El presente informe de suficiencia profesional se basa en la sentencia de la Corte IDH sobre el caso Olivera Fuentes vs Perú. En dicha decisión, se declaró la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos a la vida privada, garantías judiciales, igualdad ante la ley y protección judicial en perjuicio del señor Olivera Fuentes. Esta vulneración se produjo debido a las respuestas administrativas y judiciales brindadas por las autoridades frente a la denuncia interpuesta por el peticionario, alegando que fue discriminado en la cafetería de un supermercado debido a su orientación sexual. El problema principal analizado en el trabajo consiste en determinar la responsabilidad internacional del Estado por la vulneración de derechos del peticionario. A partir de ello, se examina si es que el Estado es responsable por la comisión de actos de discriminación cometidos por particulares, específicamente por la empresa de supermercado que llevó a cabo el acto de discriminación. Asimismo, se analizan los alcances de la vulneración de los derechos a la vida privada, igualdad ante la ley y libre desarrollo de la personalidad en relación a la orientación sexual del peticionario y la prohibición de discriminación. Finalmente, se evalúan los alcances de la inversión de la carga de la prueba en la relación de consumo que existía entre la empresa y el cliente para determinar el acto de discriminación en la cafetería. Ello se realiza como parte del análisis planteado para los derechos a la protección judicial y garantías judiciales del demandante. / The present professional sufficiency report is based on the judgment issued by the Inter-American Court of Human Rights in the case of Olivera Fuentes vs. Peru. In said ruling, the international responsibility of the State was declared for the violation of Mr. Olivera Fuentes' rights to privacy, judicial guarantees, equality before the law, and judicial protection. This violation occurred as a result of the administrative and judicial responses provided by the authorities in response to the petitioner's complaint, alleging discrimination in a supermarket cafeteria due to his sexual orientation. The main issue addressed in this report is to determine the State's international responsibility for the petitioner's rights violation. As such, an examination is conducted to ascertain whether the State bears responsibility for acts of discrimination committed by private individuals, specifically by the supermarket company that engaged in the discriminatory act. Furthermore, an analysis is conducted on the extent of the violation of rights to privacy, equality before the law, and the free development of personality with regard to the petitioner's sexual orientation and the prohibition of discrimination. Finally, an evaluation is made of the implications of the burden of proof reversal in the consumer relationship between the company and the client, aimed at determining the act of discrimination in the cafeteria. This assessment is undertaken as part of the analysis proposed for the petitioner's rights to judicial protection and judicial guarantees.

El presente informe tiene como objetivo analizar el caso Habbal y otros vs Argentina, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En dicha sentencia se evaluó el caso de la señora Raghda Habbal y sus hijas, a quienes la Dirección Nacional de Población y Migraciones de Argentina les declaró nula sus radicaciones, pese a tener nacionalidad y residencia permanente argentina. Con dicho acto, se declaró ilegal su presencia en Argentina, se ordenó su expulsión inmediata del país y su detención precautoria. Para realizar el análisis, se ha tomado en consideración una evaluación por cada derecho afectado, diferenciándolo conforme con la calidad migratoria de cada miembro de la familia Habbal. Con ello, se demostró que la Corte IDH perdió una oportunidad para establecer y generar nuevos estándares en materia de movilidad humana que incluyeran temas como nacionalidad, apatridia, niñez, debido proceso, entre otros. Para ello, el presente trabajo se enfocó en los instrumentos jurídicos internacionales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, incluyendo la Convención Americana de Derechos Humanos, jurisprudencia y opiniones consultivas, así como normativa que ofrece un enfoque en la niñez, como la Convención sobre los Derechos del Niño. En este sentido, el análisis parte del herramientas metodológicas y documentales y no considera herramientas cualitativas y/o cuantitativas. / The purpose of this report is to analyze the case of Habbal et al. v. Argentina, decided by the Inter-American Court of Human Rights. This judgment evaluates the case of Raghda Habbal and her daughters who, having Argentine nationality and permanent residence, respectively, the National Directorate of Population and Migration issued Resolution No. 1088, which declared their residency null and void. Said act implied that their presence in Argentina was declared illegal, their immediate expulsion was ordered, and their precautionary detention was ordered. To conduct the analysis, an evaluation of each right affected was taken into consideration, as well as the migratory status of each family member of the Habbal family. This showed that the Inter-American Court of Human Rights missed an opportunity to establish and generate new standards on human mobility, including issues such as nationality, statelessness, children, due process, among others. To this end, this paper has focused on the international legal instruments of the Inter-American Human Rights System, including the American Convention on Human Rights, jurisprudence, and advisory opinions, as well as norms that offer a focus on children, such as the Convention on the Rights of the Child. In this sense, the analysis is based on methodological and documentary tools and does not consider qualitative and/or quantitative tools.

En el proceso de selección para un puesto de trabajo en el Ministerio de Hacienda de Costa Rica se produjeron situaciones arbitrarias para la elección. Por ello, en este informe se analiza el Caso Guevara Díaz vs. Costa Rica, recaído en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 22 de junio del 2022. En este caso, la Corte colige que el Estado de Costa Rica es responsable por discriminación por razón de discapacidad, en perjuicio del señor Guevara Díaz durante el proceso de selección para el puesto de trabajador misceláneo en el Ministerio de Hacienda. En este sentido, el presente informe analiza y critica los principales puntos de cuestionamiento realizados por la Corte referidos al reconocimiento de responsabilidad estatal, la discapacidad como categoría protegida dentro del mandato de no discriminación, así como la obligación de reparación del Estado. La metodología utilizada en el presente informe se centra en el estudio jurídico de los derechos involucrados en la Convención Americana de Derechos Humanos, así como otros instrumentos internacionales pertinentes como la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y otras fuentes de derecho relevantes como la doctrina. / In the selection process for a job position in the Ministry of Finance of Costa Rica, there were arbitrary situations for the election. Thus, this report analyzes the Case of Guevara Díaz vs. Costa Rica, which is the result of the judgment of the Inter-American Court of Human Rights of June 22, 2022. In this case, the Court concludes that the State of Costa Rica is responsible for discrimination on the basis of disability, to the detriment of Mr. Guevara Díaz during the selection process for the position of miscellaneous worker in the Ministry of Finance. In this sense, this report analyzes and criticizes the main points of questioning made by the Court regarding the recognition of State responsibility, disability as a protected category within the mandate of non-discrimination, as well as the State's obligation to provide reparations. The methodology used in this report focuses on the legal analysis of the rights involved in the American Convention on Human Rights, as well as other relevant international instruments such as the International Convention on the Rights of Persons with Disabilities, the jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights, and other relevant sources of law such as doctrine.

A partir de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos referida al Caso Habitantes de La Oroya vs. Perú, examino si el Estado peruano es responsable por la vulneración de los derechos al medio ambiente sano, salud, circulación y residencia, acceso a la información y participación política en detrimento de 80 habitantes oroyinos; así como por la afectación de los derechos de la niñez en perjuicio de 57 habitantes oroyinos que, cuando eran niños, vieron vulnerados sus derechos. Para ello, resalto que las violaciones ocurridas se encuentran aunadas a las actividades contaminantes derivadas del Complejo Metalúrgico de La Oroya. Ahora bien, con el fin de realizar mi análisis sobre el caso, he recurrido a fuentes normativas, jurisprudenciales y doctrinales pertinentes y conexas, las cuales me permitieron arribar a la conclusión de que el Estado peruano sí es responsable. Primero, el Perú no tomó en consideración el principio de desarrollo sostenible al ejecutar, regular y supervisar la actividad metalúrgica en La Oroya, tampoco brindó la atención medica necesaria a la población afectada por la contaminación; y la degradación ambiental menoscabó la libre circulación por la ciudad y motivó desplazamientos forzados. Segundo, los oroyinos no pudieron acceder eficientemente a la información medioambiental sobre el estado de su ciudad ni tampoco participar activamente para transmitir sus intereses y preocupaciones socioambientales a las autoridades. Tercero, las y los niños oroyinos vieron afectados sus derechos a la salud, integridad y vida digna de una manera alarmante considerando su vulnerabilidad intrínseca. / Based on the judgment of the Inter-American Court of Human Rights referring to the Case of Inhabitants of La Oroya v. Peru, examined whether the Peruvian State is responsible for the violation of the rights to a healthy environment, health, movement and residence, access to information and participating in public affairs to the detriment of 80 inhabitants of La Oroya; as well as the impact on children's rights to the detriment of 57 inhabitants of La Oroya who, when they were children, saw their rights violated. For this, it is considered that the violations that occurred are linked to the polluting activities derived from the La Oroya Metallurgical Complex. To carry out my analysis of the case, I have resorted to relevant and related normative, jurisprudential, and doctrinal sources, which allowed me to reach the conclusion that the Peruvian State is indeed responsible. First, Peru did not take into consideration the principle of sustainable development when executing, regulating, and supervising the metallurgical activity in La Oroya, nor did it provide the necessary medical care to the population affected by the pollution; and environmental degradation undermined free movement around the city and led to forced displacement. Second, the people of La Oroya were unable to efficiently access environmental information about their city, nor did they actively participate in transmitting their socio-environmental interests and concerns to the authorities. Third, La Oroya's children saw their rights to health, integrity and a dignified life affected in an alarming way considering their intrinsic vulnerability.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo busca analizar de forma doctrinaria y jurisprudencial el impacto que sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos puedan tener en el desarrollo progresivo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos cuando éstas tengan como sujeto principal comunidades indígenas. Para realizar este estudio se analizó una vasta recopilación de bibliografía y jurisprudencia internacional relativa tanto al derecho internacional de los derechos humanos como a comunidades indígenas. Con la información provista por estas fuentes se pasó a analizar 10 sentencias de la Corte Interamericana cuyos criterios interpretativos y conclusiones demuestran la hipótesis de esta tesis. Como resultado se obtuvo un trabajo esquematizado, que de manera concreta y práctica permite al lector identificar qué, cómo, y porqué particularidades y costumbres de comunidades indígenas son tomadas en consideración por un tribunal regional de Derechos Humanos al momento de dilucidar un conflicto y de paso llevar hacia adelante la protección de los pueblos indígenas en el ámbito del derecho internacional.

The text describes the main progress in depicting the LGBTI topic in the Inter-American area. It begins with the analysis of some conceptual issues that are crossed to the topic and discuss the importance of including political commitments and statements in the resolutions adopted by the General Assembly of OAS (Organization of American States) related to the LGTBI community protection. Even though, a few cases have gone to the Inter-American Commission on Human Rights, some landmark cases have deserved the Inter-American Court of Human Rights opinion. This produces an interesting case law on the matter. Finally, the text covers the latest Inter-American Convention on human rights adopted by the General Assembly of OAS in 2013, which includes the LGBTI community. That Conventionconstitutes the first regional treaty in force on the matter. / El artículo describe los principales avances que han contribuidoa visibilizar la temática de las Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis e Intersexuales (LGBTI) a nivel interamericano. Para ello, comienza con el análisis de algunas cuestiones conceptuales que son transversales al tema y discute la importancia que tiene la inclusión de varios compromisos políticos y declaraciones en las resoluciones de la Asamblea General de la OEA referentes a la protección de la comunidad LGBTI. Si bien aún pocos casos han llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, algunos casos emblemáticos han merecido el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que ya genera una jurisprudencia interesante sobre el tema. Finalmente, el texto aborda el contenido de la más reciente Convención Interamericana sobre derechos humanos adoptada por la Asamblea General de la OEA en 2013, la cual incluye dentro de su ámbito de aplicación al colectivo LGBTI. Así, dicha Convención constituye el primer tratado regional en vigor referido a la materia.

This  article  has  as  aim  to  reflect  about  the  protection  of economic, social and cultural rights before the regressive measures adopted by governments in Latin America, as well as of the different levels of jurisdictional tutelage that those receive. The document develops the concept of a regressive measure and the scope of the non-regression principle, furthermore, it shows the experience of the Constitutional Courts from Peru and Colombia and the organs of the Interamerican System of Human Rights regarding the protection of social rights. / El presente artículo tiene por propósito plantear una reflexión sobre la protección jurisdiccional que reciben los derechos sociales frente a la adopción de medidas regresivas en Latinoamérica por parte de los Estados, así como de los diversos grados de tutela jurisdiccional que aquellos reciben. El artículo desarrolla la noción de regresividad y los alcances del principio de prohibición de regresividad, así como la experiencia  de las Cortes Constitucionales de Perú y Colombia y de los órganos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en torno a la protección de los derechos sociales.

In the last few years, an ever growing number of States have recognized same-sex marriage. For that reason, it is important to ask what would happen if two same-sex individuals that have legally contracted marriage in another countrywould sue for its recognition in Peru. The authors of this article study the courses ofaction available to legal operators facing this situation, in the context of the public policy exception and International Human Rights Law.For that purpose, they analize European and Inter-American case-law on the matter and offer a way forward on how to solve conflicts between foreign law, domestic law, and human rights. / Durante los últimos años, cada vez más ordenamientos jurídicos han regulado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es importante por ello preguntarse qué sucedería si dos personas del mismo sexo que hayan contraído matrimonio legalmente en otro país exigieran que el mismo fuera reconocido en Perú.Los autores de este artículo indagan sobre las posibilidades de acción de los operadores jurídicos ante esta situación, en el marco del orden público internacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Para ello, analizan jurisprudencia tanto europea como interamericana sobre el tema, además de ensayar una solución sobre cómo resolver conflictos entre los ordenamientos extranjeros, la normativa nacional y los derechos humanos.

In this article I develop a normative theory of the subsidiarity principle in international adjudication, which seeks to offer a balanced answer to the question of to what extent is it legitimate for a body such as the European Court of Human Rights to interfere with the national criteria in the face of a complaint on conventional rights violation. In contrast with demands for greater deference to states in both Europe and Latin America, based on a statist idea of subsidiarity, I articulate a «cooperative» understanding of the ideas of human rights and the principle of subsidiarity, linking them to Buchanan’s notion of ecological legitimacy. The proposal I defend leads to a division of institutional labor within regional human rights systems that increases the legitimacy of all the institutions involved. At the same time, I devote the last part of the paper to implement such cooperative view, on the one hand, showing the importance of an incremental logic in the effective protection of human rights and, on the other hand, offering a rationalized version of the national margin of appreciation doctrine. / En este trabajo desarrollo una teoría normativa del principio de subsidiariedad en la adjudicación internacional que pretende ofrecer una respuesta equilibrada a la pregunta de hasta qué punto es legítimo para un órgano como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos interferir en el criterio estatal cuando valora una denuncia por violación de derechos convencionales. Frente a las demandas de una mayor deferencia hacia los Estados que encontramos tanto en Europa como en Latinoamérica, basadas en una idea estatista de la subsidiariedad, articulo una concepción «cooperativa» de los derechos humanos y del principio de subsidiariedad, uniéndolas a la idea de legitimidad ecológica sugerida por Buchanan. La propuesta que defiendo conduce a una división del trabajo institucional dentro de los sistemas regionales de derechos humanos que aumenta la legitimidad de todas las instituciones involucradas. Al mismo tiempo, desarrollo una forma de implementar esta concepción cooperativa, por una parte, mostrando la importancia de una lógica incremental en la protección efectiva de derechos humanos y, por otra parte, ofreciendo una versión racionalizada de la doctrina del margen de apreciación estatal.

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / El Daño al Proyecto de Vida es un concepto frecuentemente utilizado por el sistema Interamericano de Derechos Humanos y que ha ido desarrollándose paulatinamente a través de la doctrina. Sin embargo, éste no se encuentra recogido positivamente tanto a nivel internacional como interno, dificultando por ello su aplicación e interpretación. En el presente trabajo se busca unificar la información disponible relacionada a la conceptualización de esta categoría de daño para analizar su posible incidencia en el ordenamiento chileno. Lo anterior se realiza mediante la revisión de dos casos nacionales paradigmáticos: el de la pastora aymara Gabriela Blas, condenada penalmente por el abandono de su hijo, y de la iniciativa impulsada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual para promover la incorporación del matrimonio igualitario en la legislación chilena. Nace como principal interrogante y desafío de esta investigación analizar el nivel de flexibilidad que permite el concepto de Daño al Proyecto de Vida y, a contrario sensu, delimitar adecuadamente su extensión. La tarea no resulta sencilla. En efecto, se aborda esta labor mediante la aplicación de los requisitos establecidos, fundamentalmente, por la doctrina para la configuración del Daño al Proyecto de Vida a situaciones no enfrentadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como es el caso de los derechos colectivos y de la omisión como origen de la transgresión. Estos objetivos implican necesariamente relacionar nuestro ordenamiento interno, tanto en su faceta pública como privada, con el sistema internacional de los derechos humanos para establecer de qué forma podría incluirse y aplicarse a situaciones amparadas por la normativa chilena