Spelling suggestions: "subject:"contratos públicos.en."" "subject:"contratos públicos.para.""
91 |
Informe Jurídico sobre el caso arbitral recaído en el Laudo N° 382-2022-CEARCampos Trejo, Paolo Jesús 08 August 2024 (has links)
El Laudo Arbitral del Caso N° 382-2022-CEAR involucra una disputa entre el
Consorcio Kaysun - Alldocube (el demandante), compuesto por dos empresas
chinas, y la Unidad Ejecutora 120: Programa Nacional de Dotación de Materiales
Educativos, adscrita al Ministerio de Educación del Perú (la demandada). La
controversia surge en el marco de un contrato suscrito conforme a la Ley de
Contrataciones del Estado para la adquisición de bienes en el marco del
programa “Aprendo en Casa”.
La controversia se centra en la capacidad de la Entidad para anular una
conformidad contractual previamente emitida y llevar a cabo una reexaminación
contractual basada en normas administrativas, culminando en la resolución del
contrato. La Entidad argumenta que tiene la facultad administrativa de emitir y
anular conformidades, apoyándose en la Ley del Procedimiento Administrativo
General, lo que le permite aplicar una "verificación posterior" a la ejecución del
contrato.
En contraste, el Contratista sostiene que, una vez emitida la conformidad, la
Entidad no puede declararla nula mediante un acto administrativo debido a la
competencia exclusiva de la jurisdicción arbitral para pronunciarse sobre la
controversia. Según el Contratista, cualquier intento de dejar sin efecto la
conformidad debía ser presentado como una pretensión ante un Tribunal Arbitral.
El Tribunal Arbitral se dividió en su decisión, emitiendo un laudo por mayoría y
con un voto en minoría que se caracteriza por un diferente razonamiento
relacionado a las pretensiones presentadas por las partes. Las discrepancias
entre los árbitros incluyen aspectos competenciales, como si el Tribunal puede
declarar la nulidad de un acto administrativo o solo su ineficacia. Además, se
cuestiona si la jurisdicción arbitral es competente para declarar la nulidad de un
acto administrativo, o si esta competencia recae en la jurisdicción contenciosoadministrativa del Poder Judicial. Esta división refleja la complejidad del caso y
las dificultades en la interpretación de las normas aplicables. / The Arbitral Award in Case No. 382-2022-CEAR involves a dispute between the
Kaysun - Alldocube Consortium (the claimant), composed of two Chinese
companies, and Execution Unit 120: National Program for the Provision of
Educational Materials, an institution under the Ministry of Education of Peru (the
respondent). The controversy arises within the framework of a contract signed in
accordance with the State Procurement Law for the acquisition of goods under
the "Aprendo en Casa" program.
The dispute centers on the Entity's ability to annul a previously issued contractual
acceptance and conduct a contractual reexamination based on administrative
norms, culminating in the termination of the contract. The Entity argues that it has
the administrative authority to issue and annul acceptances, relying on the
General Administrative Procedure Law, which allows it to apply a "subsequent
verification" to the contract's execution.
In contrast, the Contractor argues that once acceptance is issued, the Entity
cannot annul it through an administrative act due to the exclusive competence of
the arbitral jurisdiction to rule on the dispute. According to the Contractor, any
attempt to annul the acceptance should be presented as a claim before an Arbitral
Tribunal.
The Arbitral Tribunal was divided in its decision, issuing an award by majority with
a dissenting vote. The discrepancies among the arbitrators include jurisdictional
issues, such as whether the Tribunal can declare the nullity of an administrative
act or only its ineffectiveness. Additionally, it is questioned whether the arbitral
jurisdiction is competent to declare the nullity of an administrative act or if this
competence lies with the contentious-administrative jurisdiction of the Judiciary.
This division reflects the complexity of the case and the difficulties in interpreting
the applicable norms.
|
92 |
Informe jurídico sobre la Resolución Nº 1990-2013-TC-S1 de fecha 10 de setiembre de 2013, emitida por el Tribunal de Contrataciones del EstadoRafaele Paucar, Laura Ximena 13 August 2024 (has links)
El presente informe jurídico analiza la Resolución N° 1990-2013-TC-S1, acto
administrativo que deja sin efecto la Resolución N° 1737-2013-TC-S1, siendo
que la resolución carece de los requisitos de validez al evidenciarse
contradicción en la motivación y vulneración a la finalidad publica, en medida que
se quebranta los artículo 61, 62 y 73 de la Constitución Política del Perú de 1993,
que salvaguardan la Libertad de Contratación y Libertad de Competencia en los
procesos de adjudicación que requieren recursos públicos del Estado. Así, como
vamos a evidencia que se transgrede el principio de legalidad, conducta
procedimental e imparcialidad contemplados en la Ley de procedimiento
Administrativo General vigente. / This legal report analyzes Resolution No. 1990-2013-TC-S1, administrative act
that leaves without effect Resolution N° 1737-2013-TC-S1, being that the
resolution lacks the requirements of validity by evidencing contradiction in the
motivation and violation of the public purpose, to the extent that it violates Articles
61, 62 and 73 of the Political Constitution of Peru of 1993, which safeguard the
Freedom of Contracting and Freedom of Competition in the awarding processes
that require public resources of the state. Thus, as we are going to evidence that
the principle of legality, procedural conduct and impartiality contemplated in the
General Administrative Procedure Law in force is transgressed.
|
93 |
Buenas prácticas en materia de solución de controversias en contratación pública ante tribunales administrativos en el PerúChang Alvarado, Maria Mercedes 06 May 2022 (has links)
El objetivo principal de la investigación es determinar cómo se producirían los actos de
deficiencia funcional y presuntamente de corrupción a partir de la dinámica social e
interrelación entre actores, procedimientos, prácticas y sistemas organizativos del
Tribunal de Contrataciones del Estado, periodo 2017 al 2019. Ello, a partir de la
descripción de la estructura, organización, recursos y funcionamiento interno y de cara
a los usuarios del Tribunal, comprender las reglas institucionales que generan límites y
oportunidades para los implementadores de políticas públicas de lucha anticorrupción
en la entidad e identificando aquellos espacios sensibles a prácticas de deficiencia
funcional o incluso de actos de corrupción. El Tribunal de Contrataciones del Estado es
competente para resolver los procedimientos administrativos-sancionadores durante el
proceso de selección y de resolver los recursos de apelación de los participantes.
Además que existe un arduo trabajo por parte del OSCE en la lucha contra la corrupción,
ya que en los últimos años se ha aprobado diversos documentos normativos que
promueven una conducta anticorrupción. Por último, se observó que existen múltiples
factores asociados a los actores del Tribunal de Contrataciones del Estado que pueden
devenir en ineficiencia funcional y/o corrupción, estos factores son, la ausencia de
personal y de promoción de especialistas legales, la ineficiente gestión de expedientes,
la poca capacitación en valores y la rotación de personal.
|
Page generated in 0.0448 seconds