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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente tesis, cuyo objetivo es elucidar el rol que la democracia puede tener en la interpretación de los derechos humanos, especialmente considerando la norma del artículo 29.c) de la Convención Americana de Derechos Humanos (la cual señala que las normas de dicha Convención deben ser interpretadas conforma a la forma democrática representativa de gobierno) en el trabajo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consta de tres partes. En la primera se considera el problema de la aplicación del derecho, confrontando la visión tradicional respecto de la función del juez con las visiones actuales centradas en la coherencia de la motivación de la decisión. Dentro de este ámbito se explica como funciona el rol interpretativo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos , considerando tanto sus facultades, como los constreñimientos que encuentra en su actuar, así como las guías con las que cuenta para resolver los problemas jurídicos que se le presentan. EN relación con lo último, se presta especial atención al rol de las normas interpretativas dentro de la función contenciosa de dicha corte y, dentro de estas, a la norma del ya citado artículo 29.c) y los problemas que presenta. En una segunda parte se busca elucidar la significación de lo que es “la forma democrática representativa de gobierno”, especialmente como guía interpretativa. Para ello se desarrolla una concepción de la democracia basada en los principios de igualdad y publicidad, así como considerando la forma que adquieren las instituciones en la forma de gobierno democrática. Con ello, se revisan las relaciones que se dan entre la democracia y los derechos humanos y se presenta un modelo de interpretación de los últimos en base a la primera. De esta forma, se explica cual es el contenido que tiene el artículo 29.c) en el trabajo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En un tercer capítulo, luego de saber cuales son los problemas al aplicar una norma jurídica de Derechos Humanos y como la democracia puede servir de guía para resolverlos, se centra el análisis en cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha utilizado a la democracia (y al artículo 29.c) de la Convención Americana de Derechos Humanos) como criterio interpretativo, revisando su jurisprudencia tanto contenciosa como consultiva. Finalmente se hace una evaluación de la utilización de la democracia como criterio interpretativo por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo pretende determinar la naturaleza jurídica de las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante indistintamente “Corte IDH”) consagradas en el artículo 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante indistintamente “CADH”). Para estos efectos no sólo consideraremos las disposiciones convencionales, estatutarias y reglamentarias pertinentes, sino que analizaremos principalmente la aplicación que la Corte IDH ha hecho de esta facultad. Nuestra hipótesis consiste en que la aplicación que la Corte IDH ha hecho de las medidas cautelares excede la teoría cautelar tradicional, asimilándose a lo que la doctrina procesalista ha denominado como “medidas autosatisfactivas”. Esto es relevante en cuanto la naturaleza jurídica que se le atribuya a las medidas provisionales de la Corte IDH podría tener incidencias prácticas importantes.

Tesis de grado para obtener el título de Magíster en Estudios Internacionales / La Tesis las Medidas Provisionales en la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Su aporte al Derecho Internacional de los Derechos Humanos tuvo como objetivos esenciales analizar y explicar la importancia de las medidas provisionales en torno a la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; determinar las normas de derecho internacional que rigen el procedimiento y aplicación de las medidas provisionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos; analizar la evolución en materia de solicitud por los Estados, imposición de oficio por la Corte de las medidas provisionales, desde 1986 hasta el año 2010; analizar las resoluciones de la Corte en torno a esta institución para determinar los beneficiarios de la protección y los derechos protegidos. Los éxitos y desafíos que actualmente presentan los mecanismos de protección de los derechos humanos, han logrado la motivación para reseñar algunos puntos de vistas entorno al recorrido y evolución de la institución de las medidas provisionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La última década registra un aumento significativo de las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, interesa, por tanto, estudiar las diversas medidas de protección que han sido dictadas por ese Tribunal y determinar la contribución de éste órgano regional al desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Se trata de un trabajo exploratorio, de carácter descriptivo, reforzado a través del análisis cualitativo y cuantitativo del estudio de casos, cuyo límite temporal va desde 1986, momento en que a la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite las primeras medidas provisionales, hasta el año 2010. Los lectores encontraran en la investigación una ordenación sobre 103 casos o asuntos, a los que se han solicitados medidas provisionales, y de los cuáles la Corte ha acogido 86, determinando los principales derechos protegidos, el nivel de cumplimiento de las medidas provisionales por parte de los Estados, la actuación de la Corte Interamericana en la imposición de la medida, entre otros, contribuyendo dicho análisis a evaluar la significación que tienen las medidas provisionales al Derecho Internacional de los Derechos Humanos en general, así como las debilidades que aún presenta el Sistema Interamericano de Protección.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Esta investigación aborda el contenido y alcance que se le ha otorgado al principio de presunción de inocencia, tanto desde una visión amplia dada por su importancia en una democracia, como desde las implicancias concretas que tiene su respeto en el debido proceso y en el derecho a la libertad personal. Este trabajo se ha desarrollado principalmente desde una perspectiva jurisprudencial, teniendo como principal objetivo determinar cuál es el alcance que se le ha otorgado a este principio en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Europea de Derechos Humanos, para luego comparar estos estándares, desde una perspectiva crítica, a aquellos dados por la jurisprudencia nacional de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional chilenos.

Se ha traído a colación el caso Gelman vs. Uruguay, y en particular el decisorio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Supervisión de Cumplimiento del mismo, pues entendemos que este dicho Tribunal regional ha dado un paso adelante al sostener, sin requilorios, que sus sentencias no solo son atrapantes en el caso concreto (vinculación directa inter partes), sino que también producen efectos vinculantes para todos los Estados signatarios de la CADH en lo que respecta a la interpretación que ese órgano efectúa de las normas convencionales (vinculación indirecta erga omnes).

Magíster en Estudios Internacionales / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La investigación, realiza un análisis de las “otras formas de reparación” impuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, enmarcadas en la llamada doctrina de las obligaciones positivas. Apuntando además a que estas medidas representan una evolución en el carácter progresivo de las normas internacionales de protección de los derechos humanos, dado su carácter innovador y la dinámica entre el derecho interno y el derecho internacional. Asimismo, se demuestra cómo estas formas de reparación, elevan los estándares mínimos en materia de reparaciones, apuntando a que su objetivo es abarcador e integral con miras a la sociedad como conjunto y no solo a las víctimas directas de violaciones de Derechos Humanos. Lo anterior se estudia con base en las “otras formas de reparación” dictadas en 44 sentencias de la Corte Interamericana, su grado de cumplimiento en los países latinoamericanos y el compromiso que los mismos Estados han demostrado con la ya mencionada progresividad de los derechos humanos, a pesar de la falta de poder coactivo de la Corte.

Magíster en Estudios Internacionales / Este trabajo busca estudiar la vinculación que existe entre la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la reconstrucción de la memoria histórica en América Latina. En este sentido, se centrará en el estudio de las sentencias de este Tribunal Internacional respecto a violaciones masivas de derechos humanos cometidas por parte de los distintos Estados de la región. En concreto se estudiarán las reparaciones dictaminadas en estas sentencias, aquellas que van más allá de la reparación pecuniaria y que como se demostrará en este trabajo atienden a reparar la memoria dañada de las víctimas y las sociedades donde se cometieron estas violaciones. Además del estudio de estas reparaciones, otro de los puntos esenciales es vincular el trabajo jurídico de la CIDH con la reconstrucción de la Memoria Histórica, en el sentido de entender como estas “otras formas de reparar” ayudan a sanar el trauma profundo que generan las violaciones sistemáticas de derechos humanos. Para eso se demostrará la relación existente entre el juez y el historiador en la búsqueda de una memoria colectiva que atienda a los conceptos de: Verdad Justicia y Reparación.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El trabajo que presentamos a continuación se enmarca dentro de un esfuerzo prolongado por el conocimiento del Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos (en adelante SIDH) y en particular de la jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante La Corte o Corte IDH), por robustecer el cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH o Convención) suscrita por Chile y ratificada el año 1991 mediante la publicación del decreto promulgatorio No. 873 de 23 de agosto de 1990. La ratificación cobra importancia toda vez que de acuerdo a la disposición constitucional contenida en el artículo 5 inciso 2º, los convenios internacionales deben ser respetados y garantizados por el Estado chileno, rigiendo de manera obligatoria para nuestro país como parte de un cuerpo normativo interno. En dicho esfuerzo se encuentra también La Corte, que a través de su jurisprudencia va dando la pauta acerca del modo en que deben respetarse y garantizarse los derechos contenidos en la Convención, de modo que su trabajo a través de sentencias, opiniones consultivas y medidas cautelares entre otros, serán de vital importancia para fijar el sentido y alcance de las normas internacionales, con el objeto de adecuar, si fuere necesario, el ordenamiento jurídico interno cuando éste se encuentra en contraposición a los instrumentos internacionales y las entidades que están llamadas a hacerlos cumplir, como sucede en este caso con la Convención y la Corte.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La idea del Debido Proceso en general, y de las garantías procesales penales en particular, pueden ser concebidas como la búsqueda de un punto de equilibrio dentro de una tensión que resulta inherente al proceso penal del siglo XX: el logro de la seguridad y represión del delito v/s el aseguramiento de los derechos fundamentales de los intervinientes. Esta concepción del debido proceso como la conciliación entre estos dos grandes objetivos, es lo que a mi juicio justifica el estudio detenido de esta institución y lo que genera una necesidad de revisión del estado actual tanto de la doctrina como de los pronunciamientos de los órganos adjudicadores, de modo de determinar si la misión que está llamada a cumplir el debido proceso se está cumpliendo y de qué forma. Pero retomemos el conflicto o la tensión que he querido poner de manifiesto. Durante la vigencia del denominado “proceso inquisitivo” el imputado sólo se consideraba como un objeto del proceso y no propiamente como sujeto del mismo, por lo que carecía de derechos que entraran en colisión con los objetivos del proceso. Una larga evolución desde la época de la Revolución Francesa nos ha llevado hacia una dirección de respeto y protección de los derechos fundamentales , y con ello ha nacido el dilema de conjugar los derechos fundamentales de los intervinientes en el proceso penal, en particular los del imputado, con los objetivos del propio proceso penal