La inclusión financiera en el Perú, en la actualidad, posee una de las tasas más bajas en Sudamérica debido a que su índice de bancarización solo alcanza al 30% del total de la población, quienes acceden a los servicios financieros por medio de créditos o la apertura de cuentas de ahorro, ya que estos son los canales más comunes de acceso al sistema financiero. En ese sentido, con el fin de promover políticas inclusivas, el Estado emitió diversas normas destinadas a promover el desarrollo de la inclusión financiera. Es así que, mediante la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera, creada el año 2014 mediante Decreto Supremo N° 029-2014-EF, se elaboró los parámetros para la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, cuyo objetivo es producir marcos de acceso y uso de los servicios financieros de calidad para toda la población; para ello será necesario incentivar la mejora de herramientas innovadoras que permitan elevar los porcentajes de inclusión financiera. Asimismo, en agosto del 2019 se publicó el Decreto Supremo N° 255-2019- EF, normativa a través de la cual se aprueba la Política Nacional de Inclusión Financiera con el fin de establecer una serie de objetivos prioritarios que contribuyan a remediar el problema de la inclusión financiera. Dentro de los canales innovadores propuestos por las entidades del sistema financiero se encuentran los medios electrónicos de pago, entre estos el que más resalta es el Dinero Electrónico; este medio electrónico innovador puede llegar a aquellos sectores de la población donde la banca tradicional no tiene alcance, reduciendo los costos operativos de establecer oficinas o sucursales bancarias en diversas localidades. Esta plataforma operativa se vale de los recursos que ofrece la telefonía móvil, debido a que se pueden realizar diversas operaciones financieras mediante teléfonos celulares a través mensajes de texto, por lo que se debe considerar la facilidad de uso y potencial de acceso a través de las líneas de telefonía celular. El dinero electrónico se perfila como una posible herramienta de gran potencial para la inclusión financiera considerando el notable despliegue de la telefonía móvil en nuestro país que según el Organismo Supervisor de la Inversión Privada al 2018 superan los 40 millones de líneas activas, y la penetración de la telefonía alcanza las 130 líneas por cada cien habitantes en Perú en el primer trimestre. / Trabajo de investigación

Las transacciones bancarias conllevan a una diversidad de escenarios que ponen a prueba la suficiencia de las medidas adoptadas por las empresas y los reguladores para mantenerse alineadas a la regulación existente en materia de protección al consumidor financiero. Por ello, se debe analizar si las técnicas de autorregulación, como las prácticas de buen gobierno corporativo y, a través de éstas, los programas de “compliance” voluntarios, pueden cumplir dicho objetivo. Al respecto, el presente trabajo pretende demostrar la necesidad de que las empresas bancarias cuenten con programas de cumplimiento normativo en materia de protección al consumidor, más allá de los sistemas de control de riesgos legales que puedan tener para la generalidad de la legislación; ello, atendiendo a los incumplimientos en los que incurren dichas empresas en el desarrollo de sus actividades, lo cual se encuentra evidenciado en los reportes emitidos por la entidad fiscalizadora y sancionadora en materia de consumo. La propuesta hace, especial énfasis en identificar las contingencias a las que se enfrentan las empresas por el incumplimiento de las normas de protección al consumidor en el ámbito pecuniario, esto es, por imposición de sanciones, como a nivel cualitativo en lo referido a la pérdida reputacional frente a otros competidores del mercado. Al mismo tiempo, se busca elaborar un mapa de riesgos en materia de protección al consumidor, a raíz de la normativa vigente y los pronunciamientos del Indecopi en los que dicha entidad haya dado a conocer sus criterios sobre el cumplimiento del deber de idoneidad, cuyo conocimiento puede permitir implementar y reforzar las políticas de cumplimiento ya existentes. Finalmente, se sostiene la hipótesis que el registrar tales políticas y programas de cumplimiento ante la autoridad de consumo, bajo un esquema de incentivos, puede mostrar como resultado la reducción de contingencias entre las empresas bancarias y consumidores. / Trabajo de investigación

El acceso al crédito es en definitiva uno de los más grandes obstáculos que podrían enfrentar las MIPYMES o emprendedores en general cuando quieren acceder a un financiamiento para crecer o iniciar un negocio. En ese contexto, aparece el Título de Crédito Hipotecario Negociable, también llamado “TCHN”, como una alternativa adicional de financiamiento en el Mercado de Valores. Este instrumento de deuda tiene aproximadamente más de 25 años en el mercado y nace como una innovación peruana; sin embargo, se han identificado algunas trabas y/o fallas, a las cuales se pretende dar solución en el presente trabajo de investigación, pero siempre enfocándose en una metodología de aplicación de Análisis de Impacto Regulatorio, ya que servirá para identificar las trabas o fallas en torno al instrumento, así como para también poder evaluar las posibles consecuencias que se podrían generar por las soluciones planteadas. En ese sentido, se propone que, solucionando las trabas o fallas identificadas, el TCHN podría competir sin ningún problema con otros instrumentos, y así iniciar un mayor dinamismo de financiamiento para las MIPYMES, pero en el Mercado de Valores.

El principal objetivo de esta investigación ha sido demostrar que la libertad de Elección notarial para celebrar un contrato accesorio de Constitución de garantía hipotecaria luego de haberse realizado un contrato principal de mutuo hipotecario con una entidad bancaria o financiera en nuestro país, es eficiente y se sustenta teniendo como base el Análisis económico del Derecho. Se demostró que existen limitaciones a la libertad de contratación notarial por parte de las entidades bancarias, dicha restricción se manifiesta al momento que el consumidor bancario quiere elegir una notaría de su preferencia cuando decide celebrar el contrato accesorio. Dicha restricción que la entidad bancaria realiza al consumidor da como resultado la reducción de diversos costos de transacción como: gastos administrativos para el banco, tiempo de búsqueda para el consumidor, menores costos de arancel Notarial, menores costo del crédito, menores costos de traslado del banco a la notaría, reducción del stress y otros. Partiendo de un análisis comparativo con España, se evidencia que la libertad de elección notarial se encuentra regulado por el estado con el fin de que todo consumidor bancario luego de haber realizado un contrato de mutuo hipotecario con la entidad bancaria, no vea restringido su derecho de elección notarial, ya que como afirman los Colegios de Notarios españoles, las entidades bancarias presentan enormes incentivos para que los consumidores no ejerzan sus derecho de libertad de elección notarial. Además, debido a que el arancel notarial se encuentra regulado, es más difícil que las entidades bancarias puedan vulnerar dicho derecho, sin embargo, al consumidor bancario aún le cuesta reconocer la calidad del servicio notarial. Los resultados de nuestra investigación demostraron que pese a que existe limitaciones a la libertad de contratación en la elección de servicios notariales por parte de la entidad bancaria o financiera, existe un mayor beneficio no solo económico sino además, de reducción de costos de transacción para el consumidor bancario y la sociedad en general. Por lo que, si se buscara regular la libertad de elección notarial para realizar contratos accesorios derivados de contratos de mutuo hipotecario con una entidad bancaria en nuestro país, los únicos beneficiados serían las notarías, que eso explicaría por qué buscan regular algo que hasta el momento resulta siendo eficiente.

El presente trabajo de investigación desarrolla el alcance e importancia del principio de interoperabilidad en la formación de ecosistemas de pago digital y en la promoción de la inclusión financiera en el Perú. Para ello, se analiza el funcionamiento de los diferentes niveles de interoperabilidad entre las billeteras electrónicas ofrecidas en el mercado peruano, a fin de identificar oportunidades de mejora en su funcionamiento para proponer lineamientos para su regulación. La investigación concluye que las limitaciones en los diversos niveles de interoperabilidad entre las billeteras digitales del mercado peruano afectan el surgimiento de un ecosistema de pagos digital inclusivo y de uso masivo, recomendando que el marco normativo actual incorpore estándares internacionales desarrollados en cada uno de los niveles de interoperabilidad a fin de permitir el surgimiento de un sistema de pagos electrónicos abierto que propicie la competencia e inclusión financiera. El marco teórico utilizado para definir el alcance y los niveles de interoperabilidad es el elaborado por el Grupo Consultivo de Ayuda a la Población más Pobre (CGAP), la Asociación Mundial de Operadores Móviles y Compañías Participantes del Mercado de Dinero Móvil; incorporando también en el análisis los fundamentos económicos que sustentan que la interoperabilidad permite un uso más eficiente de los recursos de la economía en beneficio de usuarios y proveedores de servicios financieros, al aminorar los costos operativos en la provisión de servicios financieros a través del aprovechamiento de economías de escala y economías de ámbito. Asimismo, se considerado los estándares internacionales propuestos por el Banco de Pagos Internacionales (BIS), el Grupo del Banco Mundial, la Alianza para la Inclusión Financiera y The Better Than Cash Alliance para los ecosistemas de pago inclusivos, incorporando una metodología de análisis comparativo entre los estándares internacionales desarrollados respecto a los niveles de interoperabilidad y el marco normativo peruano.

La presente investigación desarrolla un tema de actualidad muy relevante para la promoción de nuestro mercado de valores especialmente para el mercado primario de instrumentos representativos de deuda, las Ofertas Híbridas o Profesionales. La promoción, desarrollo e implementación de estas Ofertas Híbridas facilitaría el incremento de las emisiones de instrumentos de deuda y el ingreso de nuevos emisores; lo cual podría ampliar las alternativas de inversión actualmente disponibles para los inversionistas. La conceptualización de Ofertas Híbridas es una terminología introducida por el Banco Mundial, a partir del estudio de experiencias exitosas en países con economías emergentes y también en países desarrollados que en sus regulaciones diseñaron ofertas flexibles en cuanto a la carga regulatoria para la inscripción de los valores, el rol del regulador, las obligaciones informativas periódicas, restricciones a la negociación de los valores, los destinatarios de la oferta, entre otros aspectos; a partir de la combinación de características de las ofertas públicas y de las ofertas privadas de valores. La justificación de la presente investigación se centra en que a pesar del crecimiento económico obtenido por nuestro país durante los últimos veinte años, nuestro mercado de valores es aún pequeño en comparación a otros países latinoamericanos como el chileno y el colombiano. Ello debido a una serie de factores como los altos costos de acceso para que una empresa pueda financiarse, por los trámites y plazos muy prolongados en el tiempo para la aprobación de las inscripciones, empresas con tamaños pequeños para los estándares que el mercado de valores requiere y que no cuentan con políticas de buen gobierno corporativo e información financiera elaborada de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), desconocimiento de los beneficios del mercado de valores y poca cultura financiera, entre otros temas que desincentivan el ingreso al mercado de valores. En consideración a ello, el desarrollo y posible implementación en nuestra regulación de esquemas como las Ofertas Híbridas podría constituir una alternativa diferente al régimen general de ofertas públicas primarias y a los regímenes especiales, como el regulado mediante el Reglamento de Oferta Pública Primaria dirigido exclusivamente a Inversionistas Acreditados – ROPPIA, el cual a diferencia de dichos regímenes promoverá el ingreso de nuevas empresas al mercado de valores y de ampliar las opciones de financiamiento a los emisores, constituyéndose en una fuente alternativa al sistema bancario.

En nuestro contexto regulatorio si bien el término compliance es relativamente reciente, algunas normas vigentes lo han incorporado implícitamente; debido a que, las tendencias legislativas del sector financiero internacional se orientan a implementar estándares internacionales de buenas prácticas en el desarrollo de la actividad financiera. No obstante, la implementación de un Sistema de Gestión de Compliance (SGC) efectivo en el sector financiero no solo debe incorporar la normativa vigente; sino que, también deben aplicarse normas de soft law como ISO 31 000 Gestión de Riesgos, ISO 37 001 Sistemas de Gestión Antisoborno e ISO 37301 Sistemas de Gestión del Compliance, debido a que el sistema financiero peruano actualmente trasciende los límites fronterizos. La relevancia de la propuesta radica en que el implementar un SGC en una entidad del sistema financiero peruano contribuye a incrementar su valor, al mismo tiempo que busca mitigar el impacto económico y reputacional que producen los riesgos de incumplimiento, tales como pérdidas financieras derivadas de fraudes internos, incremento de egresos producto de la imposición de sanciones, pérdidas económicas por la disminución del valor de cotización e incluso una salida forzada del mercado. Por lo antes expuesto, el presente trabajo contrastó los componentes que la vigente regulación y las normas de soft law proponen para implementar SGC, y los aplicó a un caso concreto de análisis: la crisis financiera del banco Credit Suisse. Finalmente, se formuló una propuesta de componentes mínimos necesarios para implementar un SGC efectivo en una entidad bancaria del sistema financiero en el Perú. / In our regulatory context, although the term compliance is relatively recent, some current regulations have implicitly incorporated it, because the legislative trends in the international financial sector are oriented to implement international standards of good practices in the development of financial activity. However, the implementation of an effective Compliance Management System (CMS) in the financial sector should not only incorporate current regulations, but also soft law standards such as ISO 31 000 Risk Management, ISO 37 001 Anti-Bribery Management Systems and ISO 37301 Compliance Management Systems, because the peruvian financial system currently transcends borders. The relevance of the proposal lies in the fact that implementing a CMS in an entity of the peruvian financial system contributes to increase its value, at the same time that it seeks to mitigate the economic and reputational impact produced by the risks of non-compliance, such as financial losses derived from internal frauds, increased expenses due to the imposition of sanctions, economic losses due to the decrease in the value of the stock exchange and even a forced exit from the market. For the above reasons, this paper contrasted the components proposed by current regulations and soft law standards for implementing CMS and applied them to a specific case of analysis: the financial crisis of the Credit Suisse bank. Finally, a proposal was formulated for the minimum components necessary to implement an effective CMS in a Peruvian financial system bank.

El presente informe jurídico procura analizar por medio de la casuística y la interpretación legal del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito junto al Código de Protección y Defensa del Consumidor, las nociones de medidas de seguridad (respecto al monitoreo y realización de operaciones) y la validez de las operaciones, en aras de dilucidar si la decisión adoptada en la Resolución N°3210-2023/SPC-INDECOPI se encuadra dentro de las nociones y posturas que ha tomado la Sala Especializada en Protección al Consumidor en los últimos años. En tal sentido, se hará un énfasis especial en la tendencia de Indecopi de tomar en consideración la aplicación de todas las medidas de seguridad contempladas en la normativa sectorial, lo cual incluye factores como la frecuencia, el máximo importe individual consumido por el cliente, la totalidad de canales utilizados por el consumidor, entre otros. De esa forma, se concluirá que la Sala Especializada en Protección al Consumidor no efectuado el análisis de la totalidad de medidas de seguridad de la normativa sectorial en el presente caso. Asimismo, se evidenciará la necesidad de que la Sala Especializada en Protección al Consumidor emita pronunciamiento respecto del factor frecuencia para los casos en los cuales las operaciones no reconocidas se realicen en minutos, así como para los casos en que se utilicen distintos canales a los habituales. / This legal report pursue to analyze by means the casuistry and legal interpretation of the Credit and Debit Card Regulations in conjunction with the Code of Consumer Protection and Defense, the notions of security measures (regarding the monitoring and implementation of transactions) and the validity of transactions, in order to elucidate whether the decision adopted in Resolution No. 3210-2023/SPC-INDECOPI falls within the notions and positions taken by the Specialized Chamber on Consumer Protection in recent years. In this sense, special emphasis will be made on Indecopi´s tendency to take into consideration the application of all the security measures contemplated in the sectorial regulations, which includes factors such as frequency, the maximum individual amount consumed by the client, the totality of channels used by the consumer, among others. Thus, it will be concluded that the Specialized Chamber on Consumer Protection did not analyze the totality of the security measures of the sectorial regulation in the present case. Likewise, it will be evidenced the need for the Specialized Chamber on Consumer Protection to issue a pronouncement regarding the frequency factor for cases in which the unrecognized operations are carried out in minutes, as well as for cases in which different channels than the usual ones are used.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Sin lugar a dudas, el actual desarrollo tecnológico y el aumento del comercio a nivel global, han hecho cada vez más competitivas a las economías internacionales, ante lo cual, las políticas de trasparencias se tornan un requisito fundamental para poder lograr una justa competencia entre los distintos actores del ya complejo sistema económico internacional. Consecuencia lógica de este hecho, es la de cuestionar instituciones que en tiempos pasados parecían inmutables y que en la actualidad son motivo de un acalorado y no menos interesante debate. Es así como el Secreto Bancario, que aún cuando en sus orígenes sentó las bases del crecimiento económico y consolidó el establecimiento de instituciones bancarias, hoy en día se ve cada vez más restringido y cuestionado. En la actualidad, las legislaciones se unifican y esfuerzan cada vez más para establecer límites claros bajo los cuales sea posible aplicarlo como una garantía para el mercado, en el cual sus distintos actores no se vean inmersos en una competencia desleal producto del origen ilícito de los capitales. Nuestro país no ha podido quedar ajeno frente a la actual problemática, que plantea una evidente tendencia internacional hacia la limitación del sigilo bancario, tema que no nos deja indiferentes como estudiantes, los que modestamente intentaremos no sólo explicar en forma sucinta la naturaleza y alcances del Secreto Bancario, sino que, además, previo análisis de las fuentes legales, doctrinales y jurisprudenciales, examinaremos cómo el mayor o menor ejercicio del secreto ha influido en el desarrollo y crecimiento tanto de la banca como de la inversión nacional, y las ventajas y desventajas que tiene la aplicación estricta del Secreto Bancario en la economía de los países en desarrollo

Presenta una problemática relacionada al sistema financiero y a los jóvenes de 20 a 30 años. Por un lado, tenemos a jóvenes a quienes les hace falta educación financiera sobre sus finanzas personales y por otro lado tenemos al sistema financiero con sus diferentes y elevadas tasas de interés, y una sobreoferta de productos financieros crediticios. Por ello queremos identificar ¿Cómo se estructura el nivel de endeudamiento en el sistema bancario en jóvenes de 20 a 30 años? Y ¿Cómo impacta esto al momento de afrontar sus compromisos de pago? / Tesis