La Propiedad Intelectual es por creces una de las ramas del derecho más olvidadas a nivel nacional. Tal es así que, el Perú es considerado a nivel internacional como uno de los países con mayor cantidad de delitos contra la propiedad intelectual, lo cual, se ve reflejado al encontrarse en la posición 28 de 45 en el Ranking mundial de políticas de Propiedad Intelectual, según el Índice Internacional de Propiedad Intelectual – IPI. El poco desarrollo que se le ha otorgado a las políticas de la Propiedad Intelectual en el Perú se ve reflejado en las vulneraciones contra los derechos de la propiedad intelectual, así como la deficiente regulación y/o normas complementarias que protejan o regulen su tratamiento. Es en este punto en donde podemos señalar que, las políticas de Propiedad Intelectual en el Perú no otorgan una debida regulación, dejando en el olvido a figuras que adquieren especial importancia en las industrias a nivel internacional. Las marcas, al ser derechos de Propiedad Intelectual, se encuentran reguladas conforme a lo dispuesto en la Decisión 486 del Régimen de la Comunidad Andina, dentro del cual, se encuentra el Perú como país miembro. Es así como las marcas no han sido ajenas a las deficientes políticas de la Propiedad Intelectual que se ha desarrollado en territorio nacional. En relación a las políticas de Propiedad Intelectual implementadas en el Perú, se ha optado por desarrollar y enfocar la regulación única y exclusivamente para un sector de las marcas, en específico, para las marcas tradicionales, dejando en total olvido a las marcas no tradicionales, tales como las marcas olfativas y sonoras, a pesar de encontrarse expresamente reconocidas para su registro en territorio nacional. De esta forma, en el presente trabajo de investigación, se va a desarrollar las políticas de Propiedad Intelectual para marcas no tradicionales que tiene el Perú, a fin de identificar sus deficiencias, para finalmente, sugerir propuestas de mejora en función al Derecho Comparado. El presente trabajo de investigación es una crítica constructiva al sistema jurídico nacional en materia de regulación de marcas no tradicionales, la cual busca generar interés, esclarecer vacíos, y proponer mejoras, a fin de impulsar el registro de las marcas no tradicionales, las cuales, se han visto en el olvido en todo el territorio nacional. 2 Finalmente, y en función a los principios de la Ley del Procedimiento Administrativo General, todos los administrados tienen el derecho de contar de procedimientos que otorguen seguridad jurídica, lo cual, no se ha venido ejerciendo en cuanto al registro de las marcas no tradicionales, generando confusión e incerteza respecto al procedimiento que se debe seguir para su registro.

Los «deberes de protección» (Schutzpflichten), en tanto creación de la dogmática alemana, representan una de las categorías más controvertidas que ha ocupado la atención de la doctrina del Derecho Continental durante el siglo XX, perdurando incluso hasta nuestros días. La problemática en torno a ella es sencilla de aprehender pero compleja de tratar; básicamente se trata de discriminar si su violación comporta una responsabilidad civil de naturaleza contractual o extracontractual. Planteado así el asunto, el principal objetivo de este trabajo radica en absolver dicha interrogante pero partiendo de una cuestión previa, a saber, si la categoría en cuestión, en tanto representa una solución esbozada para un sistema foráneo como el alemán, encuentra en el escenario nacional un ambiente propicio para su “recepción mecánica” (a nivel dogmático) o si por el contrario, la especificidad del modelo peruano exige del intérprete una construcción de similar envergadura (pero de distinta configuración) que, aun cuando desde un ángulo técnico-jurídico suponga una disociación conceptual de la figura de los Schutzpflichten, represente, en el fondo (a nivel teleológico), una figura destinada a cautelar los bienes personales y patrimoniales de las partes en la relación de obligación, y que para este efecto adopta la calidad de “deber”. En la medida que esta última clase de deberes logran en nuestro discurso emancipación jurídica de aquellos deberes “creados” por Heinrich Stoll allá en 1932, la problemática que en Alemania se ha mantenido en boga por más de ochenta años (a pesar de la reciente modernización del BGB), encuentra por fin cabida y, sobre todo, legitimidad en un medio como el peruano caracterizado por estudiar la figura en clave comparada pero sin atender con suficiencia la propia realidad del sistema jurídico nacional. A partir de ahí, exponer la naturaleza de tales deberes, distintos de los Schutzpflichten, y fundamentar su adscripción al dominio contractual, supone la máxima a cuyo propósito el presente trabajo se termina conduciendo.

Actualmente contar con un procedimiento de canal de denuncias es un elemento mínimo de cualquier programa de cumplimiento normativo, el cual tiene por finalidad que trabajadores de empresas privadas, funcionarios públicos o cualquier persona pueda alertar, informar o denunciar presuntos hechos de los que tengan conocimiento o que podrían ser parte de la comisión de delitos asociados a la corrupción, lavado de activos, financiamiento al terrorismo, entre otros que comprende la ley N°30424 “Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas”. El presente trabajo de investigación tiene por finalidad evaluar la tendencia global a incentivar denuncias de irregularidades como mecanismo de prevención y persecución de delitos, su eficiencia, efectividad, las estrategias que implanta Estados Unidos, La Unión Europea y países que se encuentran proyectando su regulación como Chile. Desglosaremos la necesidad de establecer incentivos a los denunciantes, sus elementos mínimos y la eficiencia de los procedimientos de canales de denuncias; así como la necesidad de efectividad para obtener el éxito de esperado, por lo que, el objetivo es que se consiga una mayor participación de los posibles alertantes, que comprenda la entrega de información útil para investigarse hechos reales y se permita sancionar a los responsables. Posteriormente, se efectuará un análisis comparado de la regulación de incentivos, que van desde protección personal hasta incentivos económicos a los denunciantes. Finalmente abarcaremos la eficiencia y efectividad de los canales de denuncias, sus comunes obstáculos que impiden su uso y finalidad, además de propuestas de mejora para regular incentivos en Perú.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria tiene por objeto estudiar los aspectos centrales de la institucionalidad chilena vinculada con las aguas, con el fin de identificar las principales dificultades y falencias que, en nuestro sistema de gestión de recursos hídricos, deben ser abordadas para mejorar la administración de este recurso natural. Para lo anterior, en primer lugar, se revisará el estatuto jurídico del agua en su calidad de bien nacional de uso público, lo que permitirá comprender la relación existente entre las aguas y la institucionalidad que las gestiona. En segundo lugar, se estudiarán los aspectos centrales de la regulación de las aguas como bienes nacionales de uso público, lo que nos permitirá sentar las bases para entender a continuación el régimen jurídico especial al que se encuentran sometidas, y el rol que le corresponde desempeñar a la institucionalidad pública en su gestión. En tercer lugar, se analizará la situación de las aguas en el derecho comparado, estudiando con este fin la experiencia de Francia, España, Estados Unidos, Israel, Uruguay y Argentina. Se mostrará la realidad de estos seis países en la materia, a partir del análisis respecto de cada uno de ellos de una serie de variables comparables. En cuarto lugar, se revisarán los distintos actores públicos y privados que componen la institucionalidad vinculada con el agua en Chile. En quinto lugar, se estudiará en detalle el principal organismo público en materia de gestión de recursos hídricos en nuestro país, es decir la Dirección General de Aguas. Para terminar, se presentará un conjunto de consideraciones finales relacionadas con las principales dificultades de nuestra institucionalidad en la materia, los esfuerzos recientemente emprendidos y los desafíos pendientes.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Con la llegada de la nuevas tecnologías digitales, hablando derechamente de Internet, se han ampliado aún más las posibilidades de explotación de obras protegidas por el derecho de autor, explotaciones que, por el imperante anonimato de la Web, suelen no estar autorizadas. En efecto, Internet no tiene Constitución, reglamentos ni nada parecido. No existe allí algún organismo central de control, por el contrario, la regla general es la libertad para hacer: desde grandes compañías hasta simples usuarios, con o sin fines de lucro, se transforman simultáneamente en emisores y receptores de información y a través de las hiperuniones es posible llegar (queriéndolo o no) a alguna obra protegida por derecho de autor. Sin embargo, a pesar de las múltiples explotaciones que pueden realizarse en el nuevo entorno digital, el derecho de autor se ha mantenido coherente debido a que los principios básicos pueden y deben seguir aplicándose sin modificaciones: todas las explotaciones protegidas por propiedad intelectual, por regla general, deben ser realizadas previa autorización, las excepciones siguen siendo las mismas

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El aumento explosivo de los intercambios comerciales, fenómeno que se ha intensificado en las últimas décadas, siendo éste un ejemplo manifiesto de los efectos de la globalización, han obligado al derecho internacional hacer eco de las divergencias y problemáticas que se originan en razón del mismo y que entorpecen el libre intercambio transfronterizo de bienes. El intercambio de bienes entre distintas naciones, ha condicionado la colisión normativa y práctica no solo de consideraciones de índole económica, sino también en materias tan disímiles como el medio ambiente, derechos humanos y propiedad intelectual e industrial. Con el objeto de fortalecer sus relaciones y favorecer la integración, las distintas naciones han celebrado ya de larga data, tratados internacionales con miras a reglamentar en forma armónica materias de interés para cada uno de los estados firmantes. Sin perjuicio de lo anterior, la extensión de los mismos es acotada, toda vez que estos versan sobre materias pormenorizadas, lo que sumado a detentar un carácter vinculante relativo, -las normas contenidas en el mismo son solo vinculantes e imperativas para los suscribientes-, impiden la coexistencia armónica con otros tratados de igual naturaleza entre otras naciones, e incluso con Acuerdos tendientes a reglamentar en forma integral las materias antes mencionadas. A la luz de lo anterior, ha sido necesario coordinar la entrada en vigencia de instituciones y regímenes que propendan a reglamentar en forma integral aquellas materias que ocasionan controversia, entendiendo que la deficiencia del derecho internacional es la ausencia de una institucionalidad central que permita la creación de una normativa general, cuya aplicación y extensión sea conducida con miras a beneficiar el desarrollo de la comunidad internacional. Al respecto las organizaciones internacionales encargadas de regular y fiscalizar el eficiente intercambio de bienes y servicios, ya sea GATT, OMC, etc., han entendido que ya no solo basta con regular con miras ha evitar la existencia de barreras arancelarias, discriminación entre las partes contratantes en iguales condiciones y competencia desleal, sino que en el ultimo tiempo se ha hecho gravitante la reglamentación de un nuevo elemento que entorpece las relaciones comerciales: La Propiedad Intelectual. Es así como al alero de la OMC, organización que desde su entrada en funcionamiento el año 1994 ha logrado el difícil cometido de lograr la coexistencia armónica y la interrelación económica de sus estados Miembros, es que nace el acuerdo sobre los ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual en el comercio), conocido como TRIPS Agreement, encargado de armonizar la normativa internacional existente en materia de Derechos de Propiedad Intelectual y de regular aquellas materias que en tratados anteriores habían sido excluidas, extendiendo en este respecto, su campo de acción a materias tan controversiales como la salud, difusión del conocimiento, alimentación y educación.

El presente artículo académico gira en torno a la presentación y análisis de la regulación sobre los ceses colectivos por causas económicas en el ámbito nacional, así como una comparación con el tratamiento normativo en Argentina y España. La finalidad consiste en ofrecer una mejor protección y participación de los trabajadores afectados en los ceses colectivos. El objetivo principal de la presente investigación es contribuir con el desarrollo de normas de protección en la figura del cese colectivo por causas económicas en aras de equilibrar la relación de poder existente entre empleador y trabajador. En conclusión, lo que se pretende lograr es que el trabajador cesado goce de las debidas garantías y pueda reinsertarse al mercado laboral en un corto plazo a partir de una modificación normativa. / Trabajo académico

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene como objetivo analizar el reconocimiento normativo y práctico de los derechos de sufragio y de petición de las personas privadas de libertad en Chile. Para el análisis normativo, se ha realizado una extensa revisión bibliográfica, que incluyó textos legales y literatura relacionada publicados en nuestro país. Su objetivo fue constatar si existe o no una regulación explícita que tutele el ejercicio de los derechos fundamentales de sufragio y petición en las personas privadas de libertad, y si existe información acerca del modo en que dichos derechos se están ejerciendo. El análisis práctico, por su parte, se ha realizado a partir de la información obtenida desde 4 entrevistas realizadas a autoridades del Poder Judicial, el Servicio Electoral de Chile (SERVEL) y Gendarmería de Chile, en las que se recogieron sus percepciones acerca del estado actual en que se encuentran la normativa y el ejercicio de ambos derechos. Para complementar lo anterior, se describe y analiza la situación normativa del Derecho comparado y el ejercicio concreto de los derechos fundamentales mencionados en Colombia y España, seleccionados por las buenas prácticas en estas materias. Se concluye que aun existiendo un reconocimiento normativo, éste es en extremo escaso, lo que trae aparejado, como consecuencia, la inobservancia en la práctica de ambos derechos fundamentales. Finalmente, se proponen formas de mejorar la condición actual de las personas privadas de libertad, en cuanto al ejercicio de los derechos analizados.

La investigación desarrollada contiene un análisis riguroso y completo de los mecanismos de selección de causas vigentes en tanto en la Argentina como en el Derecho Comparado. En nuestro medio, se examina su funcionamiento en la órbita del recurso extraordinario federal (art. 280 del CPCN) y en el ámbito de la casación local (art. 31 bis de la ley 5827). A tales efectos, se presta especial atención al régimen del ‘certiorari’, pieza clave dentro de los llamados mecanismos “discrecionales” de selección de casos por parte de los superiores tribunales del país (Corte Suprema de Justicia de la Nación y Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires). El estudio comprende tres partes fundamentales. En la primera de ellas (que comprende los tres capítulos iniciales), se desarrollan los aspectos generales del ‘certiorari’ y de los mecanismos de selección acordados a las cortes supremas. En tal sentido, luego de la introducción general (capítulo primero), se analizan los fundamentos del instituto (capítulo segundo) y sus antecedentes en el derecho comparado (capítulo tercero). La segunda parte está dedicada fundamentalmente al estudio del régimen nacional, consagrado en el ámbito del recurso extraordinario federal (capítulo cuarto). Se analizan allí los antecedentes del art. 280 del CPCN, su dogmática (ámbito de aplicación, alcances de la discrecionalidad conferida por el dispositivo citado, causales que habilitan su utilización, el quid motivación, etc.). Inmediatamente después (capítulo quinto), se realiza panorama de previsiones del género contenidas en otras jurisdicciones del país, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. art. 30, ley 402) y Tierra del Fuego (art. 293, CPC). La tercera parte (capítulo sexto) está dedicada al estudio del ‘certiorari’ en la Provincia de Buenos Aires, examinando también sus antecedentes, su ámbito de aplicación, las causales o motivos que autorizan a emplearlo y, especialmente, la incidencia del mismo como instrumento para procurar una reformulación de la casación local, sin perder de vista el rol que un superior tribunal estadual como la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires está llamado a cumplir en el sistema federal argentino.