En la actualidad, el reconocimiento del alcance relativo de los derechos fundamentales es casi inobjetable. Esto nos permite considerar que los derechos son limitados. Es por ello por lo que el desenvolvimiento del derecho de una persona tendrá que convivir con los derechos de los demás integrantes de la comunidad y demás bienes constitucionales que limitan el ámbito de protección de los derechos fundamentales, o también con las limitaciones que el legislador ha establecido en referencia a un mandato constitucional. En ese sentido, en la presente tesis se plantea establecer una propuesta del sistema de los límites a los derechos fundamentales que se expresan en la Constitución Política de 1993 considerando que esta no establece cláusula general alguna sobre las limitaciones de dichos derechos. Para ello, es pertinente establecer el concepto de límite que se desprende de ella, su utilidad o fundamento, así como los tipos de limitaciones que existen en el marco de las disposiciones constitucionales y finalmente el régimen normativo de las restricciones. Para esta tarea se ha tomado en cuenta la doctrina y jurisprudencia constitucional sobre la materia, llegando a concluir que estamos ante una categoría dogmática-constitucional determinante para el sistema constitucional, que debe cumplir ciertas condiciones para su conformación.

El expediente a analizar expone como problemática jurídica principal, el uso de una garantía de acción popular para cuestionar una norma infralegal, cuyo contenido deroga otra norma del mismo rango, trayendo como consecuencia la permisión de la exposición de detenidos por la Policía Nacional del Perú por la presunta comisión de actos delictivos. Es así que, la presente investigación se justifica en dos razones motivo de análisis: la afectación de derechos fundamentales como la presunción de inocencia a partir de la concepción errónea del concepto de eficacia preventiva y punitiva amparado en la medida estatal en cuestión; y la verificación de la eficacia de la norma constitucional y de los derechos fundamentales mediante procesos constitucionales, tal como se realiza en un Estado Constitucional de Derecho. Asimismo, resulta importante resaltar el notorio aporte jurisprudencial de este caso, como es la observancia de la presunción de inocencia como límite a actuaciones procesales. En ese sentido, se sustenta como hipótesis que sí es posible tutelar el derecho a la presunción de inocencia y otros derechos constitucionales a través del proceso de acción popular. A pesar de que la norma impugnada sea de contenido derogatorio de otra norma del mismo rango, siempre y cuando se demuestre que la existencia de la norma en mención genere la afectación de principios constitucionales, en este caso, la presunción de inocencia y la supremacía de la constitución. Para efectos de sustentar lo anterior, se empleó como metodología la revisión de jurisprudencia y doctrina relacionada, empleando el método dogmático-jurídico. Finalmente, se concluye que los derechos fundamentales pueden ser tutelados a través de la acción popular, independientemente del contenido de la norma infralegal, siempre y cuando existan motivos fundados que puedan advertir el peligro de la afectación de los mismos.

En este trabajo académico, la autora hace un análisis de la aporofobia, término novedoso acuñado por la filósofa Adela Cortina, la cual es entendida como el rechazo u odio al pobre, a través de la óptica de la discriminación estructural. En tal sentido, se parte del estudio de lo que implica el derecho a la no discriminación tanto a nivel nacional como a través de los diversos instrumentos internacionales, para luego enfocarse en el concepto de discriminación estructural como fenómeno intergrupal y sistémico. Además, para comprender mejor el concepto de aporofobia se hace un desarrollo de lo que se ha venido entendiendo por pobreza tanto a nivel económico, filosófico y doctrinal. De esta manera, se pasa al análisis teórico de lo que implica la aporofobia y cuáles son sus orígenes, para vincular este concepto con una forma de discriminación por motivos económicos. Así se llega a señalar que la aporofobia se manifiesta a través de la discriminación estructural de las que son victimas diversos grupos a los que se identifica como pobres. Siendo que a los individuos de estos grupos sociales se les atribuirá diversos estereotipos y prejuicios negativos que justifican las actitudes aporófobas. Por último, una vez señalado este problema estructural, se desarrollan algunas propuestas para contrarrestar tal situación en la sociedad peruana. / In this academic work, the author makes an analysis of aporophobia, a novel term coined by the philosopher Adela Cortina, which is understood as the rejection or hatred of the poor, through the perspective of structural discrimination. In this sense, it starts from the study of what the right to non-discrimination implies both at the national level and through the various international instruments, to then focus on the concept of structural discrimination as an intergroup and systemic phenomenon. In addition, to better understand the concept of aporophobia, development is made of what has been understood by poverty both at an economic, philosophical and doctrinal level. In this way, we proceed to the theoretical analysis of what aporophobia implies and decisions are its origins, to link this concept with a form of discrimination for economic reasons. Thus, it is pointed out that aporophobia manifests itself through the structural discrimination suffered by various groups that are identified as poor. Being that the individuals of these social groups will be attributed various negative stereotypes and prejudices that justify aporophobic attitudes. Finally, once this structural problem has been pointed out, some proposals are developed to counteract this situation in Peruvian society.

El rango constitucional del derecho al agua potable ofrece una serie de aspectos que constituyen un amplio espacio de análisis, el cual trasciende al enfoque estrictamente constitucional o ambiental, e incluso al enfoque jurídico general; no obstante, el ámbito que aborda este trabajo se encuentra motivado principalmente por el proceso de desarrollo que ha merecido el contenido de dicho derecho fundamental, durante estos quince (15) años trazados, entre la labor jurisdiccional y legislativa; sin perder de vista, cuáles han sido los principales problemas que se han advertido, a partir del paralelismo de ambas funciones ejercidas desde el poder público. Asimismo, el análisis realizado asume el esfuerzo de compatibilizar el desarrollo jurisprudencial con el desarrollo legislativo, desde un punto de vista complementario; en dicho intento se evidencian diversos tópicos que fundamentan el contenido del derecho al agua potable, los cuales a su vez proporcionan relevantes factores o parámetros de interpretación para todo el ordenamiento jurídico relativo a recursos hídricos y saneamiento. Finalmente, luego de una revisión teórica o abstracta sobre contenidos jurídicos; este trabajo no deja de lado la necesidad de reseñar cuáles son las implicancias y/o efectividad del reconocimiento del derecho al agua potable, en función a los principales problemas que se presentan a nivel país, relacionados a la satisfacción de las necesidades básicas de la población respecto a los servicios de saneamiento.

La investigación aborda el problema jurídico que se presenta cuando un proceso civil de conocimiento en el que se discuten pretensiones susceptibles de valoración económica se prolonga más de lo debido, y se justifica en la necesidad de encontrar una respuesta jurídica frente a este problema, una respuesta que no se limite a la perspectiva legal del asunto, sino que se fundamente en premisas constitucionales. La interpretación de la Constitución se plantea entonces como un primer problema, superado el cual se desarrolla la tesis de que, al menos en ciertos casos, el ordenamiento jurídico peruano ordena la aplicación de medidas de anticipación de tutela en el proceso civil de conocimiento en el que se discuten pretensiones susceptibles de valoración económica. Esta es también la principal conclusión alcanzada: Que la respuesta que el ordenamiento peruano brinda frente al problema de una duración excesiva del proceso es, al menos en ciertos casos, la aplicación de medidas de anticipación de tutela.

Al ensayar un concepto propio de “cultura” y lo que el significado de esta palabra implicaría en sus variados usos, vinieron a mi mente las clases de un recordado profesor de Derechos Reales y Garantías quien, para comprender las instituciones jurídicas, nos exigía razonamientos que vayan mucho más allá de lo que indicaba la norma y hasta nos retaba a cuestionar a la propia institución. Recuerdo que en una clase donde tratábamos el tema de la posesión, nos señaló que este derecho real era una especie de derecho maleable que al fundamentarse en la apariencia de titularidad sobre un derecho real lograba la exclusión, por lo menos momentánea, del bien respecto de la esfera jurídica de otro sujeto. Así, la posesión podría expresarse como cualquier manifestación de dominio sobre un bien siempre que revele la apariencia de tener la titularidad de un derecho oponible a terceros. Esto, por ejemplo, evita la necesidad de perseguir certezas documentales para reconocer la propiedad sobre un bien cuyos títulos que la acrediten no se encuentren a disposición del propietario en ese momento. Esta importante función nos permite cierta exclusión del bien respecto de terceros, en base a la posesión que opera como una presunción de propiedad o alguna otra titularidad sobre el bien.

Las organizaciones sindicales cumplen un rol imprescindible en todo Estado social y democrático de Derecho, por cuanto son la expresión del ejercicio de un principio y derecho fundamental, como es la libertad sindical; a través de la cual se fortalece el sistema democrático, se consolida el desarrollo económico de una nación, y se procura la paz social por medio de la obtención del trabajo decente. Así, unas organizaciones sindicales fuertes y consolidadas contribuirán a través del diálogo y la participación social, a una mejor distribución de la riqueza y ampliación de oportunidades, con el objeto de eliminar o reducir las desigualdades y la exclusión social; objetivos que podrán alcanzarse mediante la aplicación de políticas públicas como mecanismo democrático. Por estas razones, creemos necesaria la formulación de una guía para la elaboración de una política pública en favor de la sindicación, la misma que consideramos coadyuvará con una mejor organización por parte de los trabajadores, yfortalecimiento de su accionar en cuanto a la búsqueda de un equilibrio de poderes y ampliación de oportunidades; posibilitando finalmente la ampliación de la base de trabajadores sindicalizables y el crecimiento del número de trabajadores sindicalizados y de esta manera lograr igualmente, un empleo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana

El presente trabajo analiza los alcances del derecho a la identidad, la importancia de abordarlo desde una visión moderna, dinámica y comprensiva y la necesidad de introducir mecanismos institucionales efectivos para tutelar sus esferas estática y dinámica; la primera de las cuales se refiere al registro e identificación de una persona y la segunda se extiende a la “verdad personal o proyecto de vida” de cada sujeto. También se identifican los principales obstáculos para acreditar la existencia legal de las personas y reconocer los derechos sobre sus tierras y viviendas - que a nivel mundial representan hasta un 90% del patrimonio familiar; y se pone en evidencia cómo la informalidad y la exclusión del Estado de Derecho no sólo impiden tutelar el derecho a la identidad en su dimensión más amplia, sino consolidar temas de relevancia nacional como la gobernabilidad, institucionalidad, inclusión, seguridad ciudadana, protección del medio ambiente, responsabilidad social, manejo de recursos naturales. Asimismo, se analiza el contenido, logros y limitaciones de las principales reformas y mecanismos institucionales dirigidos a crear un sistema legal moderno e inclusivo que posibilite formalizar activos prediales y garantizar el derecho a la identidad en su doble dimensión. El trabajo se ha enfocado en la experiencia peruana, incluyéndose información sobre otros países para efectos comparativos. Los planteamientos, definiciones legales, data, reflexiones y conclusiones de la tesis provienen del análisis de doctrina, jurisprudencia y normatividad nacional e internacional, así como de investigaciones y proyectos orientados al diseño e implementación de reformas en Latinoamérica, el Caribe, Norteamérica, África, Asia y Europa del Este en los que la autora ha participado durante más de dos décadas. / This thesis contains an analysis on the scope of the right to identity, the importance of addressing said right from a modern, dynamic and comprehensive perspective, as well as on the necessity of building efficient institutional mechanisms oriented towards providing legal protection to both the static and the dynamic dimension of the right to identity. The static scope of the above referred right relates to birth registration and the provision of an identity document to a person so as to be recognized everywhere before the law, while the denominate dynamic dimension of said right attains to the “personal truth” and the “life project” of a human being. Likewise, this paper incorporates a diagnosis of the main shortcomings which delay or impede people´s legal identification all over the world and the ones that the vast majority of people face worldwide to get the legal recognition and the capitalization of their real estate assets – which actually represent up to 90% of the international family patrimony. In addition, this thesis attempts to shed some light on the high incidence of informality and exclusion throughout the developing world, which does not only hinder the protection of both dimensions of the right to identity, but also has deleterious effects on society as a whole. For example, it does not allow - or makes it harder - to improve good governance, to strengthen democratic and efficient institutions, to transit towards an inclusive market economy, to implement environmental and security programs, to harmonize land rights, investments, social responsibility and natural resource management. This paper also analyses the contents, achievements and shortcomings of the main reforms and institutional mechanisms oriented towards building a modern and inclusive legal system to allow formalizing real estate assets as well as guaranteeing legal protection of both dimensions of the right to identity. This thesis is mainly focused on the Peruvian experience, information regarding other countries has been introduced for comparative purposes. The statements, legal definitions, data, reflections and conclusions contained herein derive from the analysis of national and international legal doctrine, jurisprudence and legal framework. They also emanate from researches and projects carried out to design and implement institutional reforms in Latin America, the Caribbean, North America, Africa, Asia and Eastern Europe in which the author of this thesis has been involved during the last 25 years. / Tesis

El presente trabajo pretende explicar a través del método dogmático si los jueces al ejercer control difuso deben aplicar necesariamente el test de proporcionalidad conforme lo ordenado en el precedente vinculante, Consulta Nro. 1618-2016-Lima Norte. Asimismo; se explica la aplicación de la teoría conflictivista de derechos fundamentales y la implicancia jurisprudencial en el control difuso para el Derecho peruano. Se arriba a la conclusión de que, si bien el análisis de ponderación es un método de interpretación constitucional global, este no es el único, debiendo priorizarse la libertad interpretativa y no buscar obligar a los jueces a razonar de una única manera. Más aún si para ello no existe justificación alguna y concurre un vacío jurisprudencial de motivación respecto de que haya otro nivel de igual exigencia para la aprobación de la sentencia que realiza control difuso. / The present research aims to explain, through the dogmatic method, whether judges, when exercising diffuse control, must necessarily apply the proportionality test according to the mandates of the binding precedent, query Nro. 1618-2016-Lima Norte. Also; the application of the conflictivist theory of fundamental rights is explained, as well as the jurisprudential implication in diffuse control for peruvian law. It comes to the conclusion that, although weighting analysis is a constitutional global interpretation method, this is not the only one, so interpretive freedom must be prioritized, not forcing judges to reason in a single way. Even more, if there is no justification for this and there is a case-law vacuum of motivation with respect to the existence of another level of equal requirement for the approval of the statement that performs the diffuse control.

El presente informe analiza la institución del cambio de nombre en el ordenamiento jurídico peruano, bajo la luz de la Casación N.° 1532-2017/Huánuco. Vamos a examinar si es que la afectación psicológica o vulneración al derecho a la identidad constituye un “motivo justificado” para que proceda el cambio de nombre de acuerdo con el artículo 29 del Código Civil. Considero correcto que la Sala Especializada en lo Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República haya dejado de lado la interpretación restrictiva de la Casación N.º 3906-2012/Huánuco, al declarar que sí proceden los cambios de nombre cuando se ha acreditado que la persona ha sufrido un claro daño psicológico, dado que es fundamental proteger el derecho de identidad y la dignidad de los individuos. Sin embargo, fue un error que se hayan descartado como irrelevantes todos los casos donde se interpreta que el motivo justificado para la procedencia del cambio de nombre se vincula a la definición absurda u ofensiva del nombre de manera aislada a las circunstancias específicas. Además, también fue un error que se haya fijado como precedente vinculante para la admisión de las solicitudes de cambio de nombre que se tenga que adjuntar una lista de antecedentes, dado que esto podría ser discriminatorio. A pesar de estas críticas, esta sentencia es un avance respecto a la protección del derecho al nombre y de la identidad, lo que hace necesario flexibilizar el criterio de inmutabilidad que rige en el Perú. / In this report we will analyze the legal institution of name change in the Peruvian legal system, regarding the Casación N.º1532-2017/Huánuco. Specifically, we are going to examine if it is correct to interpret in accordance with article 29 of the Peruvian Civil Code, that psychological affectation or violation of the right of identity constitute justified reasons for a judicial name change to proceed. We consider that the Specialized Chamber of the Supreme Court of Justice of the Republic was correct to abandon the restrictive interpretation of Casación N.º3906-2012/Huánuco, by declaring that name changes do proceed when it has been proven that the plaintiff has suffered clear psychological damage by being the victim of ridicule, jokes and insults, given that it is essential to protect the right to identity and dignity of individuals. However, we consider that this ruling made a mistake when it discarded as irrelevant all the cases where the justification of the name change is linked to the absurd or offensive definition of the same name in isolation from the specific circumstances. Furthermore, this ruling also made a mistake when it established as a binding precedent that a list of background information must be attached for the admission of name change plaints, given that this would be discriminatory and not be necessary. Despite these criticisms, in general, this ruling is a progress regarding the protection of the right to a name and the contemporary necessity to deregulate the criteria of immutability.