen lugar favoreciendo la autentificación de las decisiones de carácter multilateral al actuar como intermediario y articulador entre el poder institucional y los ciudadanos. Si bien es abordado con detenimiento en los capítulos que conforman el marco teórico es conveniente adelantar que este trabajo comienza donde los enfoques institucionalistas liberales desisten; en concreto, se relacionan las instituciones con la interacción dinámica entre los juegos políticos de lo doméstico y lo internacional, y se describen estos juegos no sólo en términos de interés material, sino también como parte de la negociación que se da entre diferentes entendimientos epistémicos y prácticas “contenidas” en los agentes políticos. El argumento que se esgrime aquí sugiere una interpretación reflectivista o constructivista dependiendo del autor, que arguye que del mismo modo que las estructuras están constituidas por la práctica y las auto comprensiones de los agentes, también la influencia e intereses de los agentes son constituidos y explicados por las estructuras políticas y culturales. Esto es, los intereses son endógenos a la interacción, en lugar de ser exógenos tal y como apunta el concepto racionalista-conductivo. Pero además de la perspectiva adoptada en el estudio de ese objeto, los fenómenos internacionales han sido objeto de explicación de otras ciencias sociales, por lo que resultó indispensable proceder a una adecuada articulación de las explicaciones aportadas por ellas para alcanzar un grado suficiente de conocimiento de una parte de la realidad internacional. Desde la perspectiva teórica adoptada para este trabajo se planteó la necesidad de explorar la posibilidad de una fertilización cruzada y una mayor integración de subcampos relacionados teóricamente e interrelacionados en la praxis, los estudios internacionales, políticas públicas y sociología de las organizaciones para analizar el objeto formal de estudio de este trabajo: la política exterior. Se consideró que toda separación o distinción entre política interna y exterior es solamente de carácter analítico, que la política exterior es el resultado de márgenes variables de elección, sujetos a condicionantes estructurales de largo plazo y coyunturales de corto plazo y, especialmente, una política pública que emana de un Estado, que se puede caracterizar como una relación que expresa poder, intereses, significaciones respaldados por actores que forman parte de la sociedad. Por lo que no existe una relación de exterioridad entre la sociedad y el Estado, por el contrario, éste último es una red compleja y altamente institucionalizada de la sociedad, en el que se expresan el conjunto de conflictos y correlaciones de poder que se desarrollan entre los actores políticamente relevantes, quienes tienen capacidad de influir, incidir o determinar políticas estructuradas en y a través del Estado. Por lo que la formulación de la política exterior no es analizada como limitada, reducida a la maquinaria estatal, sino a partir de su indivisible relación con la sociedad, ya que participan en ella un gran número de diversos actores que hay que tener en cuenta. Por el carácter cada vez más negociado del proceso, la política exterior tiende a ser cada vez más nacional y ya no solamente estatal.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El objetivo de esta memoria es analizar las variaciones del régimen de gobierno albergado por la Constitución de 1925, con la finalidad de mostrar la decisiva importancia de los partidos políticos en el equilibrio de poderes entre el Presidente de la República y el Congreso Nacional chileno, en la medida que aquellos forman e integran dichos poderes y relativizan el carácter presidencialista de la Constitución de 1925, a partir de prácticas políticas de los partidos desde el Congreso Nacional, lo que se habría mantenido hasta inicios de la década de 1960, época en que el cambio en la distribución de fuerzas dentro del sistema partidista detonó que emergieran aquellos partidos políticos promotores de un ejercicio más presidencialista del gobierno y administración del Estado. La metodología utilizada en la presente investigación se caracterizó por la revisión e interpretación de normas y prácticas atingentes a los partidos, las Cámaras y la Presidencia, de manera de destacar aquellos rasgos de continuidad y cambio manifestados durante el periodo 1932 – 1973, respecto del periodo parlamentario. Asimismo se practicó una exhaustiva descripción y análisis de los partidos chilenos, tanto desde una perspectiva histórica, como historiográfica, destacando su rol en la dinámica de la forma de gobierno. Los resultados obtenidos dan cuenta del rol decisivo de los partidos políticos, articulados en torno al Congreso Nacional, en la dinámica de los poderes públicos, logrando distinguirse dos momentos de esta relación. En un primer momento, que va desde 1932 a 1964, el Congreso Nacional se presentó como un espacio de negociación de los partidos políticos contrarrestado las importantes atribuciones que la Carta de 1925 entregaba al Presidente de la República, y en un segundo momento, la negociación se desplazó al ejecutivo, perdiendo el Congreso Nacional atribuciones políticas. Ello le habría restado estabilidad al sistema político, generando una de las posibles causas del quiebre institucional de septiembre de 1973

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / De las tecnologías en general no podemos abstraernos, nos atraen, entre otros factores, por la cualidad de estar renovándose constantemente. El temor o fascinación que generan es un tema cuestionable, pero nadie podrá refutar que el aporte que han significado para la humanidad es de enormes dimensiones, han hecho la vida más simple, ágil, eficiente y eficaz. Todos estos beneficios son aprehendidos por niños, ciudadanos, empresas, el Gobierno, organizaciones internacionales, etc., cada uno en su ámbito. Cuanto más beneficio se desee recibir, más disposición a las tecnologías se debe detentar. Nosotros nos hemos enfrascado en la tarea de analizar la normativa vigente, intentando descubrir las modificaciones necesarias para la incorporación de tecnologías a la Cámara de Diputados. Institución escogida por el rol significativo que desarrolla, por lo extenuante de su labor y la baja evaluación que la opinión pública le otorga. A nuestro juicio, esta baja valoración de la labor parlamentaria por la ciudadanía, se produce principalmente por la enorme carga de trabajo de los Diputados, lo que demora el despacho de algunos procesos en pro de otros. Además, la información sobre la labor del congresista no llega al ciudadano o lo hace en forma atrasada y/o inexacta, lo que es perturbador para el representante y el representado. Para el primero, porque ve que su labor no es correctamente valorada, y para el segundo, porque asume que aquellos a quienes él ha escogido para que tomen decisiones, no son diligentes en su labor. Esto es un perjuicio que empaña la visión que la sociedad tiene de su gobierno. Estamos convencidos que ambas situaciones puedes corregirse o aminorarse mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y comunicación. Creemos firmemente que así mismo las tecnologías pueden contribuir a la transparencia de la labor pública, y esto último generar un incentivo a la participación. Nuestra idea es trabajar en el análisis de la ley, de los procesos y de las tecnologías atingentes a la Cámara para llegar a la mejor ecuación posible, pretendemos lograr los máximos beneficios para la Corporación y el ciudadano con la integración de tecnologías, utilidad que pudiera estar frenada por la normativa vigente. Para lograr este objetivo daremos una pincelada por la gestación e historia de la Corporación y a su estructura, para luego hacernos cargo de las normas que la rigen y que determinan sus funciones, labor que realizaremos en lenguaje simple, porque aunque este trabajo sea realizado desde el área de las ciencias jurídicas, se concibió para llegar a ser comprendida sin necesidad de detentar conocimientos específicos ni del área legal ni del área tecnológica. Luego, analizaremos la modernización en manos de la tecnología que se ha propuesto a nivel gubernamental, repasando la experiencia extranjera y la nacional para describir su estado actual en nuestro país y apreciar y sugerir innovaciones. Aunque este trabajo gira en torno al estudio de la normativa que puede limitar la utilización de NTICs, y se cumple una vez realizada dicha revisión, nuestro trabajo finaliza con al presentación de una sugerencia de incorporación tecnológica en particular a la Corporación, como a la relación Cámara-ciudadano

La presente tesis aborda la Crisis del Gas entre Chile y Argentina, y el papel que desempeñaron en ella, como actores internos en política exterior los Congresos de Chile y Argentina durante el período 2004 y 2009. Se toma como fecha de término el 2009 por la entrada en funcionamiento de la planta de Gas Natural Licuado (GNL) de Quintero, que marca el inicio del abastecimiento de gas natural desde una fuente alternativa a Argentina. En la presente tesis se busca analizar los efectos que se produjeron en la relación bilateral debido a una crisis de este tipo1y el rol desempeñado por los Congresos de los respectivos países, a partir de su condición de actores de política interna que participan en la definición que hacen de la política exterior los respectivos poderes ejecutivos de sus respectivos países 1 A modo de ejemplo en ese sentido fue el que vivieron países de la Unión Europea a fines de 2005 con la interrupción parcial del suministro de gas natural ruso hacia Europa, aunque fue un efecto colateral de una disputa entre Rusia y Ucrania. Al respecto, ver WESTPHAL, Kirsten. “Energy Policy between Multilateral Governance and Geopolitics: Whither Europe? Internationale Politik und Gesellschaft, 4/2006, S.44-63. [En línea] < http://www.fes.de> [Último acceso, enero de 2012] La pregunta de investigación que motiva a esta investigación es la siguiente: ¿Qué protagonismo tuvieron los Congresos de Chile y Argentina durante la Crisis del Gas? A partir de la pregunta de investigación, la hipótesis es la siguiente: Durante la denominada Crisis del Gas, que ha sido el episodio de mayor gravedad en las relaciones chileno-argentinas desde 1990, los Congresos de ambos países contribuyeron a no agravar este conflicto. A modo operacional, se define como variable independiente el desarrollo de la Crisis del Gas, mientras que como variable dependiente, protagonismo que adquieren los Congresos de Chile y Argentina en el trascurso de esta crisis. Como objetivo general, la presente tesis se plantea analizar la Crisis del Gas y el impacto que ésta tuvo en la relación chileno-argentina y en cómo ésta es abordada en función de dos actores de 6 política interna que son partícipes en la definición de la política exterior de sus respectivos gobiernos. En función de este objetivo general, se establece como objetivos específicos describir el inicio y desarrollo de la Crisis del Gas y explicar su impacto en la relación chileno-argentina por un lado y, por otro, describir la importancia que tuvieron los Congresos de Chile y Argentina durante la Crisis del Gas. El enfoque que adopta este estudio es de tipo descriptivo, utilizando como método de trabajo lo que se enmarca como un estudio del desarrollo del caso, en el sentido interpretado interpreta Bartolini2, pues si bien se realiza un análisis de caso (La Crisis del Gas), éste involucra aspectos de naturaleza comparativa3, que consisten en contrastar aspectos del funcionamiento de sistemas políticos similares4. Más específicamente, la presente investigación acota el objeto de estudio a un aspecto de este sistema político5, como son los Congresos de ambos países. Se utilizarán como herramientas de investigación el uso de fuentes primarias y la revisión y análisis bibliográficos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En los últimos años, el nombramiento de parlamentarios como ministros de Estado y la posterior designación de sus reemplazantes por los partidos políticos han sido calificados como poco democráticos por diversos sectores del país, fundándose tales críticas en que, tanto al momento del nombramiento como en la designación hecha en conformidad al mecanismo de reemplazo consagrado actualmente en el artículo 51 de la Constitución Política de la República de 1980, se afectaría la voluntad soberana. Cabe destacar que esta última sólo se manifiesta de forma directa en ocasiones más bien acotadas (por medio de la participación, particularmente, electoral), y en la mayoría de los casos de forma indirecta, mediante las autoridades elegidas democráticamente (por medio de la representación política), de lo cual se desprende la existencia de una tensión entre tales formas de ejercicio democrático. La presente Memoria de Prueba pretende dilucidar –teniendo a la vista la tensión antedicha– si existe algún mecanismo de provisión de la vacancia parlamentaria que sea verdaderamente democrático. Para tal efecto, se analizan los conceptos de soberanía, democracia, participación y representación política, los que luego son utilizados para examinar las distintas fórmulas adoptadas a lo largo de la historia institucional chilena. Finalmente, en base a los resultados evidenciados, se concluye que no existe una fórmula que, en términos absolutos o abstractos, sea totalmente democrática, pues cada una de ellas ha sido reflejo de la situación en que tal tensión se ha hallado en un momento dado. Por ello, si bien el mecanismo de provisión de la vacancia parlamentaria vigente a la presente legislatura resulta legítimo y razonable, la superación del sistema electoral binominal hace necesaria su reforma.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Los Pueblos Indígenas tienen, tanto como ciudadanos y como pueblos, derechos humanos de carácter individual y colectivo. Entre éstos, tienen derechos civiles y políticos consagrados tanto por normas internacionales como por leyes internas de nuestro país. A pesar de ello, el acceso de las personas indígenas a los cargos de elección popular, especialmente al Congreso Nacional, ha sido nula desde la vuelta a la democracia. Esto obedece a factores sociales, económicos, políticos y culturales. Sin embargo, la experiencia internacional ha mostrado que se deben crear los mecanismos especiales para que todos los pueblos presentes en un Estado estén representados en el órgano que pretende reflejar a la sociedad. El objetivo de este trabajo es proponer la creación de escaños reservados para los Pueblos Originarios en Chile. Para este propósito, se analizan la normativa internacional de los Derechos Humanos, casos paradigmáticos de esta tendencia en el Derecho Comparado y los proyectos de ley presentados en el Congreso Nacional chileno desde 1990 a la fecha. Por último, como consecuencia del desarrollo exhaustivo del tema, se argumenta en favor de la creación de un mecanismo que garantice la representación parlamentaria indígena en nuestro país, haciendo énfasis en cada uno de los puntos a debatir para una correcta implementación

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)