Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo tiene por objeto describir las competencias de fiscalización ambiental en el marco de la reforma a la institucionalidad ambiental llevada a cabo el año 2010. Para estos efectos, en primer lugar se describen aquellos factores que la doctrina internacional ha identificado como determinantes para obtener un adecuado nivel de cumplimiento y aplicación de la normativa ambiental. Posteriormente, se procede a realizar un análisis comparativo de las potestades de fiscalización existentes antes y después de la reforma del 2010, conclusiones que se basan en una recopilación y sistematización de la normativa chilena vinculada a la materia, que se expone detalladamente en el anexo I de este trabajo.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Con la promulgación de la Ley 20.417 que crea el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, se reformó la institucionalidad ambiental chilena y se diseñaron algunas novedosas herramientas destinadas a complementar el sistema de fiscalización ambiental, tales como la Autodenuncia, el Programa de Cumplimiento y el Plan de Reparación. Este último, es un mecanismo destinado a obtener en sede administrativa la reparación de daños ambientales que se han producido como consecuencia de una infracción normativa, y que busca integrar una variante de cooperación entre la autoridad pública y el sector regulado que incentive a los infractores a elaborar voluntariamente propuestas de reparación.

Tesis (para optar al grado de magíster en derecho mención en Derecho Ambiental) / Para abordar esta investigación se desarrollará en el Capítulo Primero, la justificación de la investigación; sus objetivos, considerando para ello uno principal y otros más específicos; los problemas que guiarán la investigación; las respuestas probables; el marco teórico y el método de investigación. En el Capítulo Segundo se estudiará el concepto y los tipos de residuos, consultando no sólo lo que la normativa nacional ha elaborado para dar respuesta a la interrogante de qué debemos entender por residuos, lo que permitirá descubrir y comprender las distintas reglamentaciones de que se ha dotado nuestro ordenamiento jurídico, provenientes de las distintas actividades en que ellos son generados; también será consultada la normativa extranjera y la doctrina respecto de estos tópicos. En el Capítulo Tercero se examinará el marco jurídico e institucional chileno. Para tal ejercicio, se realizará un estudio de su normativa, abordando los aspectos constitucionales, legales y reglamentarios. Respecto del marco institucional serán tratados tanto los organismos encargados de la regulación como aquellos fiscalizadores y sancionadores. En el Capítulo Cuarto se desarrollarán las conclusiones, proponiéndose soluciones al planteamiento de la tesis.

Tesis (magister en derecho ambiental) / Hasta antes de la entrada en vigencia de la nueva institucionalidad ambiental, las Normas de Calidad eran una materia poco promovida y escasamente monitoreada. Sin embargo, los nuevos énfasis regulatorios, que la anterior y actual administración han impulsado respecto a la dictación de normas de calidad relativas al recurso hídrico, han traído como resultado la existencia en la actualidad de 14 expediente de elaboración de normas. Lo anterior sumado a la entrada en vigencia de la Superintendencia de Medio Ambiente, hacen necesario (re)tomar el tema de las normas de calidad, desde la arista de su fiscalización y monitoreo. La Superintendencia del Medio Ambiente fue ideada como el brazo fiscalizador de la nueva institucionalidad ambiental, entregándosele la potestad exclusiva de sancionar los incumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental regulados por la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, creando para éstos fines la herramienta subprogramación de las actividades de fiscalización ambiental para los distintos instrumentos bajo su tutela, sin considerar en forma expresa dicha herramienta para Normas de Calidad Ambiental, lo que se esboza como un inconveniente a la hora de su fiscalización. Por otra parte, si bien la Superintendencia tiene por ley la fiscalización de las Normas de Calidad y demás instrumentos de gestión ambiental, existen variadas interrogantes de como, en la práctica, serán ejercidas la potestad fiscalizadora, y sobre toda la sancionadora, dado que todo el modelo fiscalizador-sancionador creado por el legislador se enfoca en la corrección de conductas por parte de sujetos regulados, tanto en forma punitiva como de promoción al cumplimiento, y no en la verificación del cumplimiento de instrumentos que no cumplen con esta figura. En otras palabras, en virtud de las características de fiscalización y sanción ambiental el modelo fiscalizador-sancionador en ejercicio no sería idóneo de ser aplicado sobre instrumentos que no presenten un sujeto, natural o jurídico, privado o público, plenamente identificado, como son las Normas de Calidad. ¿Cómo fiscalizar un instrumento que no tiene sujeto fiscalizador?, ¿Cómo encajan las Normas de Calidad en el modelo fiscalizador-sancionador?, ¿Cómo, en la práctica, pueden ser fiscalizadas?. Éstas, entre otras cuestiones, serán abordadas en la presente Actividad Formativa Equivalente a Tesis, mediante la identificación y análisis de los potenciales conflictos detectados 5 en el nuevo esquema de fiscalización que la reforma ambiental ha planteado para estos instrumentos de gestión ambiental, a modo de proponer soluciones que ayuden en la práctica a ejecutar de forma eficiente y coordinada dicha tarea. Para lograr lo anterior se indaga en la naturaleza tanto de las normas de calidad, como de los instrumentos de política pública llamados a resguardar el derecho constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, así como también el origen y sentido del nuevo modelo fiscalizador-sancionado, encabezado por la Superintendencia del Medio Ambiente y su relación con otros organismos del Estado llamados a colaborar con dicha función. Se investiga respecto a las distintas aristas que implica la aplicación del modelo fiscalizador-sancionador sobre las Normas de Calidad Ambiental, revisando aspectos legislativos-administrativos, políticos y prácticos para los distintos organismos involucrados en la dictación y fiscalización de dichas normas, para concluir que la aplicación de las distintas herramientas y procedimientos propuestos por el legislador respecto a la fiscalización de las Normas de Calidad, genera una desviación al propósito último del modelo diseñado en la ley, impidiendo que éste actúe en forma eficaz y eficiente respecto a eventuales incumplimientos ambientales (superación de límites máximos permitidos) y en una ineficacia absoluta respecto a la implementación de los incentivos al cumplimiento. Por otra parte, se identificaron una serie de inconvenientes para la ejecución de las actividades de fiscalización, debido que la ley no entrega explícitamente la herramienta de encomendación en lo referido a las Normas de Calidad. En vista de los antecedentes revisados, se identifica como necesaria una modificación a la Ley N° 20.417, en el sentido de excluir de los instrumentos de gestión ambiental de competencia de la Superintendencia del Medio Ambiente a las Normas de Calidad. No obstante lo anterior, se explora también una solución alternativa referida a utilizar elementos normativos existentes, en particular lo referido a los artículos 3° literal ñ) y 16° literal g) de dicha ley, los que permitirían a la Superintendencia la creación de subprogramas de fiscalización para éstos instrumentos, de manera tal que pueda encomendar sin impedimentos actividades de fiscalización ambiental tanto, a organismos sectoriales ya contemplados en las normas vigentes, como a otros involucrados en normas futuras de diversas índoles

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / De un tiempo a esta parte el tema medioambiental ha ido captando mayor relevancia en el ámbito público. De otra forma no podría explicarse hechos que años anteriores hubiesen pasado casi desapercibidos. Ejemplos como la campaña mundial en contra de la construcción del proyecto hidroeléctrico Hidroaysén, o la finalmente descartada Central Barrancones -por presión popular, no por decisión de la autoridad medioambiental-, cuya construcción hubiese afectado la vida de especies protegidas inmersas en la Reserva Natural Punta de Choros, son hitos en una sociedad que comienza a tomar en cuenta el desarrollo sustentable, esto es, el desarrollo económico sin perjuicio del ambiente natural en el que se desarrolla cualquier actividad productiva. Atrás parecen haber quedado consideraciones que en su época bien las retrató el ex Presidente de la República Eduardo Frei, al declarar que durante su gobierno no iba a permitir que “se detenga el desarrollo económico del país por el medio ambiente”1. Lo cierto es que tras las masivas manifestaciones en contra de los proyectos energéticos existe una naciente inquietud de parte de la población por el cuidado y respeto por el medio ambiente.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Nos impondremos de cómo la legislación comparada aborda este tema, con el fin de buscar en ella pautas y directrices que permitan iluminar los futuros cuerpos legales que normen la materia que nos convoca en este trabajo. Si bien sabemos que nuestro país adolece de una legislación en materia de suelos, lo que, por cierto, constituye la causa principal de este trabajo, igualmente haremos un esfuerzo por buscar, determinar y analizar aquella normativa que alguna relación tenga, ya sea más o menos directa, con el tema objeto de este estudio, y, asimismo, comprobar qué tan efectiva ha sido ésta en términos de su protección y conservación, la sola descripción del material localizado resulta sumamente gráfica para constatar la total falta de organicidad existente en la materia. A partir de todo ello se intentará proponer el marco jurídico que, a nuestro juicio, resulte ser el más apropiado para regular y proteger, de la mejor forma posible, al recurso suelo; tarea para nada sencilla si se considera la gran variedad de actividades que encuentran en el substrato su base de sustentación, las que hacen virtualmente imposible la creación de un cuerpo legal que sea lo suficientemente abarcativo como para regularlas en su totalidad. En efecto, el suelo, como todo recurso natural, se encuentra a disposición del Hombre para ser usado por éste en los fines que estime conveniente y, como se demostrará a lo largo de este trabajo, está sujeto a la intervención de múltiples sectores y actores de la sociedad, lo que supone, por ende, la coexistencia e interrelación de diversos intereses, los cuales muchas veces chocan y antagonizan entre si. Así entonces, y sin desconocer, por cierto, el rol preponderante que cumple el suelo en el equilibrio medioambiental, aquel aspecto del recurso que concentrará nuestra atención y que ameritará el intento de desarrollar o al menos esbozar una legislación que lo regule, no será otro que su aptitud para servir de base a la actividad silvoagropecuaria. Nos parece que es esta forma de explotación del recurso la que se encuentra más desprotegida y en desmedro respecto de otras actividades desarrolladas a partir de él, ya que día a día va perdiendo terreno frente a aquellos intereses económicos que buscan un mayor y más rápido retorno de capital (vgr. la actividad inmobiliaria), con todo lo que ello implica en materia ambiental, económica y, sobre todo, desde un punto de vista sociocultural, esto es, lo que dice relación con la pérdida de un mundo y de una cultura rural. Debe dejarse constancia que el presente trabajo se complementa con la tesis relativa a los aspectos teóricos del mismo tema desarrollada por don Orlando Muñoz Burgos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La presente obra intenta analizar el sistema de responsabilidad ambiental y la acción por el daño ambiental que establece la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Ahora bien, referirnos a la responsabilidad en un sentido lato implica enfocarla bajo las diversas acepciones que dentro del ámbito de la juricidad y de la acción social, este concepto tiene aplicación y vigencia.

Tesis (Magister en Derecho Ambiental) / Actividad Formativa Equivalente a Tesis (AFET) / El presente trabajo corresponde a una Actividad Formativa Equivalente a Tesis, el cual tiene por objeto analizar la legislación ambiental vigente vinculada al cierre de faenas mineras y la prevención de nuevos pasivos ambientales mineros. Para ello se presenta una revisión de experiencia comparada sobre PAM y cierre de faenas mineras, asimismo, una revisión de aspectos generales, requisitos y procedimientos de la Ley N°20.551 que Regula el Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras, la cual entró en vigencia a partir del 11 de noviembre de 2012. Además, se presenta una revisión de casos de planes de cierre de faenas mineras aprobados por el Servicio Nacional de Geología y Minería y un análisis sobre aspectos ambientales vinculados a la fase de cierre de proyectos de desarrollo minero. Asimismo, en presenta un análisis de puntos críticos del trabajo, relacionados a la necesidad de una normativa de PAM, el riesgo, los lineamientos de la nueva norma, la variable ambiental dentro de ésta y las competencias de los servicios públicos vinculados a un plan de cierre. Sobre la base del análisis efectuado, se concluye que la Ley N°20.551 es un avance en la regulación del cierre de faenas mineras al incorporar el cierre como parte de la vida de un proyecto minero. Por su parte, Chile se encuentra en línea con el trabajo que se ha realizado y se está trabajando en otros países. Sobre los casos analizados de plan de cierre, todos tienen directa relación con las medidas definidas por el Título X del Reglamento de seguridad minera, por lo que no existe una implementación completa de la Ley N°20.551 y un alto número de planes de cierre sigue bajo dicho Reglamento. En cuanto a la protección del 4 medio ambiente, la Ley N°20.551 reconoce a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) respecto a la evaluación y definición de las medidas de protección del medio ambiente para la etapa de cierre, existiendo el desafío de incorporar estándares mayores que permitan la incorporación de medidas vinculadas a la remediación y restauración de componentes ambientales. Asimismo, se identifican desafíos en el mejoramiento de los mecanismos de participación ciudadana y acceso a la información en los planes de cierre, así como la necesidad de una normativa específica para los pasivos ambientales mineros. / 30/10/2018

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La entrada en vigencia de la nueva institucionalidad ambiental y particularmente de los Tribunales Ambientales ha generado un cambio en la forma en que entendemos distintos conceptos jurídicos. Así, conceptos procesales tradicionales como la legitimación activa han debido ser adaptados para abarcar nuevas situaciones, como el reconocimiento de intereses ambientales de tipo difuso o colectivo. Este trabajo pretende estudiar cómo se ha aplicado este concepto en materia de impugnación de Resoluciones de Calificación Ambiental ante el Tribunal Ambiental por parte de terceros no titulares de proyectos y cuál ha sido el criterio de los Tribunales Ambientales y las Cortes a la hora de resolver éstas cuestiones.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo de investigación trata sobre la aplicación que realizan los Tribunales Ambientales del sistema de valoración de la prueba de la sana crítica en la determinación de responsabilidad por daño ambiental. En este sentido, para el desarrollo de la misma, se presenta en primer lugar una conceptualización de dicho sistema de valoración, así como una caracterización de sus principales elementos, en contrapartida a otros sistemas de valoración, como el de prueba legal o tasada y el de libre valoración de la prueba. Luego, en segundo lugar, se analiza el sistema de responsabilidad por daño ambiental contemplado en la Ley 19.300 y la Ley 20.600, y de sus principales características, así como un desarrollo pormenorizado de los requisitos para la concurrencia de ella. Finalmente, se analiza la jurisprudencia de los Tribunales Ambientales sobre responsabilidad por daño ambiental, con la finalidad de indagar en la aplicación que han hecho de la sana crítica al momento de determinar o no la concurrencia de responsabilidad ambiental. En este sentido, se presenta una breve caracterización de la evolución legislativa de este régimen de responsabilidad para luego revisar, en cada una de las sentencias de reparación de daño ambiental, tanto del 2° Tribunal Ambiental, como 3° Tribunal Ambiental, la aplicación del sistema de valoración en comento, así como de sus elementos, para la determinación de la responsabilidad por daño, presentando conclusiones a este respecto.