El presente trabajo académico versa sobre el análisis de la protección de los sujetos laborales protegidos en la Constitución, y su compatibilidad con el periodo de prueba dentro de las relaciones laborales, por ello el enfoque del estudio del tema radica en la necesidad de determinar la importancia de ponderar el derecho de la libertad de empresa en aplicación del periodo de prueba y la estabilidad laboral de la madre, el menor de edad y el impedido, en conjunto con el derecho al trabajo. Así, para tal efecto, el punto de partida es conocer las principales características que determinan la situación de vulnerabilidad de los tres sujetos laborales, a fin de optar por una protección reforzada, partiendo de la noción legal del periodo de prueba regulada en nuestra legislación; para así terminar concluyendo la cuestión principal, mediante la creación o implementación de un procedimiento en la relación laboral que permita al empleador motivar la no superación del periodo de prueba, a efectos de no incurrir en la arbitrariedad del despido aplicados a los sujetos laborales protegidos por la Constitución, cuyo objeto radicaría en el libre ejercicio de su derecho al trabajo sin que medie cualquier acto de discriminación en la primera fase de la relación laboral de parte del empleador.

El tema de investigación surge a partir de las confrontaciones que existen entre el ordenamiento jurídico oficial con la justicia especial, como es la ronderil, especialmente dentro de un escenario en el cual ésta última se encuentra cada vez más presente al momento de administrar justicia, como ocurre en la ciudad de Cajamarca. Esta confrontación conlleva a que en algunos casos los ronderos sean juzgados por delitos graves por transgredir derechos fundamentales al momento de administrar justicia especial, pues muchas de sus sanciones son consideradas violatorias a la integridad de la persona y por ende a su dignidad. La interrogante nace sobre si este sistema de administración de justicia especial puede ser observado desde el punto de vista del derecho estatal, el cual mantiene matices centralistas que dificultan concebir una realidad jurídica totalmente diferente a la designada por la Constitución y a los Tratados Internacionales que proscriben los castigos corporales y la violación al debido proceso, sin embargo, reconoce la pluralidad cultural de nuestro país. Es por ello que la presente investigación consiste en establecer que, las Rondas Campesinas del Caserío Campo Alegre del Distrito de Namora, tienen una apreciación diferente al concepto de Dignidad que regula el artículo 1ro de la Constitución Política del Perú. Para ello se realizaron encuestas a 52 integrantes de la Ronda Campesina en el mes de febrero del año 2018, posteriormente entrevistas a sus dirigentes y un focus group en junio del 2019, obteniendo como conclusión que los campesinos del Caserío de Campo Alegre- Namora, no tienen una definición clara sobre lo que significa dignidad, sin embargo consideran que los azotes propinados y las formas de administración de justicia que imparten no son actos de humillación si no de escarmiento para lograr que la persona se reinserte a la comunidad, lo cual no constituye violaciones a los derechos humanos. Esta apreciación diferente se debe a que aplican castigos físicos como parte de su proceso de resocialización del infractor; sus usos y costumbres; y su sistema de justicia especial se basa en la ética del bien común y en criterios comunitaristas de derechos humanos

La tesis aborda una institución de gran relevancia en el Derecho Constitucional peruano a lo largo de su historia, y que ha recobrado inusitado interés mundial a causa del fenómeno del terrorismo global: se trata del estado de emergencia frente a amenazas de naturaleza política a inicios del siglo XXI. Su hipótesis es la siguiente: es necesario introducir cambios en el marco normativo (Constitución y leyes), así como en la interpretación y en la jurisprudencia constitucional relativos al estado de emergencia constitucional frente a amenazas de naturaleza política, a fin de sujetar éste a las exigencias del modelo de Estado constitucional y democrático de Derecho. La investigación combina el método dogmático ―consulta de fuentes normativas (Constituciones, leyes, reglamentos), repertorios de jurisprudencia y libros y artículos académicos de doctrina legal― con una aproximación al conocimiento empírico de la problemática a abordar, para lo que elabora dos «Bases de Datos de Decretos Supremos y Resoluciones Supremas relativos a Estados de Emergencia Constitucional» que abarcan dos arcos temporales (años 1980-1992 y 2013-2017), cuyas principales características son analizadas. La investigación también recurre al método interdisciplinario, al incluir enfoques y consulta de fuentes de historia, ciencia política y ciencias sociales. Entre los principales hallazgos está que el uso del estado de emergencia en el Perú muestra manifiestas transgresiones del orden constitucional, tales como el no cumplimiento de las causales habilitantes, la violación de los principios de necesidad, razonabilidad, proporcionalidad y temporalidad, la ausencia de controles efectivos de naturaleza política y jurisdiccional, entre otros. Es indispensable, en consecuencia, corregir ciertas prácticas identificadas en la presente investigación doctoral, a fin de restaurar el verdadero sentido y alcance de la Constitución de emergencia del Perú, permitiendo así la mejor realización del modelo de Estado constitucional y democrático de Derecho, inclusive bajo condiciones de anormalidad constitucional.

El presente trabajo de investigación analiza el régimen de financiamiento de la empresa estatal de Distribución Eléctrica establecido en el Sistema Nacional de Endeudamiento. Para ello, se verifica si las condiciones de su endeudamiento limitan el desarrollo de sus inversiones en servicios públicos, debido a su estructura y modelo de negocio, sin considerar la condición de igualdad en tratamiento legal respecto de las empresas privadas establecido en el Artículo 60° de la Constitución Política del Perú. A partir de este análisis, se concluye que la decisión del financiamiento de este tipo de empresa debe comprender una autogestión a nivel de empresa/accionista (dotarla de autonomía), con la finalidad de que el acceso al financiamiento para sus inversiones en servicios públicos no sea complejo, ordinario, ni limitado; en cambio sea compatible con el modelo regulatorio del negocio y sus características, que están enfocados al cumplimiento de sus fines sociales y empresariales. En ese sentido, resulta prioritario distinguir que la dinámica empresarial en la actividad de distribución eléctrica exige inversiones de forma intensiva, por lo que se requiere procedimientos óptimos que coadyuven su desarrollo económico y garanticen el suministro de conformidad con el Artículo 58° de la Constitución Política del Perú. / Trabajo de investigación

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En nuestro ordenamiento jurídico la copropiedad o indivisión ha mantenido un perfil marginal y transitorio desde la configuración temprana de las leyes civiles. No obstante, existen ciertas especies de comunidad, denominadas comunidades activas, que escapan a esta concepción tradicional. Este trabajo, a través del estudio sistemático de las leyes y otras fuentes del derecho, analiza la posibilidad de una aplicación diferenciada de la garantía constitucional del derecho de propiedad en las comunidades agrícolas, una especie paradigmática de comunidad activa. Entendiendo que, en tanto especie de propiedad, contiene elementos esenciales distintos a los de la propiedad regulada en el Código Civil, se concluye que es necesaria una tutela constitucional diferenciada para las comunidades agrícolas, en particular, y para otras comunidades activas de nuestro ordenamiento, en general

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta investigación pretende abordar la participación ciudadana en el procedimiento de elaboración de Planes de Prevención y Descontaminación Ambiental con la finalidad de identificar en qué medida este procedimiento permite a la ciudadanía influir en la discusión y establecimiento del contenido del instrumento definitivo. Así, en el primer capítulo, se describe el contenido del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, junto con los deberes y restricciones, consagrados en el artículo 19 N° 8 de la Constitución. En el segundo capítulo, se aborda la participación ciudadana ambiental, describiendo sus orígenes, objetivos y dimensiones, con énfasis en la influencia de la participación en las decisiones ambientales. En el tercer capítulo, se describe el procedimiento de elaboración de Planes de Prevención y Descontaminación Ambiental y los mecanismos de participación ciudadana que le son aplicables, para luego realizar un análisis crítico con el objetivo de identificar las debilidades del diseño de la participación ciudadana de este procedimiento. Finalmente, en el capítulo cuarto, se realiza un análisis comparativo de procedimientos de elaboración de Planes de Prevención y Descontaminación Ambiental correspondientes a ciudades del sur de Chile con el objeto de buscar aquel caso que haya contado con el mejor escenario participativo, seguido de un análisis que profundiza en los factores que influyeron en los resultados de este último. Para lo anterior, se efectuó un estudio de antecedentes del expediente electrónico, entrevista a funcionaria encargada de participación ciudadana y un análisis contrastando el Anteproyecto del Plan con el proyecto definitivo enviado al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.

El autor se plantea a través de una investigación dogmática, el problema de cómo surge la preocupación por la evaluación de la conducta de los hombres públicos, analizando el juicio político y la acusación constitucional, desde el origen de la Institución llamada impeachment en la Inglaterra medieval, su extinción para ceder su lugar a la responsabilidad política del ministro consejero o gabinete, su paso a los Estados Unidos de Norteamérica y aplicación en un sistema de gobierno diferente, vale decir, de un modelo monárquico parlamentario a uno presidencial; frente al modelo kelseniano o europeo que encarga esta atribución al órgano titular de la jurisdicción constitucional orgánica; para desembocar en Iberoamérica y su coexistencia con el Juicio de Residencia Colonial, con el propósito de analizar estas instituciones en el Perú a partir de su tratamiento en las diferentes Constituciones que hemos tenido, las leyes de Responsabilidad de Funcionarios Públicos, de 06 de junio de 1834 y 25 de septiembre de 1868 así como los Reglamentos de las Cámaras Legislativas, analizando las posibilidades interpretativas e insuficiencias de los artículos 99º y 100º de la Constitución Política, naturaleza jurídica y algunos casos sustanciados, para finalmente ocuparse del Proceso Judicial a que da lugar la acusación constitucional y los pronunciamientos que sobre el particular ha hecho nuestro Tribunal Constitucional, lo que evidencia muchas veces prejuicios en la sustanciación de los casos, en detrimento de las notas características del debido proceso legal de los procesados, lo cual frente a la evidencia histórica peruana resulta penosamente cierto y es un indicador de la inutilidad política de una institución que cuando el Perú sale a la vida independiente en 1821, en el país cuna del juicio político Inglaterra, era ya un fósil jurídico, pues el último caso data de 1806, contra el Primer Vizconde de Melville. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / La regulación del medio ambiente es relativamente reciente en Chile, haciéndose necesaria una revisión sobre su establecimiento a fin de generar mayor comprensión jurídica. Dentro de ella es vital el estudio de los mecanismos de tutela, especialmente la tutela constitucional en atención a su jerarquía y, puesto que además, irradia a todo el ordenamiento jurídico. Por ello pretendo analizar el derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, concretamente el mecanismo de tutela existente en caso que alguna acción (u omisión) afecte de forma ilegal este derecho1, analizar las razones que motivaron su regulación, su extensión y cómo ha operado en la práctica. Este derecho es bastante peculiar. Tal como se señaló en la moción sobre la modificación a la garantía constitucional en comento: los graves índices de contaminación que se registran en nuestro país ponen de relieve la necesidad de crear una mayor conciencia ciudadana y un control más estricto sobre quienes, amparándose en procedimientos de larga duración o en la carencia de una legislación ambiental coherente, permiten o realizan actos que provocan serios daños al desarrollo de un entorno capaz de permitir una vida sana y de preservar un ambiente adecuado para las generaciones venideras. (BIBLIOTECA DEL 1 Artículos 19 N° 8 y 20 inciso 2°, Constitución Política de la República. v CONGRESO NACIONAL DE CHILE [BCN]. Historia de la Ley N° 20.050 Reforma Constitucional que introduce diversas modificaciones a la Constitución Política de la República [en línea]. [fecha de consulta: 13 de julio de 2015]. P. 275. Disponible en: <http://www.bcn.cl/leychile/Navegar?idNorma=241331>). Estas palabras evidencian que se trata de un derecho colectivo, donde las medidas que digan relación con él afectarán a toda la población, incluso aquella que no ha tomado parte del proceso o se encuentra fuera de nuestras fronteras, motivo por el cual resulta imperioso concretizarlo

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)