The reciprocal influence between the Inter-American Court andthe European Court of Human Rights has been analysed by several studies that have focused on the impact of the European case- law in its Inter- American counterpart. In this context, this paper aims to pay attention to the reverse phenomenon. Therefore, it studies the decisions in which the European Court of Human Rights has explicitly referred to the Inter-American Court’s case law. By doing so, it attempts to elucidate the subject areas in which the European Court is most influenced by its Inter-American counterpart and the extent of this influence. / La  influencia  recíproca  de  las  jurisprudencias  de  la  Corte Interamericana y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido objeto de muchos estudios, que han tendido a poner especial atención en el impacto de la jurisprudencia europea en su homóloga americana. En este contexto, el trabajo que se presenta propone analizar el fenómeno inverso, estudiando las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que han citado de forma expresa a la Corte Interamericana, con miras a determinar las materias sobre las que la influencia interamericana en la jurisprudencia europea es más evidente, así como el alcance de esa eventual influencia.

The current research tries to recognize how the Inter-American Court of Human Rightscan influence in the legal and constitutional reforms in Latin American countries. It tries to understand what elements are required for those reforms to happen. It is stated that it requires human rights movements with knowledge of the Inter-American system and a favorable State context of at least one branch of the State. Finally, it was found that, in the cases studied, thecontext determines whether what the Inter-American Court says is applied or not. / La presente investigación apunta a conocer la manera en la que la Corte Interamericana deDerechos Humanos afecta reformas jurídicas y constitucionales en los países latinoamericanos. Se busca comprender qué elementos son importantes para que se presenten las reformas. Además, se plantea que, para que estas reformas se lleven a cabo, es requerida la conjunción de movimientos con conocimiento del sistema interamericano y un contexto estatal favorable en al menos una de las ramas tradicionales del Estado. Finalmente, se encontró que, en los casos reseñados, el contexto suele ser determinante para la aplicación de lo señalado por la Corte Interamericana.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El 5 de Febrero de 2001 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Chile por la censura de la película "La Ultima Tentación de Cristo", quedando de tal forma expuesta la responsabilidad internacional de nuestro país. Con la dictación de esta sentencia se culminó entonces un proceso que se habia iniciado en 1988 con la prohibición de dicha película por el Consejo de Calificación Cinematográfico. El problema que surgió de inmediato, una vez agotada la última "instancia" que nuestro ordenamiento jurídico señala, fue el de establecer la forma de cumplir con dicho fallo en pos de reparar debidamente el daño causado a los recurrentes e indirectamente, como miembros de ella, a toda la sociedad chilena. Esta situación se debió específicamente a que el Estado chileno, a través del poder judicial infringió disposiciones internacionales consagradas en la Convención Americana de Derecho Humanos referentes a la libertad de expresión e información, y por no haber modificado su ordenamiento jurídico con el ámbito internacional.

Tesis (magíster en derecho con mención en derecho público) / El presente trabajo analizará el origen, naturaleza y efectos del control de constitucionalidad y el control de convencionalidad interno, identificando las diferencias existentes entre ambos, proponiendo que en nuestro país ambos controles normativos no son asimilables y, por tanto, no pueden ser aplicados de manera simultánea por el Tribunal Constitucional.

En el presente informe jurídico se analiza la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación al caso Angulo Losada vs Bolivia. Dicha sentencia evalúa el caso de Brisa de Angulo Losada, quien a los dieciséis años sufrió abuso sexual por parte de su primo E.G.A., diez años mayor que ella, así como otros obstáculos y vulneraciones a lo largo de la investigación y el proceso judicial seguido para denunciar el abuso. Para dicho análisis se emplearon diversos instrumentos jurídicos internacionales, incluidas la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Belém do Pará, así como jurisprudencia de la Corte y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En ese sentido, además de las vulneraciones sustentadas y argumentadas por la Corte Interamericana, se sustenta en el informe la vulneración del derecho al acceso a la justicia de Brisa De Angulo a través de la presencia de violencia institucional. Dicho tipo de violencia se expresa en la forma en que las autoridades legislativas tipificaron los delitos relativos a la violencia sexual en Bolivia, excluyendo el elemento de consentimiento como eje principal y al no seguir los estándares internacionales requeridos. Ello generó, en consecuencia, la vulneración de los derechos de Brisa y la responsabilidad internacional de Bolivia

El presente artículo trata acerca de los Principios de Yogyakarta sobre la protección de los derechos humanos de la comunidad de personas lesbianas, gay, bisexuales, transexuales e intersexuales (comunidad LGBTI) y su contribución al sistema interamericano de derechos humanos. Tomando en consideración la discutida naturaleza jurídica de dichos principios y la discriminación histórica contra la comunidad LGBTI, esta investigación se cuestiona principalmente si es que tiene alguna consecuencia jurídica su aplicación por los órganos del sistema interamericano de derechos humanos. En tal sentido, se recuerda la historia de estos principios y se analiza su naturaleza jurídica. De esta manera, se justifica que los Principios de Yogyakarta, a pesar de su no vinculatoriedad, se han convertido en parámetro de interpretación del principio de igualdad y no discriminación, de los derechos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y de otras obligaciones del sistema interamericano de derechos humanos que guardan relación con temas de diversidad de género. Así pues, como conclusión de esta investigación vamos a verificar que estos principios no son utilizados para crear nuevas obligaciones a los estados, sino que contribuyen en explicitar el contenido de derechos –convencionalmente ya establecidos– correspondientes a la comunidad LGBTI en el sistema interamericano de derechos humanos.

El presente informe de suficiencia profesional se enfoca en el fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Vicky Hernández y otras vs. Honduras. La cuestión principal se centra en determinar la responsabilidad del Estado de Honduras ante el sistema interamericano por la falta de juzgamiento y el fallecimiento de Vicky Hernández debido a su condición de mujer trans. El enfoque metodológico se basa en la aplicación de instrumentos internacionales, incluyendo la Convención de Belém do Pará, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación e Intolerancia y la Convención Americana de Derechos Humanos. Asimismo, se analiza la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos relevantes, como Atala Riffo y Niñas vs. Chile, Flor Freire vs. Ecuador, Duque vs. Colombia y Azul Rojas Marín y otra vs. Perú. Además, se considera la doctrina pertinente que aborda los derechos vulnerados en el presente caso. Como conclusión, se determina que el Estado de Honduras es responsable ante el sistema interamericano por la violación de los derechos a la igualdad y no discriminación, vida, integridad personal, garantias judiciales, protección judicial, reconocimiento de la personalidad jurídica, libertad de expresión, vida privada y nombre de Vicky Hernández en su condición de mujer trans, en virtud de los estereotipos y prejuicios existentes en relación a las trabajadoras sexuales trans. / This professional sufficiency report focuses on the ruling issued by the Inter-American Court of Human Rights in the case of Vicky Hernández et al. Honduras. The main issue focuses on determining the responsibility of the State of Honduras before the inter-American system for the lack of trial and the death of Vicky Hernández due to her status as a trans woman. The methodological approach is based on the application of international instruments, including the Convention of Belém do Pará, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the International Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination and Intolerance and the American Convention on Human Rights. Likewise, the jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights in relevant cases, such as Atala Riffo and Girls vs. Chile, Flor Freire vs. Ecuador, Duke vs. Colombia and Azul Rojas Marín and another vs. Peru. In addition, the pertinent doctrine that addresses the rights violated in the present case is considered. In conclusion, it is determined that the State of Honduras is responsible before the inter-American system for the violation of the rights to equality and non-discrimination, life, personal integrity, judicial guarantees, judicial protection, recognition of legal personality, freedom of expression, private life and name of Vicky Hernández as a trans woman, due to existing stereotypes and prejudices in relation to trans sex workers.

El presente informe busca dar respuesta a la interrogante de si el Estado de Ecuador ha vulnerado los derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos en el caso de la menor Paola Guzmán Albarracín, a raíz de los acontecimientos ocurridos en una institución educativa pública de dicho país durante el año 2002. Para alcanzar dicho objetivo, se revisó la normativa interna de Ecuador, que incluyó a la Constitución, el Código Civil, el Código Penal, así como leyes y decretos ejecutivos. Ello con la finalidad de determinar si se agotaron todas las instancias internas antes de presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, se analizó la normativa internacional y jurisprudencia relacionada con los derechos humanos de las niñas, especialmente en lo que respecta a la protección que deben recibir en el entorno educativo y judicial; y se hizo referencia a la doctrina desarrollada en relación a los principales problemas jurídicos planteados en este caso. Todo ello se realizó con la finalidad de demostrar de manera concluyente que, efectivamente, el Estado de Ecuador vulneró los derechos de la menor Paola Guzmán Albarracín, en particular, su derecho a una vida libre de violencia sexual en el ámbito educativo, a las garantías judiciales y a la protección judicial. Con ello se espera contribuir al análisis crítico de la situación jurídica y de derechos humanos de la menor Paola Guzmán Albarracín en el contexto del sistema legal ecuatoriano y reflexionar en base a las obligaciones internacionales que asumió el Estado de Ecuador. / This paper aims to address the question of whether the State of Ecuador has failed to comply with the rights recognized in the American Convention on Human Rights in the case of the minor Paola Guzmán Albarracín, as a result of the events that occurred in a public educational institution in that country in 2002. To attain this purpose, Ecuador's domestic legislation was reviewed, which included the Constitution, the Civil Code, the Criminal Code, as well as laws and executive decrees. The purpose was to determine whether all domestic instances had been exhausted before bringing the case before the Inter-American Court of Human Rights. In addition, international legislation and jurisprudence related to girls' human rights were analyzed, especially with regard to the protection they should receive in the educational and judicial environment; and reference was made to the doctrine developed in relation to the main legal problems raised in this case. All of this was done with the purpose of conclusively demonstrating that, effectively, the State of Ecuador infringed the rights of the minor Paola Guzmán Albarracín, in particular, her right to a life free of sexual violence in the educational environment, to judicial guarantees and to judicial protection. The aim is to contribute to the critical analysis of the legal and human rights situation of the minor Paola Guzmán Albarracín in the context of the Ecuadorian legal system and to discuss the international obligations assumed by the State of Ecuador.

La doctrina del control de convencionalidad supone, entre otras, una contestación de la Corte IDH a la pregunta sobre el valor jurídico de su jurisprudencia. En síntesis, afirma que la exégesis sobre la CADH y otros tratados interamericanos, contenida en sus sentencias y opiniones consultivas, tiene un carácter vinculante y un efecto erga omnes en aquellos Estados que han reconocido su competencia (contenciosa o consultiva). Por ello, dirá la Corte IDH, que toda autoridad nacional, sin excepción, debe cotejar su ordenamiento y prácticas domésticas a la luz de los pronunciamientos interamericanos y, de haber contradicción, decantarse por estos segundos. Desde entonces, se ha producido una divergente respuesta tanto al interior de las altas cortes nacionales como de la doctrina académica. La presente investigación, no solo pretende narrar la historia de esta figura, para luego categorizar su concepto (capítulo II), sino también presentar el vigente debate judicial y académico que ha generado (capítulo III). Asimismo, intenta poner en discusión, desde el Derecho Internacional Público y el Derecho Constitucional, aquel extremo que señala a la jurisprudencia interamericana como parámetro obligatorio y de efectos “frente a todos” (capítulo IV). Finalmente, busca comprender cómo la reconfiguración del concepto de “soberanía” estatal y la irrupción del derecho internacional de los derechos humanos, terminada la II Guerra Mundial, ha hecho posible que arribemos a reflexiones y controversias de este tipo (capítulo I). La conclusión principal a la que llegamos es que, sin poner en duda la importancia del rol interpretativo que desenvuelve la Corte IDH, la fundamentación con la que se pretende respaldar a la doctrina del control de convencionalidad es endeble e insuficiente. Es más, no solo existen inconsistencias teóricas al interior de la propuesta, sino también inminentes riesgos para el desenvolvimiento de un régimen democrático en un Estado Constitucional de Derecho.

A raíz de 1) la problemática en el plano empírico sobre el alarmante incremento y recurrencia de la criminalización de los defensores de los derechos de los pueblos indígenas que ha generado una crisis mundial, regional y nacional; junto a 2) la problemática en el plano jurídico-conceptual en el SIDH respecto a la ceguera conceptual de la Corte IDH sobre los casos de criminalización de defensores de los derechos de los pueblos indígenas, se propone una herramienta conceptual para un análisis más completo de los casos de criminalización de estos defensores en la Corte IDH: el enfoque estructural. Se elabora esta herramienta conceptual como un marco de cinco elementos a seguir por los operadores jurídicos para la identificación y análisis de estos casos: 1) la identificación de aspectos comprendidos bajo el concepto interamericano de “criminalización”, 2) la pertenencia a uno de los grupos de defensores más afectados: defensores de DPI, 3) la identificación de los principales actores que ejercen o promueven la criminalización, 4) las principales formas de criminalización y 5) los efectos de la criminalización de defensores de DPI. Finalmente, se demuestra un análisis más completo de casos sobre la criminalización de estos defensores de usarse la herramienta conceptual propuesta mediante la ejemplificación de las ventajas de este enfoque en casos pasados analizados de forma incompleta por la Corte IDH. No obstante, esta respuesta conceptual a la doble problemática de la criminalización de los defensores de los derechos de los pueblos indígenas no pretende agotar la solución, asimismo, aun presenta conceptualmente oportunidades de desarrollo a futuro.