Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La motivación de este trabajo radica en una personal preocupación por el medio ambiente, que si bien es creciente en el orden internacional, ha sido un ámbito de reciente dedicación en nuestro país, tanto por parte de los estudiosos, en particular los del derecho, como de quienes gobiernan, legislan y aquellos quienes finalmente deciden conflictos de relevancia jurídica. A mitad de este siglo, el medio ambiente comenzó a considerarse como un bien limitado, frágil y común a todos los seres humanos, ello como consecuencia de la reconstrucción física del mundo destruido por dos guerras mundiales, lo que produjo también un reajuste de la conducta humana que hasta el momento se había mostrado con un marcado carácter antropocéntrico en su relación con la naturaleza. Desde entonces comenzó a cimentarse una nueva visión más holística del medio ambiente, que se ha traducido en un nuevo orden ambiental y que se concreta jurídicamente en el hecho que las diversas naciones han incluido en sus respectivas constituciones la garantía de un entorno libre de contaminación. Puede sostenerse que caracteriza la protección al medio ambiente, además de su carácter holístico, el tratarse de una cuestión multidisciplinaria que, por las posibles implicancias ante un desaste en su equilibrio, sobrepasa nociones como soberanía o territorialidad, transformándose en una preocupación y un quehacer de carácter internacional.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autotizada por el autor para ser publicada a texto completo / Este trabajo pretende dar los lineamientos generales para una futura legislación en materia ambiental para el cierre y/o abandono de faenas mineras. Esta propuesta legislativa tiene como referentes los impactos ambientales producidos por las faenas mineras en todas sus fases, la legislación vigente en nuestro país, la experiencia extranjera y los requerimientos específicos de la industria minera nacional. Los temas respecto de los cuales se efectúa un análisis en la normativa propuesta son los fundamentos de la legislación, sus antecedentes, principios y objetivos, antecedentes de técnica legislativa, campo de aplicación, fiscalización de su cumplimiento, competencias públicas y privadas, responsabilidad asociada, garantías para su cumplimiento y sanciones e incentivos. Se crea un nuevo instrumento de gestión ambiental para el control de los impactos de esta fase de las faenas mineras, cual es el Plan de cierre, respecto del cual se señalan sus características, oportunidad de presentación, implementación, revisiones y requisitos mínimos

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El objetivo de esta investigación consiste en la identificación y sistematización de la regulación de las emisiones atmosféricas industriales en la Región Metropolitana. Con ello, se busca entregar mayor claridad respecto del sistema regulatorio implementado en Chile. Para el logro de este objetivo fue necesario en primer lugar identificar los fundamentos constitucionales de esta regulación y el como el ejercicio de la potestad reglamentaria permitía la regulación de las actividades industriales emisoras. Para el logro del objetivo específico de identificar la regulación de las fuentes industriales, fue necesario revisar las normas que potencialmente fueran aplicables, tarea que tuvo como dificultad la poca sistematización y falta de directrices o instructivos por parte de los organismos competentes. Los resultados de la investigación demostraron principalmente que la regulación fue generada de manera asimétrica y dispersa, existiendo hoy poca claridad respecto de las obligaciones que corresponden a cada fuente emisora. Junto a lo anterior, la investigación permite tener claridad respecto de las obligaciones que debe cumplir cada una de las fuentes emisoras industriales que se ubican en la Región Metropolitana. Esperamos que este trabajo también sea útil para los profesionales que deben determinar las obligaciones de los titulares de estas fuentes, así como para las autoridades que diseñan su regulación.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / “Hemos empezado a crear desechos que sobrepasan, en cantidad y en potencial tóxico, la capacidad de la naturaleza de absorber o reutilizar estos desechos al ritmo en que se generan... En primer lugar debemos reducir de manera drástica la cantidad de desechos generados. Lo que antes se consideraba inconcebible, es hoy lugar común a causa de la increíble presión de los elevados volúmenes de desechos. Uno de los ejemplos más inquietantes es la idea de enviar desechos más allá de las fronteras nacionales. Estamos ante la perspectiva de una especie de guerra civil internacional entre quienes se niegan a considerar las consecuencias del avance inexorable de la civilización y quienes se niegan a ser los miembros silenciosos de esta destrucción” (Albert Gore, New York, 1993

Tesis (magíster en derecho con mención en derecho público) / El cambio climático es un fenómeno global que afecta indistintamente a todos los países del planeta, sin embargo, existen zonas que por sus características son más vulnerables a sus efectos y requieren medidas urgentes de adaptación por parte de cada Estado. Las áreas costeras de nuestro país se consideran como áreas vulnerables que podrían verse afectadas por el aumento del nivel del mar, aumento de la temperatura en la superficie del océano o una mayor ocurrencia de eventos climáticos extremos. En el presente trabajo se hace una revisión normativa internacional y chilena relativa al cambio climático, además de la regulación de los instrumentos de planificación territorial, para contestar la interrogante guía de esta investigación, de si estamos preparados para enfrentar los efectos del cambio climático en especial en las áreas costeras de nuestro país, y si contamos con herramientas legales que permitan medidas de adaptación para enfrentar de mejor forma los escenarios climáticos futuros. Tras una revisión de las acciones desarrolladas por otros países y lo realizado en Chile, e investigando los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial, las conclusiones preliminares son: nuestro ordenamiento jurídico actual no cuenta con herramientas que incorporen la vulnerabilidad del territorio costero que permitan tomar medidas de adaptación frente a los efectos del cambio climático, por lo que se sugieren algunas modificaciones legales para incorporar este importante tema en nuestra legislación

Tesis (magister en derecho con mención en derecho público) / Este trabajo trata el control judicial del ejercicio de las potestades discrecionales otorgadas por la ley a la Administración del Estado, analizando para estos efectos el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Se explica que el control judicial de la actividad de la Administración, especialmente del ejercicio de potestades públicas, demuestra que existen diversas normas jurídicas que tienen como destinatario a la Administración y que es en este contexto donde se habla de “discrecionalidad administrativa”, término usado para describir un fenómeno bien preciso: la habilitación legal que otorga un margen de decisión a la Administración derivado de una programación normativa incompleta. En este sentido, la creación de Tribunales Ambientales en nuestro país se inserta en una discusión más amplia: el debate respecto a la intensificación del control judicial del ejercicio de potestades discrecionales, término que originalmente surge como un concepto delimitador de ámbitos competenciales entre la Administración y los jueces. Por ello, la pretendida tecnificación de las decisiones en materia ambiental no es idónea para tratar este fenómeno, sino que requiere un enfoque jurídico. Dicho enfoque se construye en base a dos elementos: en primer término se desarrolla una concepción del imperio de la ley donde el control judicial de la actividad de la Administración es esencial. En base a ello se sostiene que la atribución de potestades discrecionales en ningún caso otorga una “libertad” de acción a la Administración, sino que eleva el estándar de motivación de sus actos. Y, en segundo lugar, se sostiene que la certeza, como fundamento del control del poder público, impide dejar áreas exentas de control, de manera que los límites del control judicial de la discrecionalidad administrativa sólo dicen relación con su resultado, esto es, un control negativo.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En esta tesis se analizan las reformas introducidas por la Ley N°20.600, que crea los Tribunales Ambientales, y su aporte como vehículo de acceso a la justicia ambiental, en comparación con los organismos que con anterioridad dirimían materias ambientales. Tomando en cuenta este objetivo, se estudian tanto las instituciones previas a la entrada en funcionamiento de los Tribunales Ambientales, que resolvían los casos atingentes y el modo por el cual impartían la justicia ambiental, como las instituciones que actualmente tienen competencia en la resolución de los conflictos ambientales. Posteriormente, se describen los elementos más relevantes de los Tribunales Ambientales: su composición, competencia y procedimientos. Una vez hecho lo anterior, se detallará si la introducción de los Tribunales Ambientales ha sido un aporte en el acceso a la justicia ambiental y si responde a las necesidades ciudadanas. Finalmente, se examinan otros modelos de solución de controversias ambientales a nivel de derecho comparado, sistematizando los mecanismos que eventualmente podrían ser utilizados en nuestro ordenamiento jurídico

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El Capítulo I “La sociedad, el conflicto y sus formas de solución” brinda las nociones básicas para comprender cómo los conflictos inciden en el comportamiento de la sociedad. En este sentido, se hace indispensable determinar cuándo las controversias adquieren una relevancia tal que obligan al cuerpo social a adoptar medidas de solución que propendan al respeto de los derechos particulares y a la debida observancia del ordenamiento jurídico. Por ello, se estudian los tres métodos de solución de conflictos, a saber, la autotutela, la autocomposición y la heterocomposición. El Capítulo II “El Conflicto Ambiental” aborda el estudio de esta clase de controversias desde una perspectiva sociológica. Se trata entonces de una delimitación de su análisis a la generalidad de las controversias en que se suscitan en el seno de la sociedad, sin analizar su contenido desde el ámbito jurídico. De esta forma, se ve qué rol cumplen el Estado, la comunidad y los sectores productivos en la génesis, desarrollo y solución en lo que se denomina “conflictos socioambientales”. Finalmente, se analiza cómo el Sistema Normativo Ambiental vigente en nuestro país se hace cargo de estas controversias, determinando en qué momento éstas son jurídicamente trascendentes. El Capítulo III “El Litigio Ambiental” estudia los conflictos ambientales desde una perspectiva jurídica. El objetivo es establecer qué características lo diferencian de los conflictos ambientales, pues entre éstos y aquellos existe una relación de género a especie. En consecuencia, y valiéndome de la Ley 20.600 que crea los Tribunales Ambientales, se establece cuál es el objeto de la pretensión y quiénes son los sujetos activos y pasivos de estos litigios. Seguidamente, se proponen tres funciones que deberá ejercer la Judicatura Ambiental en el conocimiento de los litigios ambientales: la función revisora, la función contralora y la función instructora. Para cada una de ellas se presenta su forma de ejercicio, así como sus consecuencias en la tramitación de estos procedimientos. Finalmente, se analizan los mecanismos de solución de conflictos que prescribe la LTA. En lo que respecta a la conciliación en los procedimientos de reparación del medio ambiente dañado, se recurrirá a lo dispuesto ii en el Código de Procedimiento Civil, pues la naturaleza de esta institución procesal como trámite esencial de primera instancia en los juicios ordinarios de mayor cuantía le es aplicable a la conciliación tratada en la Ley 20.600, habida consideración del carácter general y supletorio del procedimiento contemplado en el Código Adjetivo. En cuanto a los demás procedimientos que estatuye la ley en comento, su estudio se aborda desde los Principios Formativos del Procedimiento, entregando al lector una visión acabada de las principales normas aplicables a la sustanciación de la litis. El Capítulo IV “La Independencia y la Imparcialidad de la Judicatura Ambiental” examina cómo la Ley 20.600 recoge los derechos y garantías que emanan del Debido Proceso. Para ello, se revisa el catálogo de facultades que propone la doctrina estableciendo cuál es el artículo que la recoge. Luego, se estudia la Independencia de los Tribunales Ambientales en su triple acepción, es decir, la independencia orgánica, funcional y personal de los órganos jurisdiccionales, con el objeto de determinar si la Ley que crea los Tribunales Ambientales tiene la aptitud suficiente para asegurar la independencia de esta judicatura especializada. Finalmente, se analiza la imparcialidad de los Tribunales Ambientales y qué actitud debiesen tomar sus Ministros en el conocimiento de los litigios ambientales. El Capítulo V “Los Ministros de la Judicatura Ambiental” pretende analizar desde una perspectiva práctica los estándares de independencia e imparcialidad contemplados en la Ley 20.600, y comprobar su aptitud para asegurar, en la labor jurisdiccional, los principios señalados. Para ello, se examinan los requisitos para acceder al cargo de Ministro, su sistema de nombramiento, las inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones que deben observar en su ejercicio, así como las causales de cesación en el cargo. En base a este estudio, se determinan los aciertos y las falencias del modelo regulatorio escogido

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el presente texto se analiza la forma en que el Derecho Chileno enfrenta el fenómeno de los Incendios Forestales, ya sea para su prevención o su combate. Con el propósito antes expuesto, se analiza en un primer capítulo las características y los fundamentos que obligan al Estado ocuparse de este fenómeno. En un segundo capítulo se analiza exhaustivamente todas las normas del Derecho Nacional que tienen relación directa e indirecta con la prevención y combate de Incendios Forestales, identificando sus particularidades y relevando las deficiencias. En el tercer capítulo se revisan críticamente los proyectos de ley en tramitación, a la fecha de la redacción de este texto, que tengan relación a los Incendios Forestales. Se concluye que el Estado de Chile tiene una institucionalidad insuficiente para prevenir y combatir los Incendios Forestales. Los proyectos de ley pendientes, no ofrecen en el corto plazo ninguna solución