La presente investigación “Ofertas Públicas Primarias de Bonos Corporativos en el Perú” tiene como propósito fundamental explicar por qué nuestra legislación sobre ofertas públicas primarias de bonos corporativos es muy dispersa haciendo inviable económicamente el financiamiento de montos pequeños. Una alternativa fundamental para el financiamiento de las empresas es la oferta pública primaria de bonos corporativos a través del mercado de valores. Obtener financiamiento a través de la colocación de estos instrumentos financieros resulta más eficiente para las empresas que recurrir a un crédito bancario, por el menor costo financiero que implica una emisión de esta naturaleza. La evolución de las ofertas públicas primarias de bonos corporativos se caracterizó por un dinamismo relativamente creciente durante los años 2003-2008. Sin embargo, existe un limitado acceso de las empresas a las ofertas públicas primarias de bonos corporativos, el que se manifiesta de dos formas. Por un lado, son pocas las empresas que acceden al financiamiento a través de bonos corporativos debido a la inflexibilidad en lo referente a los requisitos a los cuales se encuentran sujetas estas ofertas públicas, lo cual dificulta las posibilidades de desarrollo de este mercado. En segundo lugar, la mayor parte de empresas que sí acceden al financiamiento a través de estos instrumentos son consideradas en su mayoría “grandes”, las mismas que por sus necesidades de financiamiento pueden diluir los costos fijos de emisión que implica una oferta pública primaria de bonos corporativos en nuestro país. Este problema debe enfrentarse desde varias perspectivas. Nuestro marco legal debe promover una mayor competencia en la oferta de financiamiento empresarial, fortaleciendo el mercado primario de valores, para que éste se constituya en una verdadera alternativa de financiamiento que compita con el sistema bancario. Resulta necesario modificar nuestra legislación en lo referente a los requisitos a los cuales se encuentran sujetas las ofertas públicas primarias de bonos corporativos para abaratar los costos de emisión. En este sentido, sobre la base de la explicación de las restricciones normativas así como la comparación con otras legislaciones de la región, la presente investigación propone las modificaciones legales correspondientes que permitan un mayor acceso de las empresas a las ofertas públicas primarias de bonos corporativos y a su vez, éstas se constituyan en la principal fuente de financiamiento empresarial de nuestro país.

Las condiciones que caracterizan, hoy en día, a los beneficiarios de los Decretos Leyes N° 19990 y N° 20530, son diametralmente opuestas. Por una parte, el Decreto Ley N° 20530 (que no resolvió la problemática generada por la Ley de Goces de 1850), representa el Régimen de Pensiones de los Servidores Civiles del Estado, que aún después de las Reformas Constitucionales efectuadas por el Poder Legislativo y el Tribunal Constitucional en los años 2004 y 2005, sigue otorgando pensiones que le representan al Estado un excesivo gasto presupuestal que influye de manera negativa en la capacidad gubernamental para dotar a los jubilados de mejores posibilidades de subsistencia. La situación antes descrita se ve reflejada en el panorama crítico de la Seguridad Social en el Perú, situación comparativamente similar con otras realidades en América Latina, la cual queda patentada en la coexistencia de regímenes especiales, circunstancia que se constituye en fuente de inequidad en el universo de los cesantes y jubilados del Perú, ya que de esta manera se beneficia a sectores pequeños de la población, mientras que el gran conglomerado de pensionistas sigue sumido en la más absoluta miseria y desprotección social. Por ello, la presente investigación especifica su campo de desarrollo dentro de la realidad de dos de los regímenes del Sistema Previsional Peruano: los Decretos Leyes Nº 19990 y Nº 20530. Por lo anteriormente expresado, queda plenamente demostrado que la no unificación de los regímenes previsionales del Decreto Ley N° 19990 y del Decreto Ley N° 20530 (debido al inadecuado tratamiento legislativo destinado a unificar las normas en materia previsional y la carencia de estudios y/o investigaciones en torno al tema), así como también los ambiguos e inequitativos criterios para fijar las pensiones en dichos Regímenes (producida por el excesivo manejo político en la regulación del Decreto Ley N° 20530 y la carencia de una norma legal idónea que establezca criterios equitativos para otorgar pensiones en ambos regímenes), son las causales de la disparidad de la pensión percibida por un cesante del Decreto Ley N° 20530 frente a uno del Decreto Ley N° 19990. En ese orden de ideas, la finalidad de la presente tesis es la descripción del problema originado por la excesiva diferencia entre lo percibido por los pensionistas de la denominada Cédula Viva frente a los del Régimen del Sistema Nacional de Pensiones, la relación de dicho factor con las condiciones de vida de éstos últimos y la excesiva onerosidad en el gasto presupuestal del Estado, originada por la planilla dorada del Decreto Ley N° 20530. Asimismo, esta investigación busca sentar las bases de una reforma integral en el aparato previsional, creando un Sistema Nacional Unificado que administre las pensiones de ambos regímenes, el cual esté dotado de una legislación previsional coherente, que responda a las exigencias planteadas por la población en cuanto al acceso digno a su Derecho a la Pensión, consagrado tanto por la Constitución y la normativa internacional.

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El documento digital no refiere asesor / Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Contextualiza los inicios del Derecho Colectivo de Trabajo en el marco de la Revolución Industrial cuyos orígenes ocurrieron en Inglaterra en 1780 como consecuencia de la invención de la máquina de vapor, que impulsó actividades económicas fundamentales en textiles, la explotación del carbón, y la construcción de los ferrocarriles. Este crecimiento del nuevo orden económico y social, dieron origen a una nueva clase social, los trabajadores industriales, el proletariado y los dueños del capital. Las condiciones de la actividad industrial, se dieron en escenarios de explotación a niveles intolerables (en niños, mujeres y hombres) que incentivaron una reacción de los trabajadores. Paulatinamente, normas legales aisladas que promovieron mejores condiciones de trabajo, fueron alcanzando niveles primarios de protección constitucional, siendo un punto de inflexión la Constitución de Querétaro (México) aprobada en el año 1917, como resultado del triunfo de la Revolución Mexicana, así como la Constitución de Weimar, promulgada en el año 1919, la cual fue la primera constitución de Europa que proclamo derechos de contenido social y estableció normas para regir la vida económica. A esto, se añadió el propio Tratado de Versalles (que puso fin a la primera guerra mundial) suscrito el 28 de junio de 1919, en el que contiene una declaración de principios de protección laboral y sobre todo, fue mediante este instrumento internacional que se creó la Organización Internacional del Trabajo. pretende identificar aquellos aspectos normativos contenidos en el D.L. 25593 que lesionaron la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva y el derecho de huelga e igualmente, hacer el mismo análisis sobre la Ley 27912. Recordemos, que si bien -en teoría - la Ley 27912 debía levantar las observaciones de la OIT, y debía en consecuencia “fomentar” la libertad sindical y la negociación colectiva, la realidad estadística nos dice que estos objetivos no se han cumplido. Para reafirmar tal aseveración, acudimos a la revisión de estadística oficial del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. / Tesis

Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Tiene el propósito de lograr la unificación de criterios del Tribunal Constitucional, en la interpretación del artículo 27° de la Constitución de 1993, puesto que la falta de claridad del mencionado artículo influye en su interpretación contradictoria en los fallos del Tribunal Constitucional, permitiéndose así que se vulneren los principios de continuidad y de estabilidad laboral. La hipótesis planteada considera la eliminación de los artículos 34° y 38° de la LPCL a fin de que permita unificar los criterios del Tribunal Constitucional en cuanto a la interpretación uniforme del art. 27° de la Constitución Peruana de 1993, a través de la promulgación de una Nueva Ley de Terminación del Contrato de Trabajo. Las preguntas planteadas para resolver la hipótesis son las siguientes: ¿Cómo unificar los criterios del Tribunal Constitucional, en la interpretación del artículo 27° de la Constitución de 1993? ¿Por qué la falta de claridad del art. 27° de la Constitución de 1993 genera su interpretación contradictoria en los fallos del Tribunal Constitucional? Para la elaboración del presente estudio se utiliza el método inductivo, con el que se analizan la doctrina, legislación nacional e internacional, el derecho comparado y los fallos de las sentencias del Tribunal Constitucional respecto al tema del despido arbitrario, los que revelan que la falta de claridad del art. 27° de la Constitución de 1993 genera que su interpretación sea contradictoria respecto del tipo de resarcimiento que le corresponde al trabajador víctima de despido arbitrario. Finalmente, una vez identificados los problemas generados, se plantea una alternativa de solución a los mismos. / Tesis

Publicación a texto completo no autorizada por el autor / El documento digital no refiere asesor / Busca demostrar la necesidad de un mejor sistema de inspecciones laborales para contribuir a la lograr el respeto de los derechos fundamentales humanos laborales y el Trabajo Decente, trabajo digno, en el ámbito de las micro y pequeñas empresas, así mismo dar a conocer el sistema de inspección, su actuación y su problemática, en un entorno globalizado y de firma de tratados de libre comercio (TLC), que lo han impulsado, queda claro que hay nuevas formas de producción (Tercerización, intermediación laboral, etc.), nuevos retos que demandan un accionar más dinámico, estratégico, con una adecuada estructura normativa y organizativa a efectos de cumplir su razón de ser y su finalidad conforme lo establecen las normas internacionales de trabajo, convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) los cuales el Perú ha ratificado (Convenios OIT N° 81 y N°129), así como el marco legislativo y constitucional que regula nuestro Estado. / Tesis

El tema que se intenta investigar ha sido escasamente tratado, principalmente por su reciente aparición en nuestra realidad, así, el primer estudio que hemos encontrado data de mil novecientos ochenta y nueve (Amalia Mendoza Arroyo: Pactos anti huelga. Desarme unilateral). En nuestro país son pocos los estudios específicos sobre el tema. En la doctrina extranjera, podemos señalar que el tratamiento es mayor, sin embargo; al igual que los estudios nacionales, se limitan al estudio de Cláusulas de Paz Sindical. Por lo que para hacer un estudio completo del tema es necesario revisar las obras generales sobre el Derecho del Trabajo, en especial sobre el Derecho de huelga en la legislación española e internacional, donde diversos tratadistas inciden sobre este último tema. / Tesis

El propósito principal de esta investigación es analizar el régimen peruano de la factura conformada, descubrir sus deficiencias y encontrar alternativas para mejorarlo. Para ello, he considerado conveniente basar mi investigación en un análisis detallado de la realidad del mercado peruano, así como en un análisis detallado de la regulación nacional de la factura conformada. Considerando lo anterior, esta investigación constará de dos partes la primera está encaminada a desarrollar el problema planteado, el marco teórico y la metodología a utilizar en la investigación. La segunda parte, esta conformada por el sustento teórico - práctico de la investigación, que se desarrollará con la verificación y la prueba de las hipótesis a través de una tabulación de encuestas y del análisis de las regulaciones nacionales sobre la materia. Para finalizar esta investigación se han elaborado propuestas y recomendaciones basadas en las conclusiones a las que se han llegado luego del desarrollo de la investigación. Esta investigación permitirá tener una visión más práctica y real de la problemática de la factura conformada en el Perú y será de utilidad para quienes deseen impulsar este instrumento en nuestro país. / Tesis

La creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo y la unificación de sus mercados, sociedades y culturas impulsa la aplicación de políticas en países en desarrollo, caracterizadas por la desregulación y eliminación de trabas al intercambio de bienes, servicios, la libre circulación de capitales y las transferencias de tecnología. Estos aspectos se relacionan a cambios tanto en la naturaleza como en las relaciones entre la sociedad, el Estado y el gobierno. La volatilidad y escasa cuantía de los flujos financieros de cartera y la aparente realidad del salto en la senda del desarrollo de ciertas economías asiáticas beneficiarias de la entrada masiva de inversión extranjera directa, ha contribuido a que se prime a la entrada de este tipo de inversión frente a la inversión en cartera como instrumento para el desarrollo. Precisamente ha sido este escenario de cambios el que alteró las decisiones estratégicas de los gobiernos de los países en vías de desarrollo y de las corporaciones transnacionales, variando el marco institucional y legal del sistema de comercio mundial y de los modelos globales de inversión extranjera directa (IED), ha sido ello también el punto de partida por el cual hemos elaborado este trabajo de investigación donde uno de nuestros propósitos ha sido conocer la normatividad nacional y el entorno económico global existente hoy en materia de inversiones y del comercio en general, para lo cual se ha incidido en el análisis de la legislación comparada, específicamente en el estudio del marco legal de la IED previsto para los países de América Latina estableciendo las diferencias y semejanzas con el Perú. En el presente estudio examinamos la evolución histórica de la inversión extranjera, que se inicia a partir de la década de los 70 considerando para tal circunstancia el marco de regulación jurídica establecido desde la Decisión 24, y se desarrolle un análisis de las normas de promoción a la inversión extranjera en nuestro país, además del contexto económico en que tales normas se emiten y rigen las actividades económicas del país, conducente con dicho propósito hemos identificado el tipo de tratamiento que se concede a la inversión extranjera, sus derechos, protección e incentivos. La delimitación temporal de nuestro estudio empieza desde inicios de los años 70 y se extiende hasta los tiempos actuales.

El desarrollo de la presente investigación, respecto a la metodología utilizada, se enfoca desde una perspectiva teórico-dogmática. Tiene como objetivo general determinar si los derechos económicos, sociales y culturales (a los cuales denominamos derechos sociales), a diferencia y de forma complementaria a los derechos civiles y políticos, tienen o gozan de eficacia jurídica, es decir, si son, por un lado: a) jurisdiccionalmente tutelables en sede ordinaria y constitucional sólo a partir de su reconocimiento constitucional; b) vinculantes y obligatorios de forma directa al Estado y los ciudadanos. O, por lo contrario, c) requieren de un requisito adicional o satisfacer una condición para ser tutelados y exigidos jurisdiccionalmente, o vinculantes frente al Estado y terceros. El tema de investigación es «la eficacia jurídica del contenido prestacional condicionado de los derechos sociales». De donde se desprende la pregunta general, la misma se ha elaborado en los siguientes términos: ¿tiene eficacia jurídica el contenido prestacional condicionado de los derechos sociales? Como alternativa de solución, y como hipótesis a la pregunta se plantea: Hipótesis específica: “Cuenta con eficacia jurídica el contenido «prestacional» condicionado de los derechos sociales y no depende del bienestar económico (disponibilidad económica)”. Nuestra alternativa, propone que los derechos sociales prestacionales condicionados de forma independiente, al margen de la disponibilidad económica, si cuentan con eficacia jurídica, y esta se inicia en su reconocimiento normativo. Para nosotros, nuestra propuesta es la más acertada, en tanto reconoce el carácter vinculante de los derechos sociales, con independencia de las condiciones económicas, ya que el derecho social será de obligatorio cumplimiento a partir de su reconocimiento constitucional, y este podrá ser tutelado, exigido frente a un acto lesivo que impida su goce (derechos no prestacionales o incondicionados), o cuando falte las condiciones que viabilicen su goce (derechos prestacionales condicionados). En el último caso, la eficacia está dirigida a los poderes públicos para que institucionalicen el derecho social, establezcan las condiciones que hagan realizable el derecho. De tal modo, el derecho social es jurídicamente vinculante desde su incorporación en el orden jurídico. La hipótesis que planteamos se confirma con la interpretación de las disposiciones constitucionales que regulan los derechos fundamentales sociales, de donde se deriva su eficacia jurídica directa así como su función de informar y orientar las actividades del Estado; y de otro lado, la Constitución prescribe funciones estatales en materia económica y financiera y de prestación de servicios públicos, funciones que son de obligatorio cumplimiento en razón de la fuerza normativa constitucional. Además, nuestra hipótesis tiene sustento en las sentencias interpretativas emitidas por el Tribunal Constitucional peruano, en las cuáles con ocasión de resolver procesos de inconstitucionalidad ha exhortado a los poderes públicos para que habiliten partidas presupuestarias o emitan una normatividad bajo parámetros determinados. Para arribar a esta conclusión se ha desarrollado un marco teórico que nos permite delimitar y fundamentar la propuesta planteada, el mismo que se ha desarrollado en IX Capítulos. Finalmente, arribamos a las conclusiones, proponemos algunas recomendaciones y culminamos con la bibliografía, la misma que está dividida en libros, revistas y jurisprudencia nacional e internacional.