Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / 23/12/2017

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Esta tarea se aborda aquí en seis capítulos. En el primero, se plantea detalladamente una visión general del dominio público como disciplina propia del derecho administrativo, El capítulo segundo muestra las diferentes regulaciones que han tenido los bienes públicos a lo largo de la historia y la distinta naturaleza jurídica de la relación que la Autoridad ha establecido con estos bienes, exposición dirigida a contrastar algunos de los matices que caracterizan la actual concepción del dominio público. En el tercero, se analizan las distintas escuelas que han debatido el concepto preciso y moderno de dominio público, desde su nacimiento en la primera mitad del siglo XIX hasta las teorías más contemporáneas. Luego de presentar el concepto, en el capítulo cuarto se estudian los cuatro elementos que determinan la existencia del dominio público: la titularidad estatal, los tipos bienes que pueden integrarlo, la afectación al uso o servicio público y el estatuto normativo que le es más característico. Enseguida , en el quinto capítulo, se estudian detenidamente los preceptos fundamentales de la Constitución y del Código Civil, a fin de constatar si el concepto moderno de dominio público y los elementos que la doctrina comparada acepta sin contradicción, tienen o no cabida en nuestro ordenamiento. Finalmente, en el capítulo sexto se expone el régimen típico de utilización de los bienes de dominio público.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene por objeto investigar, como tema central, la situación, alcance y aplicación del principio de imparcialidad en Chile. La motivación de esta obra es, esclarecer al lector, en primer lugar, en qué consiste este principio, y en especial, cómo se desenvuelve y opera en el ámbito de un procedimiento seguido ante órganos de la administración investidos expresamente por ley de potestad sancionatoria, a la luz del ordenamiento jurídico nacional y su enlace con la Constitución Política de la República

Tesis (magíster en derecho, mención en derecho público) / No autorizado por el autor para ser publicada a texto completo en portal tesis electrónicas de la Universidad de Chile / A través del presente Informe en Derecho se intentará dilucidar la interrogante acerca de la fuerza vinculante que tendrían los dictámenes que emite la Contraloría General de la República, en uso de las atribuciones que le concede su propia Ley Orgánica Constitucional Nº 10.336, de 1964, el alcance de dicha fuerza, si es que existe, y la configuración de la aludida potestad

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El primero de ellos aborda el desarrollo teórico de la inspección. El segundo capítulo aborda el régimen jurídico de la inspección en tanto actividad de la Administración. El tercer capítulo desarrolla el estudio de la inspección sectorial en Chile. Ante la inexistencia de estudios generales sobre la materia, resulta necesario un recorrido más o menos amplio sobre diversos ámbitos que contemplan la realización de inspecciones, analizando cómo se comporta en cada uno de ellos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / A continuación se busca abordar la figura de la desviación de poder, vicio propio de los actos administrativos y que consiste en el ejercicio de una potestad administrativa –o su intencionada omisión- para el cumplimiento de un fin distinto de aquel previsto por el ordenamiento al otorgar la correspondiente potestad al órgano administrativo, y sea este fin público o privado. Dado que es una institución de Derecho Público pensada para el control de las potestades discrecionales –y si bien puede configurarse en el ejercicio de potestades regladas- se analizan los principios basales del Derecho Público que justifican la figura (legalidad y control), haciéndose hincapié en la potestad administrativa como mecanismo del principio de legalidad; se revisa brevemente y en general la cuestión del control de las potestades discrecionales; y finalmente se analiza de manera más detallada la historia de la desviación de poder, sus particularidades en algunos ordenamientos estatales que la recogen, su concepto en la literatura y la jurisprudencia chilenas y las polémicas a que ha dado lugar en la doctrina.

Trabajo de investigación

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Este trabajo constará de tres partes, cada una de éstas se dividirá en capítulos, los que su vez, se dividirán en secciones. En la primera parte se conceptualizará y fijará un marco normativo general de la administración a través de los principios de legalidad o juridicidad, responsabilidad y control, profundizando en este último. La exposición se concretará en el ámbito municipal, a fin de lograr mayor coherencia y dar un panorama general de la interacción de estos principios. Luego, en la segunda y tercera parte se abordará en profundidad el principio de control administrativo en el Derecho Municipal. Cada una de éstas se estructurará sobre la base de la distinción del concepto de control administrativo en externo e interno. Así, la segunda parte, tratará el control externo de la municipalidad a cargo de la Contraloría General de la República, señalando cada una de las funciones fiscalizadoras y los mecanismos empleados al examinar la actividad municipal. En la tercera parte, se estudiará el control interno de la municipalidad en manos de la potestad jerárquica ejercida por el alcalde; la fiscalización ejercida por el concejo; y finalmente, el control realizado por las distintas unidades municipales, principalmente, la Unidad de Control. Por último, en el capítulo final de la parte tercera de este estudio, se abordará el rol de la participación ciudadana en el control de la gestión municipal.

La administración del Estado para cumplir con sus fines, se ha visto en la necesidad de incorporar potestades sancionatorias a un número cada vez mayor de sus órganos.Un ejemplo de esta situación es el notorio aumento de las Superintendencias en nuestro país, instituciones emblemáticas al momento de imponer sanciones. Aunque existen cuestionamientos acerca de la legitimidad de esta facultad del Estado de imponer sanciones, no podemos reconocer que es una realidad innegable. Es por ello que resulta cada vez más importante delimitar el ejercício de esta función, con mayor razón si, las sanciones impuestas siempre provocan un gravamen para los administrados, lo que puede ser reflejado en perjuicios monetarios o en ciertas restricciones no menores

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / La presente memoria expone el Derecho Administrativo Sancionador en su fase procedimental. Plantea que el ejercicio por la Administración de las potestades sancionadoras que la ley expresamente le ha atribuido, debe conformarse a un “debido procedimiento administrativo sancionador”, al que atribuye un marcado carácter garantista, pues, adhiriendo a lo planteado recientemente por el Tribunal Constitucional (STC Nº 2.682), este “es similar al penal”. Así, dicho procedimiento administrativo está integrado por principios tales como el derecho al juez natural, el derecho a la defensa jurídica, el derecho a ser notificado de los cargos, el derecho a la prueba, la presunción de inocencia, el derecho al recurso, etcétera. Conforme a la “regla” que importa el “debido procedimiento administrativo sancionador”, en los términos antes referidos, analiza los procedimientos administrativos sancionadores específicos de las superintendencias en relación a tres aspectos críticos: delegabilidad de la potestad sancionadora (principio del juez natural), distinción entre órgano instructor y órgano sancionador (principio de imparcialidad) y ejecución del acto administrativo de sanción (mientras están pendientes recursos deducidos en su contra). Sobre el particular, advierte la existencia de sustantivas diferencias entre superintendencias, tanto normativas como prácticas, que estima inaceptables ya que algunas de ellas (a diferencia de otras) no observarían los principios que integran el debido procedimiento administrativo sancionador y, muy especialmente, por violentarse así el principio de la igualdad ante la ley entre quienes son perseguidos por superintendencias distintas, y más aún si se considera que estas, al menos nominalmente, tendrían la misma naturaleza jurídica. 6 Como solución sugiere el establecimiento de una ley con carácter general, o al menos en relación a las superintendencias, que establezca los principios del debido procedimiento administrativo sancionador, y por lo pronto, la aplicación, con carácter general, al menos en relación a ellas, de las disposiciones legales más conformes a dichos principios que contenga cualquiera de las leyes que individualmente las rige.