En el marco de los Objetivos del Milenio, la falta de provisión de servicios públicos esenciales constituye en el Perú una carga histórica que debe ser superada con el objetivo de implementar de manera eficiente políticas de desarrollo social, establecer índices sostenibles de crecimiento micro y macroeconómico y aportar a la reducción de las tasas de pobreza en el país. Sin embargo, es indiscutible que la prestación de tales servicios esenciales o de interés público o general (servicios eléctricos, de transporte, ferroviarios, aeroportuarios, portuarios, etc.) no es posible sin contar con el soporte o sostén de una infraestructura que permita su viabilidad. De esta manera, en los países latinoamericanos, la falta de provisión de servicios públicos se ha intentado explicar en la denominada “Brecha de Infraestructura en América del Sur”, término que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (“CEPAL”) y la Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas (“UNASUR”) han utilizado en diversas investigaciones Ejemplo claro de esta brecha es que, en los últimos 20 años, los países latinoamericanos (con distintos modelos económicos y políticos) han invertido aproximadamente entre el 2% y el 3% de su Producto Bruto Interno (“PBI”) en infraestructura, salvo en los casos de Chile con 6% y Colombia con 4% / Tesis

La presente investigación, denominada “la capacidad procesal de los consorcios”, tiene como justificación el reconocimiento de la importancia y presencia de los contratos asociativos de consorcio en nuestra sociedad, pero sin que exista un ordenamiento jurídico que lo regule en forma clara y precisa, en lo particular, cuando se discute la capacidad procesal del consorcio que mantienen una contabilidad independiente a la de sus miembros consorciados en procedimientos administrativos tributarios, generando interrogantes que no son resueltas directamente por la normatividad aplicable, como por ejemplo, la situación de los pagos a cuenta que se efectúan por los resultados del consorcio o el embargo de los ingresos del consorcios en casos de cobranza coactiva de uno de los consorciados. Por lo expuesto, la hipótesis de la investigación está referida a la falta de reconocimiento jurídico de la capacidad procesal de los consorcios en los procedimientos administrativos tributarios. En tal sentido, el marco teórico comprende las teorías jurídicas referidas al contrato de consorcio, la capacidad procesal, los principios del derecho tributario y la capacidad jurídica tributaria. La metodología que se emplea es la de tipo dogmática y la conclusión principal a la que se arriba es la existencia de reconocimiento de la capacidad procesal del contrato de consorcio en un procedimiento administrativo tributario amparado en los principios constitucionales tributarios de igualdad, certeza y simplicidad, cómo en los principios constitucionales generales de legítima defensa y debido procedimiento. / Trabajo de investigación

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La “comuna” desde el punto de vista socio-político es una estructura que presenta características que le son muy particulares, generadas, a grandes rasgos por su número de habitantes (30% de las 345 municipalidades cuentan con una población inferior a 10.000 habitantes ), y por la horizontalidad entre los particulares y su municipio. Lo anterior nos abre una amplia gama de oportunidades de participación e inclusión en la toma de decisiones, posibilidad más próxima para la resolución de problemas, y en general, desarrollo de las políticas generales de la municipalidad. Sin embargo, quizás por desgano o por desconocimiento no nos servimos o utilizamos erróneamente las herramientas de participación y defensa de derechos que el orden jurídico nos otorga. Una de estas herramientas son los Recursos de Protección, Reclamo de Ilegalidad Municipal y Recurso de Amparo Económico. Así, motivado por lo dicho anteriormente, en el presente trabajo, recurriremos a las sentencias de nuestros tribunales que se refieran a temas de importancia para el derecho municipal, en específico a las clausuras y concesiones municipales. Nuestro objetivo, una vez analizadas todas las sentencias que contienen dichas materias, será definir una tendencia de nuestros tribunales en cada tema, con el fin de que este trabajo se transforme en una guía medianamente útil tanto para que los particulares sepan en que ocasiones el municipio ha vulnerado sus derechos y que recursos pueden ser efectivos para su defensa; como también una herramienta para que los funcionarios municipales puedan aplicar correctamente el derecho a los casos concretos.

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Se presenta una investigación sobre las características del Impacto Ambiental, de su evolución y se realiza una comparación de este instrumento de gestión en varios países. También se presenta la investigación de la temática de daño ambiental, analizando su conceptualización, evolución, realizando la comparación del concepto en varios países. Se finaliza el trabajo con una reflexión de la consideración de los impactos ambientales y el umbral que existe para su consideración como daño ambiental.

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