El presente trabajo pretende realizar un análisis del procedimiento administrativo de cierre de partidas, aplicado en los casos de superposición en el Registro de la Propiedad Inmueble. Investigación que estará enfocada en analizar el procedimiento en sí, regulado en el Capítulo II del Título V, específicamente en los artículos 56º al 63º del Texto Único Ordenado del Reglamento General de los Registros Público, siendo la Unidad Registral el órgano competente para disponer el cierre de partidas y no las instancias registrales, tal como así lo reconoce el propio Tribunal Registral, mediante Resolución Nro.316-2017-SUNARP-TR-A de fecha 30.05.2017. Asimismo, estoy adhiriéndole mi experiencia profesionales, basado en la misma práctica, por lo que analizaré el procedimiento iniciado en mérito de la Hoja de Trámite Nº 2014-114476-ZRNºIX/SC-TD del 29.12.2014. Por ello, he tratado de hacer una aproximación y análisis a un caso en concreto, el cual también tendrá como unidad de análisis los Informes Técnicos emitidos por el área catastral y Resoluciones expedidas tanto por la Unidad Registral y Dirección Técnica Registral de la SUNARP, quienes son los competentes para resolver este tipo de procedimiento. Asimismo, abarcaré los conceptos de lo que se le denomina “duplicidad registral” y “superposición registral”, como sus efectos e implicancias a fin de poder determinar las causas que provocan esta patología registral, en el registro de la propiedad inmueble. Origen que se encuentra estrechamente relacionado con las carencias técnicas del sistema catastral de la SUNARP. Problemática que hoy se encuentra muy latente en diversas zonas de nuestro país. Es por ello, que es necesario poder ahondar en este procedimiento de cierre de partida, creado por la SUNARP, y ver en que medida lo soluciona. / Trabajo académico

El presenta trabajo de investigación tiene como propósito verificar si se afecta el derecho fundamental de propiedad, cuando en el procedimiento de abandono de bienes muebles comisados, regulado en el artículo 184° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, se establece un plazo legal para acreditar con comprobante de pago este derecho, en la medida que la declaración de abandono implica la pérdida del derecho de propiedad aun en el supuesto que se presente el comprobante de pago con posterioridad al referido plazo. Para efectos de validar esta hipótesis, se analizó, por un lado, el concepto de la Autonomía del Derecho Tributario determinando que no resulta aplicable al procedimiento de abandono en tanto que éste se encuentra comprendido en el Derecho Tributario Procedimental y no en el Derecho Tributario Sustantivo y, por otro, se aplicó el del Test de Proporcionalidad como herramienta metodológica que permite solucionar situaciones de conflicto entre derechos fundamentales o, como en este caso concreto, entre la potestad de control de la Administración Tributaria y el derecho fundamental de propiedad de los ciudadanos contribuyentes, habiéndose concluido que la norma que regula el procedimiento de abandono de bienes muebles comisados en el extremo que establece un plazo de caducidad no supera el citado Test de Proporcionalidad. Por último, se sugiere que debe valorarse la documentación que se presente con posterioridad al plazo legal establecido a fin que no se vulnere el derecho fundamental de propiedad y por aplicación del principio del procedimiento administrativo de verdad material. / This investigation work has the purpose to verify if the fundamental property right is affected when in the proceeding of abandoned of the furniture confiscating property, regulated in the 184 article of The Unique Ordered Text of The Tributary Code, it establish a legal (frame time) to credited a receipt of this right, in the way that the declaration of abandoned implicate the loss of the property right yet in the supposed that the receipt is showed after the referred frame time. For effects of validate this hypothesis, it analyzed, for one side, the concept of the Autonomy of The Tributary Law, determining that it does not apply to the abandoned proceeding because it is found within the Procedural Tributary Law and not in the Substantive Tributary Law and, in the other side The Test of Proportionality was applied as a methodology tool that allows to solve conflict situations between fundamental laws or like in this particular case between the control power of the Tributary Administration and the fundamental property right of the contributor citizens, it has been concluded That the rule that regulate the proceeding of the abandoned of the furniture confiscated property in the extreme that establish a frame time of expiring. Finally, it is suggested that the documentation submitted after the legal deadline established must be assessed so that the fundamental right of property is not violated and by applying the principle of the administrative procedure of material truth. / Trabajo de investigación

Trabajo que aborda la protección del derecho de propiedad por medio de un registro público con base catastral integrada / Tesis

El objetivo del presente trabajo consta en el desarrollo de la pregunta planteada en el título "La existencia de un título pendiente, ¿impide la inscripción de otro título presentado posteriormente?", es decir, en dilucidar si la inscripción de un título presentado con posterioridad a uno que se encuentra pendiente de inscripción, será impedida por éste último; por lo que, a fin de dar respuesta a nuestra interrogante, revisaremos el Reglamento General de los Registros Públicos, el Compendio de Precedentes de Observancia Obligatoria de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y la información recopilada de los distintos autores de relevancia en el Derecho Registral, los mismos que adoptan una postura uniforme sobre el caso en cuestión. Del investigación realizada, tenemos que para encontrar la respuesta a nuestra interrogante debemos contemplar dos supuestos: a) Que el titulo presentado con posterioridad sea compatible con el título que se encuentra pendiente de inscripción; y, b) Que el titulo presentado con posterioridad sea incompatible con el título que se encuentra pendiente de inscripción. De encontrarnos en el primer supuesto, es decir, que el título posterior sea compatible con el título pendiente, no existiría impedimento alguno para que éste título posterior pueda ser inscrito, inclusive, éste último podría inscribirse antes que el título pendiente. Sin embargo, si el titulo presentado con posterioridad, fuera incompatible con el título pendiente, este tendría un impedimento para ser inscrito, debido a que conforme con el artículo 26° del Reglamento General de los Públicos: “Durante la vigencia del asiento de presentación de un título, no podrá inscribirse ningún otro incompatible con éste".

La presente investigación se enfoca en el estudio de los pactos prohibitivos de disponer dentro del ámbito contractual y su tratamiento en el Código Civil peruano. Para tal fin, se utiliza una perspectiva plurimetológica que comprende a los métodos exegético, dogmático y funcional, teniendo en consideración, incluso, al Derecho Constitucional y al Análisis Económico del Derecho, así como a la jurisprudencial registral, a una directiva sobre inmovilización de partidas registrales expedida por SUNARP, y a diversos contratos relacionados al tema objeto de estudio. El problema que motiva este trabajo parte de la interpretación que viene realizándose del artículo 882° del Código Civil peruano, que establece la prohibición de estipular pactos prohibitivos de disponer en los contratos. Efectivamente, de la revisión de la doctrina nacional como de la jurisprudencia registral, puede constatarse opiniones y criterios dispares sobre el particular; incluso, en el plano legislativo, existe una propuesta de reforma del artículo acotado que plantea su admisión por un determinado plazo. Sin embargo, en la práctica este tipo de pactos viene siendo utilizado por entidades bancarias y algunas inmobiliarias. En este sentido, se justifica un estudio que aborde esta temática de manera integral y que dé respuesta a las siguientes interrogantes: ¿cuáles son los alcances de la prohibición contenida en el artículo 882° del Código Civil?, ¿existen diferencias entre los pactos prohibitivos de disponer, las obligaciones negativas disponer y aquellas restricciones pactadas al amparo del artículo 926° del Código Civil?, ¿debería derogarse el artículo 882° del Código Civil o bastaría con una reinterpretación del mismo? Las conclusiones de esta investigación que responden a las cuestiones planteadas son las siguientes: i) el referido artículo 882° es una norma que, en línea de principio, generaría la ineficacia de los pactos prohibitivos de disponer que se estipulen en los contratos, salvo que se cumplan determinados requisitos que se desprenden de una “interpretación conforme” a la Constitución; ii) los pactos prohibitivos de disponer son distintos a los pactos restrictivos de disponer, a las obligaciones negativas de disponer, a los pactos prohibitivos de propiedad y a los pactos restrictivos de propiedad; y, iii) no es necesaria la derogación del artículo 882° acotado para la admisión de los pactos prohibitivos de disponer, pues bastaría únicamente con una reinterpretación del mismo a partir de la Constitución para entender que el principio la libre circulación de los bienes, en tanto norma de orden público, admite excepciones, lo cual es coherente con el régimen económico establecido por la Constitución.

Uno de los mayores problemas de seguridad jurídica de la primera década del siglo XXI fue el ocasionado por el fraude inmobiliario, cuyo fenómeno significó la pérdida del patrimonio de innumerables propietarios peruanos. A raíz de la judicialización de estos ilícitos, se visibilizó la precariedad de los procedimientos de verificación documental de los registros públicos y de los funcionarios involucrados en las transferencias de los inmuebles. Asimismo, quedó manifiesta la diversidad de criterio judicial en la resolución de estos casos pues, en ocasiones, restituían el inmueble a los propietarios y, en otras, se la otorgaban al llamado tercero registral. Bajo este marco, el poder legislativo emite la Ley N° 30313 - Ley de Oposición al Procedimiento de Inscripción Registral en Trámite y Cancelación del Asiento Registral por Suplantación de Identidad o Falsificación de Documentación y Modificatoria de los Artículos 2013 y 2014 del Código Civil y de los Artículos 4 y 55 y la Quinta y Sexta Disposiciones Complementarias Transitorias y Finales del Decreto Legislativo 1049 - , cuya constitucionalidad fue, acertadamente, cuestionada y, recientemente, resuelta por el Tribunal Constitucional, a nuestro criterio, de forma errónea. Tal disposición normativa otorga protección al tercero registral, antes que al propietario, en los casos de Suplantación de Identidad y Falsificación Documental en aplicación del principio de fe pública registral. Dicho criterio ha sido avalado por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente N° 00018-2015-PI/TC a pesar de que el acto origina la titularidad del tercero es un ilícito. Por ello, en la presente investigación de orden dogmático documental, pretendemos delinear los argumentos históricos, lógicos y normativos que sustentan que, ante el fraude inmobiliario, no se debe aplicar el principio de fe pública registral. Su aplicación se configuraría como un incentivo a la comisión de delitos que atentan contra la fe pública y contravendría normas de carácter público. / One of the biggest legal security problems of the first decade of the 21st century was caused by real estate fraud, the phenomenon of which meant the loss of the assets of countless Peruvian owners. As a result of the prosecution of these crimes, the precariousness of the documentary verification procedures of the public registers and the officials involved in the transfers of real estate became visible. Likewise, the diversity of judging criteria in the resolution of these cases was evident since, on occasions, they returned the property to the owners and, on others, they granted it to the so-called third-party registry. Under this framework, the legislative power issues Law No. 30313 - Law of Opposition to the Registration Procedure in Process and Cancellation of the Registration Entry for Identity Impersonation or Forgery of Documentation and Amendment of Articles 2013 and 2014 of the Civil Code and Articles 4 and 55 and the Fifth and Sixth Complementary Transitory and Final Provisions of Legislative Decree 1049 - whose constitutionality was rightly questioned and, recently, wrongly resolved by the Constitutional Court, in our opinion. Such normative provision grants protection to the third party registry, before the owner, in cases of Identity Impersonation and Document Falsification in the application of the principle of registry public faith. Said criterion has been endorsed by the Constitutional Court in the sentence passed in the file N ° 00018-2015-PI / TC although the act originates the ownership of the third party is illegal. Therefore, in this research of a dogmatic documentary order, we intend to outline the historical, logical, and normative arguments that sustain that, in the face of real estate fraud, the principle of public registry faith should not be applied. Its application would be configured as an incentive to the commission of crimes that violate the public faith and would contravene public regulations.

El presente trabajo de investigación ha buscado desde siempre el abordar temas de relevancia jurídica y trascendencia social en el actual contexto económico social en que vivimos. Es por ello que al hablar del tema del Derecho a la Identidad y sus manifestaciones concretas como son los signos de identificación, surge el marco doctrinal y jurídico necesario para abordar el del Estado civil. Estado civil de las personas, que juega un rol importante en el desarrollo de las relaciones interpersonales entre los miembros de toda sociedad, en particular en una sociedad donde debe existir un Estado económico y social de derecho, no obstante ello es uno de los elementos poco apreciados en dicha trascendencia por los agentes económicos y jurídicos que intervienen, aún cuando las consecuencias de su improvisado tratamiento, actualmente vienen generando efectos negativos que distorsionan los derechos que otorga. Este elemento de identificación, como muchos otros, es generador de la identidad estática de los individuos y por ende en su desarrollo, suele ser creador de otro tipo de relaciones jurídicas amparadas en ella, ahí radica la importancia para el Derecho, de concebirla adecuadamente y materializarla en la realidad como es debido, especialmente en sus efectos frente a los terceros.

El tema de investigación se encuentra circunscrito principalmente a dilucidar los principales aspectos del procedimiento de inmatriculación de predios en nuestro sistema registral y específicamente se centra en el análisis de la primera inscripción de inmuebles rurales en el Registro de Predios. La inmatriculación constituye el inicio del historial jurídico de un inmueble, el ingreso de una finca en el registro o el inicio de la vida e historia registral de las titularidades jurídicas referidas a un predio, por ende, contribuye de forma extraordinaria a publicitar titularidades jurídicas existentes y hacerlas oponibles a terceros de conformidad con la vocación del acto, a fin de su incorporación en el tráfico y el mercado de bienes inmuebles, lo que a su vez atrae múltiples posibilidades de comercialización y/o explotación económica. Asimismo, la inmatriculación permite identificar y modificar un bien, de modo que este sea definido bajo los estándares del registro y pueda ser saneado física y legalmente, lo que atiende a una necesidad de nuestra realidad social, la misma que se encuentra compuesta por predios urbanos y rurales que se encuentran fuera del Registro y que requieren del análisis y desarrollo de un procedimiento vital para el acceso al sistema registral con el fin de otorgar a los ciudadanos de un título de propiedad que permita: (i) la defensa del inmueble, (ii) la inversión y (iii) explotación económica sobre el mismo, entre otras / Trabajo académico

En el actual escenario económico y legal de nuestro país, la venta de unidades inmobiliarias en proyecto es una de las principales modalidades de adquisición de inmuebles, ya sea como viviendas, departamentos, oficinas, centros comerciales, entre otros. No obstante, a nivel registral se ha establecido una marcada diferencia en la venta de unidades inmobiliarias en proyecto, según éstas se encuentren sujetas al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, o al régimen de independización y copropiedad. Esta distinción ha determinado que las unidades inmobiliarias en proyecto puedan ser considerados como bienes presentes y/o futuros, determinando el producto y procedimiento bancario para su adquisición y gravamen, así como la oportunidad de la inscripción de dichos actos en el registro / Trabajo académico

Memoria para optar al grado académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. / A casi más de un siglo y medio desde la entrada en vigencia del Código Civil chileno y de la creación del sistema registral inmobiliario, resulta útil realizar un breve diagnóstico del mismo. Sobre todo si tenemos en consideración el creciente desarrollo que ha tenido el mercado inmobiliario en nuestro país durante las últimas décadas. Lo que se debe entre otros factores, a la mayor oferta inmobiliaria, el mayor acceso al crédito, así como el rol subsidiario que ha tenido el Estado para que cada día más personas puedan tener acceso a una vivienda propia. La presente investigación se refiere a la labor que desempeña el Conservador de Bienes Raíces en Chile, como un agente activo en el proceso de la constitución de la propiedad raíz, y particularmente poder profundizar acerca de cuáles son los alcances o límites a la jurisdicción que éste tiene a la hora de practicar o no una determinada inscripción conservatoria. Lo anterior se debe a la gran cantidad de títulos que no logran ser debidamente inscritos en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces, por ser objeto de reparos u objeciones fruto del control de legalidad que realiza a diario este auxiliar de la administración de justicia. A través de ejemplos concretos y cotidianos de la práctica registral, veremos en qué casos puede o debe negarse a practicar una determinada inscripción conservatoria, así como las consecuencias jurídicas que derivan de esa decisión. Esperamos que esta obra sea de gran utilidad práctica no sólo para abogados, sino para todas las personas que a diario a través de sus requerimientos, le dan vida al sistema registral inmobiliario en nuestro país.