La presente investigación trata sobre el conflicto que genera la medida de bloqueo o inmovilización de las cuentas bancarias cuando sus representantes son sometidos a investigación penal. Esta medida produce un conflicto entre diversos derechos amparados por la Constitución Política del Estado como la presunción de inocencia, a la propiedad y la relevancia de la no desaparición de pruebas incriminatorias que coadyuven al esclarecimiento de un presunto hecho delictivo.

El fin de la Segunda Guerra Mundial dio paso al desarrollo de Integraciones Regionales a nivel Global, cuya complejidad varía según el nivel de fusión entre economías muy heterogéneas. Con sus venturas y desventuras, parece inexorable que los países busquen pertenecer a un bloque de Integración Económica. Este fenómeno impulsa la generación de mercados ampliados, que rebasan sus fronteras geográficas domésticas, alterando sus sistemas de equilibrio, por el ingreso de nuevos agentes económicos en expansión, llevando el tema del Abuso de Posición de Dominio del plano doméstico al Regional. El presente estudio comparado se circunscribe, a las experiencias de integración en Europa y América, revisando simultáneamente, la expansión del Abuso de Posición de Dominio. Partimos con la experiencia de la Unión Europea, que ha desarrollado, la prohibición y sanción de esta conducta, que afecta el comercio intrarregional. El escenario lo estructuramos en base al clásico Derecho de la Competencia Norteamericano, estudiado en la economía como Competencia Imperfecta, siendo un vértice a la casi inevitable concentración de poder económico. En América, específicamente, en la Comunidad Andina, se han realizado esfuerzos, contra los Estados miembros que han alterado las condiciones del mercado, sin embargo podemos rescatar que ha evolucionado, con una proyección alentadora. Otro punto que complementa el planteamiento desarrollado, es la existencia de una relación estrecha entre la competencia y las políticas de comercio internacional. Es así que del enorme crecimiento de los acuerdos comerciales, se ha desarrollado un escenario complejo, vinculado a las disparidades y superposición en las regulaciones de dichos acuerdos. La novísima Alianza del Pacífico es un sistema en construcción, para su estudio se ha agregado las experiencias de Chile y México, ambos con un sistema de protección de la competencia eficiente, impulsado principalmente por los procesos de integración de estos Estados, haciéndolos más competitivos. Por último destacamos a la escuela Norteamericana, revisando la intervención del Estado en el mercado, tratando de corregir sus fallas, sobre el intento de las empresas que intentan alcanzar poder monopólico, perjudicando al consumidor y sobre todo, excluir a las empresas competidoras produciendo distorsiones en el mercado.

Debido a que las empresas buscan mejorar continuamente y permanecer en el mercado, la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) está adquiriendo una presencia cada vez más importante en el sector empresarial, pues es la manera a través de la cual aprenden a interactuar y responder correctamente en el entorno en el que se manejan (interno y externo) cuidando que al alcanzar sus objetivos y metas, no dañen ningún factor o ámbito de su entorno, y si se logra de esta manera, entonces, la RSE se convierte en una ventaja competitiva para la empresa. Este último aspecto es muy importante e implica de un lado que una empresa competitiva, tiene todos sus componentes alineados para tener la capacidad por un lado de producir y vender sus productos, bienes o servicios, en mejores condiciones, calidad y oportunidad que sus competidores. Y por otro lado, la capacidad para responder a temas no solo productivos al interior de la empresa sino también, para responder al entorno en el que se desarrolla. El empresario incorpora todas las motivaciones internas y externas relacionadas con la empresa, y las hace parte de la visión y sobre todo de la misión con un alcance institucional. Consideramos que ello solo será posible si se entiende que la necesidad de adaptarse a nuevos modelos de negocio y mercados, exige de las empresas nuevas y mejores formas de hacer las cosas y ello sólo podrá realizarse adoptando una nueva forma de pensar y entender las organizaciones. Desde esta perspectiva de competitividad, que implica nuevas estrategias, nos aunamos a romper el paradigma de que una empresa u organización al ser un ente privado se encuentra aislado de su entorno o que solo debe responder a determinados grupos de interés, sino todo lo contrario pues su entorno depende de cómo se desarrolla desde un enfoque integral, en el entendimiento de que, al éxito privado le sigue el éxito público. Es así que, siguiendo esta última tendencia, la Responsabilidad Social Empresarial llevará a que las empresas identifiquen y exploten sus puntos de ventaja por sobre la competencia, desde el momento mismo en que se incorpora una estrategia de gestión como la RSE.

Los derechos humanos son considerados como aquellos atributos que tiene el ser humano en su condición de tal. En las últimas décadas, el debate concerniente a la forma en la que las empresas impactan sobre estos y la responsabilidad que ello conlleva ha ido creciendo y cobrando mayor importancia a nivel internacional. Las empresas, como sabemos, se han convertido en un actor muy importante a nivel internacional que, en muchos casos, influye en las actuaciones de los Estados y llegan a afectar su soberanía. Si bien distintas iniciativas han buscado regular ello (ya sean provenientes de la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Internacional de Trabajo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos u otros), ninguna ha generado un cambio real. Mientras tanto, una gran cantidad de personas ha sido víctima del desarrollo de las operaciones empresariales, sean del sector minero, textil, hidrocarburos, construcción, banca, salud, entre otros. A nivel nacional e internacional, el sector privado vulnera los derechos humanos y son muchos los Estados (principalmente los subdesarrollados) que han experimentado las complejidades inherentes a la gestión y regulación de este aspecto. Frente a ello, en 2011 (y tras algunas iniciativas poco exitosas de regulación) surgieron los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (en adelante Principios Rectores), iniciativa impulsada por la Organización de Naciones Unidas (en adelante ONU). Este instrumento buscó, desde un principio, brindar lineamientos para los Estados y las empresas en tres pilares: Proteger, Respetar y Remediar, en miras a evitar una vulneración de los derechos humanos por parte del sector privado.

Para comprender la magnitud de la empresa educativa en nuestro país, es indispensable hacer un estudio sobre el derecho a la educación, a la libertad de empresa y de asociación, que en este trabajo abordamos y con lo que se ha podido dimensionar la necesidad del servicio educativo, las formas de prestación y la oferta existente. Asimismo, se ha determinado que la interpretación de la legislación actual, exige a las instituciones educativas de gestión privada adoptar una forma de organización, como las reguladas por el Código Civil, entre las que tenemos a la asociación, fundación y/o comités -descartándose esta última- o por las previstas en la Ley General de Sociedades, tales como las sociedades anónimas, en comandita, de responsabilidad limitada; optar por una E.I.R.L., la reciente sociedad anónima cerrada simplificada; y, hasta elegir actuar como empresa unipersonal (llámese persona natural con negocio). No obstante, la Ley General de Educación ha contemplado -en su artículo 72°- la asignación de personalidad jurídica a las instituciones educativas; es decir, mediante ley se ha concedido este estatus; sin embargo, existe discrepancias con la interpretación que realiza el INDECOPI que ha negado este reconocimiento. A partir de ello es que, comparando casos de asignación de personalidad a nivel internacional, se puede ofrecer una interpretación de lo prescrito por el artículo 72° antes citado y proponer una línea de interpretación acorde con los preceptos constitucionales, en la cual no se requiere de una modificación en el Código Civil para la asignación de personalidad jurídica.

Las empresas se interrelacionan unas con otras a través del envío de información de carácter “confidencial” (en muchos casos), ello a efectos de que las partes tengan un conocimiento informado sobre la operación a concretar. Si bien por un lado se genera un conocimiento informado, por el otro, se podría estar generando riesgos legales en contra de la parte que suministra su propia información confidencial, toda vez que un tercero tendrá acceso a la misma y podrá utilizarla; el problema nace cuando dicha utilización se da con fines distintos a los que las partes inicialmente se representaron, pudiendo ocurrir que el tercero utilice dicha información para competir y sacar una ventaja comercial/económica respecto de la parte que suministró su información. En ese sentido, resulta importante generar resguardos que permitan mantener dicha información “confidencial” con absoluta reserva y que sea utilizada únicamente para el propósito por el cual se compartió. Bajo ese marco, surge la necesidad de que las partes antes de compartir su información confidencial suscriban acuerdos, contratos y/o convenios de confidencialidad que regulen de antemano, entre otros, (i) los alcances de la confidencialidad de la información, (ii) las limitaciones entorno al uso y acceso a la información confidencial, y (iii) el plazo por el cual sobrevivirán las obligaciones de confidencialidad respecto de la parte que recibió dicha información. A través de este instrumento legal las partes ya son conscientes de los derechos y obligaciones a su cargo; lo cual permite obtener algún nivel de seguridad, o en todo caso, por lo menos tener remedios jurídicos disponibles que se puedan aplicar a fin de salvaguardar la confidencialidad y/o resarcir el daño generado por el incumplimiento a las obligaciones de confidencialidad.

Esta tesis presenta un Manual orientado a la Micro y Pequeña Empresa (MYPE) de la Industria Gráfica Offset como estrategia ante la informalidad existente de ese sector, utilizando como herramienta competitiva una esquematización de la propuesta de las políticas públicas y Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) que brindan diferentes organismos públicos. La informalidad empresarial ha ido evolucionando con el tiempo, sin que se definan criterios exactos que determinen la formalidad de una empresa, se tiene que esta puede actuar en informalidad siendo aparentemente formal. En un modelo económico como el que posee Perú, mantenerse dentro de la informalidad garantiza desaprovechar ventajas competitivas que solo se obtienen con la formalidad. Hoy en día los costos de acceso a la formalidad ya no se consideran una barrera burocrática, pues es el Estado quien asumió otorgar a los empresarios las facilidades necesarias para acogerse a las líneas de la formalidad. Podemos aproximar el concepto de competitividad empresarial a la MYPE y convertir una micro empresa de subsistencia en una de acumulación ampliada, creando una relación entre el Empresario, el Estado y la sociedad. Para determinar una estrategia coherente de mejora competitiva de la MYPE de la industria gráfica y orientar sus conductas a la formalidad, se buscó analizar las diferentes alternativas provenientes del sector público, privado y las aplicadas en otros países; así se determinó que por medio de capacitación y acompañamiento, se puede alejar al empresario de comportamientos informales. La formalidad y competitividad de un micro y pequeño empresario, pueden reducir problemas sociales como el subempleo y la evasión tributaria.

Actualmente, existe en el Perú una gran corriente de opinión respecto a la necesidad de restringir la comercialización de alimentos procesados industrialmente, especialmente en los sectores considerados más vulnerables: los niños y adolescentes. Así tenemos la promulgación de la Ley N° 30021 – Ley de Promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes (en adelante, la Ley), que restringe la venta de este tipo de alimentos en todos los colegios del país, así como limitaciones a las publicidades de estos productos que vayan dirigidos a menores de 16 años. Aquí nos encargaremos de estudiar a los alimentos que siendo procesados industrialmente, son altos en azúcar, grasas y calorías; razones por las que el Estado Peruano ha decidido restringir su comercialización en los colegios, alegando que su habitual consumo produce obesidad y por tanto genera un problema de salud pública en los niños y adolescentes que dichas restricciones busca combatir.

La normatividad laboral tiene como principal sujeto de protección al trabajador, sin embargo no nos ponemos a pensar que en las relaciones laborales de carácter privado; el empleador se puede ver afectado en tanto los propios trabajadores cometen ilícitos penales en contra de la propia empresa es el caso de los trabajadores de confianza, quienes según los procesos en investigación y sentenciados que hemos incluido como muestra que tuvieron lugar en el distrito Fiscal y Judicial de Cusco y Madre de Dios, se han venido cometiendo el delito de Apropiación Ilícita. Por lo que hemos demostrado a través de un análisis material de las fuentes del derecho la insuficiencia de un marco normativo laboral de previsión para este tipo de situaciones que se dan en la relación laboral de carácter privado, es por ello la necesidad de liberalizar la legislación laboral los cuales nos permitan el cobro de los perjuicios patrimonial de derechos disponibles de los trabajadores con la finalidad de evitar procesos judiciales laborales y penales latos y evitar crisis, desaliento empresarial y en el peor de los casos quiebras de algunas empresas. El principal instrumento metodológico utilizado ha sido la argumentación, matizada con adecuados criterios hermenéuticos y demás herramientas jurídico-legales teniendo como áreas de investigación el Derecho laboral, constitucional y penal. Se ha demostrado entonces la hipótesis planteada inicialmente la cual es que existe una insuficiencia del marco normativo laboral vigente, ya que son escazas las posibilidades que tiene el empleador de cautelar el patrimonio empresarial en este escenario penal que es la Apropiación Ilícita, teniendo como conclusión final que no existe posibilidad de retención de sus beneficios laborales solo el de retención temporal de la Compensación por Tiempo de Servicios pero por un plazo muy breve de no más de 30 días pero previa demanda laboral de despido por falta grave del trabajador; entonces hacerse un cobro de cualquier beneficio laboral de carácter remunerativo o no remunerativo sería ilegal, quedando solo el campo penal para tratar de resarcir el daño patrimonial ocasionado, por lo cual hemos planteado una modificación del Artículo 2 numeral 6 del Código Procesal Penal, que en buena medida ayudarían a las empresas a recuperar el daño patrimonial ocasionado.

En el presente trabajo, planteamos la necesidad de realizar ciertos ajustes en cuanto a la finalidad y alcances del sistema de atención de reclamos por productos y servicios financieros. Para ello, estudiaremos dos instituciones fundamentales en el sistema financiero y protección a los intereses del consumidor. Trataremos de plantear un modelo en el que el número de las agencias y distribución de las funciones de regulación y supervisión se puede llevar a cabo entre dos entidades que trabajen en forma coordinada, con claras limitaciones de competencia y responsabilidades a fin evitar duplicidad de funciones.