El autor analiza el nuevo ordenamiento procesal penal, edificado, como” modelo acusatorio, garantizador y de tendencia adversativa”, analiza además las variables por las que resulta  que sin persecución, defensa y fallo, entendidas como funciones diferenciadas y a cargo de un correspondiente sujeto procesal, sea imposible predicar la existencia de un proceso justo, debido y legal, propio de un régimen democrático y republicano al servicio de los ciudadanos.

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente ensayo pretende contribuir en la reconstrucción dogmática de la sana crítica como sistema de valoración probatoria, a partir de su consideración como una institución extralingüística dotada de una metodología positiva de justificación de las inferencias fácticas en la motivación judicial. Apostar a la reconstrucción dogmática de la sana crítica, responde al diagnóstico que se expone de lleno en el capítulo II, amén de la inexistencia de una noción sistémica y consolidada de la misma, situación que ha traído consigo múltiples inconvenientes operativos. De la exhibición en dicha sección de los aportes doctrinarios que caracterizan y definen a la sana crítica, resulta forzoso concluir que, a pesar de ciertas divergencias, hay consenso en que dicho sistema de valoración, primero, comprende exigencias de motivación y de racionalidad, y que además, se debe a ciertas reglas que ofician como guía y límite en la operación de valoración, a saber, los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, cuyo análisis crítico, se plasma en los capítulos III, IV y V.1., y V.2., donde asalta como novedad, subsumirlos bajo las categorías de garantías lógicas y tópicas de racionalidad. Finalmente en el capítulo VI, con asidero en las herramientas metodológicas provistas por el modelo cognoscitivista de valoración racional de la prueba, tratado fundamentalmente en el capítulo I, y, con lo resuelto en el apartado V.3., sobre hechos institucionales, materia abordada desde la filosofía de la sociedad de John Searle, se abordan ciertos presupuestos que fundamentarán las bases conceptuales de una propuesta de reconstrucción dogmática de la sana crítica.

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El derecho penal moderno no se limita a la dogmática, se interesa también por las consecuencias del hecho delictivo. La política criminal guía las decisiones que toma el poder político y proporciona a su vez los argumentos para criticar esas decisiones, mediante el análisis de la realidad social, proponiendo soluciones y también vías alternativas al derecho penal vigente

Magíster en Gestión y Políticas Públicas / El presente trabajo de investigación, detalla el nuevo sistema de justicia especial para adolescentes que han infringido la ley penal, y la importancia de evaluar la consistencia de los estándares mínimos que deben existir en el cuerpo normativo, respecto del sistema abierto del Servicio Nacional de Menores (SENAME), específicamente en los programas de Libertad Asistida (PLA) y Libertad Asistida Especializada (PLE), y el nivel de requerimientos establecidos en las orientaciones técnicas, que son la base de la intervención que desarrollan los Organismos Colaboradores para propender a la reinserción de los adolescentes en la sociedad. La metodología utilizada en esta investigación, es de tipo exploratoria y de carácter cualitativo, considerando que el diseño de un plan investigativo de calidad requiere validez externa, interna y fiabilidad de la información, es que se contemplaron fuentes primarias tales como; entrevistas a expertos, extractos noticiosos, opiniones de expertos y actores directos sobre la reforma, leyes, reglamentos y orientaciones técnicas, además de fuentes secundarias tales como; investigaciones nacionales e internacionales sobre los sistemas penales juveniles, artículos académicos sobre la reforma penal adolescente, e informes y estudios sobre la reincidencia y reinserción. La ley 20.084 del 08 de Junio de 2007, genera un cambio en la legislación que regulaba la conducta infractora de los menores de edad en el país, debido a que existía un consenso entre los organismos internacionales y los operadores del sistema, en que la legislación vigente hasta ese entonces, no cumplía con los estándares internacionales propios de los sistemas de justicia juvenil en otros países desarrollados, y que Chile, requería de un sistema moderno con criterios de eficiencia y eficacia que impone la Reforma Procesal Penal unos años antes. Con esto se busca corregir el tratamiento que reciben los adolescentes y finalmente, la necesidad de dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado, dando resultados positivos, ya que los delitos cometidos por adolescentes ingresados al Ministerio Público, desciende de un 4,5% a un 3,8% entre los años 2008 y 2012. Para finalizar, veremos que la evaluación del sistema penal adolescente es positiva, pero que tiene una importante cantidad de dificultades que afectan la ejecución eficaz de las sanciones, y a pesar de que el Congreso señaló las deficiencias existentes, antes de la puesta en marcha de la ley, el ejecutivo no contó con un diagnóstico claro de los recursos que se necesitaban, ya que los adolescentes que debieran cumplir sus condenas en libertad, tendrían que contar con la misma oferta educacional, de capacitación y laboral que cualquier adolescente no infractor de ley, para así poder aplicar una intervención más efectiva, y con acciones específicas.

Memoria (doctorado en derecho procesal civil) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La prueba en sus dimensiones de actividad y resultado es el objeto de esta investigación. Bajo el argumento que suscribo, para acreditar en juicio los hechos operativos de una regla civil aplicable al caso demandado es necesario cumplir con exigencias tanto epistémicas como normativas, las cuales se entrelazan en los dos momentos cruciales de un proceso civil declarativo: cuando el juez establece el objeto procesal (“¿qué hechos se prueban?”) y cuando aplica un estándar de prueba a las hipótesis en competencia (“¿qué hechos están probados?”). Ambas instancias dan cuenta de la misma pregunta: ¿qué exigencias epistémicas y normativas debe cumplir el juicio de hecho establecido en la sentencia para entender que la decisión del caso es correcta? Para confeccionar una respuesta a este interrogante centro mi análisis en los juicios de imputación de responsabilidad extracontractual por culpa. Dado que el razonamiento empleado por el juez para establecer los hechos se encuentra moldeado por el marco institucional donde ese juicio se practica, empleo el Capítulo I para ofrecer una concepción normativa del proceso civil de primera instancia (una vía que equilibra cuestiones de justicia y eficiencia) y de la función jurisdiccional (como un discurso de aplicación de normas comunes a casos individuales). En este contexto, la prueba se presenta como el instrumento que utilizan los diversos sujetos procesales para conocer la controversia en sus términos jurídicamente relevantes. La probabilidad de obtener ese conocimiento se maximiza mediante reglas orientadas a la búsqueda de la verdad de los hechos, pero como la información disponible siempre es incompleta, las formas procesales sobre las cuales pivota todo juicio de hecho deben expresar, en definitiva, estrategias para minimizar los riesgos de error en el veredicto y, cuando éstos son inevitables, repartirlos entre las partes. El Capítulo II aborda la prueba como actividad. Esta dimensión probatoria se construye en torno al objeto procesal como un acto que ilustra sobre el asunto debatido, tanto en su faz normativa como fáctica. El objeto procesal permite discriminar qué argumentos jurídicos son aceptables en cada caso y qué evidencias son idóneas para acreditar los hechos operativos de la ley aplicable, cuestiones que hace posible el cumplimiento de la regla contradicción entre los litigantes. Dentro de la prueba como actividad, la interacción entre exigencias epistémicas y normativas se manifiesta con especial fuerza al dirimir cuestiones como: los límites de la buena fe procesal, los presupuestos operativos de la iniciativa probatoria judicial, el estándar de exclusión de evidencias y los criterios de inversión del onus probandi. Una vez fijados los hechos a probar y recopilada las evidencias disponibles corresponde al juez civil determinar cuál de las narraciones ha sido probada, o bien, refutada en el proceso. Esta dimensión atañe a la prueba como resultado, de la cual se ocupa el Capítulo III del trabajo: aquí, junto con examinar de una forma crítica la concepción subjetiva de libre valoración de la prueba –que tanto la doctrina como la jurisprudencia chilenas exhiben-, ofrezco una lectura positiva de este esquema de valoración, en tanto un razonamiento que respeta “los principios de la lógica, los conocimientos científicamente afianzados y las máximas de experiencia”. El análisis culmina con la propuesta de un estándar de prueba aplicable a la litigación civil, con especial predilección por los juicios de responsabilidad extracontractual basados en la negligencia del demandado.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo analiza la regulación vigente del control de identidad en el artículo 85 del Código Procesal Penal. El estudio revisa las sucesivas reformas legales que han modificado los supuestos y atribuciones de los funcionarios autorizados a su realización, así como las consecuencias que importa la medida en cuanto afectación de derechos fundamentales. Asimismo se realiza un estudio de las medidas de constatación de identidad en Alemania, España y Estados Unidos. La investigación plantea la necesidad de efectuar una aplicación diferenciada de la regulación del artículo 85 del Código Procesal Penal, distinguiendo según la naturaleza preventiva o represiva de la medida, su finalidad e instrumentalidad respecto de una detención en situación de flagrancia, el supuesto de hecho que autoriza su realización y la calidad de sospecho o no sospechoso del sujeto controlado de identidad. En este sentido, el trabajo plantea la existencia de dos modelos distintos: el control de identidad como instrumento para la verificación o descarte de una situación de flagrancia y el control de identidad de fines exclusivamente identificativos. La investigación analiza las garantías que rigen respecto del sujeto controlado de identidad, las que no se restringen al artículo 86 del Código Procesal Penal, sino que dependen de la calidad que se asigne al sujeto afectado por la medida, Por último, el trabajo analiza las consecuencias que importa la realización de un control de identidad ilegal.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La sociedad del riesgo ha supuesto una verdadera refundación del Derecho penal. Una de las tendencias adoptadas por el legislador penal de la sociedad del riesgo es la prolífera creación de nuevos tipos penales –generalmente de escasa lesividad-, así como una agravación de los ya existentes. La marcada expansión del Derecho penal es un sello distintivo de la sociedad postindustrial y a la vez constituye una de las principales preocupaciones de los modernos sistemas de enjuiciamiento criminal. La presente investigación se centra en la pequeña criminalidad o criminalidad de bagatela, la que se confronta con los fines de la pena y del proceso penal. Se revisa, asimismo, una eventual exclusión de pena a la luz de las distintas categorías de la teoría clásica del delito. También se aborda la posibilidad de exclusión desde modernas teorías del hecho punible, las que confluyen en el intento de construir un sistema integral del Derecho penal. En razón de lo anterior, se vierten en el tratamiento de la criminalidad de bagatela tanto consideraciones procesales como del ámbito de determinación de la pena

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)