El presente trabajo se enfoca en analizar el programa de cumplimiento en materia de protección al consumidor, circunscrito al sector financiero y conexos, desde la autorregulación empresarial; además, de tomar en consideración, la importancia del Compliance como buena práctica corporativa. En ese sentido, se plasma como objetivo, determinar el impacto que ha tenido el programa de cumplimiento en materia de protección al consumidor, en el sector económico mencionado, ya que, su adecuada implementación, sirve como atenuante frente a la posible imposición de multas, por parte del Indecopi. Para ello, se partirá por explicar las nociones básicas del Compliance, y de la autorregulación como mecanismo voluntario, por parte de las empresas, de autosometerse a reglas determinadas. Dichos conceptos, se enmarcan en la normativa referente a la protección al consumidor en el sistema financiero. Seguidamente, se propone, además de los documentos requeridos por la norma, la realización de una matriz de riesgo y el establecimiento de controles internos para la ejecución del programa de cumplimiento, producto del análisis de varias Resoluciones del Indecopi, que permiteron identificar los lineamientos y parámetros establecidos por la autoridad competente, sobre el sector económico desarrollado. Ello, sin dejar de abordar lo límites normativos y de ejecución que aún enfrenta el programa de cumplimiento en materia de protección al consumidor. Finalmente, tomando como referencia las premisas desarrolladas, se logra evidenciar que, a pesar del beneficio adyacente al programa de cumplimiento estudiado, éste no ha tenido un gran impacto en el sector financiero y conexos, debido a que aún no hay claridad en los criterios de evaluación del programa cumplimiento por parte del Indecopi, según la jurisprudencia desarrollada en el trabajo.

La innovación en el mercado de valores ha generado que diversos organismos reguladores del mercado financiero se cuestionen sobre la normativa aplicable a diversas estructuras financieras disruptivas. Así, las Initial Coin Offerings presentan una naturaleza muy diversa, y dependerá de cada caso evaluar si corresponde o no la aplicación de la regulación del mercado de valores. En el caso peruano lo primero por determinar es si los criptoactivos (tokens) emitidos en este tipo de estructuras podrían calificar como valores mobiliarios de acuerdo con la legislación vigente, y si su oferta pública estaría bajo los alcances de la ley del mercado de valores. La hipótesis del presente trabajo es que podrían existir tokens que, dada sus características particulares, podrían calificar como valores mobiliarios, y por lo tanto, su oferta pública debería registrarse en la Superintendencia del Mercado de Valores. Para analizar ello se utiliza el método comparado y regulatorio, así como un enfoque de riesgos. Luego de estudiar las experiencias extranjeras de EE.UU, España y Colombia, se determina que en el caso peruano sí podrían calificar como valores mobiliarios los tokens emitidos en una ICO, siempre y cuando cumplan con la definición de la ley del mercado de valores. Por lo tanto, la oferta pública que se haga de estos debería observar las obligaciones derivadas de la regulación. También se describen los inconvenientes al momento de aplicar una regulación tradicional a una actividad disruptiva, y se propone diversas medidas para compatibilizar la primera con la segunda, como por ejemplo el sandbox regulatorio.

Las Cajas Municipales en el Perú cumplen un rol fundamental en la economía del país, mediante el apoyo a la pequeña y mediana empresa, debemos tener en cuenta que la creación de estas entidades se materializo por iniciativa de las Municipalidades provinciales, estas empresas en un inicio de sus operaciones se constituyeron como sociedades civiles, donde sus órganos de gobierno se encontraban conformados por el Comité Directivo y la Gerencia, con la promulgación de la Ley General del Sistema estas entidades tuvieron que tomar la forma de Sociedades Anónimas, lo cual género que su normativa regulatoria sea la Ley de Sociedades, por lo tanto su Comité Directivo se convirtió en la Junta General de Accionistas, la cual se encuentra conformada por el alcalde y regidores de la municipalidad provincial respectiva. Entonces siendo el Órgano Máximo de toda sociedad la Junta General de Accionistas, sus facultades inherentes e indelegables se encuentran taxativamente señaladas en la ley de sociedades, como es la de designar y remover a los miembros de su directorio; atribuciones que no pueden ser observadas por los accionistas, siempre y cuando estas hayan sido tomadas por la mayoría calificada; sin embargo por las facultades regulatorias que en materia de supervisión realiza la Superintendencia de Banca y Seguros a todas las entidades financieras, se emito la resolución SBS Nro. 5788-2015 la cual establece condiciones para la designación y revocación de los miembros del directorio de las Cajas Municipales, resolución que evidentemente genera incongruencias con lo prescrito por la Ley de Sociedades. Estos riesgos legales que se generan han sido evidenciados con los procesos judiciales iniciados por directores contra una de estas entidades financieras cuando se les quito la confianza mediante la revocación al cargo de director y en otra por no haberlo designado por contar con antecedentes de mala gestión, siendo este último que habiendo recurrido a un procesos judicial de garantías constitucionales logrando que el poder judicial obligue a una sociedad a designar un director; para que luego de unos meses los órganos de control interno de la entidad emitieran un informe de responsabilidad económica por perdidas en la gestión de este director impuesto por el poder judicial. Por lo tanto, resulta evidente que se genera incongruencias normativas entre resolución SBS Nro. 5788-2015 y Ley de Sociedades, que por la jerarquía y especialidad de las normas prevalece la segunda, sin embargo, la primera es aplicada por el carácter regulatorio que tiene la Superintendencia de Banca y Seguros sobre las entidades que supervisa.

El presente artículo de investigación realiza un acercamiento al comportamiento de los emisores en el régimen de revelación de hechos de importancia durante los períodos 2014, 2015 y 2016. Es así que, se analiza cómo los emisores vienen reportando hechos de importancia al mercado de valores peruano y si estos reportes cumplen con la obligación de dar a conocer al mercado de valores peruano información de calidad, visto desde la oportunidad con la cual se comunican estos hechos de importancia, esto es, la omisión del cumplimiento de la obligación. El planteamiento que se propone es si: “Los principales emisores que cotizan sus valores en la Bolsa de Valores de Lima durante los períodos 2014, 2015 y 2016, presentaron una tendencia a comunicar al mercado de valores peruano, hechos de importancia de mala calidad”. Para ello, a fin de responder a nuestra interrogante realizamos la selección de una muestra compuesta por 12 de las principales empresas que cotizan sus valores en la Bolsa de Valores de Lima, mediante las cuales obtuvimos resultados respecto al nivel de reporte de información al mercado y del mismo modo concluimos que los factores determinantes del incumplimiento en el reporte de información, no se encuentra únicamente asociado a la gravedad de las sanciones pecuniarias impuestas, puesto que la sanción reputacional muchas veces resulta más efectiva, lo cual va de la mano con la probabilidad de imponer una sanción y que la misma se haga efectiva, son estos elementos que debemos considerar, los cuales dependerán de cada regulación. / Trabajo de investigación

El objeto de la presente tesis doctoral es realizar un análisis crítico de los programas de cumplimiento voluntario como medidas destinadas a la mejora del cumplimiento espontáneo de las obligaciones tributarias a largo plazo para determinar de manera sistemática en qué consisten estos programas, cuáles son sus características generales y cuáles son los límites constitucionales y de Derecho de la Unión Europea que deben ser ponderados durante su elaboración e implementación. Estos programas constituyen una oportunidad permanente o temporal otorgada por Ley a los contribuyentes incumplidores para que regularicen una situación previa de incumplimiento, proporcionando a la Administración tributaria información previamente ocultada y realizando el ingreso de la deuda tributaria resultante de la aplicación de la normativa correspondiente. Para desarrollar esta tesis doctoral se ha utilizado un esquema inductivo en el que, partiendo del análisis del marco estratégico general en el que se desarrollan los programas de cumplimiento voluntario y del examen de las medidas implantadas en España y de determinadas medidas implementadas en otras jurisdicciones fiscales, se ha procedido a la elaboración de un concepto de programa de cumplimiento voluntario y a la determinación de su régimen jurídico.

A lo largo de los últimos años el régimen jurídico presupuestario de las Entidades Locales ha sufrido una importante transformación. Esta transformación deriva de la introducción en nuestro Derecho interno de los principios comunitarios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Por ello, el objeto de este trabajo es realizar una evaluación del impacto de las nuevas políticas de control del déficit y de la deuda pública sobre el régimen jurídico presupuestario de las Entidades Locales, y en concreto, sobre el principio de especialidad del crédito presupuestario en su triple acepción de especialidad cualitativa, cuantitativa y temporal. En este sentido, se ha realizado el análisis de la aplicación práctica de las reglas fiscales y novedades en materia de gestión presupuestaria en las modificaciones de crédito. Así mismo, el trabajo desarrollado incluye el tratamiento del superávit presupuestario y los principales problemas que plantea la aplicación de la nueva disciplina presupuestaria en las Entidades Locales, especialmente, en aquellas que presentan una situación económico-financiera saneada, planteando algunas propuestas de reforma, en especial, en relación a la regla de gasto, dentro del marco constitucional y de la normativa comunitaria.

The purpose of this paper is to glimpse as the Tax Law is inserted in the unit of general law, being important for understanding the knowledge of public and private law in general.In the second part of the paper, the author analyzes how private law applies to the financial subsidiary way through forwarding making the tax law itself or by express provision of the civil. He emphasizes in this introduction as dogmatic construction of the tax liability, originated and rationale in civil liability.Finally the author explains how general principles of law necessarily apply to financial law. Thus, the principles of good faith, breach of law, and the doctrine of estoppel, are universal principles applicable to every right and inexcusably financial and tax law. / El presente artículo busca vislumbrar cómo el Derecho Financiero y Tributario está inserto en la unidad del Derecho en general, resultando importante para su comprensión el conocimiento del Derecho Público y Privado. Por ello, el autor analiza cómo se aplica en forma subsidiaria el Derecho Privado al Derecho Financiero a través del reenvío que realiza la propia legislación fiscal o por disposición expresa de la civil. Destacamos en esta introducción cómo la construcción dogmática de la obligación tributaria tuvo su origen y razón de ser en la de la obligación civil.Finalmente el autor explica cómo los Principios Generales del Derecho necesariamente se aplican al Derecho Financiero. Así, los principios de buena fe, abuso del derecho, y la doctrina de los actos propios, son principios universales aplicables a todo el Derecho e inexcusablemente al Derecho Financiero y Tributario.

The content and function of the contribution capacity principle has been a controversial issue for economists and jurists. Through the jurisprudence of the Constitutional Court of Peru, the author claims the capacity of contribution as an implied constitutional principle to award a self-governing function from other principles (legality, equality and non confiscatory) and recognize the outstanding methodological contribution to the Financialand Taxation law unit. / El contenido y función del principio de capacidad contributiva ha sido una cuestión controvertida por economistas y juristas. A través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Perú, el autor reivindica la capacidad contributiva como principio constitucional implícito, para adjudicarle una función autónoma de otros principios constitucionales  (legalidad,  igualdad  y  no  confiscatoriedad) y destacar el aporte metodológico a la unidad del derecho financiero y tributario.