No podemos entender la importancia del estudio de los proyectos REDD+ en Áreas Naturales Protegidas, si es que antes no hacemos una revisión de la problemática del cambio climático y el efecto invernadero, así como la repercusión que tienen dichos fenómenos en la vida de los seres humanos y en su entorno social y económico.

A nivel mundial, en el año 2014 se generaron alrededor de 41.8 millones de toneladas métricas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (en adelante RAEE). En Perú, anualmente se genera alrededor de 20 mil toneladas de RAEE. El crecimiento de los RAEE es consecuencia de la demanda de aparatos eléctricos y electrónicos (en adelante AEE) que aumenta año a año debido a que, entre otras razones, se crean productos que ofrecen nuevas tecnologías que simplifican más los procedimientos existentes y, por tanto, hacen posible la reducción de costos en dinero, espacio y tiempo

Tesis

En la actualidad en el Perú se vive una problemática alarmante respecto a la inadecuada disposición de los residuos sólidos de construcción y demolición (RCD) que genera impactos negativos ambientales y en la salud de los ciudadanos principalmente. En ese sentido, la solución para esta problemática radica en implementar la economía circular, herramienta y estrategia que permitirá evitar generar dichos residuos, o en su defecto, disponerlos adecuadamente. En esta tesis pretendo analizar esta figura y su implementación en el Perú. Mi hipótesis es que el marco jurídico peruano no incorpora adecuadamente la economía circular, y que, de hacerlo, se lograría una sustancial mejora en la gestión de los RCD en el Perú. La tesis se divide en cinco capítulos. El primero presenta el marco teórico aplicable así como las ventajas y puntos a tener en cuenta en la implementación de la economía circular en cada etapa de la construcción; el segundo presenta la problemática actual así como los derechos afectados; el tercero analiza el marco regulatorio vigente, así como los instrumentos de planificación nacional, en aras de verificar si se inserta o no la economía circular en el ordenamiento jurídico peruano; el cuarto presenta un análisis de las normas desarrolladas a la luz del “Protocolo de gestión de RCD en la Unión Europea”, el cual es utilizado como referente para analizar si la regulación peruana desarrolla e incorpora buenas prácticas de economía circular; y, finalmente, el quinto recoge las conclusiones de cada capítulo y confirma la hipótesis. Asimismo, este último capítulo resalta la necesidad de trabajar en un marco normativo general que regule (i) la fase previa a la generación del residuo (prevención) y (ii) la fase posterior a la generación (gestión propiamente dicha). La tesis termina listando recomendaciones puntuales para implementar adecuadamente esta estrategia de economía circular.

El fenómeno del cambio climático se distingue por las elevadas temperaturas y la modificación en las condiciones climáticas, lo cual está ocasionando múltiples repercusiones ecológicas, incluyendo la escasez de agua. Ante esta situación urgente, las Naciones Unidas insta a los paises miembros a gestionar adecuadamente este recurso. En este sentido, países como Perú, que se ha visto fuertemente afectado por la escasez de agua potable y de calidad, ha implementado diversas estrategias, entre ellas, una herramienta financiera llamada Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos - MERESE. Mediante esta herramienta, se busca preservar el agua en sus fuentes naturales como ríos, lagos y lagunas, a través de acuerdos voluntarios entre los que contribuyen y los que reciben los beneficios de este servicio. Desde el año 2014, este mecanismo está regulado por la Ley 30215 - Ley de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos y su reglamento. Sin embargo, hasta el momento, su aplicación a nivel nacional no es amplia debido a obstáculos institucionales. Además, en el caso específico de los MERESE aplicados por las empresas prestadoras de servicios de saneamiento - EPS, surgen problemas relacionados con el cálculo de las tarifas, la identificación de los contribuyentes y beneficiarios de dicho servicio, y la contratación a través de los mecanismos establecidos por el Estado. Estos mecanismos no contemplan la necesidad de un sistema especial para invertir los fondos del MERESE y contratar directamente con las comunidades campesinas, que son los principales contribuyentes. En conclusión, si se resuelven estos obstáculos, existen oportunidades para una aplicación más eficiente de los MERESE hidricos en nuestro país. / The phenomenon of climate change is distinguished by high temperatures and the modification of climatic conditions, which is causing multiple ecological repercussions, including water scarcity. In the face of this urgent situation, the United Nations urges member countries to manage this resource properly. In this sense, countries such as Peru, which has been heavily affected by the shortage of clean and quality water, have implemented various strategies, including a financial tool called the Ecosystem Services Remuneration Mechanism (MERESE). Through this tool, the aim is to preserve water in its natural sources such as rivers, lakes, and lagoons, through voluntary agreements between those who contribute and those who receive the benefits of this service. Since 2014, this mechanism has been regulated by Law 30215 - Law on mechanisms for remunerating ecosystem services and its regulation. However, at the national level, its implementation is not extensive due to institutional obstacles. Furthermore, in the specific case of MERESE applied by water service providers (EPS), problems arise in relation to tariff calculation, identifying contributors and beneficiaries of this service, and contracting through mechanisms established by the State. These mechanisms do not consider the need for a special system to invest MERESE funds and directly contract with peasant communities, who are the main contributors. In conclusion, if these obstacles are resolved, there are opportunities for a more efficient implementation of water-related MERESE in our country. / Trabajo académico

El presente trabajo, analiza la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el artículo 19º de la “Ley Nº 30230” (2014). El mencionado artículo modificó de manera sustancial y temporal la tramitación del procedimiento administrativo sancionador, convirtiéndose en una medida excepcional, con el afán de privilegiar un enfoque correctivo en materia ambiental. Al respecto, el objetivo principal del presente trabajo académico es evidenciar los problemas que trae consigo la sentencia, en términos de administración ambiental y el debilitamiento de la institucionalidad ambiental en el Perú. Ciertamente, durante la vigencia de la norma se evidenció un incremento del incumplimiento de las obligaciones ambientales por parte de los administrados. Nuestra hipótesis de investigación sostiene que, el artículo en mención de la Ley Nº 30230 elevó el número de infracciones, debido a que el OEFA ya no contaba con instrumentos disuasivos. En ese propósito, analizaremos los argumentos presentados tanto por los demandantes como por el Tribunal Constitucional, para lo cual resulta importante el estudio de normativa nacional así como la internacional en materia ambiental y constitucional. Asimismo, reflexionaremos sobre el análisis de la sentencia a la luz de los principios del Buen Gobierno y sus principales consecuencias. / The present research work is based on the analysis of the sentence of the Constitutional Court on article 19 of Law No. 30230. The mentioned article substantially and temporarily modified the processing of the administrative sanctioning procedure, turning it into an exceptional measure, with the purpose of favoring actions oriented to the prevention and correction of the infringing conduct in environmental matters. In this respect, the main objective of this academic work is to show the problems brought about by the sentence, in terms of environmental management and the weakening of environmental institutions in Peru. Certainly, during the enforcement of the rule, there was an increase in the non-compliance of environmental obligations by the administered parties. Our hypothesis of investigation sustains that article 19 of Law No. 30230 increased the number of infractions, due to the fact that the OEFA no longer had the dissuasive effect that the sanction itself has. For this purpose, we will analyze the arguments presented both by the plaintiffs and by the Constitutional Court, for which the study of national and international environmental and constitutional regulations is important. Likewise, we will reflect on the analysis of the sentence in the light of the principles of Good Governance and its main consequences.

En la actualidad, la contaminación ambiental generada por la utilización excesiva de plásticos de un solo uso ha alcanzado cifras exorbitantes a nivel mundial, especialmente con respecto a la utilización de bolsas plásticas. Siendo ello así, se requieren de diversas acciones por parte del Estado como de los particulares en aras de contrarrestar los efectos perjudiciales del uso del plástico en el medio ambiente y preservarlo. En dicho contexto, son diversos los países que se han inclinado por regular dicho asunto, entre ellos, el Perú. El presente trabajo tiene como propósito analizar los derechos a un medio ambiente equilibrado y adecuado como a la libertad de empresa, tomando como punto de partida la reciente regulación referente a las bolsas plásticas mediante la Ley N° 30884 en nuestro ordenamiento jurídico. Concretamente, la presente investigación se enfoca en la constitucionalidad y legitimidad de dicha intervención estatal. Para ello, se realiza el estudio de todas aquellas alternativas por las cuales diversos ordenamientos han optado al momento de contrarrestar los efectos de la contaminación ambiental en materia de plástico. De esta manera, se arriban a conclusiones positivas respecto a dicha regulación; sin embargo, existen diversos aspectos en los cuales aún se necesitan mejoras y modificaciones.

El presente trabajo académico comprende un análisis respecto a los instrumentos legales que tienen por objetivo introducir en la regulación del Perú una economía con enfoque circular, la cual representa una de las principales estrategias que pretende contribuir a resolver la problemática existente sobre la gestión de los residuos sólidos, en particular de aquellos originados a partir de bienes priorizados como es el caso de los plásticos de un solo uso. A partir del contexto en el cual surge dicho modelo económico, se evalúa cómo la normativa peruana ha incorporado en diversos dispositivos legales figuras que precisamente se encuentran orientada a concretizar la aplicación en la realidad de este nuevo paradigma, entre las cuales se encuentran las siguientes: material de descarte, valorización y responsabilidad extendida del productor. En ese sentido, desde la interpretación legal de dichas figuras y el contexto actual de la gestión de residuos sólidos en el país, se plantea como caso concreto de estudio la gestión de los bienes plásticos de un solo uso, considerando la implicancia que su consumo conlleva de forma directa en el incremento de la generación de residuos sólidos y, de forma indirecta, en la afectación a los diferentes componentes ambientales producto de la inadecuada gestión de dichos residuos. Finalmente, se plantea la importancia de continuar desarrollando y aplicando la economía circular como parte de nuestra regulación en materia de bienes plásticos de un solo uso, para lo cual se identifican los beneficios que justifican que el Estado invierta recursos para que, desde la regulación, se brinde la cobertura legal que las autoridades y administrados requieren para incorporar este nuevo paradigma en un contexto en donde prime la seguridad jurídica y la protección del ambiente. / Trabajo académico

El presente estudio tiene como objetivo demostrar que las instituciones jurídicas creadas por el hombre deben buscar detener el deterioro de nuestro planeta producto de las distintas actividades económicas, debido a que ellas son las que vulneran lo más profundo de nuestro ser: los derechos fundamentales. Además, pretendemos establecer puentes de comunicación entre el derecho administrativo y constitucional, ya que consideramos que estas dos ramas, fundamentales para el ordenamiento, tienen la obligación de acercarse y comunicarse mutuamente para hacer frente a los nuevos retos que este futuro incierto nos depara. Para lograr este objetivo, buscamos demostrar que el ejercicio de la potestad de inspección del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental en el sector minero establece como fundamento jurídico la conversión en realidad de los deberes y obligaciones del Estado de contribuir a la tutela del derecho fundamental al medio ambiente equilibrado y saludable que asiste a todas las personas. Esto se logrará mediante la revisión del concepto de deber y obligación, el análisis del derecho fundamental al medio ambiente, y los deberes y obligaciones de protección que posee el Estado frente a este derecho. Además, se evaluará las potestades de intervención del Estado en la esfera jurídica de los privados; se describirá el marco teórico sobre el que se construye la potestad de inspección; se determinará la figura jurídica del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental por medio del estudio de sus instrumentos normativos; se contrastará la inspección como figura doctrinaria frente al desarrollo normativo de la supervisión directa en el sector minero realizada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental; y, finalmente, se desarrollará la conexión entre la supervisión directa en el sector minero y el deber de protección del Estado frente al derecho fundamental al medio ambiente.

En marzo del año 2010, cuando comenzamos esta investigación, el diario “El Comercio” informó que pobladores de la provincia de Ica, específicamente del caserío de Comatrana habían bloqueado el acceso al desierto iqueño impidiendo el pase de seis camiones recolectores de basura, los que pretendían descargar su contenido en un botadero improvisado debido a que el botadero de La Huega había colapsado luego de casi 25 años de funcionamiento. La noticia fue confirmada por el diario local “La voz de Ica” que indicaba que la ciudad de Ica se encontraba en emergencia ambiental puesto que había amanecido con montes de basura por la falta de recojo de la misma por parte de la empresa concesionaria. De acuerdo con el diario, el Alcalde Provincial de Ica Mariano Nacimiento, sería el culpable de dicha situación debido a que las críticas a su gestión lo habrían llevado a ordenar que se detuviera la recolección de residuos sólidos. Para empeorar la situación, las instalaciones de un campo ferial cercano al caserío de Comatrana, ubicado en el distrito de Santiago, provincia de Ica, habría sido utilizado como botadero informal para descargar estos residuos.