Durante cientos de años el Derecho ha propuesto un guion de ficción, según el cual las decisiones legales se basan únicamente en los hechos y la ley aplicable. El objetivo de este trabajo es enfrentar dicha creencia popular. Las decisiones de jueces, árbitros y jurados se ven influenciadas por emociones, atajos cognitivos, el ambiente que los rodea, entre otros factores. Así, buscamos demostrar que la inserción de aspectos de la psicología cognitiva y biología a los modelos de comportamiento humano logra mayor capacidad predictiva, comprobar la existencia de heurísticas, sesgos y emociones que afectan la toma de decisiones de los individuos y reflexionar sobre las herramientas otorgadas a los jueces para cumplir con su función. Para ello, nos valemos de los instrumentos desarrollados por la Psicología Cognitiva y Psicología Evolucionista, con énfasis en el Appraisal Tendency Framework, para indagar, a través de estudios propios y de terceros, en la influencia de atajos cognitivos en las decisiones legales (y, específicamente, el impacto del enojo en las decisiones de responsabilidad civil). A partir de ello concluimos que el enojo es un catalizador de justicia; una emoción asociada a la tendencia a responsabilizar al infractor, compensar a la víctima y, en general, brindar el impulso necesario para luchar contra lo que consideramos injusto.

A partir del marco trazado por Martha Nussbaum en Justicia poética (y su debate con la obra de Richard Posner), esta tesis se detiene en los aspectos jurídicos vinculados a la discapacidad mental. Analiza así la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, centrándose en lo relacionado a la definición de discapacidad y el artículo 12 de la convención, que refiere a la capacidad jurídica y a los derechos igualitarios. A continuación se analizan algunas obras de la literatura peruana contemporánea que han representado la discapacidad mental. Se contrastan estos textos literarios con la narrativa de José María Arguedas y sus personajes con discapacidad mental, especialmente aquellos denominados opas, como Mariano y Marcelina. Estos personajes, desde la óptica del lenguaje jurídico, son "incapaces absolutos o relativos". Sin embargo, en el marco de la cosmovisión andina de la narrativa de Arguedas, dichos personajes tienen una diferencia valiosa, la que puede convivir con los demás en una relación de respeto y en un amplio marco de igualdad. Se intenta señalar entonces el vínculo entre la convención y el modo en que Arguedas retrató la discapacidad mental mediante sus personajes opas. Se señala también que la literatura (en este caso, mediante la obra de Arguedas) puede llegar antes a ciertas problemáticas a las que el derecho arriba tardíamente.

Con la presente Tesis se han identificado diversas críticas a la labor del Tribunal Constitucional, las cuales lo califican como un ente jurisdiccional esencialmente formalista al momento de resolver los procesos de inconstitucionalidad contra ordenanzas regionales y locales que fueron expedidas para proteger el derecho al medio ambiente, toda vez que antes de apelar al principio de protección a los derechos humanos se sirve del principio de competencia para declarar la invalidez de las mismas. Frente a ello, la presente Tesis identifica el problema implícito en lo señalado, bajo la siguiente pregunta:¿Debe el Tribunal Constitucional tutelar el derecho al medio ambiente declarando la invalidez de ordenanzas regionales y/o locales que buscan proteger el mencionado derecho pero que contravienen el principio de competencia? Ante tal pregunta, la hipótesis del presente trabajo es que el Tribunal Constitucional ejerce un rol de tutela del derecho al medio ambiente, al declarar la invalidez de las ordenanzas regionales y/o locales viciadas de incompetencia que buscan proteger el mencionado derecho cuando –adicionalmente- exhorta a las entidades competentes para actuar a favor del mismo. Para demostrar la referida hipótesis, bajo una visión jurídica y de las ciencias políticas, con la presente Tesis se desarrolla el correspondiente Objetivo General, el cual consiste en demostrar que el Tribunal Constitucional debe ejercer el rol de garante del derecho al medio ambiente al declarar la invalidez de ordenanzas regionales y/o locales que buscaban proteger el referido derecho pero que se encontraban viciadas de incompetencia, siempre y cuando exhorte a los entes competentes para que cumplan con su labor de tutela del derecho al medio ambiente en el marco de sus competencias. Para llegar a tal fin general, en el desarrollo del presente trabajo se abordan los siguiente Objetivos Específicos: Específico 1: Demostrar que los pronunciamientos del Tribunal Constitucional tienen repercusiones en la resolución de conflictos sociales al resolver controversias relacionadas al derecho al medio ambiente. Específico 2: Demostrar que el Tribunal Constitucional, al tomar conocimiento de los procesos de inconstitucionalidad iniciados entre los años 2005 al 2016 contra ordenanzas regionales y/o locales expedidas para proteger derechos humanos en general y, en específico, el derecho al medio ambiente, en algunos casos resolvió la controversia únicamente apelando al principio de competencia y en otros apelando también al principio de garantía de los derechos humanos. Específico 3: Demostrar que el hecho que el Tribunal Constitucional haya apelado al principio de competencia al analizar la validez de las ordenanzas regionales y locales que buscan proteger el derecho al medio ambiente tiene tanto una justificación jurídica como también una explicación política. Específico 4: Demostrar que resulta correcto que el Tribunal Constitucional no deje de aplicar el principio de competencia, por más que la norma viciada de incompetencia busque proteger el derecho al medio ambiente. Específico 5: Demostrar que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha desarrollado diversos criterios que permiten hacer compatible el principio de garantía de los derechos humanos con el principio de competencia tanto a nivel argumentativo como a nivel decisorio. Sobre esto último, se busca demostrar que las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de una ordenanza regional o local también podrán proteger el derecho al medio ambiente si es que se exhorta a los entes a cumplir con sus competencias sobre la materia.