Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo, busca determinar si la jurisprudencia en materia de sustitución de penas de régimen cerrado con programa de reinserción social se acomoda a los estándares establecidos en la Convención de los Derechos del Niño y en los demás instrumentos internacionales relativos a la materia. Para lo anterior, en el primer capítulo nos centraremos en los Estándares internacionales en el derecho penal de adolescente relativos a las penas privativas de libertad, sentando los criterios bajo los cuales analizaremos posteriormente la jurisprudencia. En el segundo capítulo, nos centraremos en los fines de las penas privativas de libertad en el derecho penal de adolescentes, analizando estos tanto en los denominados modelos de responsabilidad como en nuestra legislación. En el tercer capítulo, nos centraremos en la figura de la sustitución de penas establecida en los art. 53 y 54 de la ley 20.084, con la idea de poder entender los objetivos de la misma, al mismo tiempo de analizar cómo han sido entendidos sus requisitos por la doctrina y por el legislador histórico. En el cuarto capítulo, nos centraremos en analizar la jurisprudencia en materia de sustitución de penas de régimen cerrado con programa de reinserción social, centrando el análisis en una serie de situaciones y elementos que se repiten en la jurisprudencia, determinando las diversas posturas que pueden apreciarse respecto a los mismos. Por último, para finalizar el presente trabajo, procederemos a señalar cómo, a nuestro juicio, existen manifestaciones en la jurisprudencia que van en contra de los estándares internacionales ya señalados, partiendo por un análisis de la jurisprudencia en términos generales, para después pasar a analizar los diversos elementos y situaciones individualmente señalados, determinando qué posturas respecto a los mismos contradicen los estándares internacionales.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La Constitución Política de la República de Chile señala en la primera parte de su artículo 10° que “Son chilenos: 1º.- Los nacidos en el territorio de Chile, con excepción de los hijos de extranjeros que se encuentren en Chile en servicio de su Gobierno, y de los hijos de extranjeros transeúntes, todos los que, sin embargo, podrán optar por la nacionalidad chilena”. El problema jurídico es que la Constitución no ha definido el concepto “transeúntes”, razón por la cual analizaremos la interpretación que se ha dado a este concepto por parte de la autoridad administrativa y la autoridad judicial. La falta de explicación de este concepto puede acarrear serios inconvenientes, como considerar hijos de extranjeros transeúntes a los niños nacidos en Chile hijos de padres migrantes en situación irregular en Chile, lo cual es incompatible con los parámetros constitucionales e internacionales. El objetivo de estas líneas es analizar la situación de los niños nacidos en Chile que son hijos de padres que se encuentran en territorio chileno de manera irregular, los cuales son inscritos en el Registro Civil como “hijo de extranjero transeúnte”, quedando privados del derecho a una nacionalidad, consagrado en el artículo 7.1 de la Convención de los Derechos del Niño, en la Convención Americana de Derechos Humanos, y en nuestra Constitución Política de la República en su artículo 10. ¿Cuáles son las consecuencias de privar a un niño de un elemento de su identidad como lo es la nacionalidad? La gran dificultad que enfrentan las personas apátridas, como veremos en esta memoria, es que al no encontrarse bajo el amparo de ningún Estado, se ven gravemente vulnerados sus derechos civiles, políticos, sociales y económicos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En nuestro país, cuatro son los casos de suicidios consumados de jóvenes infractores a la ley penal, desde el inicio de la Reforma Penal Adolescente en el año 2007, a la fecha. Abordar la prisión como un factor de riesgo que puede detonar o acrecentar patologías de salud mental en los menores de edad, la cobertura mediática de los decesos ocurridos y el análisis de los Informes de las Comisiones Interinstitucionales de Supervisión de los Centros Privativos de Libertad de Adolescentes (CISC) son, entre otros, los aspectos que surgen en la presente investigación y que permiten no sólo establecer características específicas de una realidad carcelaria que, en general, envuelve variados aspectos negativos, sino que, además, la contrapone directamente a los deberes de cuidado y protección que el Estado detenta respecto de todo menor, y más aún, respecto de aquellos infractores que se encuentran en una particular vulnerabilidad por estar en absoluta sujeción al poder estatal. Una confrontación que a fin de cuentas, dilucida cómo el Estado de Chile es responsable de las muertes de jóvenes adolescentes por medio de la autolesión, al interior de distintos centros cerrados o semicerrados de cumplimiento de una sanción penal

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación busca, en primer lugar, describir el funcionamiento de los Centros de Internación en Régimen Cerrado y Semi Cerrado del Servicio Nacional de Menores, específicamente desde la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente -el 18 de junio de 2007-. Se identificarán las dificultades prácticas que ha traído la aplicación del sistema sancionatorio diferenciado que la ley creó para los menores entre 14 y 18 años, para posteriormente comparar las condiciones observadas con la normativa sobre derechos de los niños, niñas y adolescentes consagrados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, ratificada por nuestro país en 1990. Según la información recabada durante la investigación, se analizará finalmente si la vulneración de estos Derechos es un factor que condiciona el fracaso de la labor de reinserción social que desempeña el SENAME.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Nuestro trabajo de investigación tiene por objeto describir el efecto criminógeno que el control social formal posee sobre la población infractora inimputable desde una perspectiva criminológica crítica, centrándose –exclusivamente- en la sección de esta población que se considera inimputable, por estar bajo la edad mínima de imputación penal. Para ello, nos hemos hecho valer de los métodos de investigación inductivo, analítico e histórico, los que nos permitieron estudiar particularmente cada una de las instancias del Control Social Formal, al mismo tiempo que comprender y criticar el sistema mismo como un conjunto. Gracias a todo ello, determinamos que el Control Social Formal tiene un efecto criminógeno negativo sobre la población infractora inimputable, al ser este un factor generador de criminalidad infantil y no uno de control o disminución de la misma, el cual persigue y captura sistemáticamente a la infancia pobre y vulnerada, perteneciente a la clase proletaria marginada de nuestro país.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Con esta investigación se pretende analizar la posibilidad de ejercer el derecho de relación directa y regular a través de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, con el fin de optimizar las facultades que emanan de este derecho-deber, asimismo buscamos plantear una regulación adecuada para la incorporación al ordenamiento jurídico del ejercicio de la relación directa y regular a través de medios electrónicos, tras un breve estudio del panorama legislativo y jurisprudencial nacional e internacional.