Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / Este trabajo pretende indagar la nueva forma de relación laboral que se da en el teletrabajo planteando la tesis que esta nueva modalidad laboral, propia de la era de la informática, requiere de una normativa especial para ser mantenida bajo la protección de la legislación del trabajo, ya que su naturaleza jurídica la inclina a quedar en una zona intermedia entre la prestación de servicios independiente y el trabajo subordinado. Esta modalidad surgió en la década de los 70 del siglo XX en los EEUU como una forma de aminorar costos y mantener o aumentar la producción en época de desaceleración económica. Se habló así de un nuevo concepto acuñado especialmente para esto: flexibilidad. Aunque en un principio se creyó que esta modalidad se extendería con rapidez, porque está directamente asociada al progreso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, en la realidad no ha tenido el impacto esperado. Sin embargono 15 obsta lo dicho que, posiblemente, sí tenga gran incidencia en la organización económica y productiva en el futuro. Esta memoria sostiene y trata de demostrar, la tesis de que esta modalidad de trabajo supera los márgenes conceptuales que el derecho del trabajo clásico mantiene. Porque así como en su tiempo se pudo identificar una nueva clase de derechos colectivos dentro del derecho del trabajo, cuyas normas se dieron en reconocer intermedias entre el orden público y el orden privado, el teletrabajo es una forma de prestación laboral que opera a través del mundo virtual de la web, donde se producen relaciones sociales muy diferentes a las del mundo real-presencial. En este sentido el potencial desarrollo del teletrabajo como modalidad de trabajo, dará origen a relaciones de producción económica que quedarán reguladas por normas informadas por principios diferentes de los que actualmente reconocemos en el derecho laboral. Al ser el derecho del trabajo un sistema surgido y formado de las relaciones de producción propias de la Era Industrial que surgen en el siglo XVIII y se consolidan en el siglo XIX, las nociones de dependencia, subordinación, principio de protección son elementos propios de la forma 16 de producción industrial. El advenimiento de la Informática origina otra forma de relaciones sociales entre las personas que vaporizan las relaciones presenciales y las reemplazan por relaciones en un “mundo virtual”. En este mundo se replican las relaciones humanas de amistad, comerciales, jurídicas, etc. Sostenemos que el teletrabajo al ser potencialmente una relación no presencial, debilita o, mejor, desvirtúa la relación de dependencia y subordinación entre empleador y trabajador. El teletrabajo así, queda en una zona de suburbios del sistema normativo laboral, manteniéndose dentro por expresa aplicación del principio de protección que se hace extensivo a esta nueva forma de trabajo. Indagaremos la naturaleza jurídica de este nuevo instituto, y cómo incidirían en él los principios del Derecho del Trabajo. En el capítulo 1 hago un relato expositivo del origen de la noción de naturaleza jurídica. Su derivación para la doctrina del Derecho desde los conceptos de esencia y naturaleza incubados en el pensamiento griego, el modo en que fue entendido por la escolástica tomista, concluyendo que para los sistemas jurídicos naturaleza es la ratio essendi, entendida esta como razón de ser de una 17 institución, como movimiento con finalidad determinada. Naturaleza abriga la idea de entidad originaria, no reducible a otra, y lleva en sí una funcionalidad esencialmente propia. Se analiza el concepto de principio comentando su origen en la lógica filosófica, su uso conceptual en las ciencias como axioma o verdad evidente e intuitiva, caracterizándolo como proposición normativa que da forma y orientación teleológica a un conjunto de normas, como norma precedente; y también como proposición normativa procedente de un conjunto de normas, y que se deduce a partir de la funcionalidad de éstas. Se sigue con una exposición acerca de los principios generales del Derecho. El numeral 4 del capítulo hago una revisión conceptual acerca de los principios del Derecho del Trabajo. En el capítulo 2 trata la conexión entre el empleador y el trabajador y se centra en la revisión y análisis del concepto de subordinación. Se remarca que el concepto es propio de las relaciones laborales de la producción industrial, que fue precedido por formas de relación laborales basadas en la esclavitud (en que predomina una relación de sujeción entre persona y cosa). Los primeros 18 estertores de la relación, posiblemente estén en las relaciones entre maestro y compañero u oficial de los gremios medievales. Hago una descripción breve de la posible desaparición de esta característica de la relación laboral moderna. El capítulo 3 analiza el concepto de Teletrabajo, describe las formas de teletrabajo escogiendo principalmente tres formas funcionales a la intención de la tesis de este trabajo, en el sentido de mostrar el debilitamiento y, en algunas modalidades de teletrabajo, la desaparición de la subordinación y dependencia en esta forma de trabajo. El capítulo 4 visualiza teóricamente el papel de algunos derechos fundamentales propios del derecho laboral en esta nueva modalidad de trabajo. Expone cuatro categorías de estos derechos: a) La libertad de asociación y la libertad sindical; b) Eliminación definitiva de toda forma de trabajo forzoso u obligatorio; c) Abolición efectiva del trabajo infantil; y d) Eliminación de discriminación en materia de empleo y ocupación. Como nota importante se analiza el derecho de huelga que eventualmente podría ejercer el teletrabajador. Trata el 19 derecho de sindicalización, sus orígenes, su desarrollo, caracterizándolo como un derecho colectivo, social. Que se define a través de los Convenios de la OIT sobre sindicalización y negociación colectiva. Las dificultades para concretarlo y erigirlo como una herramienta eficaz para igualar contractualmente a trabajadores y empleadores y en ese marco el lugar que posiblemente ocuparía el teletrabajador como un factor productivo en sus diferentes facetas de trabajador independiente a subordinado. Analiza la definición de trabajo infantil y su adecuación a la posibilidad de algunas actividades asalariadas de un menor como teletrabajador. Las formas que podría tomar la discriminación laboral en el teletrabajo. Una exposición acerca de las características del trabajo forzoso y su relación posible con el teletrabajo. En el capítulo 5 se expone una definición de algunos principios del derecho del trabajo clásicos y su aplicabilidad a una actividad como el teletrabajo en el sentido de informar las normas que pudieren regular esta actividad. El capítulo 6 muestra la relevancia que la privacidad del teletrabajador adquiere en su modalidad de trabajo. El 20 cómo se incrementa la vulnerabilidad a su vida privada en esta actividad y la protección conjunta tanto a ésta como a los derechos laborales fundamentales. Finalmente el capítulo 7 hace una revisión sucinta de la conceptualización que el teletrabajo ha adquirido como actividad laboral en países europeos como: Polonia, Hungría, República Checa, Portugal; Francia, Bélgica y Luxemburgo; Alemania, Dinamarca, España e Italia. Con directrices, orientaciones comunes o directrices, con un cierto papel jugado por los actores sociales: Reino Unido, Países Bajos, Suecia, Finlandia. Se agrega los conceptos que sobre esta modalidad de trabajo se han forjado en España, Perú y Argentina

El presente trabajo de investigación lleva como título: “El concepto de asistencia técnica en el Impuesto a la Renta en el Perú, propuesta de regulación”. Para el desarrollo de esta investigación se planteó la siguiente hipótesis: “Por ser el concepto de asistencia técnica un elemento esencial para conocer el hecho imponible, el artículo 4-A del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, al no recoger en la parte que define este servicio, el concepto aceptado por la Legislación Comparada y la doctrina, contraviene el Principio de Legalidad y Reserva de Ley siendo por ello necesario que se establezca su definición de forma acertada en una norma con rango de Ley”. Nuestro objetivo principal es demostrar que el concepto recogido en el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta no es el correcto, razón por la cual resulta vital que sea modificado respetando los Principios y Derechos establecidos por nuestra Constitución. El trabajo de investigación se divide en tres capítulos. A partir de la hipótesis planteada, se estableció como objetivo general del primer capítulo, desarrollar el concepto civil comercial del contrato de asistencia técnica y de otras figuras jurídicas similares y así poder conocer con claridad cuando es que estamos frente a un servicio de asistencia técnica o no. En el segundo capítulo se desarrolló el concepto aplicable a estos servicios, para efectos tributarios. Para ello revisamos legislación de España, México, Venezuela, Uruguay y Argentina, logrando demostrar que si bien el concepto recogido por nuestra norma, se nutrió de alguno de estos dispositivos, no se consideró que en muchos casos los criterios jurisdiccionales utilizados por estos otros países son distintos a los que el Perú utilizaba para el caso de servicios. En el tercer capítulo se desarrollaron los principios tributarios y derechos constitucionales que de una u otra forma se han soslayado al establecer el concepto de asistencia técnica en una norma reglamentaria. Luego del análisis realizado a lo largo de los tres capítulos, nuestra hipótesis es comprobada y llegamos a la conclusión que el concepto de asistencia técnica recogido en el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta debe ser modificado. Es por ello, que además de describir y criticar el problema, proponemos lo que a nuestro juicio podría ser una definición del servicio, que si bien puede no estar libre de imperfecciones, creemos es más acertada. / Tesis

La presente investigación tiene por finalidad regular el derecho de arrepentimiento en los métodos comerciales agresivos o engañosos en la legislación del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Uno de los fundamentos para la protección al consumidor es la desigualdad de información y el elemento sorpresa que existe entre los proveedores de productos y servicios frente a los consumidores, quienes se encuentran en desventaja durante la relación de consumo. En atención a ello, en esta investigación se realizó el análisis de protección de dichos métodos comerciales agresivos o engañosos en la legislación peruana y la legislación extranjera, llegando a concluir que, existe aún la divergencia o desigualdad de información que existe entre proveedor y consumidor creando un desbalance durante la relación de consumo, adquiriendo el proveedor mayor ventaja sobre el consumidor y la carga de la prueba quedando improbada ante las autoridades competentes.

Durante varios años y hasta la actualidad, la Unión Europea, América Central y la Comunidad Andina de Naciones se encuentran trabajando en la consolidación y funcionamiento eficaz de Mercados Comunes de Electricidad, donde se logren efectuar transacciones comerciales de electricidad entre distintos países. Razón por la cual, los Gobiernos han estado implementando diversos tipos de medidas regulatorias, normativas y económicas, a fin de conseguir dichos objetivos. Al respecto, es importante precisar que para el impulso del desarrollo de los procesos de integración eléctrica, se instauraron parámetros que contribuyeron a dicho fin: a) procesos de liberalización en el sector eléctrico mediante reformas en su estructura y funcionamiento a fin de conseguir un adecuado acceso a las redes bajo medidas de competencia, b) estudios de factibilidad que establecieron beneficios potenciales entre países, c) interconexiones eléctricas entre determinados países, d) marcos comunes instaurados bajos lineamientos rectores; y e) la creación de Reglamentos y organismos y/o autoridades para el control del funcionamiento de los mercados comunes. En ese contexto, si bien dichas disposiciones han aportado significativamente en la consolidación de los mercados comunes. No obstante, aún persisten deficiencias regulatorias, técnicas, normativas, económicas y sociales que retrasan los objetivos antes citados. De esta manera, la carencia de infraestructuras eléctricas, interconexiones a corto plazo, el riesgo de abastecimiento de electricidad a nivel nacional, la falta de inversión y voluntad política son ciertas barreras que obstruyen el avance de los procesos de integración regional en materia de electricidad. Por lo tanto, con la finalidad de contribuir en el desarrollo del Mercado Andino Eléctrico Regional, en el presente trabajo de investigación, luego de un análisis comparativo referente a los atributos más resaltantes entre los procesos de integración eléctrica llevados en la Unión Europea y América Central; se plantean posibles mejoras de las medidas normativas implementadas por la Comunidad Andina de Naciones. / Tesis

La formación del ordenamiento territorial, como construcción social, es consustancial a la evolución del hombre. A diferencia del ordenamiento territorial europeo como función pública después de la Segunda Guerra Mundial, en la región latinoamericana se comienza a enmarcar a finales de siglo XX en búsqueda de modelos sostenibles. En ese contexto, el modelo peruano sufre un proceso de desintegración normativa ante la ausencia de una ley general de ordenamiento territorial y agraviado por la imprecisa conceptualización adoptada por la Ley N.º 30230 del año 2014, el cual limitó el Ordenamiento Territorial (OT) y la Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) en aras de dinamizar las inversiones, adoptando así un modelo en extremo estricto en comparación a otros modelos de otros países. Cabe preguntarse, ¿es posible un modelo sistemático y equilibrado de ordenamiento territorial? Esta pregunta toma mayor fuerza tras la Sentencia del Pleno expedida sobre las demandas de inconstitucionalidad interpuestas en los Exp. N.° 0003-2015-PI/TC y 0012-2015-PI/TC (acumulados) por el Gobierno Regional de San Martín y más de 5000 ciudadanos a diversos artículos de la Ley N.° 30230, o conocido públicamente como el “paquetazo ambiental”. En ese sentido, el informe se divide en tres capítulos. El primer capítulo apuntará a las bases preliminares del ordenamiento territorial y el modelo adoptado por la Ley N.° 30230 desde un método comparativo, dogmático y de antecedentes normativos del ordenamiento territorial para evaluar la funcionalidad e intención del legislador de OT. Concretamente, en el segundo capítulo, se describirá los aspectos principales del caso para determinar y analizar los principales problemas jurídicos del artículo 22 del Caso Ley N.º 30230: (1) El ordenamiento territorial es orientador o decisorio; (2) la relación del ordenamiento territorial y el aprovechamiento de los recursos naturales; (3) la competencia para la aprobación de la política nacional del ordenamiento territorial; (4) la competencia para la conducción de los procesos de ordenamiento territorial en un gobierno unitario y descentralizado. Finalmente, en el tercer capítulo, se formulará propuestas y recomendaciones en base a los impactos de la sentencia hacia una ley general del ordenamiento territorial bajo un enfoque sistemático y equilibrado.

El presente trabajo desarrolla la figura del recall de los productos defectuosos, el cual, debido a nuestro contexto actual de venta de productos en masa se ha tornado una importante herramienta para poder salvaguardar la integridad de los consumidores ante productos que puedan afectarlos. En este sentido, debido a su importancia actual, hemos analizado la normativa extranjera y peruana acerca de esta figura, a fin de examinar cómo es que se ha dado su implementación para que llegue a ser una medida exitosa tanto para los consumidores como para los proveedores. Es así, que hemos podido analizar que es una medida altamente desarrollada en países como Estados Unidos, México, Colombia, y la Unión Europea, los cuales demuestran la importancia y el impacto que tienen los productos defectuosos en los consumidores. Asimismo, verificamos nuestro ordenamiento, del cual hemos podido comprobar que el procedimiento de recall se ha implementado paulatinamente, siendo que en un principio únicamente habían pautas para el mismo y seguidamente se propuso los pasos que se deberían de seguir de forma que pueda orientarse al proveedor para que pueda hacer uso del mismo. No obstante, luego de haber realizado un exhaustivo análisis de nuestra normativa hemos podido concluir que presenta diversas carencias para que pueda implementarse exitosamente, por lo cual realizamos nuestras propuestas de reforma a fin de que el procedimiento pueda ser usado correctamente y a beneficio tanto de consumidores como de proveedores. En ese sentido, el presente trabajo busca exponer el procedimiento del recall, su implementación en nuestro país y las modificaciones necesarias que deben realizarse a fin de que pueda usarse exitosamente.

Nuestra realidad corporativa evidencia una situación inquietante que, muchas veces, impide el correcto desarrollo de la empresa. Dicha situación hace referencia al problema de agencia y los abusos de poder que se dan en el seno de la empresa. Tal problema reside en el desequilibrio de poder entre los shareholders mayoritarios y minoritarios, sobre todo en mercados emergentes como el peruano, donde el sistema legal no es efectivo ni confiable. En determinadas situaciones, estos desequilibrios de poder se hacen más evidentes: votaciones de Junta General de Accionistas, retención injustificada de beneficios, falta de información transparente y oportuna, o dilución deliberada del capital social de la empresa. Toda empresa nace con intención de permanencia y desarrollo en el mercado. Por ello, frente a los problemas que se puedan presentar, consideramos que la celebración de convenios societarios que contengan cláusulas que protejan al accionista minoritario, sería entendida como práctica de buen gobierno corporativo. Ello, en la medida que, lo que se pretende es que la empresa sea una entidad que refleje respeto e igualdad hacia todos sus stakeholders, así como transparencia y responsabilidad. Es decir que, lo que se debe procurar es una sinergia corporativa entre ambas instituciones. En ese contexto, la presente investigación se ha valido de comparar tres sistemas jurídicos con los cuales el Perú guarda relaciones histórico – comerciales. Asimismo, se han estudiado dos casos: Chiquitoy y La Polar, con la finalidad de aterrizar los conceptos teóricos en la realidad mercantil. De manera que, las conclusiones finales de la investigación evidencian que es posible proteger al accionista minoritario de manera cabal, en la medida que la cultura corporativa se alinee con los objetivos de la empresa, la cual se entiende como la búsqueda de la permanencia y crecimiento de la sociedad en el mercado.

El Estado peruano es un Estado Miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde el 01 de enero de 1995. A partir de ese momento, este país asumió determinadas obligaciones internacionales como consecuencia de la suscripción del Acuerdo por el que se establece la OMC , junto con los Acuerdos Comerciales Multilaterales de la OMC , todos ellos denominados “Acuerdos de la OMC”. En general, el Perú, como Estado miembro, le es atribuible la obligación de asegurar la conformidad de sus normas, regulaciones y procedimientos administrativos con las disposiciones contenidas en los diferentes acuerdos de la OMC. Sin embargo, lo anterior no siempre sucede y en diversas ocasiones la Administración Pública del Estado peruano puede emitir internamente medidas inconsistentes con los acuerdos de la OMC. Las personas, empresas privadas y en general, toda personas dedicada a una actividad comercial en el territorio peruano son actores importantes en el intercambio comercial internacional de bienes y servicios, influyendo directamente en el crecimiento económico del país en un contexto cada vez más globalizado. Sin embargo, muchas veces éstos se ven directamente afectados por medidas establecidas por la Administración Pública del Estado inconsistentes con los acuerdos de la OMC.

Desde hace más de treinta años, en gobiernos democráticos y autoritarios, se viene hablando de la necesidad de reformar la justicia en el Perú, asumiéndose como posibles soluciones el incremento presupuestal, asegurar el nombramiento de magistrados capaces para los cargos más importantes o promover la modificación de la estructura del Poder Judicial. Sin embargo, existe un problema al cual parece haberse dado importancia secundaria: el acceso de los ciudadanos a la justicia.

En los últimos años, el uso y el avance de las tecnologías de la información y de la comunicación (TICs), han cobrado un rol importante en el desarrollo de la economía digital, pues es gracias al uso de la tecnología que diversas actividades tradicionales como la venta de productos, o el desarrollo de transacciones bancarias han podido ser simplificadas. Sin embargo, pese a que el uso de la tecnología ofrece una gran gama de oportunidades y que facilitan el desarrollo de actividades, sectores como el retail, consumo y financiero se han visto afectados de forma directa por su uso, a raíz de la mayor incidencia de ciberataques; es en tal sentido que por medio del presente trabajo, se busca poner de relieve la necesidad de contar con un programa de cumplimiento de ciberseguridad como una práctica de buen gobierno corporativo en las entidades que forman parte delsistema financiero peruano, considerando que dicho sector es uno de los más afectados por este tipo de incidentes y que tiene un papel importante dentro de la economía de nuestro país. Por tal motivo, con el propósito de entender la situación problemática planteada, se ha plasmado dentro del presente trabajo, los conceptos clave para lograr un mejor entendimiento del problema de la investigación, además de desarrollar la experiencia en otros países, hecho que además de mostrar la gravedad y el perjuicio ocasionado por un ciberataque, nos permite tener una idea más clara de los aspectos esenciales que pueden ser implementados en nuestro país. Finalmente, considerando que existe la necesidad de implementar un programa de cumplimiento en ciberseguridad en las entidades que forman parte delsistema financiera peruano y que a la fecha no existe ningún tipo de regulación nacional sobre el tema, se pone en consideración los aspectos mínimos que deberán ser implementados en las empresas que forman parte del sistema financiero como parte de la implementación de prácticas de buen gobierno corporativo. / Trabajo de investigación