La situación actual del comercio internacional demuestra la importancia de las relaciones comerciales y económicas entre los estados; los países necesitan de la inversión extranjera para poder desarrollarse, debiendo para ello contar con un clima favorable a la misma, así como con las condiciones óptimas para poder permitir a los inversionistas extranjeros desarrollar sus negocios. La constante evolución de la economía, el comercio mundial y la globalización han generado que los estados negocien acuerdos comerciales, celebrándose así una gran cantidad de Tratados Bilaterales de Inversión, en adelante BITs1 Sin embargo, aun cuando el sistema CIADI en general ha tenido gran aceptación, existen diversos estados que han expresado su descontento con la manera en que se desarrollan y Tratados de Libre Comercio, en adelante TLCs, debido a la rapidez de los flujos económicos y comerciales y las ventajas que genera para las economías de los estados que participan en estos acuerdos. Teniendo esto en consideración, los estados exportadores de inversión buscan proteger a sus inversionistas, motivo por el cual se han suscrito diversos acuerdos, donde se establecen condiciones especiales de protección y seguridad a la inversión extranjera. Por ello, se establecieron cláusulas de solución de controversias que contemplan el desarrollo de la disputa en una instancia ajena al estado sede de la inversión, teniendo como objetivo evitar la posible parcialización de los tribunales nacionales para con sus estados y la desconfianza de los inversionistas en los sistemas judiciales nacionales. A través de estas cláusulas se busca contar con un mecanismo por el que las controversias entre el estado y el inversionista puedan ser resueltas rápida y definitivamente; a tal efecto, se tienen previstos diversos medios de solución como mediación, conciliación y arbitraje, siendo éste último el que ha tenido el mayor y más notable desarrollo a escala internacional, especialmente debido a los procedimientos llevados ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, en adelante CIADI. Siguiendo la tendencia establecida en los diversos acuerdos firmados por los estados alrededor del mundo, más de 140 países han ratificado el Convenio CIADI, demostrando la confianza en dicho sistema, apreciándolo como mecanismo a utilizar en caso se suscite algún tipo de controversia entre un inversionista y el estado sede de la inversión.

La Comunidad o Sociedad Internacional está próxima a presenciar un evento sin precedentes: los Estados insulares del Pacífico Sur perderían sus respectivos territorios por la inundación marítima del que serían víctimas. Uno de los tantos efectos del cambio climático es el continuo crecimiento de los niveles del mar, motivado por la desglaciación que padece nuestro planeta. Debido a que los territorios de los referidos Estados insulares carecen de la suficiente altitud que evite su inmersión total en el mar, perderían la condición de espacios geográficos habitables. Por ende, al no estar presente uno de los cuatro elementos constitutivos del Estado que exige el Derecho Internacional—el territorio, en el presente caso—, los Estados insulares se extinguirían. En tal sentido, la población de cada uno de esos Estados se va a ver obligada a migrar a otros territorios. Al respecto, un grave problema se suscita. El vínculo jurídico que une a los individuos con los Estados es la nacionalidad. Empero, si los Estados insulares desapareciesen, no existiría tal vínculo, por lo que las poblaciones se hallarían en la condición de no-nacionales de ningún Estado. Por lo antes expuesto, se requiere investigar cuál es el estatuto jurídico que les correspondería a dichas poblaciones. Nuestra hipótesis de trabajo es que encuadrarían dentro de la definición recogida en el artículo 1 de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (1954). Ello nos permite afirmar que configurarían como apátridas de iure.

En los últimos meses, se ha hablado mucho sobre la situación que se vive en Venezuela, así como los efectos que está ha traído consigo. En ese contexto, se puede observar que la inestabilidad, política, económica e institucional en la que se encuentra el país ha generado una crisis migratoria sin precedentes, la cual afecta a varios países en el mundo, pero de manera especial a los países de Latinoamérica. El presente artículo analizará, teniendo como marco el Derecho Internacional, la respuesta individual que los países más afectados han dado frente a esta crisis para luego determinar, si es posible que estos, a través de la coordinación y cooperación, puedan brindar una respuesta regional que pueda garantizar el respeto de los derechos de los millones de venezolanos que ingresan a los países de acogida.

La presente investigación presenta la problemática actual del hundimiento de los territorios terrestres de determinados Estados insulares debido al aumento en el nivel del mar ocasionado por el cambio climático. Dicha problemática motivó la aprobación del tema “La elevación del nivel del mar en relación con el derecho internacional” en el programa de trabajo de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. La justificación de la presente investigación parte de la necesidad de dar una respuesta jurídica a la problemática planteada dada la posibilidad de una eventual pérdida del espacio terrestre de los Estados en riesgo producto de su sumergimiento total. Esta necesidad se basa en el supuesto teórico de que la situación descrita generaría como resultado la pérdida del territorio y, por ende, también de la “condición de Estado” (Statehood en inglés) tras perder uno de los elementos constitutivos del Estado como sujeto de derecho internacional. Nuestra hipótesis es que la respuesta jurídica que debe darse ante la disminución y eventual pérdida del espacio terrestre de los Estados en riesgo es la creación de una ficción jurídica que implique el congelamiento de sus líneas de base a fin de poder mantenerlas jurídicamente luego de la pérdida fáctica del territorio terrestre. Esta es una cuestión a trabajar por parte de la Comisión de Derecho Internacional en el ámbito de la condición de Estado del tema anteriormente señalado. Para demostrar esta hipótesis, se analiza la normativa internacional y la doctrina existente en la materia. Como resultado de lo investigado, se concluye que la creación de la ficción jurídica propuesta permitiría a los Estados en riesgo aplicarla a fin de que sus líneas de base se mantengan jurídicamente, lo cual implicaría que no se pierda jurídicamente el territorio y que, por tanto, se continúe gozando de la condición de Estado.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo pretende realizar un análisis jurídico de la denominada “legítima defensa anticipatoria”. El estudio se desarrollará, en primer lugar, ubicando dicha controversia en el marco del desarrollo progresivo de las limitaciones y prohibiciones relativas al uso de la fuerza en el derecho internacional. Esto se traducirá en un estudio de la ausencia, aparición y posterior evolución del ius ad bellum y del ius contra bellum, poniendo particular énfasis en los hitos que tuvieron lugar en la primera mitad del siglo XX en esta materia. Posteriormente, y una vez reseñada la forma en que el uso de la fuerza entre Estados fue finalmente proscrito en el derecho internacional, se procederá a realizar un análisis de la naturaleza jurídica de la citada proscripción y las distintas consecuencias jurídicas que tienen lugar como resultado de la vulneración de la norma y sus excepciones. Consecutivamente, se entrará de lleno en el concepto de la legítima defensa como excepción a la prohibición del uso de la fuerza, analizándose su naturaleza, requisitos y modalidades. En la parte central de este trabajo se abordará la legalidad del uso de la fuerza invocando la legítima defensa en el derecho internacional antes de que tenga lugar un ataque armado, es decir, de una manera preventiva o anticipatoria, a través de la interpretación del artículo 51 y la Carta de Naciones Unidas, incluyendo sus trabajos preparatorios; la costumbre previa y posterior a su entrada en vigor; así como la postura adoptada por la Corte Internacional de Justicia en este respeto.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En la primera parte de esta memoria expondremos lo que el terrorismo es, su concepto y características. También expondremos las obligaciones generales que le competen a los Estados en virtud de los instrumentos hoy día existentes. En la segunda parte analizaremos detalladamente todos y cada uno de los Convenios que rigen esta materia, exponiendo en cada caso las obligaciones que adquieren los Estados al suscribir estos tratados. Finalmente, analizaremos las manifestaciones especiales que adquiere la extradición en el ámbito de los delitos terroristas, los preceptos especiales que la rigen y señalaremos por qué estos delitos deben diferenciarse de los delitos comunes, así como de los delitos políticos.

La expulsión de extranjeros en situación irregular es un tema de indudable interés y actualidad para todos los países de Europa ya que, como señala la Comisión Europea, la expulsión de extranjeros es parte esencial de los esfuerzos globales llevados a cabo por la UE para afrontar la crisis migratoria y, en particular, para disminuir la inmigración irregular. En el Derecho Internacional clásico, el derecho de un Estado a expulsar de forma discrecional a los extranjeros en su territorio se consideraba un atributo de la soberanía del Estado, por lo que el ejercicio de tal derecho no suponía en ningún caso incurrir en responsabilidad internacional. Esta tesis doctoral demuestra que en el DI contemporáneo la soberanía estatal en el ámbito de la expulsión de extranjeros se ha erosionado en buena medida, fundamentalmente por el desarrollo que se ha producido desde dos sectores normativos. Por un lado, un ámbito normativo más concreto como es el DI de los Refugiados y, por otro lado, uno más general como es el DIDH. La expulsión de extranjeros es un tema que ha sido tratado indirectamente desde diversas perspectivas por convenciones y acuerdos de carácter regional y bilateral. Sin embargo, no existe un instrumento internacional que regule con vocación universal esta cuestión. En 2014, tras más de una década de trabajos, la Comisión de Derecho Internacional aprueba un Proyecto de treinta y un artículos sobre expulsión de extranjeros y sus comentarios. En este sentido, el presente trabajo de investigación se centra en el análisis de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a los principales temas que afectan a la expulsión de extranjeros en el Derecho Internacional contemporáneo. A lo largo de los capítulos de esta investigación, se estudian los siguientes ámbitos que sirven de límite a la expulsión de extranjeros por parte de los Estados. En concreto, el Capítulo I tiene como misión abordar un límite a la soberanía del Estado en materia de expulsión como es el Derecho Internacional de los Refugiados. El Capítulo II está dedicado al análisis de la efectiva aplicación y vigencia del derecho a la vida. El Capítulo III estudia la efectiva aplicación del derecho a no sufrir tortura, penas o tratos inhumanos o degradantes. El Capítulo IV está dedicado al análisis de la jurisprudencia acerca de la prohibición de las expulsiones colectivas. El Capítulo V estudia el respeto a la vida privada y familiar del extranjero. El Capítulo VI se ocupa del derecho a la libertad y a la seguridad del extranjero objeto de expulsión. El Capítulo VII está dedicado a los derechos o garantías procesales que deben acompañar al procedimiento de expulsión. El estudio de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europeo en estas materias permite comprobar que las propuestas de la Comisión de Derecho Internacional son confirmadas en el Derecho Internacional en vigor en el ámbito regional europeo, según es interpretado por estos dos tribunales. Asimismo, permite concluir que la jurisprudencia de estos dos tribunales internacionales de ámbito europeo es de corte más proteccionista con los derechos de los extranjeros, en comparación con las propuestas de la Comisión de Derecho Internacional. Además, permite valorar las sinergias que se desarrollan entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la hora de aplicar la normativa internacional que regula la expulsión de extranjeros. Desde esta perspectiva, se demuestra que, hasta la fecha, no se ha suscitado riesgo de fragmentación entre la jurisprudencia de estos dos órganos judiciales en materia de expulsión de extranjeros. De momento, la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos no debería plantear ningún problema desde el punto de vista de la actuación judicial de estos dos tribunales en relación a la expulsión de extranjeros.

El presente trabajo tiene como objetivo conocer el proceso de formación del Poder Judicial en Brasil. La inquietud o problemática que se presenta es la necesidad de aclarar los hechos y la historia de esa institución analizando sus factores de causalidad y las consecuencias del origen y de la institucionalización del Poder Judicial de Brasil. Analiza la estructura del sistema judicial de Brasil: su origen y evolución. Los principales hitos históricos, su estructura y funcionamiento y las principales características son analizados, así como, el impacto del nuevo ordenamiento jurídico (La nueva Constitución de 1988) en el funcionamiento de los tribunales y sus repercusiones para el ciudadano. La cuestión de la autonomía y la independencia del Poder Judicial en Brasil. La crisis del Poder Judicial en Brasil y los conflictos y los intereses. El texto aborda la reforma del Poder Judicial en Brasil, sus estadísticas y la gestión pública en el Poder Judicial. El Consejo Nacional de Justicia (CNJ) y sus nuevas exigencias. Las perspectivas institucionales y la necesidad de nuevas reformas.

Si bien la violencia sexual ya se encuentra regulada dentro de las jurisdicciones penales ordinarias como un grave delito, su ocurrencia durante los conflictos armados, dentro de las filas de los grupos y fuerzas armadas, presenta desafíos específicos para su clasificación como crímenes de guerra. Ello en tanto, históricamente, se ha considerado que los sujetos pasivos de estos crímenes son personas protegidas por el DIH, excluyendo a los miembros de grupos y fuerzas armadas. En ese sentido, el presente trabajo de investigación aborda la posibilidad de calificar expresamente a los actos de violencia sexual cometidos intra-filas en perjuicio de integrantes adultos de los grupos o fuerzas armadas como crímenes de guerra. Para ello, en la primera sección, se expondrá la evolución del criterio jurisprudencial en la calificación de los delitos cometidos intra-filas. En la segunda sección, se analizará el desafío de clasificar como crímenes de guerra los actos de violencia sexual intra-filas dirigidos a integrantes adultos de grupos o fuerzas armadas, examinando la tradicional categorización de persona protegida y sujeto pasivo en el DIH y el DPI. El trabajo concluirá explorando la posibilidad de extender la calificación de crímenes de guerra a estos actos, aplicando un enfoque interseccional, y justificando la necesidad de reconocer explícitamente la violencia sexual intra-filas contra adultos como crímenes de guerra en el marco del DPI. / While sexual violence is already regulated within ordinary criminal jurisdictions as a serious offense, its occurrence during armed conflicts, within the ranks of armed groups and forces, poses specific challenges for its classification as war crimes. And this is because, historically, the passive subjects of these crimes have been considered individuals protected by IHL, excluding members of armed groups and forces. In this context, this research addresses the possibility of expressly categorizing intra-force sexual violence against adult members of groups or armed forces as war crimes. In the first section, the jurisprudential evolution of classifying intraforce offenses as war crimes will be presented. The second section will analyze the challenge of classifying intra-force sexual violence against adult members of groups or armed forces as war crimes, examining the traditional categorization of protected individuals and passive subjects in IHL and ICL. The research will conclude by exploring the possibility of extending the classification of war crimes to these acts, applying an intersectional approach and justifying the need to explicitly recognize intra-force sexual violence against adults as war crimes within the framework of ICL. / Trabajo académico

En el presente artículo el problema principal abordado es la limitación del uso de objetos religiosos, especialmente el velo integral musulmán, como intervención al derecho a la libertad religiosa protegido en el artículo noveno del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). El objetivo de la investigación es examinar cómo los Estados europeos justifican y aplican estas restricciones, así como evaluar la postura del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en estos casos para construir un estándar de la limitación en base a su jurisprudencia. El estudio revela que diversos Estados europeos han implementado prohibiciones del burka y el nicab en espacios públicos, citando razones de laicidad, igualdad de género, seguridad y protección de los derechos y libertades de los demás. A través del análisis de sentencias del TEDH, se observa que el tribunal evalúa estas restricciones aplicando un amplio margen de apreciación en la aplicación del principio de proporcionalidad. Asimismo, a lo largo de su jurisprudencia el TEDH permite que la exclusión cuando se trata de velos usados por mujeres musulmanas y la inclusión cuando se trata de vestimentas usadas por hombres musulmanes y objetos católicos. Finalmente, se realiza un análisis propio basado el en CEDH y la propia jurisprudencia del TEDH donde se concluye que la prohibición de los velos integrales es una medida que vulnera el derecho a la libertad religiosa, no siempre se persigue un fin legítimo, existen medidas menos lesivas y no es necesaria en una sociedad democrática. / In this article, the main issue addressed is the restriction on the use of religious objects, specifically the full-face veil, as an infringement on the right to religious freedom protected under ninth article of the European Convention on Human Rights (ECHR). The research objective is to examine how European states justify and implement these restrictions and to evaluate the stance of the European Court of Human Rights (ECtHR) in these cases to establish a standard for limitations based on its jurisprudence. The study reveals that various European states have imposed bans on burka or nicab in public spaces, citing reasons related to secularism, gender equality, security, and the protection of the rights and freedoms of others. Through the analysis of ECtHR judgments, it is observed that the court assesses these restrictions by applying a broad margin of appreciation in the application of the proportionality principle. Additionally, throughout its jurisprudence, the ECtHR allows for exclusion in the case of veils worn by Muslim women and inclusion in the case of clothing worn by Muslim men and Catholic religious objects. Finally, an independent analysis is conducted based on the ECHR and the ECtHR's jurisprudence, concluding that the prohibition of full-face veils is a measure that violates the right to religious freedom. It is not always pursued for a legitimate purpose, less restrictive measures are available, and it is not necessary in a democratic society. / Trabajo académico