El presente artículo aborda las problemáticas relacionadas a la notificación del hecho infractor, tanto en su contenido como en la oportunidad de notificación, las cuales tienen incidencia directa en plena efectividad del derecho de defensa en el procedimiento administrativo sancionador. Como parte del proceso de constitucionalización del Derecho Administrativo, se propone la aplicación del estándar más garante del derecho a la comunicación previa y detallada de la acusación, frente a los tradicionales límites-garantías al ius puniendi de la Administración. Así, de la interpretación de la Corte Interamericana se desprende que los Estados deben alejarse del principio de confianza, toda vez que la notificación del hecho infractor requiere transitar por los canales oficiales, en aras de maximizar la vigencia del derecho de defensa. Con todo ello, se dilucida una tarea pendiente del legislador y los administradores de justicia para adecuarse al nuevo estándar establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para todas relaciones procesales entre el Estado y el privado, en particular, en el procedimiento administrativo sancionador. / This article addresses the problems related to the notification of the infringing act, both in its content and in the opportunity of notification, which have a direct impact on the full effectiveness of the right of defense in the administrative sanctioning procedure. As part of the process of constitutionalization of Administrative Law, the application of the standard plus guarantee of the right to prior and detailed communication of the accusation is proposed, compared to the traditional limitsguarantees to the ius puniendi of the Administration. Thus, from the interpretation of the Inter-American Court it follows that States must move away from the principle of trust, since notification of the infringing act requires going through official channels, in order to maximize the validity of the right of defense. With all this, a pending task for the legislator and the administrators of justice is elucidated to adapt to the new standard established by the Inter-American Court of Human Rights for all procedural relations between the State and the private sector, in particular, in the administrative sanctioning procedure. / Trabajo académico

La sentencia materia de análisis se trata del “Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Su análisis constituye una sentencia histórica, pues se trata de la primera que pretende utilizar de manera generalizada un enfoque de género. Este informe, expone y analiza la desaparición y muerte de 3 mujeres en México, específicamente en Ciudad de Juárez, donde el contexto de violencia contra las mujeres era generalizado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Corte IDH), haciendo uso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Belem Do Para, determina la responsabilidad parcial del Estado de México por el incumplimiento del deber de prevención y la obligación de la diligencia debida. Los objetivos del análisis de este informe son: - determinar si es válido o no el empleo de la Convención Belém Do Pará; por ello, desarrollo el análisis ya hecho por la Corte de cara al contexto del caso y la evolución de corpus juris ; - determinar si México vulneró el deber de prevención respecto de los derechos humanos de las víctimas asesinadas y, por tanto; si omite su deber a la diligencia debida, y si fuera el caso, ¿desde qué momento? y si constituyen vulneraciones en razón de género. - En el caso concreto, se analizará si hubo un conocimiento del contexto de violencia por parte del Estado; que pueda determinar su responsabilidad no solo ex post, sino ex ante del momento de las desapariciones. Asimismo, se intentará determinar cuándo las mujeres se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, que implique que a un Estado se le deba exigir un deber de diligencia reforzado. Sin perjuicio de las conclusiones de este informe, esta sentencia es definitivamente relevante como herramienta jurídica para el amparo de los derechos de las mujeres a nivel regional, y constituye un referente para otros sistemas de jurisdicción internacional.

Este informe tiene como propósito analizar la sentencia expedida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Barbosa de Souza y otros vs. Brasil, el primer caso resuelto en el sistema interamericano de derechos humanos que trata sobre el impacto del uso indebido de la inmunidad parlamentaria procesal en el derecho de acceso efectivo a la justicia. Concretamente, se analizan tres episodios de vulneración de derechos a fin de determinar la responsabilidad del Estado de Brasil: i) las decisiones de la Asamblea Legislativa de Paraíba por las cuales se rechazó levantar la inmunidad parlamentaria del entonces diputado y principal sospechoso de dar muerte a Márcia, Aércio Pereira de Lima, ii) la constante negativa de la Policía Civil de Paraíba para actuar diligencias investigativas en relación a otros cuatro sospechosos de haber participado en los crímenes de homicidio y ocultamiento de cadáver, y iii) el alegado uso de estereotipos de género en el marco del proceso penal seguido contra Aércio. A partir de ello, se establece que el Estado de Brasil es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, consagrados respectivamente en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo tratado internacional y 7.b de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en perjuicio de la madre y el padre de Márcia. / The aim of this report is to analyze the judgment of the Inter-American Court of Human Rights in the Case of Barbosa de Souza et al. v. Brazil, the first case resolved in the Inter-American system for the protection of human rights that deals with the impact of the improper application of procedural parliamentary immunity on the right of effective access to justice. Specifically, three episodes of violation of rights are analyzed in order to determine the responsibility of the State of Brazil: i) the decisions of the Paraíba Legislative Assembly, refusing to lift the parliamentary immunity of the then deputy and main suspect in killing Márcia, Aércio Pereira de Lima, ii) the constant refusal of the Paraíba Civil Police to carry out investigative proceedings in relation to four other suspects of having participated in the crimes of homicide and corpse concealment, and iii) the alleged use of gender stereotypes in the criminal proceedings against Aércio. In conclusion, it is established that the State of Brazil is responsible for the violation of the rights to judicial guarantees and judicial protection, recognized respectively in articles 8.1 and 25 of the American Convention on Human Rights, in relation to articles 1.1 and 2 of the same instrument, and 7.b of the Inter-American Convention to Prevent, Punish and Erradicate Violence against Women, to the detriment of Márcia’s mother and father.

Este informe jurídico tiene como finalidad analizar la sentencia del Caso Comunidades Indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 6 de febrero de 2020, destacando los argumentos principales que consolidan el enfoque de la justiciabilidad directa de los derechos económico, sociales, culturales y ambientales, los denominados derechos “DESCA”. En ese sentido, se describirá el razonamiento interpretativo que realizó la Corte IDH sobre el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) basándose en los criterios de interpretación sistemática, dinámica y evolutiva. De esta manera, se reconoce el carácter autónomo de cada derecho DESCA, como el derecho a un medio ambiente sano, lo cual, nos genera gran expectativa en el alcance de protección a la naturaleza y sus componentes en sí mismos, incluso sin que exista evidencia o certeza de afectación al ser humano. Para realizar este informe, hemos utilizado el método dogmático, debido al objeto de estudio, que se circunscribe en normas o conceptos jurídicos, tratados internacionales, instituciones jurídicas que derivan del cuerpo jurisprudencial del Sistema Interamericano (SIDH). Sumado a ello, nos hemos apoyado de herramientas metodológicas de carácter documental para la búsqueda y sistematización de información. / The purpose of this legal report is to analyze the judgment of the Caso Comunidades Indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina, issued by the Inter-American Court of Human Rights on February 6, 2020, highlighting the main arguments that consolidate the approach of direct justiciability of economic, social, cultural and environmental rights (ESCER). In this sense, we will describe the interpretative reasoning of the Inter-American Court on Article 26 of the American Convention on Human Rights (ACHR) based on criteria of systematic, dynamic and evolutionary interpretation. In this way, the autonomous character of each of these rights is recognized, and on the basis of this autonomy and the content of the protection, the right to a healthy environment generates a great expectation in the scope of the protection of nature and its components in themselves, even without evidence or certainty of human involvement. In preparing this report we have used the dogmatic method, due to the object of study, which is circumscribed in legal norms or concepts, international treaties, legal institutions derived from the jurisprudence of the Inter-American System of Human Rights. In addition to this, we have relied on methodological tools of a documentary nature for the search and systematization of information.

El presente Informe tiene como objetivo exponer y analizar algunos razonamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la resolución del caso Vicky Hernández y otras vs. Honduras, la cual extiende su jurisprudencia en relación con la violencia por prejuicio -desarrollada en el caso de Azul Rojas vs. Perú-, pero en esta ocasión referida a la identidad y expresión de género. El caso es sumamente trascendental ya que es la primera vez que la Corte se pronuncia sobre la aplicación de la Convención de Belém Do Pará para la protección de mujeres trans. La Corte declaró a la República de Honduras como responsable de la violación del derecho a la igualdad y no discriminación, derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a una vida libre de violencia, derecho a la libertad personal, a la vida privada, derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, al nombre, derecho a la libertad de expresión, derecho a la protección judicial y a las garantías judiciales en perjuicio de Vicky Hernández, así como la violación del derecho a la integridad personal de sus familiares. Una de las principales líneas argumentativas de la Corte IDH se relaciona con el estándar de debida diligencia reforzada exigida para la investigación y juzgamiento de la violencia contra las mujeres trans. Asimismo, la Corte IDH ordenó reparaciones que, a diferencia del caso de Azul Rojas Marín y otra contra Perú, responden al contexto de discriminación estructural que posibilita la violencia hacia mujeres trans. Sin embargo, la Corte no aplicó un enfoque interseccional en todo su análisis y los votos singulares de la magistrada Odio y el juez Vio Grossi, constituyen una preocupación para el avance del reconocimiento de derechos de las personas trans en la región, debido a su postura esencialista y binaria sobre el sexo.

El presente artículo académico tiene como principal objetivo presentar una propuesta de interpretación en base a tres niveles de protección que pueda servir como herramienta para la consolidación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de pueblos indígenas. Ello debido a que, hasta el momento, este tribunal internacional ha llevado a cabo un doble estándar dependiendo de si el Estado en cuestión es o no parte del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, denominado para efectos de esta investigación como bifurcación jurisprudencial. Por ello, en la medida en que nos encontramos en un contexto internacional donde los Estados tienden a una práctica extractivista que reproduce despojos históricos a los territorios de los pueblos indígenas, llegamos a la conclusión de que la Corte IDH debe efectuar una fundamentación más sólida y uniforme respecto al derecho de propiedad colectiva de pueblos indígenas: primero, sobre la base de las obligaciones generales establecidas en los artículos 1.1 y 2 de la CADH; segundo, una lectura del artículo 21 de la CADH a la luz del el art. 1 común de los Pactos Internacionales de la ONU; y tercero, la jurisprudencia de la Corte IDH

El objetivo general del presente informe jurídico es analizar la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el caso Atala Riffo y niñas vs. Chile. Se elige esta sentencia debido a que es el primer caso en el que el mencionado Tribunal utiliza la categoría “orientación sexual” como un criterio protegido por el artículo 1.1. de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y, como tal, es la resolución que da inicio a su ya abundante jurisprudencia en materia de protección de los derechos humanos de las personas LGBTI. En esa línea, en atención a lo sucedido con la señora Atala Riffo e hijas, la Corte IDH resalta la trascendencia del principio de igualdad y no discriminación, para la aplicación efectiva de los derechos contenidos en la CADH, tales como la igualdad ante la ley, la vida privada y familiar, las garantías judiciales y la protección específica de las niñas y niños. Es por ello que, a manera de conclusión, se sostiene que en el Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos: (i) es abierta la lista de categorías protegidas por el mandato de no discriminación, (ii) que la aplicación de la ley no debe dar lugar a diferencias de trato motivadas en la orientación sexual, (iii) que la orientación sexual de la madre o del padre no es relevante en un proceso de tenencia, ni en un proceso disciplinario, y (iv) que el derecho humano de las niñas y de los niños, a ser oídos en todo asunto que les afecta, está debidamente protegido por los artículo 8.1 y 19 de la CADH. / The main objective of this legal report is to analyze the Inter-American Court of Human Rights’ sentence in the case Atala Riffo and Children vs. Chile. This sentence was chosen because it’s the first case in which the Court uses the category “sexual orientation” as a criterion protected by article 1.1 of the American Convention on Human Rights. That resolution began the already abundant jurisprudence on protecting LGBTI people’s human rights. In response to what happened with Mrs. Atala Riffo and her daughters, the Inter-American Court highlights the importance of the principle of equality and non-discrimination for the effective application of the rights contained in the Convention, such as equality before the law, private and family life, judicial guarantees and the specific protection of children. In conclusion, it’s argued that in the Inter- American System for the protection of human rights: (i) the list of categories protected by the non-discrimination is open, (ii) the application of the law shouldn´t give rise to differences in treatment based on sexual orientation, (iii) the sexual orientation of the mother or father is not relevant in custody or disciplinary processes, and (iv) the human rights of the children, to be heard in all matters that affect them, is duly protected by articles 8.1 and 19 of the Convention.

Este artículo realiza un análisis de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de admitir o rechazar la reapertura de juicios penales como medida de reparación en casos de violencia basada en género. El texto revisará casos de violencia basada en género en los que la Corte IDH ha otorgado y no ha otorgado dicho remedio en particular, con el fin de identificar los criterios que utiliza para tomar postura. De una evaluación comparada, se extrae que la Corte IDH ha adoptado una tendencia a estimar procedente la reapertura cuando medien situaciones de violencia basada en género en el marco de graves violaciones de derechos humanos durante épocas de conflicto armado no internacional, y como parte de políticas estatales de violencia sistemática. En cambio, en aquellos casos de violencia basada en género donde no se cumplan tales condiciones de hecho, la respuesta de la Corte IDH ha sido de oponerse a dicha solicitud de remedio. Concluiré que la Corte IDH otorga una mayor importancia de afianzar el derecho a la verdad para los casos del primer tipo; y, consecuentemente, se permite limitar ciertas instituciones del derecho penal que entran en tensión en dichos escenarios. / This article analyzes the decisions of the Inter-American Court of Human Rights (IACtHR) to admit or reject the reopening of criminal trials as a measure of reparation in cases of gender-based violence. The text will review cases of gender-based violence in which the IACtHR has granted or refused to grant this particular remedy, in order to identify the criteria it uses to take a position. From a comparative evaluation, it can be seen that the IACtHR has adopted a tendency to consider reopening to be appropriate in situations of gender-based violence in the context of gross human rights violations during times of non-international armed conflict, and as part of state policies of systematic violence. On the other hand, in those cases of gender-based violence where such de facto conditions are not met, the response of the IACtHR has been to oppose such request for reparation. I will conclude that the IACtHR attaches greater importance to upholding the right to the truth in cases of the first type; and, consequently, allows itself to limit certain institutions of criminal law that come into tension in such scenarios. / Trabajo académico

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos se enfoca en las victimas durante todo el procedimiento contencioso pero aun es poco el esfuerzo para medir el impacto de la implementación de las decisiones adoptadas por la Corte en materia de reparaciones, si bien el propio sistema creó un mecanismo de seguimiento, este se ha convertido en un nuevo procedimiento contencioso muchas veces centrado en el estricto cumplimiento de la decisión de fondo pero olvidando la razón de ser del sistema: el interés en promover derechos en la victima. Es en este interés, de esta investigación hacer uso del enfoque de capacidades para poder describir cual es el impacto de las reparaciones en las victimas. La utilidad de este enfoque radica en que permitirá verificar el impacto que tienen las reparaciones en la vigencia de los derechos de las víctimas y así visualizar si efectivamente las reparaciones han logrado hacer pleno capacidades centrales en las victimas que haga reales los derechos convencionales Para lograr este propósito, se propone una metodología de análisis a la luz de la teoría de las capacidades, la cual es aplicada en 4 casos contenciosos seguidos contra el Perú, con la intención de medir como afectaron las reparaciones en el ejercicio de capacidades centrales en las victimas. Además, se explican las ventajas de medir el impacto de las reparaciones a la luz de este enfoque a la luz de los resultados obtenidos de los 4 casos materia de estudio. Al ser este estudio aproximativo y ser pionero en el análisis de impacto desde el enfoque de capacidades se espera que las conclusiones aquí desarrolladas sirvan como punto de partida para otros estudios, aunque como se verá a lo largo de la investigación, la posibilidad de este enfoque abre mayores puertas a otros tipos de análisis multidisciplinarios sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

El presente artículo versará en el análisis de dos sentencias de la Corte IDH en el que se detalla el caso dos mujeres fueron torturadas sexualmente por agentes militares en el periodo del Conflicto Armado Interno. En este análisis se analizará los hechos jurídicamente relevantes del caso, así como también los derechos y artículos tipificados en la Convención Americana de los derechos humanos que fueron violados por el Estado Peruano peruano. Todo ello por la acusación penal contra ellas en base a la ley especial “antiterrorista” tipificada en el Decreto Ley Nº 25475. La hipótesis que la autora buscará argumentar y fundamentar es que las mujeres procesadas por el delito de terrorismo en el Conflicto Armado Interno tenían mayores capas de vulnerabilidad analizado desde la perspectiva de género interseccional. 2. El Decreto Ley Nº 25475 y la violación a estándares internacionales fue la raíz de la violación a los derechos humanos protegidos en la Convención Americana de los Derechos Humanos tales como la libertad personal, la integridad personal, las garantías judiciales y la igualdad y no discriminación hacia las mujeres detenidas por el delito de terrorismo sobrevivientes del delito de violación sexual perpetrado por militares. Por último, se plantearán conclusiones y recomendaciones en base a los objetivos de la autora y búsqueda de justicia en base a las violaciones a los derechos humanos y la casuística real de las miles de mujeres víctimas de tortura sexual dentro del periodo de conflicto armado. / Trabajo académico