(...)en la presente tesis, he considerado conveniente -como lo muestra el título del mismo- centrarnos en los problemas de complicidad dejando de lado la importancia que puede presentar el problema en las otras formas de intervención en el delito. Asímismo, pretendo demostrar que las soluciones que se han ido elaborando en aras de dar una respuesta satisfactoria al problema de las conductas neutras, cotidianas o habituales, muchas veces han partido de casos particulares que se presentan en la realidad, y a partir de ello han intentado arribar a soluciones generales. En este trabajo, el método que se propone es inverso. Para nosotros, arribar a la que creemos la solución adecuada, implicará elaborar una fundamentación idónea para la intervención o participación en el delito (esto es, los supuestos de complicidad), lo que significa, inicialmente, que hay dejar en claro cuál es la razón por la cual debe de responder jurídico-penalmente todo partícipe, y a partir de ella abordar el tópico de la neutralidad de las conductas. En este sentido, tendrá mucha importancia el análisis que sobre el sinalagma: autodeterminación / responsabilidad por las consecuencias del actuar, se desarrolle. De tal forma, el cómplice, responderá no porque participe en el injusto de otro (el autor), sino porque el hecho típico también le pertenece y por ende se le imputa.

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La tesis que ahora presentamos como informe final de nuestras indagaciones se organiza en función de dos partes. La primera, se ocupa del análisis dogmático y político criminal de la pena de multa en el derecho comparado y nacional. En ella se aborda el estudio de los aspectos generales de la pena de multa (evolución, concepto, naturaleza jurídica, ventajas, desventajas y clasificaciones) y de la función sustitutiva que se le asigna en el contexto de la privación de libertad de corta duración. También se presenta de modo específico la problemática y características del sistema de días-multa; y, en un capítulo aparte, se explica el sistema de días-multa en el derecho penal peruano (evolución, procedimiento de determinación del número de días-multa, extensión del promedio del número aplicable, criterios utilizados para la definición de la cuota diaria, reglas especiales, plazo y modalidades de pago de la multa, medidas alternativas aplicables a la multa, cómputo de la detención, prescripción, rehabilitación, cobranza de las multas impuestas en el Poder Judicial, entre otros).

Durante mucho tiempo la sociedad ha sido construida a partir de un prototipo ideal de individuo racional, capaz de sentir, comunicarse y decidir sobre su vida sin algún tipo de asistencia. La consecuencia de este paradigma ha sido que aspectos importantes de la vida como la educación, la arquitectura, la información y señalización, el trabajo, el lenguaje, las relaciones familiares, el arte y el Derecho han sido elaborados pensando en este ideal de ser humano. En este esquema, los individuos cuyo cuerpo o mente no funcionan de igual manera que en la mayoría de personas son excluidos de la vida social y de la capacidad de ejercer sus derechos. Especialmente las personas con capacidades de pensar y gestionar aspectos sociales y emocionales distintas al resto son tratados como objetos y no sujetos de pleno derecho3 . Estos individuos, llamados usualmente “locos”, “dementes” o “enfermos mentales”, son aislados en instituciones de salud mental en aras de “curarlos” contra su voluntad y de “proteger” a la sociedad de estas personas. Sin embargo, este paradigma ha sido duramente criticado en los últimos años. Más aún, las propias personas con funcionalidades distintas a la mayoría han encabezado una lucha por el reconocimiento de sus derechos. Esta lucha se ha sintetizado en un nuevo modelo de discapacidad: el modelo social. Este modelo propone que el eje de la discapacidad ya no descansa en las funcionalidades distintas (llamadas deficiencias), sino en las barreras discapacitantes construidas a partir del prototipo de ser humano ideal. / Tesis

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Se atribuye a Aristóteles la frase aquélla de que “grandes conocimientos engendran grandes dudas”; la cual resulta de aplicación a la materia del presente Trabajo que persigue desmitificar la vinculación que en el Derecho se realiza de la institución de la cláusula penal a la tutela resarcitoria. / Tesis

Como objeto del presente trabajo de investigación se establece el esclarecimiento de los conceptos de dolo e imprudencia, para poder delimitar que es una acción dolosa y que es una acción imprudente. Debido a la profusión de términos que han sido utilizados para la definición del dolo, la investigación es de carácter conceptual, es decir, trasciende nuestro ordenamiento positivo, puesto que, según se desprende de los artículos 11°, 12° y 14° de nuestro Código penal (que tiene como una de sus fuentes modélicas al Código penal alemán de 1975) el legislador ha optado por no definir lo que ha de entenderse por dolo y por imprudencia dejando esta labor a la doctrina y a la jurisprudencia. Sin embargo debemos señalar que está opción del legislador ha generado incongruencias a nivel jurisprudencial, en vista que se recurren a una diversidad de criterios para la delimitación de los comportamientos dolosos e imprudentes, basados unos fallos, en darles mayor preponderancia al elemento intelectivo y en otros al elemento volitivo, bajo las fórmulas propias de la teoría de la aprobación o del consentimiento. En el panorama de la doctrina nacional tampoco ha habido un desarrollo considerable sobre la cuestión. Los trabajos que hemos podido hallar tratan el problema de delimitación entre ambas categorías de manera indirecta a través de trabajos sobre la teoría del error, o sobre la imprudencia en donde si hay trabajos doctrinarios muy bien documentados y su elaboración conceptual es suficiente. / Tesis

El principio de legalidad penal juega un rol importante dentro de un Estado constitucional y democrático de derecho. Es en el ámbito del derecho penal donde cobra mayor relevancia en la medida que el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales, sobre todo el ejercicio de la libertad personal, depende, en cierta forma, del respeto del principio de legalidad penal, ya que éste implica que los ciudadanos tengan la posibilidad de conocer, previamente, los actos que constituyen delito y la sanción penal correspondiente. De esta manera, el principio de legalidad refuerza la seguridad jurídica en un Estado constitucional de derecho. La presente investigación postula la hipótesis que el principio de legalidad penal comprende el derecho internacional como el derecho interno, de modo que, ante un vacío, omisión o deficiencia en la legislación interna, los crímenes internacionales del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional pueden aplicarse directamente. Se persigue como objetivo, entonces, determinar el alcance y contenido del principio de legalidad en el ámbito del derecho y la jurisdicción internacionales. Para lograr este objetivo, se utilizan las herramientas del método dogmático y el estudio y análisis de la bibliografía jurídica relacionada con el tema, recurriendo a la búsqueda y análisis comparativo de las normas internacionales sobre Derechos Humanos, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la jurisprudencia de los Tribunales Internacionales de Derechos Humanos, vinculados con el principio de legalidad penal. Se arriba a la siguiente conclusión: desde la perspectiva del derecho internacional, el contenido del principio de legalidad penal está conformado no sólo por el derecho interno sino también por el derecho internacional, por lo que es viable aplicar directamente los crímenes internacionales previstos en el Estatuto de Roma frente a una legislación interna deficiente o que omite tipificarlos. / Tesis

Aborda los problemas que se presentan al momento de la calificación del tipo penal de delito informático, ya sea al formalizar la denuncia fiscal o al calificar dicha denuncia por el órgano jurisdiccional y su impunidad. Demuestra que las conductas que emplean, utilizan o se basan en sistemas informáticos se encuentran deficiente e insuficientemente tipificadas y el ordenamiento jurídico resulta inadecuado para abarcar las principales manifestaciones que afectan importantes bienes jurídicos. Busca determinar si existe una conducta a la que se pueda denominar en sentido estricto como “delito informático”; identificar cuáles son las limitaciones que existen en la tipificación del delito informático al momento de formalizar la denuncia fiscal y/o en su calificación judicial; demostrar que el delito informático se confunde en su calificación con otros tipos penales, de tal forma que se estaría afectando el principio de legalidad y seguridad jurídica; identificar cuáles son las manifestaciones de la criminalidad informática que no se encuentran tipificadas; demostrar que la Ley 27309 no tipifica correctamente las afectaciones del patrimonio individual con el uso de sistemas informáticos, pues éste se encuentra tipificado en el artículo 183.3 del Código Penal, entre otros. Como hipótesis general se ha planteado la siguiente: La inadecuada tipificación del delito informático y de las conductas que utilizan los sistemas informáticos, la existencia de conductas vinculadas a las nuevas tecnologías que teniendo relevancia penal no se encuentran tipificadas, y el uso de nueva tecnología en la comisión de los tipos penales tradicionales, son los factores que afectan la subsunción, formalización, procesamiento y eventual sanción –generando sensación de impunidad- de conductas que hacen uso de medios informáticos en la comisión de delitos en el distrito judicial de Lima, durante el período 2009-2010. / Tesis

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