¿Qué es aquello que da legitimidad a la intervención del Derecho Penal? Las respuestas a esta pregunta siguen generando debate en la actualidad. De un lado, se apuesta por la protección de bienes jurídicos, mientras que, por otro, se apuesta por la vigencia de la norma. Sin embargo, probablemente la respuesta correcta implique combinar ambas posturas, ya que existen delitos que no encuentran su legitimidad sino en medio de ambos caminos. Este es el caso de delitos como el tráfico de influencias simuladas, pues debido a la naturaleza aparente de las influencias que se invocan no parece afectar ningún bien jurídico concreto, y tampoco transgredir la vigencia de una norma específica. No obstante, el tráfico de influencias, ya sean reales o simuladas es el delito que abre la puerta a los casos de corrupción. En ese sentido, la invocación de influencias, aun simuladas, trastoca el sistema de bienes y servicios de la Administración Pública, pues esta conducta repetida y a gran escala genera la existencia de un mercado paralelo de bienes y servicios de la Administración Pública. Ello, ya que, a diferencia de lo que se cree, los vínculos de reciprocidad negativa (intercambios desiguales entre extraños), son los que sustentan y alimentan la mayor parte de las relaciones humanas. Así, esta situación puede tener cabida a nivel jurídico gracias al criterio de la desorganización de sistemas que permite incorporar las necesidades sociales en la visión tradicional de bien jurídico. En ese contexto, el presente trabajo de investigación analiza de manera crítica cómo el criterio de la desorganización de sistemas y las relaciones de reciprocidad negativa sustentan el bien jurídico del tráfico de influencias simuladas: la vigencia del carácter prestacional de la Administración Pública.

No solamente la Corte Suprema a través de su jurisprudencia, sino también la doctrina nacional, interpretan erróneamente el bien jurídico y el injusto penal contenido en el artículo 401° del CP; esta situación ha llevado no solo a restar suficiencia y aptitud a la pericia que determina el desbalance patrimonial, sino a desnaturalizar el injusto penal contenido en la semántica del delito de enriquecimiento ilícito. Además, la Corte Suprema ha ensayado una misma repuesta respecto a la aptitud del medio de prueba referente a la pericia de desbalance patrimonial, en lo concerniente al delito de lavado de activos, negando que un mismo medio de prueba puede ser visto desde diversos ángulos y no obstante versar sobre un mismo fin -licitud del patrimonio-, los diferentes momentos de la aparición y movimiento del bien, pueden constituir la probanza de diversos tipos penales; esta afirmación, ocurre respecto del delito de enriquecimiento y lavado de activos, pues en determinado momento la situación de la posesión directa o indirecta de un patrimonio que no se justifica en los ingresos legítimos del agente público, puede configurar plenamente el delito de enriquecimiento ilícito, en tanto, el someter posteriormente dichos bienes ilícitos al circuito de la dinámica económica con la finalidad de legitimarlo, constituye en ámbito de reproche del delito de lavado de activos. Esta situación supone entender que el delito contenido en el artículo 401° del CP, es un delito especial de posesión, donde se configura con la sola posesión de un patrimonio que no se corresponde con las fuentes legitimas del agente público, y no se trata de actos de abuso de atribuciones o de acreditación del prevalimiento del cargo que derive luego en el incremento patrimonial; sino que al ser parte de la administración pública durante el ejercicio de la función, tiene el deber de incrementar su patrimonio de manera transparente y proba, mediante fuentes lícitas.

En el contexto nacional, se han desarrollado diversas investigaciones jurídicas en torno al entendimiento del delito de peculado previsto en el artículo 387º del Código Penal (CP en adelante); no obstante esto, hasta la fecha no se ha desarrollado un análisis dogmático-penal exhaustivo del concepto de los verbos rectores “apropiación” y “utilización” que permita razonablemente i) limitar el alcance del tipo penal y ii) sancionar ciertos casos problemáticos como la aplicación privada indebida de dinero bancario, bienes inmuebles, bienes inmateriales o, en general, bienes autorizados a ser dispuestos discrecionalmente. En tal sentido, la presente investigación cobra especial relevancia jurídica, en la medida que aporta criterios jurídicos para delimitar de mejor manera el ámbito de aplicación del delito tradicional de peculado doloso, evitando lagunas de punibilidad (impunidad) nocivas y limitando razonablemente el alcance del tipo penal.

El presente trabajo académico tiene como objetivo principal el análisis de la autoría y participación en el delito de peculado doloso desde la posición de la Corte Suprema del Perú en el Recurso de Nulidad Nº 615-2015, sobre el cual versa el proceso penal seguido contra Alberto Fujimori Fujimori por haber ordenado el desvío de fondos públicos al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para la compra de diversos titulares de diarios nacionales, llamados “Diarios Chicha”, con el fin de favorecerlo en su campaña de reelección presidencial. Respecto a ello, la Corte Suprema determina que Alberto Fujimori Fujimori no puede ser autor del delito de peculado, dado que como delito de infracción de deber requiere la existencia de un deber positivo institucionalizado que lo vincule a ello, en ese sentido, en su condición de Presidente de la República, no presenta ningún deber establecido respecto a la adminstración o custodia de los caudales del SIN. La metodología empleada requirió la revisión y análisis de jurisprudencia nacional, así como de doctrina extranjera y nacional relevante para la materia tratada. Tras el desarrollo se concluye que dada la postura asumida por el Tribunal Supremo siempre tendríamos que remitirnos a un deber específico indentificado que le compete al funcionario público para ser imputado como autor de peculado. No obstante, esta posición no resulta la más adecuada y genera que se vuelva una imputación administrativa de un delito y no sea coherente con la protección de bienes jurídicos establecida en nuestro ordenamiento penal. / The main objective of this academic paper is the analysis of the authorship and participation in the crime of intentional “embezzlement” from the position of the Supreme Court of Peru in the Nullity Appeal Nº 615-2015, which is the subject of the criminal proceedings against Alberto Fujimori Fujimori for having ordered the diversion of public funds to the National Intelligence Service (SIN) for the purchase of various headlines in national newspapers, called "Diarios Chicha", in order to favor him in his presidential reelection campaign. In this regard, the Supreme Court determines that Alberto Fujimori Fujimori cannot be the perpetrator of the crime of “embezzlement”, since as a crime of breach of duty he requires the existence of a positive institutionalized duty that links him to it, in this sense, as President of the Republic, it does not present any established duty regarding the administration or custody of SIN funds. The methodology used required the review and analysis of national jurisprudence, as well as foreign and national doctrine relevant to the subject matter. After the development it is concluded that given the position taken by the Supreme Court we would always have to refer to an identified specific duty that belongs to the public official to be charged as the perpetrator of “embezzlement”. However, this position is not the most ADE and generates that it becomes an administrative imputation of a crime and is not consistent with the protection of legal assets established in our penal system.

El caso por el cual Aurelio Pastor Valdivieso, reconocido político peruano, fue sentenciado en primera y segunda instancia por la comisión del delito de tráfico de influencias y absuelto por la Casación 374-2015 Lima es un antecedente muy importante para comprender cómo en nuestro país se ha venido entendiendo la naturaleza de este delito, en especial, la modalidad de “influencias simuladas”. Es así como buscaremos, en primer lugar, identificar el bien jurídico tutelado por el tipo penal “tráfico de influencias” mediante el análisis de las distintas posturas al respecto, así como presentar los elementos necesarios para su configuración. En segundo lugar, evaluaremos si el ejercicio legítimo de la profesión de abogado podría ser tomado como una causa justificante para el delito de tráfico de influencias simuladas, conforme a lo señalado por la Corte Suprema, amparándose en que los actos por los que Aurelio Pastor fue sentenciado corresponderían a gestiones de intereses que los abogados estarían autorizados a hacer en búsqueda de cumplir con el derecho a la defensa de sus patrocinados. Por último, el presente informe jurídico buscará identificar si en el caso específico existió una incitación por parte del tercero interesado en la ejecución de las influencias invocadas configurando un delito provocado. / The case for which Aurelio Pastor Valdivieso, renowned Peruvian politician was sentenced in first and second instance for the commission of the crime of influence peddling and acquitted by the Cassation 374-2015 Lima is a very important precedent to comprehend how the nature of this crime has been understood in our country, especially in the “simulated influences” modality. In this way we pretend to, in first place, identify the protected juridical good by the crime of influence peddling by analyzing the different positions in this regard, as well as presenting the necessary elements for its configuration. In second place, we will evaluate whether the legitimate exercise of the legal profession could be taken as a justifying cause for the crime of simulated influence peddling, in accordance with the Supreme Court, based on the fact that the acts for which Aurelio Pastor was sentenced would correspond to interest management that lawyers would be authorized to do in order to comply with the right to defense of their clients. Finally, this legal report will seek to identify whether in the specific case there was an incitement by the third party interested in the execution of the pleaded influences, configuring a provoked crime.

El delito de colusión es un ilícito que últimamente ha cobrado suma importancia, pues, dentro de la gama de aquellos contemplados en nuestro ordenamiento, entre ellos los delitos de corrupción de funcionarios, es el de mayor índice estadístico y el que ha generado mayor detrimento al erario nacional. Esto en razón que los funcionarios públicos en contubernio con los proveedores de bienes, obras y servicios han encontrado en la hacienda pública un botín para acrecentar su patrimonio ilícitamente, perjudicando directamente a la ciudadanía en general, pues ven truncadas sus aspiraciones de obtener servicios públicos de calidad. Para combatir este flagelo, se ha implementado una serie de herramientas normativas que involucran las denominadas “delaciones”, convirtiéndose en mecanismos útiles para la investigación del crimen organizado vinculados a la corrupción, pues, el uso de esta técnica ha permitido denunciar a muchos funcionarios, incluso de alto nivel como ex presidentes, ex ministros, congresistas y otros, en razón de los beneficios penitenciarios ofrecidos legalmente a los aspirantes involucrados en dichos procesos. No obstante, para la utilización de esta técnica se requiere fortalecer el Programa de Protección de Testigos y Colaboradores, a fin de que se torne atractivo para los aspirantes a dicho programa, reduciendo los riesgos a estarían expuestos en contra de su integridad personal y la de su entorno cercano. Si bien es cierto, el programa es útil, también se ha constatado que existen deficiencias en los denominados análisis de riesgo y su aplicación integral, los cuales serán abordados en el presente trabajo, proponiéndose un prototipo que pueda agilizar y mejorar el procedimiento de análisis elaborando informes de riesgo que cuenten con sustento técnico objetivo, con valoración a cada criterio de evaluación. / The crime of collusion is an offense that has recently gained great importance, since, within the range of those contemplated in our system, among them the crimes of corruption of officials, it is the one with the highest statistical index and the one that has generated the greatest detriment to the national treasury. This is because public officials in collusion with the suppliers of goods, works and services have found in the public treasury a loot to increase their assets illicitly, directly harming citizens in general, since they see their aspirations to obtain public services cut short quality To combat this scourge, a series of regulatory tools have been implemented that involve the so-called “reports”, becoming useful mechanisms for the investigation of organized crime linked to corruption, since the use of this technique has allowed many officials to be denounced, even high-level ones such as former presidents, former ministers, congressmen and others, due to the prison benefits legally offered to the candidates involved in said processes. However, to use this technique, it is necessary to strengthen the Witness and Collaborator Protection Program, so that it becomes attractive to applicants for said program, reducing the risks they would be exposed to their personal integrity and that of others. their close environment. Although it is true that the program is useful, it has also been found that there are deficiencies in the so-called risk analysis and its comprehensive application, which will be addressed in this work, proposing a prototype that can streamline and improve the analysis procedure by developing risk reports that have objective technical support, with assessment of each evaluation criterion.

Si bien no es posible dar con un concepto de corrupción, ello debido a la complejidad y extensión de este fenómeno, sí se puede afirmar que, en toda sociedad, la corrupción pública se traduce en el desgobierno, el nepotismo, la anarquía y el trasvase de los caudales públicos a bolsillos privados, entre otras funestas consecuencias. Una de las formas para combatir este fenómeno es la tipificación penal de conductas lesivas a la administración pública. No obstante, desde los medios de comunicación, que a su vez influyen notablemente en la actuación del legislador y del poder judicial, a menudo se plantea que este fenómeno criminal debe ser combatido sin restricción alguna. Se parte de la premisa de que el fin justifica los medios y, por ende, es del todo justificable el alejamiento de los derechos fundamentales, así como de los principios y garantías del Derecho Penal (entre ellos el principio de legalidad) si se trata de combatir este y más problemas que perturban el orden político-social. En tal sentido, resulta necesario tratar de definir, así como analizar a fondo, a uno de los protagonistas de los delitos contra la administración pública y que justamente es uno de los partícipes en los actos de corrupción, nos referimos al funcionario público. En este orden de ideas, se destaca que uno de los problemas que existe en la conceptualización de dicho sujeto es la asunción de la noción de funcionario de hecho en el ámbito penal, figura de origen administrativo y que ha sido acogido por la jurisprudencia en el ámbito penal, la cual plantea, tal y como estudiaremos a lo largo de la presente tesis, un cúmulo de problemas para el Derecho Penal.

La corrupción es uno de los principales problemas del Perú, esta se ha tornado más compleja y peligrosa, especialmente a nivel subnacional, puesto que ha empezado a surgir de forma organizada desde dentro del Estado y se ha vinculado a actores ilegales -narcotraficantes, mineros ilegales, sicarios, entre otros-. En este contexto, esta investigación tiene como unidad de análisis la región Áncash durante la gestión de César Álvarez 2007-2014; diversas investigaciones judiciales dan cuenta de que el Presidente Regional (PR) formó una organización de corrupción conformada presuntamente por empresarios, policías, funcionarios públicos, grupos de organizaciones civiles, sicarios, entre otros. La pregunta a la que se responde es ¿cómo surge una red de corrupción con altos niveles de organización desde dentro del gobierno? en el caso ya mencionado. En este trabajo, además del caso de Ancash, se analizó otras tres regiones (Loreto, Tumbes y Cusco) donde la corrupción se dio de forma diferente, esto con el objetivo de fortalecer las variables explicativas propuestas. Para el recojo de información además de revisar informes, periódicos, entre otros, se realizaron 49 entrevistas a profundidad a actores claves. Se postula que tres son las variables que explican la creación de una red de corrupción con altos niveles de organicidad a nivel regional: i) importa que el presidente regional administre cuantiosos recursos económicos; ii) las alianzas que se conforma con actores a nivel local, nacional y de las instituciones encargadas de fiscalizar son importantes para lograr el control local, realizar de forma eficaz la actividad ilícita, y evitar que la red sea descubierta -importa mucho el uso de estrategias como clientelismo, ataques mediáticos, entre otros, para fortalecer dichas alianzas- ; iii) y finalmente los posibles vínculos del PR con el sicariato genera la posibilidad de constituir redes capaces de neutralizar la acción de opositores mediante amenazas creíbles. En definitiva, esta modalidad de corrupción organizada desde dentro del gobierno es un nuevo desafío para el Estado central, por tanto, es necesario plantear nuevas estrategias de lucha contra la corrupción. / Tesis

El Caso Lava Jato es el caso de corrupción más grande que ha existido en Latinoamérica. Este caso tuvo como protagonista a la empresa Odebrecht, la cual construyó un esquema de sobornos a nivel transnacional que le permitió adjudicarse las más importantes obras de infraestructura. Tras el destape de este escándalo en Brasil, los países involucrados iniciaron múltiples investigaciones. En el caso peruano, el estado del sistema de justicia hacía presagiar que las investigaciones no tendrían mayores consecuencias penales; sin embargo, la forma en la que el Ministerio Público afrontó el caso fue inesperada, ya que ha confrontado a las más altas esferas del poder político y económico, y ha posicionado al Perú como un inesperado campeón regional en la lucha anticorrupción. Del análisis de esta situación paradójica surge la pregunta que motiva esta investigación: ¿Por qué si la situación del sistema de justicia peruano hacía esperar que los implicados en el mega caso de corrupción Lava Jato no tengan sólidas investigaciones penales, lo que ha ocurrido es que un grupo de fiscales peruanos ha afrontado estas investigaciones con una clara oposición a los intereses de las élites políticas y económicas? Esta tesis argumenta que el avance de las investigaciones en Perú puede ser explicado por la confluencia de cinco variables: fiscales que se posicionan como islas éticas, cambios en el balance del poder político, la cooperación judicial internacional que se estableció con Brasil, el respaldo popular a la lucha anticorrupción y el apoyo intrainstitucional a las investigaciones.

En el presente artículo tenemos como objetivo principal pronunciarnos y sentar posición respecto al debate existente que surgió a raíz de la aplicación o no de la figura de la coautoría en los denominados delitos de infracción de deber. Para ello, hemos realizado la revisión de doctrina nacional e internacional, así como también de la jurisprudencia nacional, para así poder establecer y explicar lo desarrollado respecto a este tema. Es por ello que, ha sido importante establecer definiciones respecto a conceptos importantes, como la teoría del dominio del hecho y la teoría de infracción de deber, las cuales serán utilizadas para poder distinguir entre quiénes responden como autores o partícipes frente a la comisión de un hecho ilícito. Asimismo, hemos explicado cómo ha sido definida la figura coautoría, para seguidamente desarrollar los argumentos bajo los cuales un sector sostiene que esta figura si debe aplicarse cuando estamos frente a los delitos de infracción de deber, y los argumentos en los cuales se basa otro sector, el cual sostiene que esta figura no puede aplicarse en dichos delitos. Finalmente, hemos hecho mención a algunas consecuencias prácticas que trae consigo el no sentar posición respecto a este tema en concreto, haciendo referencia principalmente a la vulneración de la garantía del debido proceso. / The main objective of this article is to pronounce ourselves and establish a position regarding the existing debate that arose as a result of the application or not of the figure of co-authorship in the so-called crimes of breach of duty. For this, we have carried out the review of national and international doctrine, as well as national jurisprudence, in order to establish what has been developed regarding this topic. That is why it has been important to establish definitions regarding important concepts, such as the theory of control of the act and the theory of infringement of duty, which will be used to distinguish between those who respond as perpetrators or participants in the commission of a crime. wrongful act. Likewise, we have explained how the co-authorship figure has been defined, to then explain the arguments under which a sector maintains that this figure should be applied when we are facing crimes of breach of duty, and the arguments in which a sector maintains that this figure cannot be applied in said crimes. Finally, we have mentioned some practical consequences of not taking a position on this specific issue, referring mainly to the violation of the guarantee of due process. / Trabajo académico