La incorporación del arbitraje como mecanismo de solución de controversias obligatorio para los contratos de servicios, bienes y obras donde participe el Estado Peruano ha supuesto que la gran parte de procesos arbitrales se desarrollen bajo la normativa de contrataciones, donde las materias controvertidas son diversas. Dentro de este grupo, adquieren especial relevancia las relacionadas a las solicitudes de ampliaciones de plazo, pues, en la gran mayoría de contratos, por diferentes motivos, los contratistas consideran que existen razones para que el plazo inicial de ejecución del contrato se vea prorrogado. Asimismo, se debe tener presente que el sector de la construcción, en el cual se encuentran los contratos de obra del Estado, es especialmente conflictivo, por la alta especialización que se requiere. Ante ello, existe un porcentaje más que considerable de contratos de obra con el Estado, en los cuales se van a presentar controversias sobre ampliaciones de plazo En ese sentido, en el presente caso se analizará lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento sobre los requisitos que se deben cumplir para el otorgamiento de una ampliación de plazo, así como, realizar un análisis, y sentar una posición jurídica, sobre los efectos jurídicos que genera la aprobación de una ampliación de plazo, todo ello, teniendo como base lo resuelto en un caso en concreto bajo la aplicación de la normativa y el Contrato. / The incorporation of arbitration as a mandatory dispute resolution mechanism for service, goods and works contracts involving the Peruvian State has meant that most of the arbitration proceedings are carried out under the contracting regulations, where the matters in dispute are diverse. Within this group, those related to requests for term extensions are particularly relevant, since in the vast majority of contracts, for different reasons, the contractors consider that there are reasons for the initial term of the contract to be extended. It should also be borne in mind that the construction sector, in which State construction contracts are found, is particularly conflictive, due to the high level of specialization required. In view of this, there is a more than considerable percentage of construction contracts with the State, in which controversies will arise regarding term extensions. In this context, the analysis of the present case analyzes the provisions of the State Contracting Law and its Regulations on the requirements that must be met for the granting of a term extension, as well as to analyze and establish a legal position on the legal effects generated by the approval of a term extension, all based on what has been resolved in a specific case under the application of the regulations and the Contract.

En el Perú, las contrataciones públicas son la actividad más importante del Estado para adquirir bienes, servicios y ejecutar obras. Sin embargo, dicha actividad enfrenta un desafío: la corrupción. En particular, a nivel sub-nacional, las compras irregulares han involucrado a autoridades Regionales y Locales por colusión, sobornos y presupuestos ficticios. En ese contexto, esta investigación tiene como unidad de análisis los Gobiernos Regionales de Callao y Ancash, durante las gestiones de Félix Moreno, y César Álvarez (2010-2017), quienes se encuentran involucrados en el caso Odebrecht. La constructora brasileña habría realizado una serie sobornos a los exgobernadores regionales mediante un esquema sumamente complejo de corrupción a cambio de ganar licitaciones, luego inflar sus costos con numerosas adendas, y repetir el ciclo de corrupción. Por ello, esta investigación pretende responder qué factores explican el funcionamiento de los mecanismos de corrupción de Odebrecht para adjudicarse contrataciones públicas de infraestructura en dichos gobiernos regionales (2010-2017). Se sostiene que la colusión entre políticos y empresarios depende de tres factores: i) eficacia del contratista, ii) contactos en el Estado y la Sociedad y iii) sofisticación del mecanismo de corrupción. De esa manera, dichos mecanismos pueden funcionar para obtener la buena pro, incluso con el cumplimiento de entrega de la obra en el tiempo acordado. El diseño de investigación es de tipo cualitativo, el cual realiza entrevistas semiestructuradas, revisión de documentos fiscales, judiciales y contractuales. Así, esta investigación pretende entender las dinámicas de corrupción en las contrataciones del Estado: un concurso sin competencias

La presente investigación analiza la experiencia de la Municipalidad Provincial de Canchis en materia de procesos de contratación de bienes y servicios para la ejecución de una obra pública tomando la obra “Construcción de la Plaza de Armas de la Ciudad de Sicuani” como caso de estudio. La investigación se lleva a cabo en un gobierno local de Cusco que realizó adquisición de bienes y servicios para la ejecución de una obra pública, detallando este proceso de ejecución de obra en dos contextos temporales: la ejecución de la obra por una empresa privada y la ejecución de la misma por una entidad estatal. Se estudia la variada casuística presentada en los procesos de contratación de bienes y servicios para la mencionada obra pública, describiendo las ventajas y desventajas de las contrataciones en ambos situaciones: ejecución privada como ejecución pública.

El presente Informe de Relevancia Jurídica se analiza los principales problemas sobre Derecho Administrativo, Concesiones y Arbitraje acerca de la controversia surgida a raíz del procedimiento administrativo sancionador iniciado por OSITRAN contra el Concesionario COVIPERU, a propósito del Contrato suscrito entre el Estado Peruano, representado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y la sociedad Concesionaria COVIPERU. Los problemas surgen de una interpretación errada por parte de OSITRAN del Contrato de Concesión, así como de contradicciones respecto a determinar el alcance de las obligaciones por parte de la empresa. A partir de ello, se determinará si la interpretación efectuada por OSITRAN es correcta teniendo en cuenta los hechos y fundamentos presentados por las partes para imponer sanción a COVIPERU. Asimismo, se analizará si es que la Resolución que deniega la solicitud de suspensión del procedimiento administrativo sancionador cumple con el requisito de la motivación y si la aplicación de las normas invocadas es pertinente. De igual manera, se analizará si es que el artículo 64 es pertinente de aplicación para dilucidar si la suspensión del procedimiento sancionador, frente al proceso arbitral es conforme a derecho. Para ello, se utilizará doctrinas propias del Derecho Administrativo, Constitucional y Arbitral, así como de las Concesiones. Así, en el presente informe se concluirá que la interpretación efectuada por OSITRAN carece de sustento normativo, dado que su actuación no se condice con los Informes emitidos. De igual forma, la resolución que deniega la solicitud de suspensión incurre en una motivación insuficiente, toda vez que inaplica una norma importante y no desarrolla en lo absoluta la norma invocada.

El presente trabajo de investigación analiza la problemática que surge cuando una entidad no cumple con la regularización de una contratación directa por situación de emergencia. Siendo un supuesto excepcional contenido en la normativa de contrataciones del Estado que posibilita a la entidad a requerir a los proveedores de manera inmediata la ejecución de las prestaciones sin sujetarse a los requisitos formales de la norma, con la condición legal que posteriormente se regularice la formalización de la documentación para la aprobación de la contratación directa, ello a fin de obtener en forma oportuna los bienes o servicios necesarios en una situación de emergencia. Sin embargo, si luego de la ejecución de las prestaciones por parte del proveedor, la entidad no realiza la regularización de los documentos para la formalización de la contratación, existen implicancias relacionadas al cumplimiento del pago en favor de los proveedores. Efectuada la argumentación jurídica constitucional y legisprudencial, se determina que si bien no resulta procedente que las entidades realicen un pago bajo el marco de la normativa de contrataciones del Estado, teniendo en cuenta que no se cumple con el requisito legal de la regularización de la formalización de la contratación, entre otros documentos, con la suscripción contractual; por lo cual, no se cuenta con una relación jurídica válida que sustente el referido pago, habiéndose configurado en dichos casos una contratación irregular o al margen de lo establecido en la referida normativa; sin embargo, procede el reconocimiento de las prestaciones ejecutadas teniendo en cuenta la figura jurídica del enriquecimiento sin causa en favor del proveedor que de buena fe realiza la entrega de bienes o ejecuta servicios en favor de la entidad, previa verificación del cumplimiento de requisitos para su configuración. Asimismo, se analizan los riesgos legales respecto a la procedencia de efectuar el reconocimiento económico directo por las prestaciones ejecutadas, evidenciando que resulta una alternativa eficiente y dentro del marco legal a ser aplicada por las entidades, en lugar de esperar que los proveedores acudan a la vía judicial a reclamar el reconocimiento de dicho adeudo por enriquecimiento sin causa. Finalmente, se propone el procedimiento para el referido reconocimiento en forma directa, atendiendo a los criterios establecidos por el OSCE, el cual puede considerarse como una normativa interna por las entidades que optan por esta vía.

Durante la década de los noventa en el Perú no se contaba con un sistema de contrataciones del Estado, solo había una serie de disposiciones aisladas que regulaban la contratación pública. La disparidad de las normas (muchas de ellas emitidas atendiendo a situaciones específicas) no permitía que existiera un procedimiento claro para la ejecución y control adecuado del gasto público en lo que a bienes, servicios y obras públicas se refiere, lo cual facilitó los actos de corrupción en el sector público. En el año 1998 entró en vigencia la Ley 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, con lo que se dio inicio al proceso de unificación de la normativa y de los regímenes coexistentes hasta entonces, creándose el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - CONSUCODE (hoy OSCE).

El caso gira entorno a las diversas irregularidades que se produjeron en la ejecución de una obra en su etapa de liquidación y resolución contractual. En donde se presume que habría existido una concertación entre los funcionarios del Gobierno Regional de Tumbes y los representantes de la persona jurídica A&J Inversiones S.A.C con la finalidad de perjudicar el patrimonio del Estado. Tal concertación, se habría materializado en virtud de una conciliación arbitral en la que intervino un tribunal arbitral integrado por tres árbitros, quienes emitieron finalmente un laudo arbitral favoreciendo a la empresa contratista con pagos injustificados.

El presente trabajo versa sobre las consecuencias de la entrega tardía de terrenos a favor del Contratista en el marco de la Obra Pública para el Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta en el Callao y cómo dicha situación puede causar la ruptura del equilibrio económico financiero del Contrato (EEC). El referido escenario, comúnmente recurrente en la contratación pública, fue el caso del Gobierno Regional del Callao y el Consorcio Nueva Gambetta, razón por la cual este último acudió a la vía arbitral para reclamar las distintas ampliaciones de plazo negadas por la Entidad, costos directos y mayores gastos generales variables. Ante ello, el Tribunal Arbitral mediante Laudo recaído en el Caso Arbitral N° 2728-2013-CCL resolvió a favor de las pretensiones planteadas por el Contratista, a excepción de los Costos Directos, sobre los cuales realizó descuentos. Sobre la base de lo anterior, se analizará qué tipo de obligación constituye la entrega de terrenos que permita asumir una postura sobre dichos reclamos y determinar si efectivamente, el Contratista sufrió una ruptura de la ecuación financiera del Contrato que no se reestableció en la vía arbitral. Se verificarán también las condiciones que deben concurrir en el EEC. Finalmente, se brindarán unas breves conclusiones a los problemas jurídicos planteados. / This paper deals with the consequences of the late delivery of land in favor of the contractor in the framework of the public works for the improvement of Néstor Gambetta Avenue in Callao, and how such a situation can cause the breach of the economic and financial equilibrium of the contract (EEC). The aforementioned scenario, common in public contracts, was the case of the Regional Government of Callao and the Nueva Gambetta Consortium, which is why the latter resorted to arbitration to claim the various extensions of time, direct costs and higher variable overheads denied by the entity. Against this background, the Arbitral Tribunal, by means of the Award in Arbitration Case No. 2728-2013-CCL, ruled in favor of the claims raised by the Contractor, with the exception of the direct costs, to which it applied discounts. Based on the above, it will be analyzed what kind of obligation constitutes the delivery of land that allows to take a position on such claims and to determine whether the Contractor has indeed suffered a breach of the financial equilibrium of the contract that has not been restored in the arbitration proceedings. The conditions to be met in the EEC are also examined.

El proyecto de innovación se desarrolló en el marco de las Contrataciones Públicas del Perú. A partir de la información recolectada, se evidencio que una gran cantidad de profesionales que laboran en los OEC de las Entidades Públicas no se encuentran certificados, a pesar de ser está una obligación que deben cumplir todas las Entidades a nivel nacional. Por ello, este proyecto está enfocado en encontrar una solución al problema público identificado que es la “Ineficaz implementación del procedimiento de certificación de profesionales y técnicos que laboran en el OEC de las Entidades Públicas a nivel nacional desarrollado por el OSCE entre los años 2018 y 2019”. La principal evidencia del problema fueron los informes emitidos por los OCI de 62 entidades en el año 2019, que identificaron que el 72.04 % de los profesionales no se encuentran certificados, y por los informes de 12 entidades, que identificaron que el 65.40 % no se encuentran certificado. En consecuencia, se pone en riesgo la gestión logística. Por consiguiente, se propone cambios innovadores para enfrentar este problema identificado, siendo la propuesta “Mejorar la Plataforma Pública del SICAN” que implementa un registro de información, que permitirá generar una base de datos confiable y accesible para un control y monitoreo más eficiente del OSCE, los OCI, de la Contraloría General y de cada una de las OECs. Asimismo, esta propuesta fue validada por los principales usuarios, desde el punto de vista de la deseabilidad organizacional, la perspectiva de la factibilidad y la viabilidad económica. / This innovation project was developed within the framework of the Procurement Peru’s public sector. From the information collected, it became evident that a large number of professionals and technicians working in the bodies in charge of Public Entity Procurement (OEC) is not certified, at although this is an obligation that must be fulfilled by all national entities. Therefore, this project is focused on finding a solution to the public problem identified as the "Ineffective implementation of the certification procedure of professionals and technicians who work in the OEC of Public Entities at the developed by the OSCE between 2018 and 2019". The main evidence of the problem were the reports issued by the institutional control bodies (OCI) of 62 public entities in 2019, which identified that 72.04% of professionals are not certified, and by reports from 12 entities, which identified that 65.40% did not are certified. Consequently, logistics management is put at risk. The project therefore proposes innovative changes to address this problem identified, being the proposal "Improve the SICAN Public Platform" than by implementing an information register, which will make it possible to generate a reliable and accessible data for more efficient control and monitoring of the OSCE OCI, the Comptroller General's Office and each of the OECs. In addition, this proposal was validated by the main users, from the point of view of desirability and from the perspective of feasibility and economic viability. / Trabajo de investigación

El presente trabajo de investigación tiene la intensión de advertir sobre la responsabilidad tributaria que asumen las entidades públicas que expropian bienes inmuebles para la ejecución de obra pública, así como resaltar la obligación tributaria de los expropiados, todo ello dentro del contexto normativo que dispone que las entidades expropiadoras asumirán el pago del Impuesto sobre la Renta obtenida y que recae en los expropiados de los bienes. Previamente a la determinación de las responsabilidades señaladas, estudiaremos las teorías de renta aplicadas en nuestra legislación tributaria para finalmente apreciar la teoría de renta aplicable a la transferencia de bienes inmuebles en la expropiación. En este análisis tendremos en consideración el pronunciamiento del Tribunal Constitución referente a la afectación del derecho de propiedad en la expropiación así como la inconstitucionalidad de afectar con el Impuesto a la Renta a la transferencia de propiedad como consecuencia de la expropiación, puesto que dicha transferencia no media una libre voluntad del transferente, el mismo que se ve en la obligación de transferir su inmueble a cambio de un precio justipreciado. Este pronunciamiento constitucional será de relevancia para la conclusión final del trabajo, puesto que la responsabilidad tributaria de las partes que se relacionan en la operación de expropiación tendrán vinculación directa con la inconstitucionalidad de la norma que afecta con el tributo en cuestión a la transferencia de bienes como consecuencia de la expropiación. / Trabajo de investigación