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Tesis

El presente trabajo busca abordar el tratamiento de las sucursales de personas jurídicas no societarias, como establecimientos secundarios en nuestro sistema registral, para ello será importante analizar distintos cuerpos legales que permitan que estas personas jurídicas pueden establecer sucursales. Se analizará la naturaleza jurídica de las Asociaciones, Comités y Fundaciones y la posibilidad que estas tienen de poder establecer sucursales. Al mismo tiempo se abordará el caso especial de las universidades y las cooperativas. Todo ello teniendo como eje el Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas, Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 038-2013 – SUNARP/SN. / Trabajo académico

Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Analiza la figura de la inmovilización temporal de partidas, en el ámbito del registro de predios que administra la Sunarp; a fin de determinar si este mecanismo de seguridad, que genera el cierre temporal de la partida registral de un predio, deviene en un mecanismo de protección de los derechos inscritos. Desde esta perspectiva, se ha verificado el estudio del procedimiento, así como los requisitos establecidos para la inmovilización temporal de partidas y su levantamiento de acuerdo a la directiva que la regula; comprendiendo la investigación además, los antecedentes normativos sobre su regulación, los criterios reiterados, acuerdos y precedentes de observancia obligatoria desarrollados por el Tribunal Registral de la Sunarp; así como el análisis de los datos estadísticos relativos a la solicitudes de inmovilización temporal de predios. Para luego, estimar conveniente su estudio en un sistema registral como el nuestro, para lo cual se ha hecho referencia a temas como el derecho de propiedad, seguridad jurídica, calificación registral; lo que ha permitido tomar una postura y plantear una propuesta, en aras de que los titulares registrales obtengan seguridad jurídica con la inscripción de sus derechos y en su caso con medidas adicionales de seguridad y protección eminentemente basadas en la libertad de su decisión. / Tesis

La investigación se encuentra dentro del marco del análisis de políticas públicas en la década de 1990, en una de las organizaciones del Estado: La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. El problema público investigado es: “La utilización de las tecnologías de la información y comunicación y su relación con un mejor servicio registral y la determinación de los factores que permitieron la utilización de estas tecnologías en los servicios registrales”. Su importancia radica en documentar y conocer la evolución de una organización estatal en el rubro de servicios públicos, en un marco de avances tecnológicos y crecimiento de la sociedad de la información. El tipo de investigación es explicativa, a partir del uso de siete marcos proporcionados por la ciencia política: Procesamiento de la información, marco gerencial, enfoque del institucionalismo, análisis de la determinación de políticas públicas, marco explicativo, los contextos de la definición del problema y de la tipología de la política pública. Se parte de un marco conceptual basado en cuatro temas: Servicio Público, Administración y Gestión Pública, Reforma del Estado, Gobierno Electrónico y el uso de las TIC. Se determina que el problema público es originado por las siguientes causas: Excesiva duración de procedimientos, falta de interconexión entre oficinas registrales, sistema inadecuado de procesamiento de información, falta de registro de información fundamental, inadecuada manipulación e inseguridad de la información, fragilidad de los sistemas de información. Concluyéndose que a partir de 1990 se incorporan nuevos servicios y técnicas en la forma de brindar el servicio, basadas en tecnología de la información, cuyas causas de estos cambios son: Haberse dado en un contexto de modernización del Estado, con una necesidad creciente de buscar mecanismos de aseguramiento de la información, en la búsqueda de ampliación de la cobertura del servicio y mejora de los niveles de calidad del servicio. / Tesis

Grandes fraudes inmobiliarios se venían dando en el país debido a que una organización delictiva basándose en los vacíos legales los utilizo con el fin de apropiarse de manera ilegal de predios tanto públicos como privados. Ante esta realidad, la Ley 30313 fue la respuesta inmediata del estado para paralizar dichos actos, pero no previno lo que generaría a futuro esta ley ya que las distintas modificatorias de la misma cambiaron de manera sustancial la actividad registral y el procedimiento el cual fue, a todas luces, desnaturalizado. / Trabajo académico

El presente trabajo es un análisis de las normas que actualmente regulan los actos de disposición de las tierras comunales por parte de la Comunidades Campesinas de la Costa con el objetivo de identificar los factores que han permitido la aparición de las comunidades campesinas fraudulentas o fantasmas, las cuales son protagonistas del tráfico de terrenos en las periferias de Lima. En ese sentido, se evalúa si nuestra Constitución vigente regula o no a las comunidades campesinas de la Costa y cuál es la relevancia de la Ley Nº 26845 - Ley de Titulación de las Tierras de las Comunidades Campesinas de la Costa. Frente a estas normas se busca identificar si existen razones objetivas que permita justificar por qué la Ley Nº 26505 regula presupuestos distintos para la toma de acuerdos cuando se trata de disposición de las tierras comunales de la Comunidad Campesina de la Costa. Del mismo modo, se analizan estudios de campo realizado por la INEI, según las actividades agrícolas y ganaderas que las comunidades campesinas de la Costa desempeñan para que puedan ser compradas con las actividades económicas que realizan la comunidades de la Sierra. Con ello se pretende demostrar si existen una dependencia entre las comunidades de la Costa y sus tierras; dado que la definición de comunidad campesina desarrollada por la Constitución y por el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales enfatizan la relación entre la comunidad y sus tierras. Por último, se analizara resoluciones del Tribunal Registral que han desarrollado los requisitos a nivel administrativo para que se pueda llevar a cabo la inscripción de los actos de disposición de las Comunidades Campesinas de la Costa, para así identificar si estos han ocasionado una mayor carga para el administrado, o caso contrario, si han flexibilizado los actos de disposición por parte de estas personas jurídicas. Entre los puntos sobre los cuales e Tribunal Registral ha desarrollado se encuentran los presupuestos adicionales desarrollado por el mismo y que, posteriormente, han sido incorporados en la Directiva Nº 10-2013-SUNARP-SN. Tales requisitos que ahora los registradores califican son, en primer lugar, que se otorgue poderes para los actos de disposición de forma indubitable a terceros ajenos a la comunidad campesina, y, en segundo lugar, que el bien objeto de disposición sea identificable, siendo necesaria la descripción de sus características. Dichas exigencias desarrolladas por el Tribunal Registral aparentemente son requisitos adicionales para la inscripción del acto de disposición por parte de la comunidad campesina de la Costa; pero en realidad, el efecto es todo lo contrario, pues se exige que los poderes otorgados a terceros no sean precisos y permitir que se otorgue poderes a personas ajenas a la comunidad campesina, promueve que se use de forma contraria a la naturaleza de dicha persona jurídica. Esto es, la aparición de las comunidades campesinas fantasmas que utilizan a la persona jurídica de carácter no lucrativa para actividades lucrativas como es el participar en el mercado inmobiliario. / Trabajo académico

El presente trabajo pretende realizar un análisis del procedimiento administrativo de cierre de partidas, aplicado en los casos de superposición en el Registro de la Propiedad Inmueble. Investigación que estará enfocada en analizar el procedimiento en sí, regulado en el Capítulo II del Título V, específicamente en los artículos 56º al 63º del Texto Único Ordenado del Reglamento General de los Registros Público, siendo la Unidad Registral el órgano competente para disponer el cierre de partidas y no las instancias registrales, tal como así lo reconoce el propio Tribunal Registral, mediante Resolución Nro.316-2017-SUNARP-TR-A de fecha 30.05.2017. Asimismo, estoy adhiriéndole mi experiencia profesionales, basado en la misma práctica, por lo que analizaré el procedimiento iniciado en mérito de la Hoja de Trámite Nº 2014-114476-ZRNºIX/SC-TD del 29.12.2014. Por ello, he tratado de hacer una aproximación y análisis a un caso en concreto, el cual también tendrá como unidad de análisis los Informes Técnicos emitidos por el área catastral y Resoluciones expedidas tanto por la Unidad Registral y Dirección Técnica Registral de la SUNARP, quienes son los competentes para resolver este tipo de procedimiento. Asimismo, abarcaré los conceptos de lo que se le denomina “duplicidad registral” y “superposición registral”, como sus efectos e implicancias a fin de poder determinar las causas que provocan esta patología registral, en el registro de la propiedad inmueble. Origen que se encuentra estrechamente relacionado con las carencias técnicas del sistema catastral de la SUNARP. Problemática que hoy se encuentra muy latente en diversas zonas de nuestro país. Es por ello, que es necesario poder ahondar en este procedimiento de cierre de partida, creado por la SUNARP, y ver en que medida lo soluciona. / Trabajo académico

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El presente proyecto de investigación se justifica por el escaso aporte doctrinal en materia registral de las personas, lo cual ha provocado la existencia de una regulación poco técnica en nuestro ordenamiento jurídico nacional (Registro Único de Identificación de Personas Naturales y Registro de Estado Civil), debido a que no se cuenta con presupuestos medulares o columnas vertebrales sobre las cuales se sostenga su legislación principal y vinculada. Aún cuando no ha sido determinada la naturaleza jurídica del RUIPN, los operadores del sistema consideran el RUIPN como un auténtico “Registro Jurídico”, lo cual ha provocado la dispersión en las decisiones administrativas, esto es, la presencia de soluciones distintas respecto del mismo caso, así como la indefensión e incertidumbre en los administrados. El proyecto se dirige a la unificación y ordenamiento de la jurisprudencia administrativa en materia del registro de personas mediante el cual se exterioriza el Documento nacional de Identidad, DNI. Estamos en un mundo jurídico en el que el aporte concreto y preciso de la jurisprudencia (administrativa o jurisdiccional), es fundamental para estructurar el sistema jurídico como un todo, y hacerlo funcional para la sociedad que regula. Finalmente, el presente estudio permitirá aportar patrones de análisis que permitirán calificar las deficiencias o virtudes de la actual regulación en uno de los mas importantes registros que administra el RENIEC, como es el Registro Único de Identificación de Personas Naturales, y a partir de ello, erigirlo como un verdadero registro jurídico. / Tesis