El país en el que hoy vivimos ya no es el mismo al de los años anteriores, ni siquiera el de hace unos meses atrás; sin duda los últimos acontecimientos suscitados en la esfera política, jurídica y social, nos hacen afirmar que estamos ante otro escenario donde los actores tradicionales integrados por la elite política empresarial han sido ya relegados, dando origen al surgimiento y fortalecimiento de nuevos actores y grupos sociales como los Pueblos Indígenas Originarios y Campesinos, que anteriormente habían sido excluidos y relegados de la acción estatal. La lucha de los pueblos Indígenas Originarios y Campesinos por ser los protagonistas de su propia historia y tener un espacio propio y autónomo dentro de la sociedad nacional es una realidad que nadie puede negar, hoy ya forman parte de la estructura y configuración nacional muchas de las reivindicaciones de los pueblos indígenas y originarios, siendo una de ellas el Derecho a la Autonomía Jurisdiccional Indígena Originaria y Campesina en el marco de la existencia de un verdadero pluralismo jurídico.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / El presente trabajo tiene por objeto examinar el estado actual del Derecho internacional consuetudinario y su efectiva aplicación al ordenamiento interno chileno. Con tal objetivo, se analizan los elementos constitutivos de la Costumbre Internacional, las discusiones y posturas más relevantes respecto de su valor como una de las fuentes principales del Derecho Internacional, así mismo se incluye un extracto del reporte realizado por Sir Michael Wood para la Identificación de la Costumbre Internacional, encargado por Comisión de Derecho Internacional y una selección de sentencias nacionales recientes que hacen aplicación de esta fuente del derecho internacional.

En el presente trabajo nos dedicaremos a despejar las controversias que rodean a dicho precepto, es decir, a desentrañar cuál es la fundamentación filosófico-política material que subyace a la Ley Fundamental de 1993, así como a precisar cuál es el concepto de derechos fundamentales que nuestra Constitución adopta. Una vez resuelta dicha problemática nos orientaremos a delinear los alcances del multiculturalismo liberal para justificar por qué resulta ser la propuesta ius filosófica constitucionalmente idónea para interpretar el artículo149 de la Constitución.

Traditional knowledge and legal regime of access and benefitsdistributionThis work highlights interests around traditional knowledge access of local and indigenous communities stressing the need to establish institutions involved in order to give an efficient legal answer within the political, scientific and economic framework. The author critically reviews ideas developed about this issue among international, regional and local spheres formulating the thesis of application of customary law, in particular about prior informed consent and benefits-sharing. Without disregard present conflicts management and those envisaged in the near future, implications and scenarios where State and international organizations determination must face this subject are addressed. / La ponencia pone en evidencia los intereses entorno al acceso a los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas y locales y marca la necesidad de definir los institutos en juego para dar una respuesta legal eficiente en el marco político, científico y económico. Pasa revista, críticamente, a los conceptos que han sido desarrollados entorno de la temática en los ámbitos internacionales, regionales y locales, y desarrolla la tesis de la aplicación del derecho consuetudinario en especial en lo atinente al consentimiento fundamentado previo y la distribución de beneficios. Sin desdeñar el tratamiento de los conflictos planteados, y los que se avizoran en un inminente futuro, se abordan las implicaciones y escenarios en los que la determinación de los Estados y de los organismos internacionales han de enfrentar en la materia.

The sources of law, as we know them, have been designed under the concept of law of the romangerman system tradition. But, what is the role andposition of the sources of law in a Constitutional State   of   Law,   taking   into   account   that   theConstitution has, according to the author, its originon the Common Law System? Do the sources oflaw lose their utility or have to be rethought?In this article, the author introduces a succession of sources that come from the Constitution, with the aid of jurisprudence, as an undulatory effect thatirradiates all the constitutional legal order. / Las fuentes del Derecho, tal y como las conocemos,han sido pensadas bajo la concepción del Derechodentro de un sistema de tradición romano germánico. Pero, ¿cuál es el rol y posición de las fuentesdel derecho en un Estado Constitucional de Derecho, en la medida que la Constitución tiene, parael autor, origen en el sistema jurídico anglosajón?¿Acaso las fuentes de Derecho pierden utilidad otienen que ser repensadas?En el presente artículo, el autor presenta una su- cesión de fuentes que se desprende desde la Constitución, con la ayuda de la jurisprudencia, como una especie de efecto ondulatorio que irradia atodo el ordenamiento jurídico constitucional.

Tesis (magíster en derecho, mención derecho penal) / Este trabajo desarrolla los fundamentos dogmáticos que se hallan detrás de la consideración de la costumbre indígena, en nuestro derecho y en lo penal, como un antecedente para el reconocimiento de una eximente o atenuante de responsabilidad penal. Y en la aceptación de que este reconocimiento normativo, se hace en aras del respeto del principio de culpabilidad. Por lo anterior, seguimos la tesis de que el fundamento de aquel reconocimiento normativo se fundamenta, en la existencia de un error de prohibición que, probado, determinará la eventual irresponsabilidad o benignidad en el tratamiento punitivo del indígena infractor de ley. A su vez, en materia probatoria, postulamos que la exigencia del art. 54 inc. 1° de la Ley 19.253 en concordancia con el art. 8.2 del Convenio OIT 169, obligan a que la acreditación en juicio de la costumbre indígena que se invoca, implica justificar ésta y su vigencia, su compatibilidad con la Constitución Política de la República y con los derechos fundamentales que establece el sistema jurídico nacional o con los derechos humanos internacionalmente reconocidos; y probar que, el proceder del individuo, se motivó en el influjo socio-jurídico que sobre él provocó la regla de comportamiento existente en la comunidad, de que forma parte

El Objetivo general, responde a la pregunta ¿Cuál es la relación entre la presencia del Estado y los grados de organicidad y formas de derecho alternativo vigentes en las comunidades del distrito de Leoncio Prado?. Su importancia, parte de la premisa que la actual Constitución de 1993 y los Artículos: 139, Num. 8: “Principio de no dejar de administrar justicia [...] en tal caso, debe aplicarse el [...] derecho consuetudinario”; y 149: “Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial”; fueron un tanto demagógicos, pues la Ley de Justicia de Paz, recién se promulgó el 2012. La fundamentación teórica, parte del hecho que la colonización europeoanglosajona (“colonias puras”), generó países culturalmente “cuasi homogéneos” y la español-portuguesa (absorción de poblados indígenas); países culturalmente “Heterogéneos, pluriculturales o multiétnicos”, que reprodujeron el mismo modelo de metrópolis colonizadora (centralista, discriminativa, segregacionista y modelos legislativos uniformes), en vez de descentralistas (Federaciones, Regiones, Estados asociados, etc.). El derecho “Monista” (un solo sistema jurídico válido), consideró al derecho consuetudinario: «solo para los dependientes de costumbres salvajes y tiranías incapaces de gobernarse…» y es un “imposible jurídico” (Obligar a pueblos alejados de la “modernidad” a aplicar leyes dictadas desde centros urbanos a donde no llegan). Se justifica la Tesis en la medida que los estudios de comunidades: o son de las muy tradicionales, o son demasiado generalistas (extrapolan casos de derecho alternativo o consuetudinario a todas las comunidades andinas y/o amazónicas). Se concluye con que el estudio de las comunidades campesinas diferenciadas por su altitud y distancias a las urbes, es fundamental para entender su funciones jurisdiccionales en el área andina, por lo que éste tipo de estudios, se podrían aprovechar para una mejor normatividad y aplicación de la Justicia consuetudinaria y de Paz, puesto que es notorio un mayor respeto y mayor efectividad del derecho alternativo en las comunidades más elevadas y alejadas de las ciudades, que en las zonas bajas, más amestizadas y modernizadas. / Tesis

A partir de los años 2000, la región La Libertad ha experimentado un boom minero, el cual ha significado un cambio importante en la dinámica económica de dicha región. Al mismo tiempo, ha acarreado una serie de cambios en materia social, política y medioambiental. La naturaleza extractiva de esta actividad económica y su conflicto con la posesión de tierra han generado un aumento de los conflictos socioambientalesmineros que se han materializado en denuncias ciudadanas y movilizaciones civiles, las cuales han requerido la actuación de autoridades públicas, empresarios del sector minero, sociedad civil y las organizaciones sociales de base (OSB). De esta forma, el presente trabajo, de tipo cualitativo no-experimental, se ubica en la Comunidad de Shiracmaca, provincia de Huamachuco y busca estudiar el papel de una de sus OSB, las rondas campesinas de Shiracmaca, durante su proceso de mediación en los conflictos socioambientales-mineros. Asimismo, dicho caso ha sido seleccionado, debido al gran flujo de conflictividad y el poco estudio de la zona por parte de la academia. En base a entrevistas semiabiertas y revisión documental, se sostiene que las rondas hacen uso de dos mecanismos principales: movilizaciones y protestas, y reuniones e involucramiento con autoridades públicas basándose en la potestad otorgada por el derecho consuetudinario delimitado por el Estado Peruano. No obstante, se ha encontrado que la efectividad de dichos mecanismos se ve reducida debido a tres principales obstáculos: organización interna (corrupción y baja eficiencia), dificultad para coordinar con otras OSB (por ejemplo, rondas urbanas y juntas vecinales) y su relación con la minería ilegal. / Since the 2000s, the La Libertad region has experienced a mining boom, which has meant an important change in the economic dynamics of the region. At the same time, it has brought with it a series of social, political and environmental changes. The extractive nature of this economic activity and its conflict with land ownership have generated an increase in socio-environmental-mining conflicts that have materialized in citizen complaints and civil mobilizations, which have required the action of public authorities, mining sector entrepreneurs, civil society and social civil organizations (CSOs). Thus, the present work, of a non-experimental qualitative type, is located in the Shiracmaca Community, province of Huamachuco, and seeks to study the role of one of its CSOs, the Shiracmaca peasant patrols, during its mediation process in socioenvironmental- mining conflicts. Likewise, this case has been selected due to the high level of conflict and the lack of academic study of the area. Based on semi-open interviews and documentary review, it is argued that the rondas make use of two main mechanisms: mobilizations and protests, and meetings and involvement with public authorities based on the power granted by customary law delimited by the Peruvian State. However, it has been found that the effectiveness of these mechanisms is reduced due to three main obstacles: internal organization (corruption and low efficiency), difficulty in coordinating with other CSOs (e.g., rondas urbanas and juntas vecinales), and their relationship with illegal mining.

La presente investigación aborda una realidad que en el Perú existe desde hace décadas pero que no tiene reconocimiento legal como es la administración de justicia que ejercen las rondas urbanas. La tesis se realiza desde una perspectiva de derechos humanos, considerando prioritariamente el derecho a la cultura y el derecho a la justicia, que permite hacer realidad los demás derechos. La tesis compara las rondas campesinas, reconocidas por la Constitución de 1993, con las rondas urbanas, señalando que surgen debido a la misma problemática: la incapacidad del Estado para brindar una justicia rápida y eficaz para los sectores populares. Para esta investigación se ha tomado como caso de estudio la ronda urbana de Bagua Grande, una localidad urbana, donde existe fuerte presencia de migrantes cajamarquinos, indígenas awajún y habitantes de otros lugares del país. Al analizar la realidad de las rondas urbanas se demuestra que sus integrantes no tienen intención de constituir un estado paralelo y mas bien en la práctica coordinan día a día con las autoridades estatales. Por eso la propuesta que tenemos es que se reconozca su facultad de administrar justicia pero con la posible presencia de magistrados, fiscales, jueces de paz o policías, cuya principal responsabilidad sería velar porque no se cometan violaciones a los derechos fundamentales. El planteamiento final de la tesis es la necesidad de una Ley de Rondas Urbanas que permita dar un tratamiento adecuado a estas organizaciones y termine con la criminalización de las mismas. / Trabajo académico

El Objetivo general, responde a la pregunta ¿Cuál es la relación entre la presencia del Estado y los grados de organicidad y formas de derecho alternativo vigentes en las comunidades del distrito de Leoncio Prado?. Su importancia, parte de la premisa que la actual Constitución de 1993 y los Artículos: 139, Num. 8: “Principio de no dejar de administrar justicia [...] en tal caso, debe aplicarse el [...] derecho consuetudinario”; y 149: “Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial”; fueron un tanto demagógicos, pues la Ley de Justicia de Paz, recién se promulgó el 2012. La fundamentación teórica, parte del hecho que la colonización europeoanglosajona (“colonias puras”), generó países culturalmente “cuasi homogéneos” y la español-portuguesa (absorción de poblados indígenas); países culturalmente “Heterogéneos, pluriculturales o multiétnicos”, que reprodujeron el mismo modelo de metrópolis colonizadora (centralista, discriminativa, segregacionista y modelos legislativos uniformes), en vez de descentralistas (Federaciones, Regiones, Estados asociados, etc.). El derecho “Monista” (un solo sistema jurídico válido), consideró al derecho consuetudinario: «solo para los dependientes de costumbres salvajes y tiranías incapaces de gobernarse…» y es un “imposible jurídico” (Obligar a pueblos alejados de la “modernidad” a aplicar leyes dictadas desde centros urbanos a donde no llegan). Se justifica la Tesis en la medida que los estudios de comunidades: o son de las muy tradicionales, o son demasiado generalistas (extrapolan casos de derecho alternativo o consuetudinario a todas las comunidades andinas y/o amazónicas). Se concluye con que el estudio de las comunidades campesinas diferenciadas por su altitud y distancias a las urbes, es fundamental para entender su funciones jurisdiccionales en el área andina, por lo que éste tipo de estudios, se podrían aprovechar para una mejor normatividad y aplicación de la Justicia consuetudinaria y de Paz, puesto que es notorio un mayor respeto y mayor efectividad del derecho alternativo en las comunidades más elevadas y alejadas de las ciudades, que en las zonas bajas, más amestizadas y modernizadas.