El presente trabajo tiene por finalidad proponer la creación de un sistema mixto para la implementación del modelo de prevención o compliance anticorrupción. Como se verá a lo largo de la investigación, el Perú tiene un serio problema de corrupción, sobre todo, en el sector de construcción de obras públicas en infraestructura. La corrupción detectada no está asociada a las normas actuales en materia de contrataciones estatales, sino a los operadores en esas contrataciones, dentro de las cuales las empresas privadas juegan un papel importante. Ante este hecho, una posible solución sería la exigencia de implementar el compliance anticorrupción para aquellas empresas que contratasen con el Estado para la construcción de obras públicas bajo la modalidad de licitaciones. Dicha implementación sería voluntaria para todas las demás, pero teniendo siempre presente los beneficios que esta conllevaría.

El presente informe versa sobre el análisis realizado a la resolución N°7 del expediente 00581-2019-0-1817-SP-CO-02 emitida por la Segunda Sala Civil Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, la cual trata sobre el recurso de anulación interpuesto por el PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL- PROVIAS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES – PROVÍAS NACIONAL contra el laudo de fecha 22 de julio de 2019 emitido en el arbitraje seguido contra OBRAS DE INGENIERÍA S.A - OBRAINSA. A través de este informe, analizamos el problema acerca de la motivación que se produce en los laudos arbitrales, lo cual conlleva a abrir una ventana a que en sede judicial pueda revisarse de manera externa la decisión de estos laudos arbitrales y comprobar si efectivamente se cumplió o no con motivar el laudo arbitral. En ese sentido, en el presente informe, se concluye que la inexistencia de motivación en el laudo arbitral, transgrede el derecho a la debida motivación, no cumple con el principio de congruencia procesal y termina siendo correcto solicitar la anulación del laudo mediante el artículo 63 numeral 1 inciso b) del Decreto Legislativo 1071. Este análisis se desarrollará conforme a la revisión doctrinaria y jurisprudencial efectuada para el presente informe. / This report deals with the analysis carried out on Resolution No. 7 of the file 00581-2019-0-1817-SP-CO-02 issued by the Second Civil Chamber Commercial Subspecialty of the Superior Court of Justice of Lima, which deals with the annulment action filed by the SPECIAL PROJECT OF INFRASTRUCTURE NATIONAL PROVIAS OF THE MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS PROVÍAS NACIONAL against the award dated July 22, 2019 issued in the arbitration against OBRAS DE INGENIERIA SA - OBRAINSA. Through this report, we analyze the problem regarding the motivation that occurs in arbitration awards, which leads to opening a window so that the decision of these arbitration awards can be reviewed externally and check whether it was actually complied with or not with justifying the arbitration award. In this sense, in this report, it is concluded that the absence of reasons in the arbitration award, violates the right to due reason, does not comply with the principle of procedural consistency and ends up being correct to request the annulment of the award through article 63 numeral 1 subsection b) of Legislative Decree 1071. This analysis will be developed in accordance with the doctrinal and jurisprudential review carried out for this report.

En los últimos diez (10) años, el marco especial de las Contrataciones del Estado ha sido modificado cada dos años de diferencia aproximadamente, bajo la lógica y el razonamiento hipotético de obtener un cuerpo normativo que fomente las compras públicas eficientes. Lo cierto, sin embargo, es que las modificaciones en el régimen sancionador no han sido alentadores en tanto y en cuanto se han apartado de las garantías y condiciones mínimas establecidas en la Ley del Procedimiento Administrativo General. El presente caso sancionador (Resolución N°2338-2018-TCE-S2 bajo análisis) surgió durante la etapa de modificación de la Ley N° 30225, por el Decreto Legislativo N° 1341, en el que se reconocieron derechos y garantías mínimas como la separabilidad de las fases de instrucción y sanción en los procedimientos sancionadores seguidos por el Tribunal de Contrataciones del OSCE, así como la caducidad, y el cambio del tipo infractor relacionada a la presentación de documentación inexacta

Este trabajo de investigación radica en la correlación del control interno—previo y simultáneo—y el Plan Anual de Contrataciones en el Congreso de la Republica de Perú correspondiente al año 2014. El desarrollo de la investigación menciona la teoría del control gubernamental; ya que este se fundamenta en la prevención y verificación mediante la aplicación de principios, sistemas y procedimientos técnicos y gestión de los recursos y bienes del Estado para cumplimiento de metas; también identifica las deficiencias ocurridas con relación a la elaboración del Plan Anual de Contrataciones (PAC) en la gestión del periodo mencionado. En este sentido, será analizada la capacidad técnica del funcionario para el ejercicio de las competencias propias del cargo y la ausencia de controles internos para la gestión adecuada y eficiente para la ejecución del Plan Anual de Contrataciones. Por otro lado, se busca señalar cómo debe gestionarse el control para lograr resultados eficientes y efectivos en la elaboración del PAC del Congreso de la República del Perú. / This paper shows the correlation of the internal previous and simultaneous control for the Annual Plan of Contracts (PAC, according to initials in spanish) in the Congress of the Republic of Peru corresponding to the year 2014. The development of the research mentions the theory of governmental control ;as it is based on prevention and verification through the application of principles, systems and technical procedures and management of resources and assets of the State for the achievement of goals; it also identifies the deficiencies that occurred in relation to the preparation of the Annual Procurement Plan (PAC) in the management of the mentioned period. In this sense, the technical capacity of each official position will be analyzed for the exercise of the competencies of the position and the ethical capacity of the official position related to the need to have an adequate and efficient PAC.On the other hand, it seeks to indicate how control should be managed to achieve efficient and effective results in the elaboration of the PAC of the Congress of the Republic of Peru. / Trabajo de investigación

El trabajo analiza la relevancia penal de las infracciones en las exoneraciones por secreto que se dan en las compras militares y policiales, esto es, si la actual tipificación del delito de colusión (384CP) permite sancionar a las infracciones de carácter penal que se cometen en el contexto de las exoneraciones por necesidad de realizar compras secretas en las contrataciones públicas. Se pasa revista a las infracciones de relevancia penal cometidas en las exoneraciones por secreto militar en el ordenamiento jurídico peruano, en diversos procesos de compras militares y/o policiales en los últimos gobiernos, en donde se pone en evidencia que dichos procesos, al ser clasificados como secretos, generan una amplia posibilidad (mayor riesgo) de que se realicen acuerdos colusorios ilícitos con los proveedores, con la finalidad de agraviar al Estado. Se pone en evidencia que el modo como la doctrina nacional y la jurisprudencia actualmente conciben al bien jurídico protegido del delito de colusión no permite sancionar las infracciones de carácter penal a las exoneraciones por secreto militar en las contrataciones públicas. Por ello, se propone redefinir la concepción del bien jurídico protegido en el delito de colusión, centrando el objeto de protección penal en el sistema de abastecimiento del Estado.

La presente investigación se justifica en la existencia potencial del fenómeno de la corrupción en la realidad contractual de nuestro país, donde la respuesta estatal se ha enfocado principalmente en la persecución del delito en la vía penal; y en el inadecuado tratamiento contractual por las autoridades competentes al detectar su presencia. Estos hechos vuelven necesario el estudio de la corrupción como fenómeno y su vinculación con el contrato (especialmente donde interviene el Estado), además de conocer cómo reacciona el ordenamiento jurídico a través del estudio de sus remedios clásicos de nulidad y anulabilidad. Los objetivos de la presente investigación son determinar si un contrato que proviene de actos de corrupción es nulo o anulable; establecer si es posible convalidar un contrato que procede de actos de corrupción y si la inclusión sobreviniente de una cláusula anticorrupción podría convalidarlo. Los métodos utilizados para el desarrollo de la investigación son el método dogmático, comparativo y funcional. La conclusión principal alcanzada a través de la investigación, es que el contrato celebrado a través de actos de corrupción donde participa el Estado es nulo y no anulable a todos sus efectos; y que el Estado, que siempre cautela los intereses generales de la sociedad, no puede recurrir a la convalidación para darle validez a este tipo de contratos bajo ninguna causal, inclusive a través de la inclusión sobreviniente de una cláusula anticorrupción.

Hasta el siglo XX, el estudio de la creación de las leyes ocupaba un espacio importante en el quehacer jurídico. Sin embargo, desde ese entonces hasta ahora, prácticamente se ha perdido todo interés en él, por lo que la validez, alcance e idoneidad de las normas es determinada recién luego de que estas entran en vigencia. En otras palabras, podríamos decir que, actualmente, nuestro Código Penal organiza y regula su catálogo de delitos usando el método de ensayo y error. Esto ocasiona que -entre otras malas prácticas- se proscriba acciones muy similares en distintos tipos penales, lo que significa una sobrenormativización del derecho que provoca confusión en la aplicación de las leyes, inseguridad jurídica e, incluso, impunidad. Un ejemplo claro de excesiva regulación la encontramos en la relación entre dos tipos penales de trascendencia actual: la negociación incompatible como una norma general y la colusión como una norma específica. Ambos delitos mantienen una marcada semejanza: son de mera actividad, protegen el mismo bien jurídico -el interés del Estado en las contrataciones públicas*-, se cometen por funcionarios (sujetos con deberes especiales) en las mismas clases de operaciones o contratos, en contra de la Administración Pública, en agravio del Estado y estipulan una pena abstracta casi idéntica. Ante esta enorme similitud, la presente investigación procura determinar si la colusión es una norma necesaria en nuestra regulación y si su vigencia no conlleva mayores costos que beneficios. Para lograr este objetivo, debemos evaluar si la concertación -único elemento que la diferencia de las demás normas de fraude- de la colusión -norma general- provoca una desvalorización social notoriamente distinta a la negociación incompatible -norma específica-. De ser así, esa sería la única razón que podría justificar la vigencia de un delito que sanciona exclusivamente los fraudes mediante acuerdos, cuando ya contamos con otra norma que sanciona los fraudes en general. Caso contrario, la colusión debe derogarse (por esta y otras razones) y cederle su ámbito de aplicación a la negociación incompatible. Desde nuestra perspectiva, la modalidad de fraude de la colusión no tiene una desvaloración social significativamente distinta a la negociación incompatible, por lo que no se justifica su regulación. Por otro lado, su propia vigencia tiene efectos sumamente nocivos. Por ejemplo, la participación necesaria -exigida en la norma- entorpece la aplicación de sanciones en contra de los funcionarios e, incluso, puede provocar impunidad. Además, la redacción de los dos párrafos de la colusión tampoco es clara, pues confunde la modalidad simple con la tentativa de la modalidad agravada. Por dichas razones, en este trabajo contradecimos 154 años de legislación de delitos de fraude contra la Administración Pública* y proponemos derogar la colusión y ajustar la redacción de la negociación incompatible para que, en adelante, este último sancione los fraudes cometidos mediante concertación (y prescinda de la participación necesaria). Finalmente, también hemos propuesto una pena agravada para las negociaciones incompatibles que, primero, superen un mínimo cuantitativo de perjuicio económico al Estado o, segundo, se cometan en procesos de contratación, actuados en una situación de emergencia, que pongan en serio riesgo o dañen otros bienes jurídicos.

El presente trabajo de investigación se centra en abordar las ineficiencias presentes en el ámbito de la contratación pública, un tema crítico debido al mandato constitucional que obliga a las entidades del Estado a contratar con terceros para proveerse de bienes, servicios y obras necesarios para el cumplimiento de sus funciones y fines. En ese contexto, se ha identificado como problema público la alta prevalencia de procedimientos de selección para la contratación de bienes y servicios declarados desiertos en el caso peruano entre los años 2016 y 2021, a razón que se ha constatado un incremento progresivo en el porcentaje de desiertos, pasando de un 17% a un 26% durante el periodo analizado. Además, al comparar estos resultados con países como Chile, Uruguay, República Dominicana y España, se evidencia que la magnitud del problema es significativamente mayor en nuestro país. Para afrontar este problema, a pesar de la multiplicidad de causas que lo pueden generar y la imposibilidad de atribuir exclusivamente este hecho a una sola causa, se ha determinado que las “dificultades que enfrentan los proveedores que intervienen en los procesos de contratación pública de bienes y servicios” son una de las causas cruciales que impactarían directamente en el problema. Consecuentemente, se ha propuesto una solución que busca mitigar estas dificultades que experimentan los proveedores, la cual consta de tres componentes: i) optimización del RNP y otras mejoras en las herramientas informáticas, ii) elaboración de un nuevo modelo de “bases amigables” y iii) creación del Programa Nacional “MYPE Oferta Ganadora”. Además, el análisis de deseabilidad, factibilidad y viabilidad de la solución demostró que la propuesta reúne todas las condiciones para ser implementada con éxito. / The present research work focuses on addressing inefficiencies in the field of public procurement, a critical issue due to the constitutional mandate that obliges state entities to contract with third parties to obtain goods, services, and works necessary for the fulfillment of their functions and purposes. In this context, the high prevalence of tendering procedures declared unsuccessful in the Peruvian case between 2016 and 2021 has been identified as a public issue. There has been a progressive increase in the percentage of unsuccessful procedures, rising from 17% to 26% during the analyzed period. Furthermore, when comparing these results with countries like Chile, Uruguay, the Dominican Republic, and Spain, it becomes evident that the magnitude of the problem is significantly greater in our country. To address this issue, despite the multiple potential causes and the inability to attribute this solely to one factor, it has been determined that “the difficulties faced by suppliers involved in public procurement processes for goods and services” are one of the crucial causes directly impacting the problem. Consequently, a solution has been proposed to alleviate these difficulties experienced by suppliers. It consists of three components: i) optimization of the RNP and other improvements in IT tools, ii) development of a new model of “userfriendly bidding documents”, and iii) creation of the National Program “MYPE Winning Offer”. Furthermore, the analysis of desirability, feasibility, and viability of the solution demonstrated that the proposal meets all the conditions for successful implementation.

En este informe jurídico se aborda un problema principal y tres problemas secundarios relacionados con la Resolución Nº 46 Laudo Arbitral - Arbitraje Ad Hoc seguido entre OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A. y PROVÍAS. NACIONAL. El problema principal radica en la posible alteración de la ruta crítica de la obra. Se concluye que sí existe un impacto en la ruta crítica, contrario a lo que señala el Tribunal Arbitral. El primer problema secundario sobre el impacto de la ruta crítica por el comportamiento de un tercero ajeno al contrato de obra, se determina que sí es posible, toda vez que el retraso en la aprobación del Presupuesto Adicional Nº 10 incurrido por la Contraloría General de la República constituye una causa que no es atribuible al contratista. El segundo problema secundario se refiere a partir de qué momento se puede ejecutar un presupuesto adicional que excede el 15% del monto contractual. Se establece que la aprobación se da a partir de la emisión de la resolución por parte de la Contraloría General de la República, que dispone la aprobación del presupuesto adicional solicitado por la entidad contratante. El tercer problema secundario analiza si el contratista debe solicitar la ampliación de plazo por un adicional de obra sin la autorización de la Contraloría General de la República. Se concluye que no es posible, ya que, sin dicha aprobación, no se puede ejecutar el adicional ni obligar al contratista a solicitar la ampliación de plazo. / This legal report addresses one main problem and three secondary problems related to Resolution No. 46 Arbitration Award - Ad Hoc Arbitration followed between OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A. and PROVIAS NACIONAL. The main problem lies in the possible alteration of the critical path of the project. It is concluded that there is an impact on the critical path, contrary to what the Arbitration Court indicates. The first secondary problem regarding the impact of the critical path due to the behavior of a third party unrelated to the work contract, is determined to be possible, since the delay in the approval of Additional Budget Nº 10 by the Comptroller General's Office the Republic constitutes a cause not attributable to the contractor. The second secondary problem refers to when an additional budget that exceeds 15% of the contractual amount is considered approved. It is established that the approval is given from the issuance of the resolution by the Comptroller General of the Republic, which provides for the approval of the additional budget requested by the contracting entity. The third secondary problem analyzes whether the contractor should request an extension of the deadline for additional work without the approval of the Comptroller General of the Republic. It is concluded that it is not possible, since, without said approval, the additional cannot be executed or the contractor be forced to request the extension of the deadline.

El presente informe jurídico se fundamenta en el caso arbitral N°0265-2017- CLL de fecha 22 de julio de 2019 en el que se detalla el incumplimiento de la obligación esencial de entrega oportuna de terrenos de Provías Nacional que generó un desequilibrio contractual y requirió, por lo tanto, una modificación contractual. Este caso evidencia la importancia de cumplir oportunamente los tiempos de entrega de los acordado por la entidad pública para mantener el equilibrio económico financiero del contrato y las ampliaciones de plazo como medio para restaurar dicho equilibrio. La presente investigación, por tanto, se centrará en estudiar las obligaciones de los contratos administrativos, el equilibrio contractual y las causales de modificación contractual y las ampliaciones de plazo como alternativa para mantener el equilibrio económico del contrato administrativo. Tras este proceso, se plantea que existió incumplimiento de la entrega oportuna de terrenos, incumpliendo con una obligación esencial para la ejecución del contrato que llevaría a requerir una modificación contractual para mantener el equilibrio contractual por lo que, las ampliaciones de plazo eran necesarias. El caso en mención, se analiza utilizando el Decreto Legislativo N° 1057 Ley de Arbitraje, la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley de Procedimiento Administrativo general, opiniones del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado y textos doctrinarios pertinentes. / The present law report is based in the arbitration case N°0265-2017-CLL dated July 22th 2019, which details the breach of the essential obligations of an appropriate timely delivery of the lands by “Provias Nacional”. This resulted in a contractual imbalance that needed a contractual modification. This case puts in evidence the importance of adhering to the delivery timelines agreed upon by the public entity to uphold the financial equilibrium of the contract and the use of deadline extensions as a way to restore that equilibrium. Therefore, this investigation will be focus on the study of the obligations of the administrative contracts, the contractual equilibrium and the grounds for a contractual modification, as well as the use of a deadline extension as an alternative to maintain the financial equilibrium of an administrative contract. Through this review process, it is asserted that there was a failure from the entity side in the timeline of the lands delivery, this constitutes a mayor breach of the essential contract obligation, thereby the request of contract modification to preserve the contract equilibrium and a deadline extension was necessary. This case of study has been analyzed in this inform under the Legislative Decree N. 1057 of the Peruvian Arbitration Law, the Peruvian State Contracting Law, the Peruvian General Administrative Procedure Law, diverse opinions from the Peruvian Supervisory Agency for State Contracting (OSCE) and relevant doctrinal texts.