Los recursos naturales son patrimonio de la nación y su aprovechamiento está sujeto al pago de una retribución económica que debe ser determinada en función a criterios económicos, sociales y ambientales. En el caso de los recursos hidrobiológicos, la retribución económica se denomina “derecho de pesca” y se distingue en función del destino que se le da al recurso, donde el recurso anchoveta destinado a la elaboración de productos para el consumo humano indirecto - CHI (harina y aceite de pescado) asume mayores cargas. Estos derechos de pesca estuvieron estabilizados durante un periodo de 10 años desde 2008. Transcurrido el periodo de estabilidad (28 de junio de 2018), se generó una corriente de presión pública para que el Estado revise y aumente el pago por este derecho de pesca. Lo que finalmente concluyó con la emisión de una norma que aumentó en 73% su valor. Si bien todos los que aprovechen los recursos naturales deben retribuir al Estado compartiendo así los beneficios obtenidos, las cargas que el Estado impone deben ser definidas utilizando criterios técnicos objetivos y basándose en la realidad de la actividad regulada. Por ello, la determinación de la retribución debe responder a una evaluación que respete los parámetros legales establecidos, lo que comprende realizar un análisis de impacto regulatorio integral que desarrolle los componentes de esta herramienta regulatoria, e identifique finalmente la opción más viable para atender la problemática o necesidad identificada. El presente análisis se desarrolla con la finalidad establecer si para el establecimiento de los derechos de pesca antes mencionados se priorizó la recaudación o se determinó técnicamente un aumento justificado, cumpliendo con el marco legal vigente y con un adecuado análisis de impacto regulatorio, evidenciando que la medida no afectaría el desempeño y competitividad de este sector de la economía nacional. Finalmente, luego de la evaluación del marco legal vigente y la información recogida en la presente investigación se puede afirmar que, para la aprobación de los nuevos derechos de pesca para la anchoveta destinada al CHI, el Estado no ha cumplido con respetar los parámetros normativos vigentes, así como tampoco ha cumplido con realizar un adecuado análisis de impacto regulatorio, habiendo promovido un proceso regulatorio en base a una premisa que no identifica ni busca atender un problema real y termina dirigiendo el análisis a justificar una decisión preconcebida, lo que genera una alta posibilidad de traer como consecuencia un daño mayor al beneficio obtenido.

La finalidad del presente trabajo es exponer y analizar los instrumentos jurídicos concernientes al medio ambiente y los recursos naturales, incluyendo la normativa de diferentes sistemas jurídicos de Latinoamérica y de Europa. La importancia del tema, con el propósito señalado es contribuir al conocimiento y a la puesta en práctica del derecho al medio ambiente, para formar una conciencia personal y colectiva sobre su trascendencia, mas que una disposición sancionatoria se busca la exposición de casos y de la importancia que cada miembro de la sociedad adopte la conciencia ecológica que permita el cumplimiento de dicha normativa y de las declaraciones internacionales.

El presente informe jurídico tiene como objetivo analizar, en primer lugar, la naturaleza de las sanciones y medidas administrativas impuestas por el Ministerio de Energía y Minas a la empresa Compañía Minera San Nicolás S.A., a partir de los hallazgos de las acciones de fiscalización llevadas a cabo en la cuenca del Río Tingo Maygasbamba. Específicamente, si es que la medida de paralización temporal de las operaciones impuesta en el marco de la referida fiscalización tiene el carácter de una sanción. Esto permitirá concluir si es que la interposición de una demanda contencioso administrativa por parte de la empresa minera contra lo resuelto por el Ministerio de Energía y Minas, así como la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva respectivo, podrían eventualmente suponer la suspensión de la ejecución de la medida de paralización temporal. En segundo lugar, se analizará si el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería-OSINERGMIN, se encontraba facultado a realizar una diligencia de supervisión en las instalaciones de la empresa minera referida anteriormente. Dicha diligencia tenía como finalidad comprobar la ejecución de la medida de paralización temporal impuesta meses atrás por el Ministerio de Energía y Minas, como consecuencia de los resultados obtenidos en las acciones de fiscalización detalladas anteriormente.

El presente trabajo académico, analiza a la actividad minera que se desarrolla sin cumplir con todos los requisitos, condiciones o títulos habilitantes requeridos por nuestro ordenamiento jurídico, la cual ha sido denominada en nuestra legislación como minería informal, enfocándose principalmente en los impactos ambientales que genera esta actividad. Asimismo, este trabajo académico analiza las principales motivaciones que han llevado a nuestras autoridades a promover la inserción de esta actividad en la formalidad, mediante los procesos de formalización, a diferencia de la actividad de minería ilegal, la cual ha sido proscrita. Igualmente, este trabajo académico analiza críticamente y valora los vehículos creados por el Estado para lograr la formalización de la actividad de minería, con especial énfasis en el vigente Proceso de Formalización Minera Integral y sus resultados, los cuales no son demasiado alentadores; todo esto además, de analizar críticamente las decisiones de las autoridades ambientales en el marco de este proceso, las cuales no han sido adoptadas necesariamente ponderando intereses ambientales, sino sociales, políticos o económicos.

El Acuerdo de Escazú constituye un hito ambiental para América Latina y el Caribe. Su objetivo es asegurar el derecho al acceso a la información, participación ciudadana y la justicia en asuntos ambientales. Aunque el Perú suscribió dicho acuerdo, terminó rechazando su ratificación. Uno de los principales argumentos fue la falta de innovación de este tratado, puesto que su contenido ya se encontraría regulado en la legislación nacional. Ante la duda del contenido de las disposiciones de dicho acuerdo, es necesario corroborar los impactos reales, que puede generar en la legislación nacional. De esa manera, se puede determinar la necesidad de contar con dicha ratificación. Uno de los aspectos regulados en el acuerdo es la justicia ambiental. Esta busca que toda persona que sufre impactos ambientales desproporciónales cuente con las herramientas necesarias para reparar los daños sufridos. Considerando que la justicia ambiental es uno de los pilares, este trabajo tiene como objetivo analizar la legislación nacional con relación a la justicia ambiental, a fin de determinar cómo dicho acuerdo podría beneficiar o fortalecerlo. Como resultado, se podrá observar que la regulación actual es una de las más avanzadas de la región. Incorpora gran cantidad de las disposiciones del Acuerdo de Escazú. Además, pueden alcanzarse las exigencias del tratado a través de instrumentos infralegales. En ese sentido, la ratificación del Acuerdo de Escazú, en materia de justicia ambiental, responde a intereses políticos, más que a vacíos o falta de protección de la justicia ambiental. / The Escazu Agreements is the first treaty on environmental matters. this treaty aims to ensure the Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters. Even thought, Peru has agreed to this treaty, it decided to reject its adoption formally. The reason was the lack of substance, due to the legal framework has already regulated its content. However, it is important to analyze its provisions in order to determine the impacts in our legal framework. Thus, we can conclude the necessity of its adoption. One of the key elements of the agreement is the environmental justice. This aims to give the necessary legal instrument to any person who suffers an environmental impact. Considering the relevance of the environmental justice, this article intends to analyze and compare the legal framework with the agreement in order to determine the benefits of it. As a result, we can observe that our current legal framework is one of the most advance compared to the region. Also, it has already incorporated some of the rules from the treaty. Besides, we can achieve the agreement purpose through infralegal regulations. For that reason, the adoption of the Escazu Agreement, responds to politics decisions, more than the environmental justice lack of legal protection. / Trabajo académico

En el presente trabajo académico, se realizará un análisis sobre el Decreto Legislativo Nº 1500 y su impacto en la regulación sobre participación ciudadana en el sector ambiente. Como resultado de la investigación realizada, se plateará la necesidad de adaptar el referido Decreto Legislativo a la regulación actual vigente. Lo cual conlleva también a identificar la importancia de actualizar los Reglamentos de Participación Ciudadana relacionados al sector ambiente, para poder regular los mecanismos virtuales de participación ciudadana. Como parte del análisis, se concluirá que así como ha cambiado el contexto en relación a la Emergencia Sanitaria y el Estado Nacional de Emergencia, se han modificado los fundamentos del Decreto Legislativo Nº 1500. Por lo tanto, es necesario analizar cuales son los efectos de la modificación de sus fundamentos. Teniendo en consideración que si bien la virtualidad ha implicado una gran oportunidad para la participación ciudadana, existen factores sobre la presencialidad que no pueden ser reemplazados, a razón de las características del Perú, como falta de acceso a energía o medios virtuales por parte de la población. Para sustentar las conclusiones planteadas en el presente trabajo, se realizará un estudio del marco normativo sobre la participación ciudadana en el sector ambiente, y cómo impactó la vigencia del Decreto Legislativo Nº 1500 en dicho marco normativo. De igual forma, se tomará en cuenta los informes de Defensoría del Pueblo para identificar cómo ha impactado la implementación de mecanismos virtuales en la población. / In this academic work, an analysis will be made of Legislative Decree No. 1500 and its impact on the regulation of citizen participation in the environmental sector. As a result of the research carried out, the need to adapt the referred Legislative Decree to the current regulation in force will be presented. This also leads to identify the importance of updating the Regulations of Citizen Participation related to the environmental sector, in order to regulate the virtual mechanisms of citizen participation. As part of the analysis, it will be concluded that just as the context has changed in relation to the Sanitary Emergency and the National State of Emergency, the foundations of Legislative Decree No. 1500 have been modified. Therefore, it is necessary to analyze the effects of the modification of its foundations. Taking into consideration that although virtuality has implied a great opportunity for citizen participation, there are factors that cannot be replaced due to the characteristics of Peru, such as the lack of access to energy or virtual media by the population. To support the conclusions raised in this paper, a study will be made of the regulatory framework on citizen participation in the environmental sector, and how the enforcement of Legislative Decree No. 1500 impacted this regulatory framework. Likewise, the reports of the Ombudsman's Office will be taken into account to identify how the implementation of virtual mechanisms has impacted the population. / Trabajo académico

El presente informe analiza los actos administrativos y su vinculación con las reglas del procedimiento para el otorgamiento del título de concesión minera en el Perú. El análisis se realiza a partir del petitorio minero “Dos Amigos II”, el cual fue cancelado por la Presidencia del Consejo Directivo del INGEMMET, en base al informe técnico emitido por el INRENA (actualmente, “SERNANP”). En ese sentido, partir de un análisis normativo y doctrinario, se sustentan las posturas respecto a la naturaleza jurídica y validez de la opinión vinculante del INRENA; asimismo, la validez del acto administrativo de última instancia, mediante el cual el Consejo de Minería declara la nulidad de oficio de la resolución que canceló el petitorio minero; finalmente, la relevancia y falencias de la Compatibilidad y Viabilidad Ambiental para el destrabe del procedimiento administrativo objeto de estudio. / This report analyzes the administrative acts and their relationship with the procedural rules for the granting of the mining concession title in Peru. The analysis is carried out based on the mining request "Dos Amigos II", which was canceled by the Presidency of the Board of Directors of INGEMMET, based on the technical report issued by INRENA (currently, "SERNANP"). In this sense, based on a normative and doctrinal analysis, the positions regarding the legal nature and validity of the binding opinion of INRENA are supported; likewise, the validity of the administrative act of last resort, through which the Mining Council declares the nullity ex officio of the resolution that canceled the mining petition; finally, the relevance and shortcomings of the Compatibility and Environmental Viability for the unblocking of the administrative procedure under study.

A partir de la ocurrencia de derrames de petróleo en nuestro país, los cuales han generado afectaciones al medio ambiente y, en particular, contaminado las fuentes de agua de las cuales se sirven muchos individuos para atender sus necesidades básicas, resulta necesario analizar la actuación del Estado y plantear soluciones alternativas ante dichos problemas. En ese sentido, el presente trabajo de investigación busca comprender la efectividad de las medidas implementadas por el Estado Peruano ante la ocurrencia de dichos eventos y cómo es que tutela el derecho de acceso al agua de las poblaciones afectadas, a partir del análisis del marco normativo peruano y de las competencias que el mismo otorga a distintas entidades. Desde dicho punto, se han analizado diversos aspectos, tales como el concepto de derecho de acceso al agua, el concepto de derrame de petróleo desde nuestra legislación, los mecanismos y herramientas con las que cuenta el Estado para atender tales contingencias ambientales conforme a la normativa peruana y el análisis de un caso en particular, así como las medidas implementadas en este caso por el aparato estatal. De esta manera, la evaluación realizada concluye que, sin perjuicio de que a través de diversas normas se han otorgado competencias a las distintas autoridades administrativas y estas han desplegado acciones para atender las consecuencias de los derrames de petróleo, no se ha logrado brindar una efectiva tutela al derecho de acceso al agua de los individuos afectados, ya sea porque las medidas, en su mayoría, de índole administrativa, han implicado mayores formalidades, o bien, hasta la fecha, no han llegado a rehabilitar por completo las fuentes de agua afectadas por los derrames de petróleo. En consecuencia, se hacen necesarias medidas más efectivas e individualizadas que verdaderamente restituyan el estado anterior de la situación que fue alterada.

En el Perú, a lo largo de los años, vemos que el inicio o el desarrollo de los proyectos (o megaproyectos) de inversión atraviesan por una serie de dificultades para llevarse a cabo o concretarse. Dichas dificultades, en la mayoría de casos, son originadas por las deficiencias que presenta el diseño de las medidas que estos proyectos incluyen –o su inadecuada implementación– para prevenir o mitigar los impactos ambientales a ser generados, lo cual trae como resultado el descontento de la población frente a su realización. Ahora, ¿Se puede planificar estratégicamente la realización de proyectos de inversión en el Perú? ¿Sería posible que estas deficiencias sean superadas desde el ámbito legal? ¿La regulación ambiental peruana contempla medidas o herramientas para evitarlas? Y, si fuera así, ¿qué sucede en nuestro contexto normativo para no utilizar dichas herramientas o utilizarlas de forma incompleta? En el Perú se encuentran reguladas normativamente herramientas e instrumentos de gestión ambiental: Las mismas analizan y anticipan los impactos directos o indirectos de las actividades que se pretenden desarrollar, así como el uso planificado del territorio. Dicho análisis es realizado para un proyecto en particular o como iniciativa de una política, plan o programa en un determinado contexto. Estas herramientas son: el Estudio de Impacto Ambiental, la Evaluación Ambiental Estratégica y el Ordenamiento Territorial. Sin embargo, el análisis normativo y de la aplicación práctica de las referidas herramientas demuestra que no se encuentran reguladas adecuadamente, no son aplicadas oportunamente, factores que influyen en el hecho de que no alcancen sus objetivos.

Por medio del presente documento se pretende poner a relieve los distintos aspectos que deben considerarse en el proceso de adopción del hidrógeno verde en nuestro país, entendida esta como una oportunidad de reducir los gases efecto invernadero, en el marco de los compromisos asumidos por nuestra nación en el Acuerdo de París. En ese sentido, consideramos pertinente aproximar el concepto de hidrógeno verde, señalar sus usos, beneficios, riesgos y controversias alrededor de este. Una vez comprendido el concepto y la implicancia de su adopción, revisamos la legislación comparada en Latinoamérica respecto al Hidrógeno Verde, a fin de revisar experiencias en países similares al nuestro, como los casos de Chile, Colombia y Uruguay. Por otro lado, se revisó las propuestas legislativas en torno al hidrógeno verde en nuestro país, a fin de realizar un análisis de los textos normativos propuestos, a fin de permitirnos llegar conclusiones y recomendaciones, a fin de concertar la emisión de un marco regulativo que permita el correcto desarrollo de una industria basada en hidrógeno verde, la cual permita la transformación de la matriz energética que actualmente se encuentra basada en el uso de combustibles fósiles, cuidando de las garantías en materia de seguridad para la comunidad y usuarios en general. / This document aims to highlight the different aspects that must be considered in the process of adopting green hydrogen in our country, understood as an opportunity to reduce greenhouse gases, within the framework of the commitments assumed by our nation in the Agreement. from Paris. In that sense, we consider it pertinent to approach the concept of green hydrogen, point out its uses, benefits, risks and controversies around it. Once the concept and the implication of its adoption are understood, we review the comparative legislation in Latin America regarding Green Hydrogen, in order to review experiences in countries similar to ours, such as the cases of Chile, Colombia and Uruguay. On the other hand, the legislative proposals regarding green hydrogen in our country were reviewed, in order to carry out an analysis of the proposed regulatory texts, in order to allow us to reach conclusions and recommendations, in order to agree on the issuance of a regulatory framework that allows the correct development of an industry based on green hydrogen, that allows the transformation of the energy matrix that is currently based on the use of fossil fuels, taking care of safety guarantees for the community and users in general. / Trabajo académico