Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

This article addresses diverse perspectives concerning relationship between reviewing (laws) for compliance and the process of putting international law of human rights on a constitutional footing. Therefore, a parallel is established between reviewing (laws) for compliance and constitutional review (laws) in order to outline features and application impact of this research. The design of a multi-level protection system for fundamental rights in Latin America is also discussed in this article. / El presente artículo aborda aspectos relativos a la relación entre el control de convencionalidad y el proceso de constitucionalización del derecho internacional de los derechos humanos. Así, se establece un paralelo entre el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad, a fin de determinar las características y el impacto de la aplicación del examen mencionado. El documento da cuenta de la configuración de un sistema de protección multinivel de los derechos fundamentales en Latinoamérica.

En el presente informe jurídico se realiza un análisis de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Alfredo Lagos del Campo vs. Perú. Esta es la primera en la cual la Corte IDH declara violado el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos sobre los derechos económicos sociales y culturales. Este caso es sobre el despido por falta grave del señor Alfredo Lagos del Campo en su condición de presidente del Comité Electoral de la comunidad industrial de la empresa industrial Ceper-Pirelli, en el marco de la Constitución de 1979 y la Ley 24514. En esa medida, luego de presentar los principales hechos de fondo y procesales, se procede a desarrollar los problemas jurídicos relativos a la justiciabilidad de los derechos laborales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos; la libertad de expresión de los representantes de los trabajadores y su fundamento democrático; el derecho a la estabilidad laboral —con referencias a su desarrollo nacional—; los derechos a las garantías judiciales y a un recurso efectivo; y su reparación ante el sistema interamericano.

Esta tesis tiene el objetivo de analizar algunos casos peruanos relacionados con el conflicto armado interno que vivió el Perú entre 1980 y 2000. En tales casos examinados por la Corte Interamericana, el Estado peruano ha sido condenado por haber cometido violaciones de derechos humanos. El análisis de los casos tiene la finalidad de constatar qué tipo de vulneraciones el Estado peruano ha cometido, qué condena la Corte Interamericana le ha asignado y cuál es el estado de cumplimiento de tales sentencias, a fin de formular algunas recomendaciones para la efectiva reparación de los afectados. En primer lugar, explicando la evolución del sistema interamericano de derechos humanos, su estructura y funcionamiento, se realizará un breve resumen de cuáles son los requisitos para que el ciudadano pueda formular una denuncia y cuál es su procedimiento en el seno de la comisión interamericana y de la Corte Interamericana (COIDH). En segundo lugar, después de una introducción a los actores armados del conflicto y a las secuelas de la violencia, la tesis se centra en el análisis de ocho sentencias en las que la corte condena al Estado peruano por haber cometido principalmente vulneraciones del derecho a la vida, del derecho a la integridad física, del derecho a la libertad personal y del derecho a un debido proceso, entre otros. En tercer lugar, ante la vulneración de tales derechos, constataremos que las sentencias de la CIDH ordena diferentes reparaciones que el Estado peruano tiene la obligación de ejecutar a cabalidad. La tesis concluye con la formulación de diferentes recomendaciones a fin de que se logre reparar de manera efectiva a las víctimas, en salvaguarda de sus derechos fundamentales a las que cualquier homenaje jamás será suficiente para compensar el sacrificio que han tenido injustamente que padecer.

EL caso Atala Riffo y niñas vs. Chile constituye un hito en materia de igualdad y no discriminación, al ser la primera vez que en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se reconoce la orientación sexual como categoría protegida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, este fallo presenta una serie de omisiones en el reconocimiento de la vulneración de dos derechos en específicos: el derecho a la no discriminación por razón de genero y el derecho a la garantía de imparcialidad. En el presente caso, se buscará determinar la existencia de dichas violaciones mediante un análisis crítico. / The case of Atala Riffo and girls vs. Chile is a milestone in terms of equality and nondiscrimination, as it is the first time that the Inter-American Human Rights System recognizes sexual orientation as a category protected by the American Convention on Human Rights. However, this ruling presents a series of omissions in the recognition of the violation of two specific rights: the right to non-discrimination based on gender and the right to guarantee impartiality. In the present case, the existence of said violations will be determined through a critical analysis.

El presente informe jurídico busca cuestionar el análisis de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Empleados de la fábrica de fuegos en Santo Antonio de Jesús vs. Brasil, publicada el 15 de julio de 2020. El principal argumento es que la Corte realiza un análisis limitado porque no adopta un enfoque laboral para determinar la vulneración de los derechos, a pesar de que el hecho generador sea un accidente de trabajo; sumado a que, tampoco se desarrolla a profundidad la responsabilidad en la protección y respeto de los derechos humanos por parte de las empresas. En ese sentido, se cuestiona la falta de aplicación de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (PREDH) como criterio de análisis; la falta de pronunciamiento sobre otros derechos que también resultaron afectados como consecuencia de la vulneración al derecho a condiciones equitativas y satisfactorias en la seguridad, salud e higiene en el trabajo, como son los derechos a la salud y a la seguridad social; y el análisis de la dimensión judicial de este último. A manera de conclusión, se señala que si bien el Estado es responsable por las violaciones de los derechos imputados, el análisis es limitado por las razones anteriores y repercute en las medidas de reparación que ordena la Corte. Sobre estas, se sugiere que deben estar orientadas a la protección del derecho a la seguridad y salud en el trabajo en un marco general y en los trabajos de alto riesgo. / This legal brief seeks to question the analysis of the Inter-American Court of Human Rights in the judgment of Employees of the Santo Antonio de Jesus fireworks factory vs. Brazil, published on July 15, 2020. The main arguments are that the Court's argumentation is limited because it does not adopt a labor approach, even though the triggering event is an accident at work. In addition, the violation of the right to equitable and satisfactory conditions of safety, health and hygiene at work is focused on the lack of State control, without considering that companies are also responsible for the protection and respect of human rights. In this sense, the lack of application of the Guiding Principles on Business and Human Rights as a criterion of analysis is questioned since it prevents an enriching pronouncement on the matter; as well as the fact that the affectation of other rights as a result of the violation of the right to equitable and satisfactory conditions in safety, health and hygiene at work, such as the right to health and social security, has been ignored, or that the judicial dimension of the right has not been considered as a relevant point of analysis to determine the responsibility of the State. By way of conclusion, it is noted that although the State is responsible for the violations of the rights imputed, the analysis is limited for the above reasons and has repercussions on the reparation measures ordered by the Court. Regarding these, it is suggested that they should be oriented to the protection of the right to safety and health at work in a general framework and in high-risk jobs.

En el presente informe jurídico se analiza la sentencia del Caso Pavez Pavez Vs. Chile resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 04 de febrero de 2022, a la luz del principio de igualdad y no discriminación frente a los límites del derecho a la libertad religiosa de las autoridades eclesiasticas. En específico, se examina la existencia de responsabilidad internacional del Estado chileno por la violación de los derechos a la igualdad ante la ley, el acceso a la función pública, a la libertad personal, a la vida privada, al trabajo, a las garantías judiciales y a la protección judicial (amparados en la Convención Americana de Derechos Humanos) debido a la revocatoria del certificado de idoneidad para el ejercicio de la docencia de la señora Sandra Pavez Pavez. En efecto, se observa que dicha revocatoria se dio ya que se hizo pública su orientación sexual, por lo que se analiza el desarrollo jurisprudencial de esta categoría protegida frente a actos discriminatorios en relación a los derechos a la vida privada, libertad personal, acceso a la función y trabajo. Finalmente, se da cuenta de que, al no existir un recurso eficaz en la jurisdicción chilena, nunca se pudo impugnar los efectos de la decisión de revocarla. En atención a ello, en el presente informe se emplea una metodología dogmática y exegética, donde se utilizan normas y estándares internacionales que ofrece el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. / This legal report analyzes the sentence of the Case Pavez Pavez Vs. Chile resolved by the Inter-American Court of Human Rights on February 4, 2022, in light of the principle of equality and non-discrimination regarding the limits of the right to freedom of religion of the ecclesiastical authorities. Specifically, the report analyzes the existence of international responsibility of the Chilean State for the violation of the rights to equality before the law, access to public service, personal freedom, private life, work, judicial guarantees and judicial protection (protected by the American Convention on Human Rights) due to the revocation of the certificate of suitability for the exercise of teaching of Mrs. Sandra Pavez Pavez. Indeed, it is observed that said revocation occurred since his sexual orientation was made public, for which reason the jurisprudential development of this protected category is analyzed against discriminatory acts in relation to the rights to private life, personal freedom, access to function and work. Finally, it is realized that, since there is no effective remedy in the Chilean jurisdiction, it was never possible to challenge the effects of the decision to revoke it. To reach this objective, this report integrates a dogmatic and exegetical methodology, and international norms and standards offered by International Human Rights Law are used.

El objeto de análisis del presente informe se centra en la interpretación empleada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del artículo 23.2 de la Convención Americana realizada en la sentencia Petro Urrego vs. Colombia. El artículo dispone que la única vía para restringir derechos políticos es el proceso penal, y en la argumentación empleada por los magistrados en el caso Petro Urrego, se reafirma que el artículo es taxativo. Así, toda restricción de derechos políticos que no se encuentre contemplada en el artículo 23 de la Convención, atentará contra la misma. Ello es problemático, ya que genera incompatibilidad con otra vía que restringe los derechos políticos pero no es de naturaleza penal, como el caso del juicio político. Por ello, se realizará un análisis de la línea jurisprudencial de la Corte respecto a la naturaleza del artículo 23.2, abordando la restricción de derechos políticos. Así, se identificarán cuáles son las excepciones que la Corte ha considerado para regular o restringir estos derechos. En segundo lugar, se abordará cómo debería interpretarse el artículo 23.2 a fin de mantener la convencionalidad del juicio político. Para ello, se hará referencia al voto concurrente del magistrado García Sayán, quien propone superar la interpretación taxativa del artículo 23 de la Convención aplicando los criterios de interpretación sistemática, evolutiva y teleológica. Finalmente, se evaluará si el juicio político cumple con los requisitos fijados por la Corte para considerarse, excepcionalmente, como una vía de restricción de los derechos políticos que no atente contra la Convención. / The object of analysis of this report focuses on the interpretation used by the Inter-American Court of Human Rights of article 23.2 of the American Convention in the Petro Urrego v. Colombia judgment. The article provides that the only way to restrict political rights is through a penal instance, and in the argumentation used by the judges in the Petro Urrego case, it is reaffirmed that the article is restrictive. Moreover, any restriction of political rights that is not contemplated in article 23 of the Convention will violate it. This is problematic, since it generates incompatibility with another instance that restricts political rights but is not of a criminal nature, such as impeachment. Therefore, an analysis will be made of the jurisprudential line of the Court regarding the nature of article 23.2, addressing the restriction of political rights. Thus, the exceptions that the Court has considered to regulate or restrict these rights will be identified. Secondly, it will be addressed how article 23.2 should be interpreted in order to maintain the conventionality of the impeachment trial. For this purpose, reference will be made to the concurring vote of Justice Garcia Sayan, who proposes going beyond the restrictive interpretation of article 23 of the Convention by applying the criteria of systematic, evolutionary and teleological interpretation. Finally, it will de evaluated whether the impeachment trial meets the requirements established by the Court to be considered, exceptionally, as a way of restricting political rights that does not violate the Convention.

La investigación que se desarrolla en este informe se justifica en la relevancia de los problemas jurídicos encontrados en la sentencia, siendo el principal el relativo al derecho a la salud, y el análisis que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre su vulneración, con miras a consolidar y precisar el cambio de su jurisprudencia en materia de Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales (en adelante DESCA). De igual importancia, es el análisis de la vulneración de otros derechos como el derecho a la vida, integridad personal, protección judicial, y garantías judiciales; en su relación con el derecho a la salud; así como el de la afectación del derecho a la integridad personal de familiares de víctimas directas de violaciones de sus derechos humanos, y el cumplimiento del principio de reparación integral. El objetivo de este trabajo es sustentar una posición respecto a la resolución brindada por la corte aludida, contribuyendo así al debate en materia de DESCA, en base al estándar de protección de derechos establecido por esta y la normativa internacional pertinente en la materia. Conforme lo anterior, en este informe sostenemos la pertinencia de la consolidación de la judiciabilidad directa de los DESCA a través de la corte en mención, y el sustento brindado para esta.