Esta investigación tiene como principal propósito, analizar las características del esquema tradicional de liquidación bancaria (liquidación lisa y llana) adoptada por nuestra normativa legal y aplicada en los procesos liquidatorios de las empresas supervisadas del sistema financiero, teniendo como consecuencia procesos liquidatorios actuales cuyo promedio bordean los 15 años, con evidente perjuicio de los acreedores y en especial de los ex ahorristas. En este sentido, es imprescindible señalar que las crisis bancarias siempre han representado un costo económico, financiero y social bastante alto para los países que la han experimentado, y que el Perú le ha tocado vivir en la década de los 90’s e inicios de los 2000, y que en la actualidad los Estados Unidos y gran parte de los países de Europa sufren sus consecuencias, repercutiendo estas a nivel mundial. Si bien actualmente el Perú goza de una estabilidad económica, con la moneda del Nuevo Sol fortalecida frente a la divisa norteamericana, y con una proyección de crecimiento para los próximos años de alrededor del 6%, no somos un país que vive aislado del contexto económico adverso que atraviesa Europa y los Estados Unidos, y en donde el riesgo de desaceleración en nuestra economía siempre está latente, por tal motivo no debemos dejar de lado nuestra normativa bancaria en lo concerniente a las entidades del sistema financiero que atraviesen problemas financieros, legales y demás, sino también en los procesos liquidatorios de las mismas, y muy por el contrario con la experiencia adquirida, podemos modernizar nuestra normativa, adoptando mecanismos que nuestra propia ley contempla como la cesión de cartera.

Este trabajo de investigación analiza la experiencia peruana relacionada con las instituciones financieras estatales en Perú, que realizan funciones de banca de desarrollo y que según su naturaleza jurídica de creación se encuentran bajo este ecosistema. Al respecto se argumenta que actualmente sus funciones de banca de desarrollo se encuentran limitadas y como consecuencia de ello han perdido protagonismo como instrumentos de generación de desarrollo, reactivación económica y articulación entre el Estado y los agentes privados con la finalidad de ejecutar de manera armónica las políticas públicas del país en beneficio de su desarrollo. Esto, tiene su origen en las reformas estructurales implementadas en los años noventa, las cuales fueron realizadas de manera desorganizada sin considerar aspectos importantes en los marcos normativos institucionales de estas instituciones referidos a la regulación del sistema financiero y su relación con la AEE generando deficiencias en el diseño normativo que dificultan la ejecución de su rol. En ese sentido, se plantea que, los BPD que conforman el ecosistema peruano de la banca de desarrollo persiguen objetivos que carecen de integración, lo que en algunos casos resulta en una duplicidad de esfuerzos, falta de aprovechamiento de sinergias potenciales, y principalmente en la limitación de la ejecución efectiva de su rol como banco de desarrollo debido a la deficiencia en su diseño normativo por diversos factores como la desorganización de su marco normativo institucional, falta de definición e interrelación del marco legal aplicable a la AEE su regulación en el sistema financiero entre otros.

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El principal objetivo de esta investigación ha sido demostrar que la libertad de Elección notarial para celebrar un contrato accesorio de Constitución de garantía hipotecaria luego de haberse realizado un contrato principal de mutuo hipotecario con una entidad bancaria o financiera en nuestro país, es eficiente y se sustenta teniendo como base el Análisis económico del Derecho. Se demostró que existen limitaciones a la libertad de contratación notarial por parte de las entidades bancarias, dicha restricción se manifiesta al momento que el consumidor bancario quiere elegir una notaría de su preferencia cuando decide celebrar el contrato accesorio. Dicha restricción que la entidad bancaria realiza al consumidor da como resultado la reducción de diversos costos de transacción como: gastos administrativos para el banco, tiempo de búsqueda para el consumidor, menores costos de arancel Notarial, menores costo del crédito, menores costos de traslado del banco a la notaría, reducción del stress y otros. Partiendo de un análisis comparativo con España, se evidencia que la libertad de elección notarial se encuentra regulado por el estado con el fin de que todo consumidor bancario luego de haber realizado un contrato de mutuo hipotecario con la entidad bancaria, no vea restringido su derecho de elección notarial, ya que como afirman los Colegios de Notarios españoles, las entidades bancarias presentan enormes incentivos para que los consumidores no ejerzan sus derecho de libertad de elección notarial. Además, debido a que el arancel notarial se encuentra regulado, es más difícil que las entidades bancarias puedan vulnerar dicho derecho, sin embargo, al consumidor bancario aún le cuesta reconocer la calidad del servicio notarial. Los resultados de nuestra investigación demostraron que pese a que existe limitaciones a la libertad de contratación en la elección de servicios notariales por parte de la entidad bancaria o financiera, existe un mayor beneficio no solo económico sino además, de reducción de costos de transacción para el consumidor bancario y la sociedad en general. Por lo que, si se buscara regular la libertad de elección notarial para realizar contratos accesorios derivados de contratos de mutuo hipotecario con una entidad bancaria en nuestro país, los únicos beneficiados serían las notarías, que eso explicaría por qué buscan regular algo que hasta el momento resulta siendo eficiente. / Tesis

La carta fianza nace ante la necesidad de reducir el riesgo en la contratación - tanto en el ámbito privado como en el público - y a fin de viabilizar estructuras y transacciones complejas, brindando mayor seguridad al acreedor de poder recuperar el dinero otorgado a su deudor, al eliminarse la accesoriedad de la fianza tradicional del Código Civil y brindándole el carácter de autónoma a la obligación asumida por el emisor de la carta fianza, consistente en pagar una determinada suma de dinero en un plazo determinado bajo las condiciones pactadas en la misma. Sin embargo, si bien la circular del regulador bancario destaca determinadas características de la carta fianza como una garantía a primer requerimiento, complementa su naturaleza jurídica y tratamiento con las normas del contrato de fianza del Código Civil. Para ello, se hace una explicación respecto al marco regulatorio y teórico de la carta fianza, y se contrasta con la aplicable al contrato de fianza a fin de sustentar la incompatibilidad jurídica existente entre ambas. A consecuencia de la mezcla conceptual, el objetivo del presente trabajo de investigación es identificar los distintos riesgos legales a los cuales se encuentran expuestas las entidades del sistema financiero (en su calidad de emisores), al no haber un consenso a nivel jurisprudencial respecto a qué normas son las que finalmente deben aplicarse. Como consecuencia de ello, se propone desvincular la carta fianza de las normas de carácter civil del contrato de fianza y se plantea una propuesta de aprobación de un dispositivo legal a nivel regulatorio por parte del regulador bancario que defina la naturaleza jurídica de la carta fianza, desvinculándola de las normas de orden civil del contrato de fianza y poder suprimir – de esta forma - los riesgos legales.

En la presente investigación jurídica se han abordado los principales temas afines que nos permita tener una visión integral acerca del tratamiento de tema; se realizó un análisis acerca de la figura de la remuneración; tanto desde el punto de vista doctrinario como de la normativa actualmente vigente. Se establecen los elementos básicos que giran alrededor de esta figura tales como, las características de intangibilidad e inembargabilidad, su naturaleza jurídica y los principios laborales que le son aplicables. Asimismo, analizamos la figura de la compensación; estudiaremos también la tipología de las cuentas en las que se depositan las remuneraciones, las cláusulas de compensación que contienen los contratos de apertura de éstas y determinar si éstas son abusivas o no. En ese sentido, existen posiciones encontradas respecto de la compensación bancaria sobre la remuneración del trabajador. Hay quienes manifiestan que, resultaría aplicable el artículo 1290 del Código Civil que establece de manera taxativa los supuestos en los que ella estaría prohibida, como es el caso de los créditos inembargables, y conforme al numeral 6 del artículo 648 del Código Procesal Civil son inembargables las remuneraciones cuando no excedan las 5 unidades de referencia procesal, del exceso sólo se podrá embargar un tercio, esto en atención al artículo 24 de la Constitución, que establece que la remuneración debe procurar el bienestar material y espiritual para el trabajador y su familia, poniendo de manifiesto la naturaleza alimentaria de la remuneración; por lo tanto no procede la compensación si no se respeta éstos límites. Pero hay quienes señalan que tales restricciones no pueden aplicarse a la compensación bancaria al ser exclusividad de las normas que regulan el embargo y que limitarla generaría perjuicio a las entidades del sistema financiero. Si bien los bancos están facultados para establecer contractualmente la aplicación de la compensación, de acuerdo con un sector de la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ese derecho debe ser interpretado de conformidad con las normas imperativas que reconocen límites sobre las remuneraciones además de tener en cuenta las características de la remuneración tales como la intangibilidad, la inembargabilidad, la naturaleza alimentaria y el principio de irrenunciabilidad de derechos.

El presente trabajo de investigación está referida al tema de la Implementación del acuerdo de Basilea III en la regulación bancaria del Perú; en donde analizaremos todo lo concerniente a la regulación bancaria, específicamente los acuerdos emitidos por el comité de Basilea, que hasta la actualidad son tres (Basilea I; Basilea II; Basilea III), los cuáles han venido adaptándose a los cambios que existen en sector bancario. La finalidad es dar a conocer que al implementar las medidas establecidas por el acuerdo de Basilea III específicamente el de reforzar la protección del riesgo, así como mejora la calidad, consistencia y transparencia de la base de capital, constitución de colchones y un coeficiente de apalancamiento dentro de las operaciones de las entidades financieras, las cuales ayudaran a reducir la posibilidad de que exista una futura crisis financiera, pues si nos acogemos a esta normativa nuestro sistema será más eficiente, generando con ello una estabilidad económica.

La política legislativa aplicada sobre COFIDE, empresa pública de derecho privado bajo el ámbito de FONAFE y dedicada a la intermediación financiera, genera una doble naturaleza sobre esta entidad como banco de segundo piso y como banco de desarrollo. Esto no resulta conveniente para el desarrollo de sus actividades de financiamiento de proyectos de inversión productiva e infraestructura pública y privada en el Perú. Actuar permanentemente como banco de segundo piso resulta una limitación que, conjuntamente a la necesidad de actuar con otro intermediario financiero quien debe asumir una exposición significativa del 50% o 75% del monto a financiar, genera problemas relevantes para que COFIDE cumpla con el rol para el que fue creado: intermediación financiera para contribuir con el desarrollo integral del país. Ante ello, a partir de un análisis de su función institucional y del desarrollo de su marco normativo en el contexto histórico que se genera, se establece que este marco resulta deficiente y genera una distorsión en la función institucional de COFIDE, pues las limitaciones normativas a sus actividades son respuestas políticas que tienen una motivación en eventos históricos extrínsecos, como el cambio del modelo de intervención estatal en la economía acontecido en la década de 1990, o intrínsecos, como una deficiente gestión de COFIDE. Por lo tanto, el propósito de la investigación es proponer un cambio normativo a las limitaciones antes señaladas porque estas fueron establecidas para limitar el potencial riesgo de control político que recae sobre la gestión de COFIDE o limitar una deficiente gestión administrativa que afecte los recursos públicos que se reflejan en su patrimonio, pero resultan medidas que vulneran la finalidad institucional de COFIDE y que no logran mitigar adecuadamente el riesgo que buscan controlarse con las limitaciones. Así, en los casos de intermediación financiera para el financiamiento de proyectos de inversión productiva e infraestructura pública y privada, estas medidas generan perjuicios como una asignación ineficiente de recursos o la inexistencia de financiamiento cuando no exista suficiente oferta privada en proyectos que pueden resultar de alto interés social, pero con poca rentabilidad económica. Para ello es pertinente analizar la evolución normativa e histórica de COFIDE, su rol en el sistema financiero peruano y su naturaleza de empresa pública de derecho privado para proponer un nuevo enfoque normativo a sus actividades de financiamiento de inversión productiva e infraestructura.

La presente entrega desarrolla la figura del secreto bancario a la luz de su fundamento constitucional, del panorama internacional actual y de los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional en casos anteriores para tener una visión completa respecto a sus alcances cuando entra en contacto con las finalidades recaudatorias del Estado. En ese sentido, se desarrolla la importancia que tiene el deber de contribuir en la consecución de las finalidades sociales y democráticas del Estado, siendo muchas veces el secreto bancario una limitación para dichos efectos. En ese contexto, y atendiendo a los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano relativos al intercambio de información, la presente entrega busca analizar si las modificaciones efectuadas recientemente a la regulación del secreto bancario se ajustan a Constitución. Así, tras el análisis de los Decretos Legislativos No. 1313 y 1434 a la luz de la regulación del secreto bancario en nuestro país y de los conceptos señalados previamente, se concluye que estas no resultan inconstitucionales al no lesionar el ámbito de protección del secreto bancario. No obstante, se recomienda la modificación del numeral 5 del Artículo 2 de la Constitución Política del Perú para efectos de terminar con futuras discusiones de la misma índole. / In this sense, the importance of the duty to contribute to the achievement of the social and democratic purposes of the State develops, being often the bank secrecy a limitation for such purposes. In this context and considering the international commitments assumed by the Peruvian State regarding the exchange of information, this article seeks to analyze whether the modifications recently made to the regulation of banking secrecy are in accordance with the Constitution. Thus, after analyzing Legislative Decrees No. 1313 and 1434 considering the regulation of banking secrecy in our country and the concepts previously mentioned, it is concluded that they are not unconstitutional since they do not harm the scope of protection of banking secrecy. However, it is recommended the modification of numeral 5 of Article 2 of the Political Constitution of Peru to put an end to future discussions of the same nature. / Trabajo académico

El presente trabajo realiza una amplia reflexión con relación al rol del regulador bancario en materia de protección al consumidor. Actualmente la función de regulador bancario es ejercida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Por su parte, el esquema de protección al consumidor de los usuarios en situación de asimetría informativa al interior del Sistema Financiero es asumido por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Sin embargo, conforme se evidencia en el presente trabajo, diversos aspectos de protección al consumidor de productos y servicios financieros se encuentran en la órbita del regulador bancario, siendo que existen oportunidades de mejora para definir adecuadamente un esquema que permita abordar de modo ordenado y coherente las iniciativas que deben existir en materia de productos y servicios financieros. El trabajo normativo desarrollado por el regulador bancario es abundante, y ciertamente innovador a nivel regional, siendo preciso indicar que el presente trabajo repasa algunas de las diversas iniciativas regulatorias adoptadas. Por otro lado, nuestro país también ha desarrollado diversas iniciativas para generar mayores niveles de inclusión financiera: se aspira a que la población pueda acceder a herramientas de crédito y alternativas de ahorro que les permitan tomar decisiones planificadas. Para ello resulta fundamental que la población perciba que existe un control que proteja al consumidor bancario.