A través del presente artículo se analiza, desde una perspectiva laboral, la incorporación de plataformas de comunicación digital empresarial en los centros de trabajo, específicamente, con el uso de “Workplace”, un software que cuenta con las características de una red social y cuyo objetivo es el de mejorar el flujo de comunicación y organización entre los trabajadores que comparten el mismo centro de trabajo. Así pues, a partir de abordar las características y objetivos de esta red social, así como, el tipo de información de índole laboral y personal que se comparte en los perfiles de cada trabajador, se procede a desarrollar un análisis desde la perspectiva del derecho laboral peruano, en el que se cuestiona si, con del uso de esta plataforma se pondría en riesgo la protección y respeto de los derechos laborales de los trabajadores y, a su vez, si ello implicaría un exceso en el ejercicio de las facultades por parte del empleador. Por un lado, se realiza un balance de la información compartida en torno a qué tipo de datos pueden tener fines laborales y cuáles otros podrían implicar un menoscabo a la dignidad y la protección de los datos personales de cada trabajador. Si bien la legislación peruana no regula de manera específica la protección de este último en el ámbito laboral, es posible realizar un análisis, a partir de información doctrinaria y jurisprudencial. Teniendo en cuenta ello y las implicancias negativas que podría traer consigo un mal uso de este tipo de plataformas y las decisiones que tome el empleador en torno a la incorporación de este en el centro de trabajo, se analiza los límites de este último en torno al uso de esta herramienta digital y los mecanismos que puede adoptar para su implementación. Respecto a las conclusiones, se resalta la importancia de una expresión de voluntad explícita de parte del trabajador de querer contar con un perfil social corporativo en el que se comparta información sensible previo consentimiento, pero, además, de que el empleador establezca los límites en torno a las exigencias sobre su uso y la información que se publica, a partir de adoptar mecanismos que tengan como prioridad el respeto a los derechos laborales y fundamentales de cada trabajador. / This article analyzes, from a labor perspective, the incorporation of digital business communication platforms in the workplace, specifically with the use of "Workplace", a software that has the characteristics of a social network and whose objective is to improve the flow of communication and organization among workers who share the same workplace. Thus, after addressing the characteristics and objectives of this social network, as well as the type of information of a labor and personal nature that is shared in the profiles of each worker, we proceed to develop an analysis from the perspective of Peruvian labor law, in which we question whether the use of this platform would jeopardize the protection and respect for the labor rights of workers and, in turn, whether this would imply an excess in the exercise of the employer's powers. On the one hand, a balance of the information shared is made regarding what type of data can be used for labor purposes and which others could imply an undermining of the dignity and protection of the personal data of each worker. Although Peruvian legislation does not specifically regulate the protection of the latter in the labor sphere, it is possible to make an analysis based on doctrinal and jurisprudential information. Taking into account this and the negative implications that could result from the misuse of this type of platforms and the decisions taken by the employer regarding the incorporation of this in the workplace, the limits of the latter regarding the use of this digital tool and the mechanisms that can be adopted for its implementation are analyzed. With regard to the conclusions, the importance of an explicit expression of will on the part of the worker to have a corporate social profile in which sensitive information is shared with prior consent is highlighted, but also that the employer establishes limits on the requirements regarding its use and the information that is published, based on the adoption of mechanisms that prioritize respect for the labor and fundamental rights of each worker.

La disminución o exención de la pena que se otorgue como incentivo a quien, habiendo participado en cierto hecho delictivo, coopera activamente en la obtención de pruebas y en la identificación de los demás intervinientes en ese y otros hechos, constituye una práctica extendida en diferentes países para hacer frente a determinadas formas de criminalidad. Bajo la premisa de que se trata de una herramienta eficaz para hacerse de información sustancial, esta práctica ha pasado a protagonizar la persecución del crimen, y, al estar exenta de controles suficientes, parece destellar ciertas notas de arbitrariedad. En nuestro país, esta práctica se sostiene a través de la colaboración eficaz, instrumento que ha acompañado la política criminal del Estado desde la época del terrorismo hasta la fecha. En los últimos años, ha cobrado especial notoriedad en razón a su empleo en los denominados casos emblemáticos –investigaciones de especial trascendencia–, y ello ha puesto en evidencia su volatilidad, al punto de cuestionarse su legitimidad en el marco de un Estado social y democrático de Derecho. ¿Es posible mantener un equilibrio entre el sistema de garantías y principios que definen la persecución penal en nuestro país, y la efectividad y eficacia que puede ofrecer esta forma de hacer frente a la delincuencia? Este trabajo parte de la premisa de que toda decisión político criminal debe afirmar el objetivo estatal recogido en nuestra Constitución y respetar el orden jurídico en ella establecido, sin que ello signifique dejar de responder a una realidad social. Por ello, se propone que la colaboración eficaz precise de límites que aseguren su empleo como una herramienta de justicia por encima de uno de poder político. Para alcanzar ese objetivo, se propone identificar las bases constitucionales sobre las cuales se construye la justicia penal en nuestro país. Bajo este esquema, es posible deducir en qué medida estas se reflejan en la justicia premial materializada a través de la colaboración eficaz, y, de ser el caso, proponer las modificaciones que correspondan.

El trabajo propone una visión más amplia en relación con el tratamiento constitucional del derecho a conocer los cargos dentro del proceso penal, en específico, en la etapa de investigación preparatoria. Este derecho exige a las autoridades estatales no solo la precisión clara y detallada de los hechos denunciados, sino que además obliga a estos a comunicar también de forma clara, precisa y detallada la norma penal aplicable al caso y la evidencia que sustenta la imputación, desde el inicio de la investigación preparatoria y en distintos niveles de exigencia. Por ello, la investigación centra sus esfuerzos en identificar el contenido esencial y constitucional del derecho a conocer los cargos, para luego precisar, según sus niveles de exigencia constitucional, cuáles serían los supuestos de afectación de dicho derecho en las sub etapas de investigación preliminar e investigación preparatoria propiamente dicha. Para poder determinar lo antes señalado el trabajo desarrolla los alcances jurídicos y dogmáticos del derecho a conocer los cargos, para lo cual se recurre al marco internacional y nacional sobre la materia, así como a la doctrina especializada (constitucional y procesal penal) que sobre el tema se ha elaborado. / The work proposes a broader vision in relation to the constitutional treatment of the right to know the charges within the criminal process, specifically, in the preparatory investigation stage. This right demands the state authorities not only the clear and detailed precision of the facts denounced, but also obliges them to communicate clearly, precisely and in detail the criminal law applicable to the case and the evidence that supports the imputation circumstantial support on which the charge rests, from the beginning of the preparatory research and at different levels of demand. For this reason, the research focuses its efforts on identifying the essential and constitutional content of the right to know the charges, and then specifying, according to their levels of constitutional demands, what would be the assumptions of affectation of this right in the sub stages of preliminary investigation and preparatory investigation. In order to determine the aforementioned, the work develops the legal and dogmatic scope of the right to know the charges, for which the international and national framework on the matter is used, as well as the specialized doctrine (constitutional and criminal procedure) that has been elaborated on the subject.

El presente informe analiza cuales son los límites del poder de dirección del empleador en el supuesto concreto de la instalación de cámaras de vigilancia en el centro de trabajo, a partir del análisis de ponderación de esta medida frente a la posible afectación de derechos fundamentales (en particular, la dignidad, privacidad, libertad sindical y derecho a la salud) en el marco de la relación laboral entre la EMPRESA NESTLE y su SINDICATO a propósito de la demanda, presentada por este último, recaída en el Expediente Nro. 02208-2017-PA/TC . Para responder a la pregunta principal se usa la metodología dogmático jurídica y se parte de un análisis de los principios reconocidos en la Constitución y los Convenios Internacionales y regionales sobre derechos humanos para luego analizar la normativa interna laboral, así como también la que regula el derecho a la privacidad, la instalación de cámaras de vigilancia para la seguridad ciudadana, así como la protección de datos personales. Luego del análisis descrito previamente, se arriba a la conclusión de que las acciones derivadas del ejercicio del poder de dirección del empleador (en el caso concreto la colocación de cámaras de vigilancia en el centro de trabajo) no se justifican en sí mismas, en virtud de que se podrían afectar derechos fundamentales, por lo que deben ser siempre sometidas al juicio de ponderación. / This report analyzes the boundaries of the employer's directing power, specifically in the installation of surveillance cameras in the workplace, based on the rationality and proportionality analysis of this measure against the possible breach of fundamental rights (in particular, dignity, privacy, freedom of association and right to health) within the scope of the employment relationship between the NESTLE COMPANY and its UNION regarding the lawsuit, filed by the latter, relapsed in Case No. 02208-2017- PA/CT. To answer the main question, the legal dogmatic methodology is used, beginning in the analysis of the principles recognized in the Constitution and the International and regional Conventions on human rights, to then analyze the internal labor regulations, as well as the regulations on the right to privacy, the installation of surveillance cameras for citizen security, as well as the protection of personal data. After the analysis described above, the report concludes that the actions derived from the exercise of the employer's directing power (specifically, the placement of surveillance cameras in the workplace) are not justifiable, considering fundamental rights could be affected, and therefore these actions must always be submitted to the rationality and proportionality test.

El presente trabajo de investigación tiene por objeto central determinar el contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la libertad de conciencia en el caso peruano. Ello, en la búsqueda de desarrollar una propuesta que permita lograr una protección igualitaria de las creencias o convicciones de las personas y que permita establecer cuál es la relación entre las libertades de conciencia y religión. La importancia de la investigación se encuentra en una evolución sociológica a nivel mundial que permite comprobar que las personas ya no solo construyen su cosmovisión en base a la fe y a la relación con una divinidad, sino que existe un aumento de aquellos ciudadanos que construyen su identidad y adoptan sus decisiones sin la necesidad de acudir a una religión. Lamentablemente, la investigación jurídica en nuestro país no se ha detenido a responder si existe en el Perú una verdadera protección constitucional de las creencias o convicciones no religiosas y si merecen una protección constitucional igualitaria respecto a aquellas religiosas. Ello se agrava si tomamos en cuenta que la Constitución de 1993 y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Perú no presentan una respuesta que permita responder a dichas interrogantes. Es por las razones expuestas que la presente tesis sostiene que la libertad de conciencia representa un derecho fundamental que contiene a la libertad de religión, siendo posible afirmar que la protección de todas las creencias o convicciones corresponde a la primera, mientras que únicamente aquellas de carácter religioso se encuentran protegidas por la segunda. Asimismo, se concluye que la libertad de conciencia presenta tanto una dimensión interna como una dimensión externa, cuyas normas iusfundamentales deberán ser reconocidas a partir de una interpretación amplia y dinámica de su contenido constitucionalmente protegido, el cual deberá caracterizarse por una protección igualitaria de las creencias o convicciones

La presente Tesis examina la institución del período de prueba, a partir del análisis dogmático de esta figura. Esta investigación parte del hecho que el período de prueba ha sido utilizado por los empleadores para poner fin a las relaciones laborales de manera discrecional, lo cual puede conllevar a la afectación de los derechos de los trabajadores. Dicha situación se ha producido debido a que ni la doctrina ni la jurisprudencia han establecido un límite unánime a la aplicación del período de prueba como justificación de la finalización del vínculo laboral; lo que, en la práctica, crea una gran incertidumbre que se traduce en la situación de desamparo en la que se encuentran los trabajadores cuyo despido ha sido realizado valiéndose de esta institución. En ese sentido, el presente trabajo tiene como objetivo dejar en claro que la eficacia de los derechos fundamentales, y en particular, de aquellos protegidos por la figura del despido nulo, es transversal a todo el ordenamiento nacional, lo que incluye a la primera etapa de las relaciones de trabajo. Asimismo, y sobe la base de dicha finalidad, dar una respuesta respecto a la naturaleza del período de prueba, su finalidad y su aplicación en los procesos judiciales en donde se cuestionen los despidos llevados a cabo durante esta etapa del contrato de trabajo. Como resultado de la presente investigación, se tiene que los despidos realizados durante el período de prueba se reputarán, en principio, como válidos; salvo que se acredite la violación de los derechos fundamentales protegidos bajo la figura del despido nulo (discriminación, libertad sindical y tutela judicial efectiva).

El presente trabajo académico es relevante debido a que, con la Ley No 29022 – Ley para la expansión de infraestructura en telecomunicaciones y modificatorias, que regula el procedimiento de aprobación automática para la instalación de torres de telefonía móvil se produce la vulneración de los derechos a la propiedad, al medio ambiente equilibrado y adecuado y a la salud; así como, la vulneración de los principios de desarrollo sostenible o sustentable, de prevención y precautorio. Pese a que el Tribunal Constitucional a través de sus sentencias ha realizado un análisis y determinado que en toda actividad económica que implica un riesgo en perjuicio del medio ambiente, como en el presente caso, se deben cautelar los referidos derechos y principios. En ese sentido, el objetivo del presente estudio es analizar la norma legal que establece procedimientos de aprobación automática para la instalación de torres de telefonía móvil desde el principio de buen gobierno hacia una protección eficaz de derechos fundamentales. Concluyendo que, con la incorporación y aplicación de los principios de buen gobierno, en específico de los principios de corrección, participación y transparencia se propone la modificación de la referida Ley, con la finalidad de orientar de manera positiva la actuación de las autoridades públicas, que garantice la protección de los derechos fundamentales y el interés general.

En las relaciones de consumo, no solo el proveedor debe cumplir con las obligaciones que se indican en el Código de Protección y Defensa del Consumidor y otras normas, sino que el consumidor debe cumplir con la contraprestación económica que se estableció. Ahora, en una relación de consumo con universidades privadas, se espera que el alumno cumpla con pagar la totalidad de sus cuotas porque esta es la fuente directa que tienen estas instituciones para generar ingreso. El problema surge cuando existen alumnos que tienen problemas de pago, algunos incluso no cumplen con la obligación de pago y, a pesar de las gestiones de cobro no es posible recuperar el monto adeudado. El problema se agrava para las universidades debido al artículo 2 de Ley de Protección de Economía Familiar del pago de pensiones en institutos, escuelas superiores, universidades y escuela de posgrado públicos y privados – Ley N° 29947 ya que el servicio educativo debe brindarse de forma idónea, sin importar que pueda existir cuotas de pago vencidas. Las universidades privadas se encuentran en una posición de desventaja ya que, en algunos casos, el alumno se retira de la institución educativa y, por consiguiente, el pago dependerá de la responsabilidad del consumidor. El objetivo principal del presente trabajo es determinar si el proveedor también necesita de protección en los casos que el consumidor no cumpla con su obligación, ello en tanto que la falta de pago también afecta a las universidades y a todos aquellos que dependan de ella. / In consumer relations, not only must the supplier comply with the obligations indicated in the Consumer Protection and Defense Code and other regulations, but the consumer must comply with the economic consideration that was established. Now, in a consumer relationship with private universities, the student is expected to pay all of their fees because this is the direct source that these institutions have to generate income. The problem arises when there are students who have payment problems, some even do not comply with the payment obligation and, despite the collection efforts, it is not possible to recover the amount owed. The problem is aggravated for universities due to article 2 of the Family Economy Protection Law of the payment of pensions in public and private institutes, higher schools, universities and postgraduate schools - Law N°29947 since the educational service must be provided in a manner ideal, regardless of whether there may be overdue payment installments. Private universities are in a disadvantageous position since, in some cases, the student withdraws from the educational institution and, consequently, payment will depend on the responsibility of the consumer. The main objective of this work is to determine if the supplier also needs protection in cases where the consumer does not comply with his obligation, while non-payment also affects universities and all those who depend on them. / Trabajo académico

El análisis del caso aborda varios aspectos. En primer lugar, se destaca la noción del derecho a la libre contratación y su relación con el contexto del mercado. Si bien este derecho es esencial en la economía de mercado, no es absoluto y puede ser limitado en función de las circunstancias y la protección de otros derechos fundamentales. En el ámbito de los seguros, el modelo de negocio se basa en la gestión y diversificación del riesgo. Mediante la transferencia de riesgos a través de pólizas, las aseguradoras asumen la responsabilidad de pagar una suma de dinero en caso de un evento asegurado. En el caso específico analizado, la Sala de Indecopi limitó el derecho a la libre contratación de Rímac Seguros al considerar que su negativa de brindar cobertura a una persona con síndrome de Down fue discriminatoria e infundada. La decisión de la Sala contribuyó a garantizar la inclusión de personas con discapacidad en los servicios de seguros. Es así que se reconoce que el derecho a la libre contratación tiene límites y debe ser equilibrado con otros derechos fundamentales. La decisión de la Sala fue razonable y proporcional, ya que protegió a una minoría social y promovió la igualdad de oportunidades. / The analysis of the case addresses several aspects. First and foremost, the notion of the right to freedom of contract and its relationship with the market context is highlighted. While this right is essential in a market economy, it is not absolute and can be limited based on circumstances and the protection of other fundamental rights. In the field of insurance, the business model is based on risk management and diversification. By transferring risks through policies, insurers assume the responsibility to pay a sum of money in the event of an insured occurrence. In the specific case analyzed, the Indecopi Chamber limited Rímac Seguros' right to freedom of contract by considering their refusal to provide coverage to a person with Down syndrome as discriminatory and unfounded. The Chamber's decision contributed to ensuring the inclusion of people with disabilities in insurance services. Thus, it is recognized that the right to freedom of contract has limits and must be balanced with other fundamental rights. The Chamber's decision was reasonable and proportionate as it protected a social minority and promoted equal opportunities.

En el presente trabajo se busca conocer el contenido constitucionalmente protegido del derecho al ambiente a través de las sentencias del Tribunal Constitucional, toda vez que el máximo intérprete de la Constitución ha ido perfilando su contenido a través de su jurisprudencia. Se parte de la hipótesis de que el Tribunal Constitucional formula un concepto amplio del derecho que nos ocupa, el cual no solo está contemplado en el numeral 22 del artículo 2 de la Constitución. Consideramos que para llegar a dicho concepto que aún es general y amplio en cuanto a su contenido, debido a los conceptos indeterminados que emplea (“equilibrado” y “adecuado”), se ha incorporado, paulatinamente, algunos principios del derecho ambiental internacional; así como los criterios y principios contemplados en la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, publicada el 2005. Por ello, el período de estudio abarca únicamente los años 2000 a 2010 a fin de poner en evidencia y centrar el análisis en el impacto que ha tenido la citada ley sobre el concepto del derecho al ambiente desarrollado por el Supremo intérprete de la Constitución.