El proceso judicial que se desarrolla a partir de la denuncias por violencia familiar y que se encuentra regulado en la Ley 30364 “Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar”, denota en su aplicación la creación de límites y vulneraciones a las facultades del derecho de propiedad al dictar el retiro del hogar del propietario denunciado; debido que al proteger a la presunta agraviada, también se estaría afectando los derechos del denunciado. Es preciso señalar que en la presente investigación se analizó la aplicación inadecuada de la medida de protección de retiro del hogar del propietario denunciado, por parte de los órganos jurisdiccionales; toda vez que, aunque es esencial la protección al derecho de las personas, también es importante el resguardo del derecho de propiedad, debido a que ambos derechos son protegidos por la Carta Magna, no sólo el de la víctima sino también de aquel que ha sido denunciado; es por ello que siendo el derecho de propiedad un derecho fundamental es relevante desarrollar criterios mínimos para ejercer tal medida, así como un parámetro mínimo para su aplicación, además de señalar posibles soluciones alternativas al retiro del hogar del propietario, pues este es titular del derecho de propiedad, un derecho que posee la protección del Estado.

Este artículo tiene como finalidad, ingresar en un tema poco debatido, como es el de la Consulta a la Corte Suprema frente a la inaplicación de normas en el proceso de amparo. Es curioso que hasta la fecha no existan mayores artículos que analicen este tema tan polémico, que ha pasado desapercibido durante muchos años. Mi finalidad es poner sobre la mesa el debate de la necesidad de la regulación de la consulta en una etapa constitucional, evaluar cómo es que la consulta vulnera principios constitucionales y la naturaleza misma del proceso de amparo y cuestionarnos si es que dicha regulación debe extinguirse o mantenerse. En este artículo advertiremos que no todo es blanco y negro, y que, a pesar de las manifiestas inconsistencias que puedan generarse en base a la consulta y a las vulneraciones que esta pueda generar, si resulta necesario mantenerla para salvaguardar principios angulares del Derecho, como son la predictibilidad y seguridad jurídica. Sin embargo, mantener la consulta sugiere importantes modificaciones sobre su regulación, respecto a las cuales ahondaré en este trabajo. / The purpose of this article is to enter into a little debated topic, such as the Consultation to the Supreme Court regarding the non-application of norms in the amparo process. It is curious that to date there are no major articles that analyze this controversial issue, which has gone unnoticed for many years. My purpose is to put on the table the debate on the need for the regulation of consultation at a constitutional stage, to evaluate how consultation violates constitutional principles and the very nature of the amparo process, and to question whether such regulation should be extinguished or maintained. In this article we will note that not everything is black and white, and that, despite the obvious inconsistencies that may be generated on the basis of the consultation and the violations that it may generate, it is necessary to maintain it in order to safeguard key principles of law, such as predictability and legal certainty. However, maintaining the consultation suggests important modifications to its regulation, which I will discuss in more detail in this paper. / Trabajo académico

El presente informe tiene como objetivo el analizar de manera critica la Casación Laboral Nº 8600-2022-Lima Sur. Esta casación trata sobre el despido de una trabajadora bajo la causal de falta grave contemplado en el inciso a) del artículo 25 del TUO del Decreto Legislativo Nº 728 de la LPCL. En base a ello, vamos a estudiar las características de los diferentes supuestos de faltas graves que encontramos en el mencionado inciso. Asimismo, vamos a analizar los diferentes supuestos de despidos contemplados en la legislación peruana y las consecuencias jurídicas de cada una de ellas, como también los alcances del ius variandi, el derecho de resistencia y sus implicancias en la relación laboral. Otro punto importante, es respecto a la formalidad exigida por ley en virtud al despido, así se observa de los hechos, que no se cumplieron en el presente caso, ya que en la carta de despido se le añadieron dos (2) causales más que no estaban contemplados en la carta de preaviso vulnerando el derecho de defensa de la trabajadora. Luego, pasaremos a reflexionar los diferentes criterios de los jueces tanto de la primera instancia como de la segunda instancia para compararlo luego con los criterios de los jueces supremos de la Corte Suprema de Justicia de la República. Lo antes mencionado, nos va permitir concluir que, el despido que sufrió la trabajadora devino en fraudulento. / This report deals with the critical analysis of Labor Cassation No. 8600-2022- Lima Sur. This cassation deals with dismissing a worker under the cause of serious misconduct contemplated in subsection a) of article 25 of the TUO of Legislative Decree No. 728 of the LPCL. Based on this, we will study the characteristics of the different cases of serious offenses that we find in the section above. Likewise, we are going to analyze the different cases of dismissal contemplated in Peruvian legislation and the legal consequences of each of them, as well as the scope of the ius variandi, the right of resistance and its implications in the employment relationship. Another important point is regarding the formality required by law by the dismissal, as can be seen from the facts, which were not met in the present case, since in the dismissal letter two (2) more causes were added than They were not contemplated in the notice letter, violating the worker's right to defense. Then, we will compare the different criteria of the judges of both the first and second instances to compare it with the criteria of the supreme judges of the Supreme Court of Justice of the Republic. The aforementioned will allow us to conclude that the dismissal suffered by the worker became fraudulent.

La finalidad de este artículo jurídico es evidenciar que el Estado y las entidades públicas, a nivel nacional, también pueden ser representadas y defendidas por algún abogado-apoderado que designe el titular de cada entidad y no solo por el procurador público. De esta manera, se busca establecer que, en determinados casos, es jurídicamente viable que algunas entidades públicas que no cuentan con procurador público por diversos motivos puedan intervenir directamente en las investigaciones, procesos o procedimientos, jurisdiccionales y no jurisdiccionales, cualquiera sea su naturaleza y/o materia, a través de un abogado-apoderado que acredite el titular de la institución. / The purpose of this legal article is to show that the State and public entities, at the national level, can also be represented and defended by a lawyer-attorney designated by the head of each entity and not only by the public attorney. In this way, it seeks to establish that, in certain cases, it is legally viable that some public entities that do not have a public attorney for various reasons can intervene directly in investigations, processes or procedures, jurisdictional and non-jurisdictional, whatever their nature and /or matter, through a lawyer-representative who certifies the owner of the institution. / Trabajo académico

Este informe jurídico aborda la problemática de la acreditación y justiciabilidad del derecho a la pensión, así como las obligaciones que tiene el Estado para efectivizar su protección. Y es que cuando se solicita una pensión de invalidez por enfermedad profesional existen problemas no atribuibles a los solicitantes, quienes con el fin de cumplir con los requisitos legales, como lo es el acreditarla a través de un certificado médico emitido por una Comisión Médica Calificadora de Incapacidades, se encuentran con las deficiencias del sistema público de salud y un incumplimiento reiterativo de entidades estatales. Ahora, si bien el informe busca determinar si corresponde otorgarle la pensión al Sr. Osores, este caso es importante, ya que el Tribunal Constitucional (TC) reitera un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) y establece nuevo precedente vinculante sobre las reglas para la acreditación por enfermedad profesional. Así, se analizarán los principales instrumentos normativos vinculados al derecho a la pensión. A nivel internacional, la DUDH, el PIDESC, la CADH y jurisprudencia de la Corte IDH; y en sede nacional, la Constitución, el Nuevo Codigo Procesal Constitucional, y normativa legal, y jurisprudencia del TC en materia previsional, precedentes vinculantes y ECI. Todo ello para concluir que (i) al no otorgarle la pensión al Sr. Osores se vulnera su derecho y (ii) que la reiteración del ECI es un intento por operativizar la progresividad de dicho derecho para que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones mínimas esenciales brindando el acceso justo y oportuno que los solicitantes merecen. / This legal report addresses the problem of the accreditation and justiciability of the pension right, as well as the obligations that the State has to implement its protection. And it is that when a disability pension is requested due to an occupational disease, there are difficulties not attributable to the applicants, who in order to comply with the legal requirements, such as accrediting it through a medical certificate issued by a Medical Qualifying Commission of Disabilities, they are found with the deficiencies of the public health system and repetitive noncompliance of state entities. Now, although the report will focus on determining whether it is appropriate to grant pension to Mr. Osores, this case is important, since the Constitutional Court reiterates an Unconstitutional State of Affairs (USA) and establishes new binding precedent on the rules for accreditation by professional illness. Thus, the main law instruments linked to pension rights will be analyzed. At the international normative, the UDHR, the ICESCR, the ACHR and jurisprudence of the Inter-American Court; and at national level, the Constitution, the New Constitutional Procedural Code, and the legal regulations, and jurisprudence of the TC on pension matters, binding precedents and USA. All this to conclude that (i) by not granting the pension to Mr. Osores his right is violated and (ii) that the reiteration of the USA is an attempt to operationalize the progressivity of this right, so the State can comply with its minimum obligations essential by providing the fair and timely access that applicants deserve.

El caso actual involucra a un menor a quien se le negó la renovación de matrícula en el colegio debido al comportamiento de su madre dentro de la institución, alegándose posteriormente su mal comportamiento. Por lo tanto, se pretende examinar la interpretación que el Tribunal Constitucional ha dado al derecho a la educación y evaluar la adecuación de su decisión. En este trabajo, se emplearán herramientas de apoyo como normas, informes, artículos y jurisprudencia. El objetivo principal es detectar las interrogantes que el Tribunal no ha abordado para enriquecer el análisis del caso, explorando cómo responder a estas, y cómo se podría proporcionar una perspectiva de solución más integral. Las conclusiones muestran que la decisión de no renovar la matrícula impactó negativamente en el derecho a la educación del menor. La postura del Tribunal se critica por no enfatizar suficientemente la protección de la educación básica. Además, no se consideraron los límites que deben influir en el poder de autonomía de las instituciones educativas privadas. Finalmente, si nos encontramos ante un Recurso de Agravio Constitucional típico. Como opciones de resolución es crucial aplicar estrategias que permitan al estudiante permanecer en el entorno educativo mientras se atienden sus necesidades y se promueve un comportamiento positivo. / The current case involves a minor who was denied renewal of enrollment at the school due to his mother's behavior within the institution, subsequently alleging her bad behavior. Therefore, the aim is to examine the interpretation that the Constitutional Court has given to the right to education and evaluate the adequacy of its decision. In this work, support tools such as standards, reports, articles and jurisprudence will be used. The main objective is to detect the questions that the Court has not addressed to enrich the analysis of the case, exploring how to respond to them, and how a more comprehensive solution perspective could be provided. The conclusions show that the decision not to renew registration negatively impacted the minor's right to education. The Court's position is criticized for not sufficiently emphasizing the protection of basic education. Furthermore, the limits that should influence the power of autonomy of private educational institutions were not considered. Finally, if we are faced with a typical Constitutional Grievance Appeal. As resolution options, it is crucial to apply strategies that allow the student to remain in the educational environment while their needs are met and positive behavior is promoted.

En el presente informe jurídico, se analiza la interpretación del cuarto párrafo del artículo 17° del Decreto Supremo N° 024-2002-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito. Este reglamento regula la responsabilidad sobre la cobertura a los ocupantes de un vehículo que se encuentra desprovisto de SOAT. Las compañías de seguros argumentan que el SOAT no debería otorgar cobertura a las víctimas que se encuentren en vehículos no asegurados porque no forman parte del riesgo asegurado. Así, a pesar de que el SOAT tiene como objetivo principal proteger la vida y la integridad de las personas, el presente informe defiende que no debe extenderse la cobertura a los ocupantes de un vehículo no asegurado, ya que esto excede las obligaciones previstas para las aseguradoras y podría desestabilizar el sistema de seguros. En este contexto, se analiza el caso contenido en la Casación N° 2686-2020- Lima, donde AFOCAT La Primera rechazó pagar la indemnización por la muerte del señor Alejandro Sanga, quien viajaba en un vehículo sin SOAT. Finalmente, se ordenó a AFOCAT La Primera que le otorgara la cobertura, lo que llevó a un debate legal sobre dicha decisión. Siendo así, resulta necesario interpretar el artículo 17° de una manera que no imponga responsabilidades no previstas claramente en la normativa, protegiendo así la estabilidad del sistema de seguros. / The present legal report analyzes the fourth paragraph of article 17 of Supreme Decree N° 024-2002-MTC, which approves the Consolidated Text of the National Regulations on Civil Liability and Mandatory Traffic Accident Insurance. This regulation addresses the liability concerning coverage for occupants of a vehicle that lacks SOAT (Personal Accident Mandatory Vehicle Policy). Insurance companies argue that the SOAT should not provide coverage to victims in uninsured vehicles as they do not fall within the insured risk. Although the primary objective of the SOAT is to protect the life and integrity of individuals, this report contends that coverage should not be extended to occupants of an uninsured vehicle, as it exceeds the obligations provided for insurers and could destabilize the insurance system. In this context, the case contained in Cassation N° 2686-2020-Lima is analyzed, where AFOCAT La Primera refused to pay compensation for the death of Mr. Alejandro Sanga, who was traveling in an uninsured vehicle. Ultimately, AFOCAT La Primera was ordered to provide coverage, leading to a legal debate on this decision. Thus, it is necessary to interpret article 17 in a way that does not impose responsibilities not clearly stipulated in the regulations, thereby protecting the stability of the insurance system.

El presente informe tiene como finalidad analizar la Resolución N° 5 del Expediente N° 00205-2022-0-1817-SP-CO-01, mediante el cual se discute la anulación de laudo bajo la causal del literal b) numeral 1 del artículo del Decreto Legislativo N° 1071 emitido el 22 de agosto de 2022 entre el Hospital Nacional Dos de Mayo que actúa como demandante, y el Centro Médico Naval Cirujano Mayor Santiago Távara de la Marina de Guerra del Perú y la Dirección de Salud que actúan como demandados. En este proceso se discute si el Tribunal Arbitral Unipersonal emitió una decisión debidamente motivada conforme lo establece la ley. Para ello se realizará un análisis exhaustivo si la causal invocada para la anulación de laudo es la más adecuada. Asimismo, se expondrá la relevancia de las decisiones motivadas y cuáles serían los estándares idóneos de estos para evitar recurrir al recurso de anulación de laudo. En ese sentido, concluimos que la sí existió una vulneración al derecho de motivación en el caso presentado y que la causal correcta que se debió alegar está establecida en el literal c) numeral 1 del artículo del Decreto Legislativo N° 1071 para fundamentar la falta de motivación en el laudo arbitral. / The purpose of this report is to analyze Resolution No. 5 of File No. 00205-2022- 0-1817-SP-CO-01, through which the annulment of the award is discussed under the cause of literal b) numeral 1 of the article of Legislative Decree No. 1071 issued on August 22, 2022 between the Dos de Mayo National Hospital, which acts as plaintiff, and the Cirujano Mayor Santiago Távara Naval Medical Center of the Peruvian Navy and the Health Directorate, which acts as defendants . In this process, it is discussed whether the Unipersonal Arbitration Court issued a duly reasoned decision as established by law. To do this, an exhaustive analysis will be carried out if the cause invoked for the annulment of the award is the most appropriate. Likewise, the relevance of the motivated decisions will be explained and what would be the ideal standards for them to avoid resorting to the appeal for annulment of the award. In that sense, we conclude that there was a violation of the right to motivation in the case presented and that the correct cause that should have been alleged is established in literal c) numeral 1 of the article of Legislative Decree No. 1071 to substantiate the lack of motivation in the arbitration award.

La actual investigación se centró en demostrar que en el Estado Constitucional la interpretación de la causal de “incapacidad moral permanente” por parte del Legislativo, aplicado sin los parámetros, alcances ni límites objetivos, vulnera el principio de legalidad y orden Constitucional. Así mismo los resultados arrojaron que la causal de permanente incapacidad moral no cumple con todos los elementos del principio de legalidad, específicamente con los principios de ley cierta y ley estricta, lo que genera que no se encuentre dentro de los parámetros de un Estado Constitucional de Derecho en consecuencia puede ser utilizada arbitrariamente y con fines inconstitucionales, como ya se ha mostrado en nuestra realidad política. Por tanto, se concluyó que, en los últimos gobiernos en el Perú se ha incrementado el uso de esta causal de incapacidad moral permanente para destituir al presidente. Su aplicación subjetiva por parte del Poder Legislativo, ha propiciado el debilitamiento del Estado Constitucional de Derecho; situación que pone en riesgo la democracia y el equilibrio de poderes. La interpretación subjetiva de la incapacidad moral genera inestabilidad política en el Perú al afectar la ejecución de políticas públicas, la inversión privada, el rechazo de la población hacia los poderes del Estado y la desestabilización del equilibrio de poderes. Para evitar el uso político indebido de esta causal y asegurar la estabilidad democrática, es necesario establecer criterios claros y consensuados para su aplicación y fortalecer las instituciones encargadas de tomar estas decisiones. / The current investigation focused on demonstrating that in the Constitutional State the interpretation of the grounds for "permanent moral incapacity" by the Legislature, applied without objective parameters, scope or limits, violates the principle of legality and Constitutional order. The main results showed that the cause of permanent moral incapacity does not comply with all the elements of the principle of legality, specifically with the principles of true law and strict law, which means that it is not within the parameters of a Constitutional State of Law. Consequently, it can be used arbitrarily and for unconstitutional purposes, as has already been shown in our political reality. Therefore, it was concluded that, in the last governments in Peru, the use of this cause of permanent moral incapacity to remove the president has increased. Its subjective application by the Legislative Power has led to the weakening of the Constitutional State of Law; situation that puts democracy and the balance of power at risk. The subjective interpretation of moral incapacity generates political instability in Peru by affecting the execution of public policies, private investment, the rejection of the population towards the powers of the State and the destabilization of the balance of powers. In order to avoid the improper political use of this ground and ensure democratic stability, it is necessary to establish clear and agreed criteria for its application and strengthen the institutions in charge of making these decisions.

El caso aborda una disputa entre el Congreso del Perú y el Poder Ejecutivo, iniciada cuando el Primer Ministro, Aníbal Torres Vásquez, presentó una cuestión de confianza ( en adelante CDC) relacionada con el Proyecto de Ley ( PL) 3570/2022- PE. El problema principal radica en si esta CDC significa un ejercicio irregular de competencias del Ejecutivo y vulneró las atribuciones constitucionales del Congreso. Además, se examinan problemas secundarios sobre la competencia para determinar el rechazo de la CDC y la validez de interpretaciones implícitas de dicho rechazo. Los instrumentos normativos empleados incluyen los artículos 132,133 y 134 de la Constitución, el reglamento del Congreso, la ley N° 31355, los cuales regulan la CDC y su procedimiento. Además, se consideraron sentencias previas del TC que abordan la interpretación y los límites de este mecanismo, como la Sentencia 00006-2019-CC/TC, 0006-2018-PI/TC y la Sentencia 00006-2003-AI/TC. Las principales conclusiones indican que el planteamiento de la CDC por el Ejecutivo con el objetivo de conseguir la aprobación del PL 3570/2022-PE fue irregular y vulneró las competencias del Congreso. Se concluye que el Congreso tiene la competencia para determinar el rechazo de la CDC y que tal rechazo debe ser explícito para evitar interpretaciones arbitrarias. El fallo resalta la necesidad de respetar la separación de poderes y los límites constitucionales establecidos para preservar el equilibrio democrático en el país. / The case addresses a dispute between the Congress of the Republic of Peru and the Executive Branch, initiated when the Prime Minister, Aníbal Torres Vásquez, raised a vote of confidence related to Bill 3570/2022-PE. The main issue revolves around whether this vote of confidence constituted an irregular exercise of Executive powers and undermined the constitutional powers of the Congress. Additionally, secondary issues regarding the competent authority to determine the rejection of the vote of confidence and the validity of implicit interpretations of such rejection are examined. The regulatory instruments employed include Articles 132, 133, and 134 of the Political Constitution of Peru, the Congress's regulations, Law No. 31355, which regulate the vote of confidence and its procedure. Furthermore, previous judgments of the Constitutional Court addressing the interpretation and limits of this mechanism were considered, such as Judgment 00006-2019-CC/TC, 0006-2018-PI/TC, and Judgment 00006-2003-AI/TC. The main conclusions indicate that the Executive's proposal of the vote of confidence for the approval of Bill 3570/2022-PE was irregular and violated the powers of the Congress. It is concluded that the Congress has the authority to determine the rejection of the vote of confidence, and such rejection must be explicit to avoid arbitrary interpretations. The ruling highlights the need to respect the separation of powers and the constitutional limits established to preserve the democratic balance in the country.