La innovación en el mercado de valores ha generado que diversos organismos reguladores del mercado financiero se cuestionen sobre la normativa aplicable a diversas estructuras financieras disruptivas. Así, las Initial Coin Offerings presentan una naturaleza muy diversa, y dependerá de cada caso evaluar si corresponde o no la aplicación de la regulación del mercado de valores. En el caso peruano lo primero por determinar es si los criptoactivos (tokens) emitidos en este tipo de estructuras podrían calificar como valores mobiliarios de acuerdo con la legislación vigente, y si su oferta pública estaría bajo los alcances de la ley del mercado de valores. La hipótesis del presente trabajo es que podrían existir tokens que, dada sus características particulares, podrían calificar como valores mobiliarios, y por lo tanto, su oferta pública debería registrarse en la Superintendencia del Mercado de Valores. Para analizar ello se utiliza el método comparado y regulatorio, así como un enfoque de riesgos. Luego de estudiar las experiencias extranjeras de EE.UU, España y Colombia, se determina que en el caso peruano sí podrían calificar como valores mobiliarios los tokens emitidos en una ICO, siempre y cuando cumplan con la definición de la ley del mercado de valores. Por lo tanto, la oferta pública que se haga de estos debería observar las obligaciones derivadas de la regulación. También se describen los inconvenientes al momento de aplicar una regulación tradicional a una actividad disruptiva, y se propone diversas medidas para compatibilizar la primera con la segunda, como por ejemplo el sandbox regulatorio.

Las Cajas Municipales en el Perú cumplen un rol fundamental en la economía del país, mediante el apoyo a la pequeña y mediana empresa, debemos tener en cuenta que la creación de estas entidades se materializo por iniciativa de las Municipalidades provinciales, estas empresas en un inicio de sus operaciones se constituyeron como sociedades civiles, donde sus órganos de gobierno se encontraban conformados por el Comité Directivo y la Gerencia, con la promulgación de la Ley General del Sistema estas entidades tuvieron que tomar la forma de Sociedades Anónimas, lo cual género que su normativa regulatoria sea la Ley de Sociedades, por lo tanto su Comité Directivo se convirtió en la Junta General de Accionistas, la cual se encuentra conformada por el alcalde y regidores de la municipalidad provincial respectiva. Entonces siendo el Órgano Máximo de toda sociedad la Junta General de Accionistas, sus facultades inherentes e indelegables se encuentran taxativamente señaladas en la ley de sociedades, como es la de designar y remover a los miembros de su directorio; atribuciones que no pueden ser observadas por los accionistas, siempre y cuando estas hayan sido tomadas por la mayoría calificada; sin embargo por las facultades regulatorias que en materia de supervisión realiza la Superintendencia de Banca y Seguros a todas las entidades financieras, se emito la resolución SBS Nro. 5788-2015 la cual establece condiciones para la designación y revocación de los miembros del directorio de las Cajas Municipales, resolución que evidentemente genera incongruencias con lo prescrito por la Ley de Sociedades. Estos riesgos legales que se generan han sido evidenciados con los procesos judiciales iniciados por directores contra una de estas entidades financieras cuando se les quito la confianza mediante la revocación al cargo de director y en otra por no haberlo designado por contar con antecedentes de mala gestión, siendo este último que habiendo recurrido a un procesos judicial de garantías constitucionales logrando que el poder judicial obligue a una sociedad a designar un director; para que luego de unos meses los órganos de control interno de la entidad emitieran un informe de responsabilidad económica por perdidas en la gestión de este director impuesto por el poder judicial. Por lo tanto, resulta evidente que se genera incongruencias normativas entre resolución SBS Nro. 5788-2015 y Ley de Sociedades, que por la jerarquía y especialidad de las normas prevalece la segunda, sin embargo, la primera es aplicada por el carácter regulatorio que tiene la Superintendencia de Banca y Seguros sobre las entidades que supervisa.

El presente artículo de investigación realiza un acercamiento al comportamiento de los emisores en el régimen de revelación de hechos de importancia durante los períodos 2014, 2015 y 2016. Es así que, se analiza cómo los emisores vienen reportando hechos de importancia al mercado de valores peruano y si estos reportes cumplen con la obligación de dar a conocer al mercado de valores peruano información de calidad, visto desde la oportunidad con la cual se comunican estos hechos de importancia, esto es, la omisión del cumplimiento de la obligación. El planteamiento que se propone es si: “Los principales emisores que cotizan sus valores en la Bolsa de Valores de Lima durante los períodos 2014, 2015 y 2016, presentaron una tendencia a comunicar al mercado de valores peruano, hechos de importancia de mala calidad”. Para ello, a fin de responder a nuestra interrogante realizamos la selección de una muestra compuesta por 12 de las principales empresas que cotizan sus valores en la Bolsa de Valores de Lima, mediante las cuales obtuvimos resultados respecto al nivel de reporte de información al mercado y del mismo modo concluimos que los factores determinantes del incumplimiento en el reporte de información, no se encuentra únicamente asociado a la gravedad de las sanciones pecuniarias impuestas, puesto que la sanción reputacional muchas veces resulta más efectiva, lo cual va de la mano con la probabilidad de imponer una sanción y que la misma se haga efectiva, son estos elementos que debemos considerar, los cuales dependerán de cada regulación. / Trabajo de investigación

El número creciente de sujetos obligados y el incremento permanente de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en los últimos veinte años que, al ser comparados frente al reducido número de sentencias condenatorias por actividades de lavado de activos, así con el decreciente número de Informes de Inteligencia Financiera (IIF) plantean el problema si existen factores que afectan eficiencia de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú. La tesis que sostenemos es que existen factores relacionados a la regulación contra el lavado de activos, la autonomía de la UIF, a su presupuesto, personal y al tipo de información a la que accede la UIF del Perú que afectan su eficiencia, la cual se puede medir desde la relación que guardan los ROS, los IIF y las sentencias condenatorias por lavado de activos. Esto se demuestra a través de un estudio comparativo entre las UIF de Perú, Argentina, Chile y Colombia, que permite concluir de la existencia de factores que afectan la eficiencia de la UIF del Perú en su lucha contra el lavado de activos.

La presente investigación desarrolla un tema de actualidad muy relevante para la promoción de nuestro mercado de valores especialmente para el mercado primario de instrumentos representativos de deuda, las Ofertas Híbridas o Profesionales. La promoción, desarrollo e implementación de estas Ofertas Híbridas facilitaría el incremento de las emisiones de instrumentos de deuda y el ingreso de nuevos emisores; lo cual podría ampliar las alternativas de inversión actualmente disponibles para los inversionistas. La conceptualización de Ofertas Híbridas es una terminología introducida por el Banco Mundial, a partir del estudio de experiencias exitosas en países con economías emergentes y también en países desarrollados que en sus regulaciones diseñaron ofertas flexibles en cuanto a la carga regulatoria para la inscripción de los valores, el rol del regulador, las obligaciones informativas periódicas, restricciones a la negociación de los valores, los destinatarios de la oferta, entre otros aspectos; a partir de la combinación de características de las ofertas públicas y de las ofertas privadas de valores. La justificación de la presente investigación se centra en que a pesar del crecimiento económico obtenido por nuestro país durante los últimos veinte años, nuestro mercado de valores es aún pequeño en comparación a otros países latinoamericanos como el chileno y el colombiano. Ello debido a una serie de factores como los altos costos de acceso para que una empresa pueda financiarse, por los trámites y plazos muy prolongados en el tiempo para la aprobación de las inscripciones, empresas con tamaños pequeños para los estándares que el mercado de valores requiere y que no cuentan con políticas de buen gobierno corporativo e información financiera elaborada de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), desconocimiento de los beneficios del mercado de valores y poca cultura financiera, entre otros temas que desincentivan el ingreso al mercado de valores. En consideración a ello, el desarrollo y posible implementación en nuestra regulación de esquemas como las Ofertas Híbridas podría constituir una alternativa diferente al régimen general de ofertas públicas primarias y a los regímenes especiales, como el regulado mediante el Reglamento de Oferta Pública Primaria dirigido exclusivamente a Inversionistas Acreditados – ROPPIA, el cual a diferencia de dichos regímenes promoverá el ingreso de nuevas empresas al mercado de valores y de ampliar las opciones de financiamiento a los emisores, constituyéndose en una fuente alternativa al sistema bancario.

El presente informe jurídico analiza la Resolución N.º 0148-2023/SPCINDECOPI, la cual examina el grado de comprensión del concepto funcional de idoneidad de un producto financiero tanto por los consumidores como por los proveedores. Los consumidores adquieren productos con el propósito de satisfacer una necesidad específica, y, por ende, es razonable esperar que las expectativas relacionadas con el uso del producto se cumplan conforme a su función adquirida. La resolución de la Sala Especializada en Protección al Consumidor del INDECOPI revisa este concepto de idoneidad y determina su aplicación a través del análisis de las garantías otorgadas por el proveedor, priorizando el fallo a favor del consumidor. Sin embargo, se concluye que el análisis realizado por la Sala no fue correcto. Específicamente, se observó que la Sala se enfocó en la garantía implícita del producto o servicio proporcionado por el proveedor sin considerar previamente la aplicación de la garantía explícita, conforme al artículo 20 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Además, no se abordó el concepto de cláusulas abusivas de ineficacia absoluta regulado en el artículo 50 del mismo Código, en relación con las cláusulas contenidas en la Solicitud de Transferencia Interbancaria del proveedor que limitan la responsabilidad del banco. Aunque concuerdo con la decisión de la Sala de que hubo una infracción al deber de idoneidad y que, por tanto, el banco tiene responsabilidad administrativa, considero que el análisis realizado por la Sala no fue correcto. / The present legal report analyzes Resolution No. 0148-2023/SPC-INDECOPI, which examines the degree of understanding of the functional concept of the suitability of a financial product by both consumers and providers. Consumers acquire products to satisfy a specific need, and hence, it is reasonable to expect that the expectations related to the use of the product are met according to its intended function. The resolution by the Specialized Chamber for Consumer Protection of INDECOPI reviews this concept of suitability and determines its application through the analysis of the guarantees provided by the provider, prioritizing the ruling in favor of the consumer. However, it is concluded that the analysis conducted by the Chamber was not correct. Specifically, it was observed that the Chamber focused on the implicit warranty of the product or service provided by the supplier without first considering the application of the explicit warranty, in accordance with Article 20 of the Code of Consumer Protection and Defense. Additionally, the concept of abusive clauses of absolute inefficacy regulated in Article 50 of the same Code was not addressed, in relation to the clauses contained in the provider's Interbank Transfer Request that limit the bank's liability. Although I agree with the Chamber's decision that there was a breach of the duty of suitability and that, therefore, the bank has administrative responsibility, I consider that the analysis carried out by the Chamber was not sufficiently thorough.

El presente informe jurídico analiza la figura de la compensación bancaria como derecho potestativo de las entidades financieras para cobrar acreencias sobre productos financieros pasivos de los clientes, en específico, una cuenta compuesta de fondos provenientes de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) del señor Josué Carlos Calixtro Arroyo. A partir de ello, se plantea como tema de discusión si existió o no una vulneración al deber de idoneidad contemplado en los artículos 18º y 19º de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, toda vez que dichos fondos poseen la calidad de intangibles e inembargables según la normativa sectorial aplicable. Para ello, proponemos abordar dicha problemática desde la naturaleza jurídica de las instituciones que se discuten, esto es, una primera revisión académica sobre la CTS y los límites legales que le son aplicables. Como segunda revisión académica, estudiaremos a la compensación bancaria como concepto jurídico, entendiendo que sobre él existe un debate acentuado en nuestra jurisprudencia acerca de cuáles son sus verdaderos límites, entendiendo que existe un sector que equipara a dicha figura con las garantías legales previstas para la figura del embargo judicial. A partir de esta revisión conceptual, podremos determinar que la compensación bancaria no vulneró el deber de idoneidad previsto en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que la figura estudiada deviene de un modo negocial de extinción de obligaciones, bajo la cual un usuario en el sistema financiero otorga su consentimiento a través de un contrato para que una entidad financiera pueda afectar sus cuentas pasivas en el caso que tenga deudas vencidas y exigibles. / The purpose of this legal report is to analyze the figure of bank compensation as the optional right of financial entities to collect debts on passive financial products of clients, specifically, an account made up of funds from the Compensation for Time of Service (CTS) of Mr. Josué Carlos Calixtro Arroyo. Based on this, the topic of discussion is whether or not there was a violation of the duty of suitability contemplated in articles 18 and 19 of Law N° 29571, Consumer Protection and Defense Code, since said funds have the intangible and non-seizable quality according to the applicable sector regulations. Faced with this controversy, we propose to address this problem from the legal nature of the institutions that are discussed, that is, a first academic review of the CTS and the legal limits that apply to it. As a second academic review, we will study bank compensation as a legal concept, understanding that there is a heightened debate about it in our jurisprudence about what its true limits are, understanding that there is a sector that equates this figure with the legal guarantees provided for the figure of judicial freezing. From this conceptual review, we will be able to determine that the bank compensation did not violate the duty of suitability provided for in the Consumer Protection and Defense Code, to the extent that the figure studied becomes a negotiating way of extinguishing obligations, under which a user in the financial system grants his or her consent through a contract so that a financial entity can affect its passive accounts in the event that it has due and payable debts.

El objeto de la presente tesis doctoral es realizar un análisis crítico de los programas de cumplimiento voluntario como medidas destinadas a la mejora del cumplimiento espontáneo de las obligaciones tributarias a largo plazo para determinar de manera sistemática en qué consisten estos programas, cuáles son sus características generales y cuáles son los límites constitucionales y de Derecho de la Unión Europea que deben ser ponderados durante su elaboración e implementación. Estos programas constituyen una oportunidad permanente o temporal otorgada por Ley a los contribuyentes incumplidores para que regularicen una situación previa de incumplimiento, proporcionando a la Administración tributaria información previamente ocultada y realizando el ingreso de la deuda tributaria resultante de la aplicación de la normativa correspondiente. Para desarrollar esta tesis doctoral se ha utilizado un esquema inductivo en el que, partiendo del análisis del marco estratégico general en el que se desarrollan los programas de cumplimiento voluntario y del examen de las medidas implantadas en España y de determinadas medidas implementadas en otras jurisdicciones fiscales, se ha procedido a la elaboración de un concepto de programa de cumplimiento voluntario y a la determinación de su régimen jurídico.

A lo largo de los últimos años el régimen jurídico presupuestario de las Entidades Locales ha sufrido una importante transformación. Esta transformación deriva de la introducción en nuestro Derecho interno de los principios comunitarios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Por ello, el objeto de este trabajo es realizar una evaluación del impacto de las nuevas políticas de control del déficit y de la deuda pública sobre el régimen jurídico presupuestario de las Entidades Locales, y en concreto, sobre el principio de especialidad del crédito presupuestario en su triple acepción de especialidad cualitativa, cuantitativa y temporal. En este sentido, se ha realizado el análisis de la aplicación práctica de las reglas fiscales y novedades en materia de gestión presupuestaria en las modificaciones de crédito. Así mismo, el trabajo desarrollado incluye el tratamiento del superávit presupuestario y los principales problemas que plantea la aplicación de la nueva disciplina presupuestaria en las Entidades Locales, especialmente, en aquellas que presentan una situación económico-financiera saneada, planteando algunas propuestas de reforma, en especial, en relación a la regla de gasto, dentro del marco constitucional y de la normativa comunitaria.

El análisis aborda la sentencia referida al proceso de inconstitucionalidad de la Ley 31143, que regula las tasas de interés en el sistema financiero peruano. El principal problema jurídico identificado es la inadecuada consideración de los principios de protección al consumidor e inclusión financiera por parte del Tribunal Constitucional en su análisis. La investigación utiliza diversos principios e instituciones constitucionales y otras instituciones jurídicas, considerando su desarrollo jurisprudencial y doctrinario, y busca aplicarlos en el contexto peruano. La crítica se centra en la omisión del Tribunal Constitucional al no considerar adecuadamente los principios de protección al consumidor y de inclusión financiera en su análisis, resaltando la necesidad de una regulación que equilibre la protección contra la usura con el acceso amplio y justo al crédito formal. Las principales conclusiones indican que, aunque la norma es constitucional, su efectividad es limitada y podría llevar a consecuencias no deseadas, como la exclusión financiera y el incremento del mercado informal. / The analysis addresses the ruling related to the unconstitutionality process of the Peruvian Financial Services Usury Protection Act N° 31143, which regulates interest rates in the Peruvian financial system. The main legal issue identified is the inadequate consideration of the principles of consumer protection and financial inclusion by the Constitutional Court in its analysis. The research utilizes various constitutional principles and institutions, as well as other legal institutions, considering their jurisprudential and doctrinal development, and seeks to apply them in the Peruvian context. The critique focuses on the Constitutional Court's omission in not adequately considering the principles of consumer protection and financial inclusion in its analysis, highlighting the need for regulation that balances protection against usury with broad and fair access to formal credit. The main conclusions indicate that, although the norm is constitutional, its effectiveness is limited, and it could lead to unintended consequences such as financial exclusion and the rise of the informal market.