En este caso legal, la demandante argumenta que su tía, la demandada, revocó la donación de un inmueble debido a intereses personales de sus hermanos, quienes consideraban que la propiedad era un patrimonio familiar. La demandada afirma que tomó esta acción debido al cambio de conducta de la demandante después de recibir la donación, alegando agresiones psicológicas y riesgo para su salud. Sin embargo, la demandante sostiene que la carga de la prueba no debería recaer exclusivamente en ella, ya que la demandada fue quien afirmó inicialmente un hecho en vía administrativa al solicitar la revocatoria de la donación. El problema principal se centra en determinar si la carga de la prueba recae únicamente en la demandante para demostrar los hechos en disputa. El argumento es que la carga de la prueba debería haber sido atribuida a la demandada, ya que fue ella quien afirmó originalmente el hecho en vía administrativa. Los problemas secundarios abordan la validez de utilizar la historia clínica y el informe médico como pruebas suficientes para demostrar que la donataria estuvo expuesta a un estado de peligro inminente. Se argumenta que estos medios probatorios son insuficientes para generar un razonamiento probatorio adecuado. Además, se cuestiona la aplicación del numeral 2 del artículo 744 del Código Civil, ya que la relación entre las partes es de tía y sobrina, no de ascendiente. También se discute si la donataria tenía la obligación legal de velar por la integridad y salud de la donante, concluyendo que no existía tal obligación en este caso. En resumen, se plantea que la carga de la prueba no debió atribuirse exclusivamente a la demandante, que los medios probatorios presentados son insuficientes y que la donataria no tenía la obligación legal de cuidar de la donante. / In this legal case, the plaintiff argues that his aunt, the defendant, revoked the donation of a property due to the personal interests of his siblings, who wanted the property for being a family patrimony. The defendant affirms that she took this action due to the change in the plaintiff's behavior after receiving the donation, alleging psychological aggression and risk to her health. However, the plaintiff maintains that the burden of proof should not fall exclusively on her, since the defendant was the one who initially asserted a fact in administrative proceedings when requesting the revocation of the donation. The main problem centers on determining whether the burden of proof falls solely on the plaintiff to prove the facts in dispute. The argument is that the burden of proof should have been attributed to the defendant, since it was she who originally asserted the fact in administrative proceedings. Secondary issues address the validity of using the medical history and medical report as necessary evidence to demonstrate that the donee was exposed to a state of imminent danger. It is argued that these means of proof are insufficient to generate an adequate evidentiary reasoning. In addition, the application of numeral 2 of article 744 of the Civil Code is questioned, since the relationship between the parties is aunt and niece, not ascendant. It is also discussed whether the donee had a legal obligation to ensure the integrity and health of the donor, concluding that there was no such obligation in this case. In summary, it is argued that the burden of proof should not be attributed exclusively to the plaintiff, that the evidence presented is insufficient and that the donee did not have a legal obligation to take care of the donor.

El Estado garantiza el bienestar en el ámbito de la salud de las personas a través del acceso a medicamentos de calidad, y en el momento oportuno mediante la contratación pública eficiente, haciendo uso de la tecnología y de procesos más ágiles, menos burocráticos. Asimismo, otorgando un marco regulatorio a la actuación de los funcionarios y servidores públicos que cumplen sus funciones en pro del beneficio de la población. Toda compra ejecutada requiere del uso de los recursos públicos; es decir, del dinero de la población. En el Perú es un derecho acceder a medicamentos, aún persiste algún sector de la población que no puede beneficiarse, según la Encuesta Nacional de Usuarios en Salud [SUSALUD], en el 2015 el 55% de los pacientes del Ministerio de Salud [MINSA], a través del Seguro Integral de Salud [SIS], no consigue sus medicamentos recetados por falta de stock en las farmacias de los hospitales retardando la cura de las enfermedades y sus tratamientos, que probablemente sea origen de mayores dolencias, incluso, la muerte por falta de medicamentos. Por lo mencionado, es importante contar con procesos de adquisición de medicamentos eficientes y oportunos. En ese marco, se han impulsado reformas en la gestión de adquisiciones, algunas de las cuales incluyen la aplicación de modalidades modernas como es el caso de la Subasta Inversa como un mecanismo de selección de proveedores, que responde a un tema de actualidad, en la que interactúan las entidades públicas contratantes y a proveedores inscritos en Registro Nacional de Proveedores [RNP] para proveer una gama de productos, entre los cuales están productos en salud descritos en el Listado de Bienes y Servicios Comunes [LBSC] cuyas especificaciones de diseño, cantidad, calidad, entrega y términos relacionados a las condiciones se definen previo a la fase de Convocatoria. El presente estudio propone como principal objetivo analizar elementos más importantes que hacen más eficiente el proceso de compra centralizada de medicamentos a través de Subasta Inversa, herramienta estratégica de selección de proveedores, realizada por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud (CENARES), que es la central de compras de recursos estratégicos en salud para el MINSA, desde la postura del Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) y del Área Usuaria (AU) de las instituciones de salud, en el periodo comprendido entre los años 2012 – 2016. La información analizada es extraída de la base de datos del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado [OSCE], del CENARES y de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas [DIGEMID], que es información pública. Así como entrevistas xii semiestructuradas realizadas a los funcionarios y servidores públicos involucrados en las compras públicas de medicamentos de los hospitales de Lima metropolitana a través de las compras corporativas descentralizadas y facultativas. La importancia de estudiar y analizar el proceso de Subasta Inversa surge del reconocimiento de la búsqueda de eficiencia para adquirir bienes (medicamentos) y servicios canalizados a través de la materialización de las compras públicas. La experiencia internacional muestra que el incremento en el uso de las herramientas electrónicas como Subasta Inversa ha dado resultados positivos. De esta la manera, la investigación contribuye a identificar las fortalezas y debilidades de la aplicación de la Subasta Inversa esperando contribuir directamente a mejorar los niveles de disponibilidad de medicamentos. Entre los más importantes hallazgos de la investigación se tiene evidencia de que i) las compras por Subasta Inversa han permitido, efectivamente, reducir el precio de los medicamentos, esto es visible en el ahorro en 22.5%, en promedio para periodo 2012-2016, con respecto al Valor Referencial1, ii) el uso de las Fichas Técnicas de los medicamentos permite asegurar las condiciones de la adquisición en teoría; no obstante, en la simplificación de las especificaciones se ha perdido parte del proceso que garantizaba la calidad, es una diferencia con respecto al modelo clásico de compras, iii) el ahorro en tiempo con respecto a la modalidad clásica disminuye en 41.6%, equivalente a 81 días hábiles en la etapa de selección de proveedores, y iv) el Área Usuaria se encuentra poco satisfecho con la gestión de la compra corporativa gestionada por el CENARES. A modo de recomendación, tras la evidencia de implementar una herramienta con predictibilidad documentaria y mejora de precios con la cual se ha logrado pues una mejor experiencia, aún los problemas de desabastecimiento de medicamentos persisten, pues requerirían abordar el análisis de la cadena de suministro. Es necesario destacar que para el éxito de la gestión de compra, la elección de una herramienta mediante la cual se ejecute deberá caminar adaptándose a la demanda de los usuarios finales y a cambios en el sistema de salud. Por ello, la importancia de mejorar la comunicación y coordinación de las entidades involucradas en las etapas de programación y ejecución contractual.

Uno de los aspectos más importantes de los proyectos de construcción se encuentra dado por sus variaciones. Se trata de situaciones que muy frecuentemente generan una serie de consecuencias negativas para los involucrados y constituyen el caldo de cultivo de reclamos y controversias. En el presente trabajo analizaremos la delimitación del concepto de variaciones del contrato de construcción, así como la situación consistente en la desviación, introducida por el contratista, de los procedimientos voluntariamente establecidos para la modificación del alcance. La importancia de una reconstrucción de esta naturaleza deriva de que la regulación típica del contrato de obra contenida en el Código Civil peruano no dedica un tratamiento orgánico a dicho fenómeno. No obstante, ciertas disposiciones del mencionado cuerpo normativo (así como otras incluidas en regulaciones sectoriales) se refieren a las variaciones asignándoles importantes efectos jurídicos. En líneas generales, creemos que un mejor entendimiento del origen del fenómeno permitirá un mejor abordaje de su problemática. Para tal efecto, nos valemos de las metodologías dogmática, funcional y comparativa. A través del referido marco metodológico, llegamos a la conclusión que si bien tanto las cláusulas de formalidad convencional como las cláusulas de representación son válidas y eficaces en nuestro sistema, la ejecución divergente del contrato podría determinar su inaplicación bajo las reglas de la interpretación, la dispensa al procedimiento o la modificación del contrato de construcción. / Tesis

Como consecuencia de los resultados favorables obtenidos a nivel mundial y regional sobre la participación privada en activos estatales, vía procesos de privatizaciones y concesiones, el Estado Peruano, a partir de la década de los noventa, hizo uso del mecanismo de la Asociación Público Privada (APP) para proveer infraestructura de transporte de uso público (ITUP). Los resultados obtenidos en Perú en el periodo 1990 a 2017 fueron muy importantes para dotar de activos estatales relacionado con la infraestructura de transporte de uso público. De esta forma, mediante las APP se creó nueva infraestructura o se amplió la infraestructura existente de una forma que, bajo la provisión directa del Estado Peruano, a través de la contratación pública tradicional (CPT), no era posible de ser realizado. Sin embargo, aún subsiste una importante brecha de infraestructura de transporte. Los resultados del desarrollo de las APP para los proyectos ITUP en Perú, han venido de la mano de la recurrencia de renegociaciones contractuales que se vienen presentando en los contratos supervisados por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) y materializados en adendas, problema que lleva a preguntarse si la recurrencia en las renegociaciones contractuales se debe a que el Estado Peruano ha venido empleando adecuadamente el mecanismo de las APP para ejecutar estos proyectos. Para responder esta pregunta, en el presente trabajo realizamos una evaluación cualitativa de los contratos de ITUP de uso público a cargo de Ositran, para determinar si el mecanismo de las APP fue el adecuado para los contratos de concesión suscritos. Para ello empleamos los criterios de elegibilidad de los proyectos de APP, que establece el Estado Peruano, para calificar los treinta contratos de concesión vigentes, las cuales se ponen en relación con un indicador de renegociaciones. Posteriormente, se determina que el Estado Peruano, en el periodo 1990 a 2017, ha venido empleando adecuadamente el mecanismo de las APP en la provisión de ITUP y, producto de las relaciones y tendencias que se derivan de las renegociaciones y los resultados de la evaluación cualitativa, se identifican resultados relevantes. La investigación culmina presentando un conjunto de conclusiones y recomendaciones. / As a consequence of the favorable results obtained at a global and regional level on private participation in state assets, through privatization processes and concessions, the Peruvian State (Estado Peruano), from the decade of the nineties, made use of the mechanism of the Public-Private Partnerships (APP) to provide transport infrastructure for public use (ITUP). The results obtained in Peru in the period 1990 to 2017 were very important to provide state asset related to public transport infrastructure. In this way, through the APP, new infrastructure was created or the existing infrastructure was expanded in a way that, under the direct provision of the Peruvian State, through traditional public procurement (CPT), it was not possible to be carried out. However, there is still a significant transport infrastructure gap. The results of the development of APP for ITUP in Peru have come hand in hand with the recurrence of contractual renegotiations that have been presented in the contracts supervised by the Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) and materialized in addenda, a problem that leads to ask if the recurrence in contractual renegotiations is due to the fact that the Peruvian State has been adequately using the APP mechanism to execute these projects. To answer this question, in this work we conducted a qualitative evaluation of the ITUP contracts by Ositran, to determine if the mechanism of the APP was adequate for the concession contracts signed. For this we use the eligibility criteria of the APP projects, which the Peruvian State establishes, to qualify the thirty current concession contracts, which are related to a renegotiation indicator. Subsequently, it is determined that the Peruvian State, in the period 1990 to 2017, has been adequately using the mechanism of APP in the provision of ITUP, and as a result of the relationships and trends that result from the renegotiations and the results of the qualitative evaluation, relevant results are identified. The research culminates by presenting a set of conclusions and recommendations. / Tesis

El Derecho puede ser considerado como una rama del saber humano; como una ciencia social, definible como un conjunto de principios y leyes que rigen un grupo homogéneo de hechos, de fenómenos denominados jurídicos (igual que la biología o la química o la física estudian determinados grupos de fenómenos). Esta ciencia social, cuyo objeto central son las relaciones socioeconómicas del hombre, está muy lejos de haber agotado su campo de estudio. Por el contrario, constantemente se amplían sus fronteras, se rediseñan sus contornos, se redefinen sus alcances. El Derecho avanza, evoluciona, puesto que las relaciones entre los hombres también experimentan cambios. Así pues, el Derecho no es estático (o no debiera serlo), más bien tiene la obligación de adecuarse a la velocidad del cambio de las relaciones socioeconómicas, a las nuevas formas de relacionarse, a los nuevos modelos de conductas. Dentro del universo de ramas que componen a la ciencia del Derecho, y en especial al Derecho civil, el tema de la responsabilidad civil se nos ofrece como un amplio campo de estudio ya que sus orígenes van de la mano con las primeras manifestaciones de la actividad humana, fijando su punto de partida en la etapa de la venganza privada que luego iría evolucionado, a la par que lo haría el concepto de Estado, hacia la etapa del resarcimiento del daño. Así pues, es lógico pensar que, siendo la figura de la responsabilidad civil tan antigua como el Derecho mismo, mantenga un halo cautivador, una invitación permanente a estudiar sus distintos matices, sus distintas formas de presentarse ante nosotros. Y dentro de este amplio campo de acción encontramos que la figura de la responsabilidad precontractual, la cual será objeto central de nuestro estudio, si bien ha sido analizada por la doctrina, no ha sido adecuadamente valorada por nuestra regulación civil, la que le ha dedicado poco espacio y esfuerzo.

El devenir actual en la ejecución de obras públicas en nuestro país advierte el crecimiento de una tendencia bastante interesante en lo que respecta a qué marco contractual se decide emplear para esta actividad: por un lado, tenemos al clásico Contrato Administrativo, regulado por normas públicas con larga trayectoria y de usual utilización, como es la Ley de Contrataciones del Estado. En contraposición lo anterior, la utilización de contratos de estándares internacionales para la construcción, como son los NEC, se ha popularizado estos últimos años, siendo empleados para la ejecución de proyectos de infraestructura pública de diversos tipos, situación que irrumpió a partir de la ejecución de las obras de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos del año 2019. Tomando en consideración lo hasta ahora expuesto, es oportuno preguntarnos ¿Resulta justificado ese cambio de tendencia para el provecho de la obras públicas en nuestro país?, ¿Esta transición del Contrato Administrativo (regulada por la Ley de Contrataciones del Estado) al contrato privado (específicamente el tipo NEC) resulta beneficiosa para la ejecución de obras públicas en nuestra coyuntura?, ¿El Contrato Administrativo en nuestro país ha evidenciado inutilidad y/u obsolescencia para la ejecución de obras públicas frente a marcos contractuales de derecho privado (como es el Contrato NEC)? El presente trabajo de investigación buscar dar respuesta a esas y otras preguntas, con el objetivo de clarificar si un tipo contractual resulta ser mejor que otro (ya sea en todo o en parte) para la ejecución de obras públicas en el Perú. / The current evolution in the execution of public works in our country shows the growth of a very interesting trend as regards the contractual framework that is decided to be used for this activity: on the one hand, we have the classic administrative contract, regulated by public regulations with a long history and of usual use, such as the Government Procurement Law. In contrast to the above, the use of international standard contracts for construction, such as the NEC, has become popular in recent years, being used for the execution of public infrastructure projects of various types, a situation that burst into the execution of the works for the Pan American and Parapan American Games in 2019. Taking into consideration the above, it is appropriate to ask ourselves: Is this change of trend justified for the benefit of public works in our country? Is this transition from the administrative contract (regulated by the Government Procurement Law) to the private contract (specifically the NEC type) beneficial for the execution of public works in our situation? Has the administrative contract in our country shown its uselessness and/or obsolescence for the execution of public works compared to private law contractual frameworks (such as the NEC Contract)? This research work seeks to answer these and other questions, with the objective of clarifying whether one type of contract is better than another (either in whole or in part) for the execution of public works in Peru. / Trabajo académico

El presente informe expone un análisis de determinados problemas jurídicos que se identifican en el arbitraje seguido bajo el Expediente N° 1507-139-2008, el cual fue administrado por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, en base a los hechos expuestos y posiciones asumidas por las partes durante todo el proceso arbitral. Dichos problemas jurídicos se encuentran comprendidos en áreas del derecho como el Derecho Civil, Derecho Procesal Civil y el Arbitraje, los cuales son ramas del derecho que resultan indispensables para resolver los problemas identificados en este caso. Específicamente, este informe tiene el objetivo de abordar los siguientes temas: i) el procedimiento pericial y el tercero integrador; ii) las reglas de interpretación de los contratos, iii) la condición suspensiva y otros. La motivación del presente informe responde principalmente a que algunos temas que se desarrollan no han sido tratados con gran abundancia en nuestro medio, razón por la que este trabajo se justifica en la intención de desarrollar estos temas, los cuales pueden tener un gran impacto a nivel práctico, motivo por la que requieren ser analizados meticulosamente. Una vez realizado el análisis de los problemas planteados, buscaremos dar una opinión respecto a la solución de la controversia, contrastando nuestra opinión con la posición de cada parte del arbitraje y la decisión final de los árbitros

Se enfocó como objetivo general establecer la mejora en el proceso de las compras públicas de la Policía Nacional, mediante el sistema de compras electrónicas Acuerdo Marco y Subasta Inversa Electrónica para bienes y servicios durante el año fiscal 2018 y 2019, teniendo en cuenta que se debe establecer la forma en que las compras electrónicas pueden proporcionar herramientas poderosas para impulsar un índice de eficiencia superior en transparencia y economía en las compras públicas. Metodológicamente esta investigación fue realizada bajo el marco del diseño descriptivo y mediante un proceso de revisión bibliográfica. Cuando se hace la compra pública por canales electrónicos, la fluidez en la proporción de la información para dominio público es mayor y mucho más ágil. Cabe señalar que la Policía Nacional del Perú al ser un ente de administración pública, está sujeta al principio de transparencia, por lo que debe facilitar la participación ciudadana a la corroboración del buen uso de los fondos públicos. Teniendo como conclusiones que en cuanto a la compra de bienes y servicios por medios electrónicos en el año fiscal 2018 y 2019 ha sido positivo en tanto ha permitido mejorar la transparencia en el uso de fondos públicos por parte de la Policía Nacional del Perú, pues ha permitido no solo publicitar a través del SEACE lo que se está haciendo con dichos fondos de manera más precisa, sino también gestionar con mayor eficiencia las compras públicas, sustentadas con documentos electrónicos, ello brinda mayor seguridad a la ciudadanía de lo que se hace con sus aportes y cómo se comporta la administración de la PNP en relación al manejo del presupuesto público. / The general objective was to establish the improvement in the process of public purchases of the National Police, through the electronic purchasing system for goods and services during fiscal year 2018 and 2019, taking into account that the way in which the eprocurement can provide powerful tools to drive a higher efficiency ratio in transparency and economy in public procurement. Methodologically, this research was carried out under the framework of descriptive design and through a process of bibliographic review. When the public purchase is made through electronic channels, the fluidity in the proportion of the information for the public domain is greater and much more agile. It should be noted that the National Police of Peru, being a public administration entity, is subject to the principle of transparency, so it must facilitate citizen participation to corroborate the proper use of public funds. Taking as conclusions that regarding the purchase of goods and services by electronic means in fiscal year 2018 and 2019 has been positive in that it has allowed to improve transparency in the use of public funds by the National Police of Peru, since it has allowed not only to publicize through SEACE what is being done with said funds in a more precise way, but also to manage public purchases more efficiently, supported by electronic documents, this provides greater security to citizens than what is done with their contributions and how the PNP administration behaves in relation to the management of the public budget.

El presente informe jurídico analizará el caso arbitral seguido por la demanda interpuesta por Season Group Limited y Blue Orbis Corporation contra Comercializadora Llantas Unidas S.A.S., por terminación unilateral del pacto de accionistas en aplicación del derecho al desistimiento unilateral sin justa causa recogido en el artículo 1365° del Código Civil. A partir de esta controversia, se analizará la naturaleza jurídica del desistimiento unilateral sin justa causa recogido en el artículo 1365° del Código Civil y de los pactos de accionistas de carácter parasocietario para determinar si (i) dicha norma es de orden público aplicable a todos los contratos de ejecución continuada y a plazo indeterminado; (ii) si Llantas Unidas S.A.S. podía invocar dicha norma para poder resolver unilateralmente el pacto de accionistas que tenía suscrito con Blue Orbis Corporation; y, (iii) si Llantas Unidas S.A.S. tenía que invocar una “justa causa”, como argumenta el Tribunal Arbitral que resuelve el caso, para poder ejercer el derecho de terminar el pacto de accionistas de manera unilateral sin “abuso de derecho”. Finalmente, se analizará si el pacto de accionistas es un contrato coligado al contrato de compraventa de acciones mediante el cual Comercializadora Llantas Unidas S.A.S. se convierte en accionista de Lima Caucho S.A. tras recibir el 50% de las acciones que tenía Season Group Limited en Lima Caucho S.A. Para ello, de acuerdo a la doctrina, se estudiará qué es la coligación contractual y los presupuestos para determinar que dos contratos son coligados. Con ello, se responderá si la resolución del pacto de accionistas conlleva, inescindiblemente, a la resolución del contrato de compraventa de acciones en el caso concreto.

La incorporación del arbitraje como mecanismo de solución de controversias obligatorio para los contratos de servicios, bienes y obras donde participe el Estado Peruano ha supuesto que la gran parte de procesos arbitrales se desarrollen bajo la normativa de contrataciones, donde las materias controvertidas son diversas. Dentro de este grupo, adquieren especial relevancia las relacionadas a las solicitudes de ampliaciones de plazo, pues, en la gran mayoría de contratos, por diferentes motivos, los contratistas consideran que existen razones para que el plazo inicial de ejecución del contrato se vea prorrogado. Asimismo, se debe tener presente que el sector de la construcción, en el cual se encuentran los contratos de obra del Estado, es especialmente conflictivo, por la alta especialización que se requiere. Ante ello, existe un porcentaje más que considerable de contratos de obra con el Estado, en los cuales se van a presentar controversias sobre ampliaciones de plazo En ese sentido, en el presente caso se analizará lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento sobre los requisitos que se deben cumplir para el otorgamiento de una ampliación de plazo, así como, realizar un análisis, y sentar una posición jurídica, sobre los efectos jurídicos que genera la aprobación de una ampliación de plazo, todo ello, teniendo como base lo resuelto en un caso en concreto bajo la aplicación de la normativa y el Contrato. / The incorporation of arbitration as a mandatory dispute resolution mechanism for service, goods and works contracts involving the Peruvian State has meant that most of the arbitration proceedings are carried out under the contracting regulations, where the matters in dispute are diverse. Within this group, those related to requests for term extensions are particularly relevant, since in the vast majority of contracts, for different reasons, the contractors consider that there are reasons for the initial term of the contract to be extended. It should also be borne in mind that the construction sector, in which State construction contracts are found, is particularly conflictive, due to the high level of specialization required. In view of this, there is a more than considerable percentage of construction contracts with the State, in which controversies will arise regarding term extensions. In this context, the analysis of the present case analyzes the provisions of the State Contracting Law and its Regulations on the requirements that must be met for the granting of a term extension, as well as to analyze and establish a legal position on the legal effects generated by the approval of a term extension, all based on what has been resolved in a specific case under the application of the regulations and the Contract.