Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La investigación que a continuación presentamos, tiene por objeto analizar las percepciones de la cultura jurídica chilena respecto tres instituciones penales de gran relevancia en nuestro sistema penal chileno; dos de ellas corresponden a claras limitaciones del ius puniendi estatal. Por una parte, la prescripción penal, institución que extingue la posibilidad de persecución penal por haber transcurrido un determinado lapso de tiempo y en concomitancia con ciertos requisitos legales, y por otra, ciertas facultades discrecionales en la persecución penal que el nuevo sistema penal pone a disposición de los fiscales, por medio de las cuales puede eventualmente cesar la persecución de ciertos delitos. Por último, se analiza un principio clásico del derecho penal, el principio de presunción de inocencia. Como explica COSTA CARHUAVILCA1, aun cuando muchos sostienen que el principio de presunción de inocencia se trata de algún beneficio a favor del reo o una prebenda legislativa para “favorecerlo”, corresponde más bien a un límite de la actividad sancionatoria del Estado, dado que garantiza la libertad del acusado frente al interés colectivo de la represión penal. Este estudio es, por sobre todo, un estudio sobre ciertas limitaciones que nuestro sistema jurídico contempla respecto de la persecución penal estatal, sea como extinción de la misma en el primer caso, como facultad de ejercerla en el segundo, o como garantía en la tercera

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por los autores para ser publicada a texto completo / Una constante a lo largo de la historia ha sido la necesidad de agravar la sanción de conductas que denotan una especial malicia o en que late un fondo de cobardía, se trata de los casos en que se excluye el riesgo para el agresor o en que se quebrantan concretos deberes de lealtad o en que se aprovecha la indefensión de la víctima. En cuanto a la alevosía, ningún país civilizado ha dejado de sancionarla, aunque en algunos no se mencione entre las circunstancias agravantes de modo expreso por ir comprendida en la noción de otras circunstancias como la emboscada, la sorpresa, la astucia, el uso de medios que imposibiliten la defensa, el empleo de veneno o simplemente, porque es tomada en cuenta para caracterizar algún delito en el que concurre especialmente. Pero, el concepto de alevosía, aunque esté fijado legalmente, dista mucho de tener un contenido y de estar acotado por limites sobre los que doctrina y jurisprudencia hayan mantenido una unidad de criterio. Al contrario, cabe señalar que el de la alevosía es uno de los conceptos más discutidos, en cuanto a sus elementos, naturaleza jurídica y aplicación. A las dificultades anteriores, se suma la existencia de zonas comunes entre la alevosía y otras circunstancias de agravación, y la necesidad de determinar la compatibilidad entre unas y otras. Asimismo, se debe determinar si puede concurrir esta agravante con las circunstancias de atenuación.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El objetivo de nuestro estudio será dilucidar si contamos actualmente con un sistema de determinación de pena claro, que dé respuesta a las distintos problemas jurídicos a que da lugar su aplicación. Para estos efectos procederemos en primer lugar a analizar cada una de las reglas que se deben tomar en consideración para la determinación de la pena en concreto, ofreciendo a su vez un sistema de aplicación simplificado de ellas; en segundo lugar, a realizar una exposición de las principales discusiones doctrinarias y jurisprudenciales a que da lugar la aplicación de las reglas anteriores; en tercer lugar, a realizar un breve análisis de los regímenes concursales y de las instituciones que se han establecido respecto al tema.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Tesis (magíster en derecho mención derecho penal)

Tesis (para optar al grado de magíster en derecho mención en derecho penal) / El Código Procesal Penal que empezó a regir a partir del año 2000, trajo variados cambios en la investigación como en la tramitación de los procedimientos penales, mucho de los cuales han sido notorios, como la separación de funciones de quien investiga y quien juzga, la desformalización de la investigación, un control jurisdiccional intenso respecto a las garantías constitucionales que pueden verse afectadas en el ejercicio de la acción penal, mecanismos de salidas alternativas, oralidad, inmediación, publicidad y contradictoriedad, entre otras modificaciones. Sin embargo, hay ciertos temas que si bien han variado su forma de hacerlos valer en juicio, siguen vigentes, como la institución de los informes periciales y, en definitiva, todo el sistema probatorio. Desde ya debemos señalar que en el nuevo sistema, aparece más apropiado llamar a los informes periciales prueba pericial, pues los informes no son prueba por regla general, aunque dicha terminología la usa el código procesal penal, en nuestra opinión de manera inapropiada. Esta materia, ha tenido una creciente aplicación en Chile y, en la medida que los juicios se vuelven más complejos, este tipo de prueba aparece cada vez más relevante y su importancia no deja de ser menor, pues un perito en alguna materia de alta complejidad puede llegar hacer decisivo en la resolución jurisdiccional y, por tanto, ello demanda a los intervinientes una preparación mas acuciosa y a los tribunales un conocimiento acabado sobre la procedencia de las pericias y su valoración y, por otro lado, un uso excesivo de pericias genera costos del juicio a veces innecesarios y dilaciones del mismo.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento. / La idea de realizar una sistematización jurisprudencial sobre el delito de robo con violencia o intimidación en las personas, nace en primer término de un interés personal por el Derecho Penal que comienza desde la cátedra del ramo dictada por el profesor Juan Bustos Ramírez, y que es reafirmada en el taller de memoria sobre “Tendencias actuales de delincuencia patrimonial”, impartida por el profesor Dr. Gustavo Balmaceda Hoyos, quien me hace ver a lo largo de las clases y el estudio, lo altamente necesario e innovador que puede resultar realizar una memoria de prueba de estas características y en esta figura penal, dado que en el marco de los ilícitos contra la propiedad éste es uno de los que parte de una mayor penalidad, y tiene un carácter singular al tratarse de un tipo pluriofensivo, pues, con este delito el legislador no sólo ha querido proteger la propiedad, sino que también la vida e integridad misma de las personas, considerando además que los presupuestos fácticos de este delito son de común ocurrencia y que existen diversas interpretaciones tanto doctrinales como jurisprudenciales al respecto. La razón de ser de este delito radicaría en que el debilitamiento de la defensa privada que supone el apoderamiento, se produce a través de una situación de lesión o peligro para otros bienes jurídicos como la vida y la salud de las personas lo que hace que se busque proteger también a esos otros bienes. El delito de robo con violencia e intimidación en las personas se encuentra dentro del círculo de delitos de estructura plural, que no se reduce a un solo comportamiento del sujeto activo, de ahí que el objeto de tutela penal sea el doble, pues, junto a la propiedad se lesiona o pone en peligro otros bienes jurídicos. Este objetivo es pretendido en la presente memoria a través de la revisión de jurisprudencia emanada de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de Chile, Ilustres Cortes de Apelaciones de Justicia de todo el país y Tribunales Orales en lo Penal de todo Chile, seleccionadas, evaluadas y sistematizadas, contenidas tanto en revistas especializadas como la Gaceta Jurídica (GJ), Revista Fallos del Mes (RFM) y la revista Derecho y Jurisprudencia (RDJ), como también en los buscadores jurisprudenciales más prestigiosos del país y el Intranet del Poder Judicial. Los fallos son objeto de una ficha que da cuenta de todos los aspectos relevantes del caso y su resolución (tribunal que dictó la sentencia, ministros o magistrados que la dictaron, fecha de la sentencia, número identificador, acción o recurso interpuesto, síntesis de los hechos y decisión del tribunal). El trabajo contiene, en total, 168 fichas, que fueron ordenadas en relación a la fecha de su pronunciamiento y clasificadas en atención a la doctrina del fallo. La clasificación se materializó en un índice, que según la materia, remite a los fallos respectivos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En esta monografía se desarrolla el intento por ofrecer un criterio de justificación para la pregunta acerca de la legitimidad del Derecho Penal Económico habida consideración de que el mismo es un apartado del Derecho Penal que es, a su vez, exponente quizás principal del proceso de expansión y modificación sustancial de sus principios tradicionales. Para ello, la pregunta no es fútil, sino que conecta derechamente con el análisis del carácter de justa que pueda adquirir una política criminal interesada por intervenir en el desarrollo de la vida económica. Para intentar conseguir lo anterior, se ofrece inicialmente un repaso breve y sistemático acerca de las principales teorías en torno a la legitimidad del Derecho Penal en general, abonando a la idea de que es función de esta herramienta de control social erigirse como protección de bienes jurídicos, de manera subsidiaria y como última ratio. Se colige de ello que el Derecho Penal Económico presenta la particularidad de integrar bienes jurídicos colectivos, concurriendo a su tutela en presencia de delitos de peligro y especialmente de peligro abstracto Al análisis general anteriormente citado se adscribe un análisis particular del Derecho Penal Económico y de la evolución del delito económico como fenómeno para buscar luego señalar, que si bien este apartado requiere una visión especial de los principios que hacen legítima la intervención penal, tal requisito, que entendemos como modernización del Derecho Penal, debe ser satisfecho y aceptado cuando se asume que el Derecho Penal Económico tutela un orden económico que significa, por su parte, un espacio en que el individuo se auto determina y ejerce su libertad. Por último, tal bagaje conceptual es aplicado en el análisis de los tipos penales que contempla la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores, vista como hito relevante dentro de la legislación penal económica y, dentro de ellos, el de uso de información privilegiada.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación tiene como fin el estudio del engaño en el delito de estafa en Chile. Para esto, se analizan las principales y más influyentes posturas doctrinales nacionales e iberoamericanas sobre la materia. En definitiva, se examinan los puntos controvertidos más relevantes en el estudio del engaño. En primer lugar, se tratan las distintas definiciones del concepto de engaño en la estafa, sus características y requisitos. Posteriormente se estudian los deberes de protección exigidos a la víctima de este delito. A continuación, se revisan las distintas posturas respecto al objeto sobre el cual puede recaer el engaño. Luego, se describen las diversas formas en que se puede realizar el engaño. Por último, se realiza un análisis comparativo entre el engaño de estafa y el engaño en la falsificación de instrumento privado. Como conclusión, se observa que si bien existen diversas teorías aplicables al engaño en la estafa, la aplicación de la imputación objetiva presenta las respuestas más consistentes que se ajustan de mejor manera al tráfico jurídico actual.