Nuestra investigación tiene por finalidad demostrar que el uso de los Fideicomisos Inmobiliarios1 promueve el desarrollo de un mercado inmobiliario de viviendas que proporciona mecanismos que aseguran el éxito del desarrollo y culminación de proyectos inmobiliarios2 ofrecidos en el mercado peruano, lo cual redundará en beneficio de las personas que adquieran las viviendas que se construyan como parte de la ejecución de este tipo de proyectos, sus acreedores hipotecarios y los acreedores de la Empresa Inmobiliaria3; para nuestro estudio tomamos como base: (i) los estudios, notas periodísticas y estadísticas sobre el estado actual del mercado inmobiliario de viviendas en el país; (ii) el estudio teórico y práctico de los Fideicomisos Inmobiliarios, estructurados bajo la Ley del Sistema Financiero y de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros y el Reglamento del Fideicomiso y de las Empresas de Servicios Fiduciarios; (iii) las normas peruanas aplicables; (iv) la doctrina; y, (v) la opinión de los expertos. Señalaremos cuáles son las ventajas económicas y jurídicas del uso del fideicomiso en la estructuración del financiamiento de las Empresas Inmobiliarias y en el otorgamiento de créditos hipotecarios a los adquirentes de las viviendas; para lo cual tendremos en cuenta la experiencia actual en el Perú sobre el uso del fideicomiso en el desarrollo de estos proyectos inmobiliarios y la experiencia del uso del fideicomiso en Colombia. La investigación se justifica en la medida que el mercado inmobiliario de viviendas en el país representa una parte importante de la economía peruana que continúa en crecimiento, lo cual se acreditará con la información estadística y estudios sobre el mercado inmobiliario y sus proyecciones existentes; no obstante, se observa que en nuestro país no se cuenta con un mecanismo definido por la legislación vigente que promueva y proporcione seguridad respecto del adecuado desarrollo y ejecución de proyectos inmobiliarios de tal manera que se presentan supuestos de: (i) desvío de recursos que deberían ser destinados al proyecto inmobiliario; (ii) falta de culminación de la construcción; (iii) falta de entrega y/o estafas en perjuicio de los adquirentes de las viviendas; entre otros problemas que se detallarán en el primer capítulo de la presente investigación, lo cual impide un adecuado desarrollo del mercado inmobiliario, conllevando al perjuicio del desarrollo económico del país, del otorgamiento de créditos para la construcción y adquisición de viviendas por parte de la instituciones financieras, y de los adquirentes de las viviendas. Con la finalidad de sustentar nuestra hipótesis, desarrollaremos nuestra investigación en tres capítulos. En el primer capítulo describiremos la situación actual del mercado inmobiliario peruano para lo cual, como hemos señalado en párrafos anteriores, nos basaremos en los estudios y estadísticas que los expertos han elaborado sobre el tema con la finalidad de mostrar la evolución de este mercado y su proyección de crecimiento. Asimismo, en este capítulo se mencionarán los principales problemas que se presentan en el mercado inmobiliario sobre la base de las notas periodísticas y la información obtenida de las denuncias y reclamos presentados ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi.

Nuestro trabajo de investigación jurídica se centra en la determinación del lucro cesante y el daño emergente en las cláusulas de los contratos petroleros. Nuestro propósito nace de nuestro interés, en los años de estudio de pregrado, por la naturaleza jurídica de los contratos petroleros. Pero hoy lo que nos anima a acometer el presente estudio es nuestro objetivo por establecer en los contratos petroleros, que celebra el Estado peruano con las empresas transnacionales del petróleo, cláusulas que regulen el lucro cesante y el daño emergente en este tipo de contratos, que por la actividad económica que regula y por los elementos jurídicos que integra, son de alta complejidad.

En el presente trabajo de investigación nos ocuparemos del problema de la irrevocabilidad de la oferta en el sistema jurídico peruano. Que regula a la oferta como “obligatoria” y de “fuerza vinculante” para el oferente. Generando un estado de desequilibrio entre éste y el destinatario de la oferta,pues la oferta no es más que una etapa de formación del contrato, que puede o no concluir en el perfeccionamiento del mismo. La irrevocabilidad de la oferta no es eficiente en la actualidad, pues el proceso de globalización establece la necesidad de unificar el derecho, dando como consecuencia la búsqueda de la armonización en los sistemas jurídicos. En este proceso, uno de los principales problemas es el de la determinación de la aplicación de la revocabilidad o la irrevocabilidad de la oferta como regla general. Por lo que, y en análisis de los beneficios de orden práctico, que representa la aplicación de la revocabilidad de la oferta como regla general, se ha establecido en la mayoría de cuerpos normativos de unificación del derecho (de aplicación internacional), que la irrevocabilidad sea introducida, únicamente, como excepción a la regla. Por tanto, la correcta regulación de la oferta debería estar destinada a que, por la oferta el oferente tenga la intención de obligarse en caso se perfeccione el contrato (con la recepción de la comunicación). Generándose entonces obligaciones a ambas partes, por el vínculo contractual. Aunque, parte de la doctrina nacional sea renuente a la aceptación de la revocabilidad, nuestro Código Civil reconoce su aplicación como excepción. Sin embargo, la admisión de la revocación de la oferta debe darse en base a argumentos teóricos (autonomía privada de las partes y el derecho de la libertad contractual) y prácticos (el proceso de globalización y el desequilibrio de la protección de los intereses del oferente).

En la actualidad, es innegable la influencia que ha tenido las prácticas corporativas anglosajonas en el mundo y en el derecho. Nuestro país no ha sido la excepción, por lo que áreas como fusiones y adquisiciones (M&A) han adoptado la estructura de contratos, cláusulas y documentos precontractuales utilizados en los países anglosajones. Sin embargo, al pertenecer a distintas tradiciones jurídicas (derecho común y derecho civil, correspondientemente), se han generado dudas respecto a las consecuencias del incumplimiento de ciertas de las cláusulas importadas al no existir una regulación o norma supletoria sobre éstas en nuestro país. Justamente, ese es el caso del incumplimiento de las representations and warranties cuando el comprador conoce o ha podido conocer de dicho incumplimiento antes del cierre del contrato, lo que se conoce como sandbagging en el mundo de los contratos. A diferencia de lo que podría creerse, la falta de un regla supletoria sobre sandbagging (permitiéndola o restringiéndola) e incluso la elección de una u otra (pro-sandbagging/anti-sandbagging) genera o puede generar costos en las partes. Por lo dicho, la presente investigación busca determinar, en línea con la eficiencia, la regla supletoria sobre sandbagging aplicable en nuestro país teniendo en cuenta instituciones como las obligaciones, los vicios ocultos, los vicios de la voluntad y la buena fe

El presente Informe de Relevancia Jurídica versa sobre la demanda ante la Comisión de Protección al Consumidor interpuesta por Ismael Rodriguez y otros funcionarios de Electro Dunas S.A.A. frente a Rímac Internacional Compañías de Seguros y Reaseguros por la negativa de esta última a brindarles la indemnización de la Póliza de Responsabilidad Civil D&O a raíz de la aplicación de la Exclusión de Accionista Mayoritario. Tanto la Comisión como la Sala de Defensa en segunda instancia, se declararon competentes para conocer la denuncia en tanto indicaron que existía una relación de consumo. El objetivo general del trabajo busca revisar, analizar y cuestionar los fundamentos de estos órganos para calificar tal relación; así como también, examinar aspectos controvertidos adicionales como una de las consecuencias de esta decisión o la revisión de cláusulas relevantes del Contrato. Los problemas jurídicos abarcan un análisis sistemático de las Pólizas de D&O en calidad de Contratos de Seguro de carácter mercantil, a efectos de determinar que en los hechos concretos del caso, la denuncia no debió ser llevada a cabo por la vía de Protección al Consumidor. Asimismo, se toman en cuenta otras aristas, como la afectación al Principio de Mutualidad de los Contratos de Seguro y el análisis la cláusula de Gastos de Defensa de las Condiciones Generales a efectos de preguntarnos si esta es abusiva o no.

A lo largo de los años, se han presentado complicaciones en la adjudicación de los proyectos, lo que ha evitado que alguno de ellos se ejecute en el tiempo y costo proyectado. El método tradicional de adjudicación ha mostrado ciertas deficiencias para el logro de los objetivos del Estado, por lo que, a partir de las herramientas que nuestro marco normativo nos otorga, se busca generar procesos con mayor participación del sector privado. La presente tesis busca demostrar que la adjudicación de APP, por medio del Diálogo Competitivo resulta favorable para los proyectos dado que aumentan la relación calidadprecio, aumentan la competencia, reducen la necesidad de variaciones contractuales, reducen las controversias, así como permitir la maduración del entendimiento de las necesidades públicas que se buscan satisfacer, por medio del análisis de las técnicas constructivas y las tecnologías que no habían sido consideradas. El Diálogo Competitivo permite que sea el propio sector privado el que otorgue la gama de alternativas para la ejecución de un determinado proyecto lo que permite al Estado seleccionar una de ellas, a partir de la competencia entre los dialogantes. Así, no se termina imponiendo una solución al concesionario, sino que es el propio mercado quien ha determinado la forma como se logra ejecutar el proyecto de manera eficiente. El uso del Diálogo Competitivo permite la integración del propio sector privado, puesto que, para que los postores obtengan ventajas competitivas, necesitan estimar costos reales y entregar propuestas que vayan a ser ejecutadas en tiempo, plazo y calidad.

El propósito del presente trabajo es analizar, en el marco de una relación contractual existente entre la empresa distribuidora Luz del Sur y la empresa generadora Empresa de Electricidad del Perú – Electroperú, cuál es el precio tope que resulta aplicable a la energía que es retirada en exceso de la contratada y que es destinada a abastecer de electricidad a los usuarios regulados en un contexto excepcional en el que, con ocasión de una sequía que afectó la generación hidroeléctrica, el precio de la energía en el mercado de corto plazo experimentó un incremento exponencial respecto al precio de la energía regulada por tratarse de un servicio público. Para Luz del Sur, el precio tope es la Tarifa en Barra según la legislación de electricidad y, para Electroperú, es el costo marginal según el contrato de suministro que vincula a ambas partes. Por otro lado, se analiza si OSINERG es el competente para resolver la mencionada controversia. El contexto excepcional de la sequía y las diferencias desproporcionales entre el precio de corto plazo y la Tarifa en Barra dieron lugar al fenómeno catalogado como “la crisis de los contratos” en virtud del cual, desde un enfoque comercial, para los generadores no resultaba positivo celebrar contratos para el suministro de energía que tengan como destinatario final a los usuarios regulados, negándose así a celebrar nuevos contratos o renovar los que estaban próximos a vencer. Para hacer frente a dicha situación, se promulgaron una serie de decretos de urgencia para garantizar la continuidad del servicio público de electricidad. Ahora bien, para abordar la materia controvertida, la investigación desarrolla conceptos jurídicos como el de mercado eléctrico, servicio público de electricidad, competencia, entre otros, que llevan a concluir que el precio tope por los retiros de energía es la Tarifa en Barra y OSINERG era el competente para resolver dicha controversia. / The purpose of this paper is to analyse, within the framework of a contractual relationship between the distribution company Luz del Sur and the generating company Empresa de Electricidad del Perú - Electroperú, what is the price ceiling applicable to the energy that is withdrawn in excess of the contracted amount and that is destined to supply electricity to regulated users in an exceptional context in which, due to a drought that affected hydroelectric generation, the price of energy in the short-term market increased exponentially with respect to the regulated price because it is a public service, during a drought that affected hydroelectric generation, the price of energy on the short-term market experienced an exponential increase compared to the price of regulated energy as it is a public service. For Luz del Sur, the price cap is the Barra Tariff according to the electricity legislation, and for Electroperú, it is the marginal cost according to the supply contract that binds both parties. On the other hand, it is analysed whether OSINERG is competent to resolve the aforementioned controversy. The exceptional context of the drought and the disproportionate differences between the short-term price and the Bar Tariff gave rise to the phenomenon known as "the contract crisis" whereby, from a commercial point of view, it was not positive for generators to enter into contracts for the supply of energy to regulated users, thus refusing to enter into new contracts or renew those that were about to expire. To address this situation, a series of emergency decrees were issued to guarantee the continuity of the public electricity service. Now, in order to address the controversial matter, the investigation develops legal concepts such as the electricity market, public electricity service, competition, among others, which lead to the conclusion that the price ceiling for energy withdrawals is the Bar Tariff and OSINERG was the competent body to resolve this controversy.

La presente tesis analiza las bases teóricas de los derechos del consumidor y las cláusulas generales de contratación. En este sentido, da cuenta de la revisión bibliográfica y de los principales aportes en la doctrina y en la legislación comparada acerca de la protección de los derechos del consumidor, así como de las circunstancias en que se presenta esta desprotección en la actualidad nacional. Se comenta los principales instrumentos internacionales que consagran la protección de los derechos del consumidor, tales como la Carta Europea de Protección a los Consumidores de 1973, el Programa Preliminar para una Política de Protección e Información a los Consumidores, las Directrices de Naciones Unidas para la protección del Consumidor. Con respecto a las cláusulas generales de contratación, se realiza un análisis de su naturaleza jurídica, sus características, y se refiere los enfoques teóricos más importantes que se disponen en la bibliografía. Como resultado de la investigación se analizan los casos más relevantes de desprotección de derechos de los consumidores, a través de contratos con cláusulas generales de contratación. En el punto de las cláusulas generales de contratación la discusión está basada en torno, a aquellas cláusulas que son sometidas a una aprobación administrativa por el órgano administrativo competente, y las que no requieren de aprobación; y se concluye en que las cláusulas generales de contratación si bien permiten desarrollar y agilizar el tráfico comercial, también es cierto que, han dejado de lado principios sustanciales como el equilibrio contractual para dar entrada a cláusulas abusivas. Lo cual evidentemente convoca al Estado, a que a través de los poderes y órganos administrativos competentes esgriman y construyan un marco normativo acorde a las necesidades de estos nuevos tiempos.

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En esta tesis doctoral la autora responde la pregunta dirigida a definir qué es y para qué sirve la doctrina de los actos propios en el Derecho de Contratos en el Perú. Su objetivo al elaborar este aporte fue no solamente reunir las principales posiciones teóricas sobre la estructura y consecuencias de la doctrina de los actos propios, sino además contrastar dichas posturas con numerosos casos prácticos. La hipótesis que plantea se desarrolla en cinco capítulos, para concluir que la doctrina de los actos propios es un principio de derecho derivado del principio de la buena fe, aplicable para impedir que un sujeto actúe de manera incoherente con una conducta anterior, cuando de esta deriva confianza en otro sujeto que merece protección, por haber asumido razonablemente que no habría variación en el sentido de dicha conducta. La doctrina de los actos propios es crucial para garantizar operaciones contractuales seguras, pues protege las expectativas razonables generadas por la conducta de las partes en determinado sentido, cuando se ven defraudadas por la contradicción no justificada en el pacto o en la ley. / In this dissertation, the author defines and explains the own acts doctrine under Contract Law in Peru. The objective is not only to gather the main theoretical opinions on the structure and consequences of the own acts doctrine, but also apply them to a variety of real-world cases. The dissertation’s hypothesis is developed in five chapters, to conclude that the own acts doctrine is a principle of law derived from the principle of good faith. It is applied to prevent a subject from acting in a manner that is incoherent with a previous action, when a second subject is deserving of protection as they have assumed there will not be a variation in the original subject’s behaviour. The doctrine is crucial in guaranteeing safe contractual operations. It protects reasonable expectations generated by the behaviour of the parties involved in the contract, when these are unfulfilled due to a contradiction that is not justified in the contract or the law.