El reconocimiento pleno de los derechos fundamentales en el trabajo exige indefectiblemente un cauce procesal adecuado, célere y eficaz que protega de manera completa y suficiente estos derechos. Sin embargo, la Ley Procesal del Trabajo no contempla un proceso especial de tutela de derechos fundamentales, pero si reconoce algunas garantías procesales de refuerzo para la protección de los derechos fundamentales. Esta investigación tiene el objetivo de indentificar si las garantías de refuerzo que se reconoce en dicha ley son suficientes. Para ello, se hace una análisis dogmático jurídico exploratoria de las leyes procesales del trabajo a nivel nacional e internacional. La principal conclusión que se obtiene de la investigación es que la actual ley procesal del trabajo no otorga una protección completa, suficiente e idónea a los derechos fundamntales del trabajo.

La cultura como derecho fundamental requiere ser revalorizada y un Estado Constitucional de Derecho como el peruano no solo debe garantizar su reconocimiento sino su respeto en las diferentes esferas de organización. La presente investigación desarrolla un punto medular del amplio problema que es la diversidad cultural en el ámbito del derecho penal. Puntualmente, se analiza cuál es la influencia de la cultura en la formación de la norma penal y de allí su importancia para legitimar la acción del Estado a través del sistema penal. Así, en un primer momento se explica cómo la cultura es un elemento que influye en la comprensión del mensaje de determinación de la norma penal y, en esa medida, condiciona la imputabilidad de un sujeto, evidenciándose cómo ello genera que la cultura del sujeto activo de un ilícito sea, en principio, lo que legitime la intervención del derecho penal. La investigación en un primer momento es descriptiva pues expone postulados teóricos importantes acerca de la sociedad, el Estado y la cultura, para entender su interrelación y, a partir, de ello valora la relevancia de la cultura en la norma penal, construyendo la figura de la inimputabilidad cultural con sus respectivas características. En este extremo, se desarrolla una crítica constructiva del artículo 15 del Código Penal y, al final, se evidencia los diferentes escenarios que se puede encontrar cuando un indígena comete un delito, resaltando que al demostrar su inimputabilidad cultural bajo ningún supuesto se puede alzar contra aquél el sistema penal

El presente artículo académico analiza la situación del reconocimiento de derechos a la comunidad LGBTIQ+ en América Latina y el Perú. Presenta las múltiples iniciativas legislativas que se han dado en nuestro país para instaurar el matrimonio igualitario, la unión civil u otras figuras análogas, pero que han sido intentos infructuosos en materia de protección de derechos fundamentales. Asimismo, muestra la incidencia directa que tiene la instauración del matrimonio igualitario en el respeto y garantía de los derechos a la igualdad y no discriminación, el libre desarrollo de la personalidad y los derechos civiles que se derivan del mismo. Finalmente, presenta un caso emblemático de inscripción del matrimonio igualitario ante el RENIEC, a fin de demostrar la constitucionalidad de la medida y el debido control de convencionalidad que debe aplicar el Estado peruano en estos casos, en función a las obligaciones internacionales asumidas. Cabe mencionar que la presente investigación fue realizada en base a un estudio de las más recientes fuentes doctrinales sobre la materia, así como de la legislación y la jurisprudencia internacional más relevante. / This academic article analyzes the situation of the recognition of rights of the LGBTIQ+ community in Latin America and Peru. It presents the multiple legislative initiatives that have been taken in our country to establish equal marriage, civil union or other similar figures, but which have been unsuccessful attempts in terms of protecting fundamental rights. Likewise, it shows the direct impact that the establishment of equal marriage has on the respect and guarantee of the rights to equality and non-discrimination, the free development of personality and the civil rights that derive from it. Finally, it presents an emblematic case of registration of equal marriage before the RENIEC, in order to demonstrate the constitutionality of the measure and the due control of conventionality that the Peruvian State must apply in these cases, based on the international obligations assumed. It is worth mentioning that this research was carried out based on a study of the most recent doctrinal sources on the subject, as well as the most relevant international legislation and jurisprudence. / Trabajo académico

El presente Informe Jurídico versa en torno a una de las sentencias más relevantes emitidas por el Tribunal Constitucional peruano: la sentencia 142-2011-AA/TC, también conocida como el caso Minera María Julia. La sentencia estableció los tres únicos posibles casos de procedencia del amparo contra laudo arbitral, definiendo que, para los demás casos, el medio idóneo era el recurso de anulación de laudo. El presente informe analiza lo establecido por el Tribunal Constitucional considerando la naturaleza tanto del recurso de anulación de laudo como de la acción de amparo arbitral. Para ello, se realiza un análisis del recurso de anulación de laudo, observando si se trata de un recurso o de un proceso autónomo. De igual manera, se analiza cuánta capacidad real tiene el recurso de anulación de laudo para proteger derechos fundamentales en reemplazo de la acción de amparo. Posteriormente, se revisa la naturaleza de la acción de amparo, determinando la necesidad de mantener su carácter de urgencia y de proceso residual. Finalmente, se observa el conflicto que surge al querer determinar cómo armonizar el correcto uso del recurso de anulación de laudo con la necesidad de mantener al proceso de amparo como una vía residual, concluyéndose que debe añadirse un criterio adicional. / This Legal Report deals with one of the most relevant judgments issued by the Peruvian Constitutional Court: Judgment 142-2011-AA/TC, also known as the Minera María Julia case. The judgment established the only three possible cases in which an amparo action against an arbitration award could be granted, defining that, for the other cases, the appropriate remedy was the appeal for annulment of the award. This report analyzes the Constitutional Court's ruling, considering the nature of both the appeal for annulment of the award and the amparo action. To this end, an analysis is made of the appeal for annulment of the award, noting whether it is an appeal/recourse or an autonomous process. Likewise, an analysis is made of the real capacity of the appeal for annulment of the award to protect fundamental rights in replacement of the amparo action. Subsequently, the nature of the amparo action is reviewed, determining the need to maintain its character of urgency and residual process. Finally, the conflict that arises when trying to determine how to harmonize the correct use of the appeal for annulment of the award with the need to maintain the amparo process as a residual remedy is observed, concluding that an additional criterion must be added.

El presente Informe Jurídico tiene como finalidad entender la categoría del trabajador de confianza, siendo que este cargo a la actualidad produce aún incertidumbre entre los trabajadores, empleadores y genera discusiones académicas en el medio; todo esto usando como fuente el Expediente N° 05214-2016-PA/TC, referido a la desnaturalización del contrato de trabajo del Sr. Edgar Raúl Zúñiga Morán. Es en ese sentido, que el presente documento busca determinar no solo las características propias de esta categoría según el ordenamiento jurídico peruano, sino también analizar las vías procesales idóneas con las cuales se puede acceder a una correcta tutela jurisdiccional efectiva. Asimismo, efectuar una debida diferenciación entre la vía procesal laboral ordinaria y cuáles son los aspectos que resuelve, así como la necesidad de revisar algún tema de carácter laboral en el Proceso de Amparo. Para lograr este objetivo, he efectuado la determinación de los hechos del caso en conflicto, la selección y análisis de validez e idoneidad del material normativo, así como la aplicación de este material a los hechos del caso. Finalmente, conforme al criterio de resolución empleado por el Pleno del Tribunal Constitucional, justificar y criticar constructivamente la Sentencia. / The purpose of this Legal Report is to understand the category of trusted worker, since this position currently still produces uncertainty among workers, employers and generates academic discussions in the domain of research. We aim to report th File No. 05214-2016-PA / TC involving to the denaturing of Mr. Edgar Raúl Zúñiga Morán's employment contract. It is in this sense that this document aims to achieve the following goal: to determine not only the characteristics of such category according to the Peruvian legal system, but also to analyze the most adequate proceeding for a correct and effective judicial protection to be obtains. Furthermore, we shall individualize the ordinary labor procedural route and what are the aspects that solves, as well as the necessity to review any labor issue in the Amparo Process route [writ of amparo]. To achieve this objective, I have carried out the determination of the facts of the case in conflict, the selection and analysis of the validity and suitability of the statutory rules, as well as the application of such rules to the facts of the case. Finally, according to the resolution criteria used by the Plenary of the Constitutional Court, the legal report brings a justified and critical approach to the Sentence.

Mediante el presente trabajo, se analiza desde una perspectiva laboral la idoneidad del uso de la videovigilancia por parte de los empleadores para ejercer la facultad fiscalizadora en la relación laboral teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la Resolución Directoral Nº 54-2019-JUS/DGTAIPD mediante la cual el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dispone la prepublicación del Proyecto de Directiva para el Tratamiento de Datos Personales mediante Sistemas de Videovigilancia en la cual se ha establecido un apartado en relacion al uso de la videovigilancia para control laboral. El presente trabajo académico, tiene como objetivos, en primer lugar realizar un análisis de lo que contempla el proyecto de directiva respecto del uso de la videovigilancia para control laboral; en segundo lugar, se realiza una breve revisión de la regulación legislativa y jurisprudencia comparada respecto del uso de viodeovigilancia en la relacion laboral para verificar cuales son los parámetros que a nivel internacional se han establecido respecto de su uso; en tercer lugar, analiza qué derechos fundamentales de los trabajadores pueden verse involucrados en el uso de la videovigilancia en contraposición al poder de dirección del empleador; y, en cuarto lugar, habiendo realizado el desarrollo de lo anterior, se analiza el Proyecto de Directiva en sí mismo para determinar si este garantiza el respeto de los derechos fundamentales que se ven involucrados por el uso de la videovigilancia en la relación laboral, y por otro lado, se analiza cuáles de las pautas que se siguen en la legislación y jurisprudencia comparada deben ser tomadas en cuenta como propuestas para la regulación de la videovigilancia en Perú.

La teoría acerca de la prueba prohibida es quizás una de las más controvertidas en el campo de la dogmática procesal, dado que refuerza el conflicto entre la finalidad clásica del proceso penal, que es la búsqueda de la verdad y el interés superior de respeto a los derechos fundamentales, principio rector básico de nuestro actual modelo de Estado Constitucional de Derecho. La consecuencia de ello es que el material probatorio obtenido con vulneración a derechos fundamentales no puede ser utilizado como prueba dentro del proceso. No obstante, sostenemos que esta concepción tiene un error de planteamiento desde el inicio, debido a que se da por cierta la protección de los derechos fundamentales como consecuencia de la aplicación de la regla de exclusión, cuando en la realidad no es posible “evitar” la vulneración del derecho fundamental con su utilización. Así mismo, las personas cuyos derechos fundamentales ya han sido vulnerados (con la obtención de pruebas prohibidas en su contra), no pueden volver al estado anterior o resarcir el daño que les han causado a través de la aplicación de esta regla. Existen medios más adecuados para el manejo de material probatorio prohibido, distintos a la exclusión de pruebas irrefutables, tales como la sanción directa a los responsables y/o el resarcimiento económico a las víctimas, así como el establecimiento de la presunción jurídica de que las pruebas ilícitamente obtenidas deben ser consideradas como poco fiables. No obstante, a pesar de nuestra postura, podemos afirmar que la regla de exclusión de las pruebas obtenidas vulnerando derechos fundamentales se ha universalizado, sin embargo, su naturaleza, alcance y efectos dependerá de cuál sea la explicación que se ofrece acerca de su fundamento. Para el análisis de dicho fundamento partiremos del estudio de los modelos teóricos que mayor repercusión han tenido en nuestra realidad jurídica: el modelo norteamericano y el europeo- continental

El presente informe trata sobre el derecho fundamental a la educación en una zona rural de la selva del Perú. Es un caso muy importante porque pone en evidencia la precariedad del servicio educativo en el Perú y la postura del Tribunal Constitucional frente a la dificultad para acceder al ejercicio de un derecho fundamental que el Estado Peruano no está en capacidad de garantizar. El problema principal del caso consiste en evidenciar si se vulneró o no el derecho a la educación de las demandantes (dos hermanas con 18 y 19 años) al no contarse con centros educativos idóneos en la zona rural en la que vivían y, al impedírseles la matrícula en un centro de educación básica regular por ser mayores de edad. El TC declaró fundada la demanda señalando que las leyes deben interpretarse a la luz de la Constitución y no a la inversa de modo que, si bien la Ley General de Educación, Ley 28044 y, la Directiva 014-2012- MINEDU/VMGP “Normas y orientaciones para el desarrollo del año escolar 2013 en la educación básica” establecían los criterios para el acceso a .los centros educativos de educación básica regular y de educación básica alternativa, dichas normas debían aplicarse siguiendo los lineamientos constitucionales que regulan los derechos fundamentales y no al revés. Además, la sentencia declaro el estado de cosas inconstitucional. El derecho a la educación es un derecho fundamental regulado -entre otros- en los artículos 13, 14,16 y 17 de la Constitución y en el Perú, además, los derechos humanos se interpretan, de acuerdo con la Cuarta Disposición Final y Transitoria, siguiendo los tratados internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. / This report deals with the fundamental right to education in a rural jungle area of Peru. It is a very important case because it highlights the precariousness of the educational service in our country and the position of the Constitutional Court regarding the poor access this fundamental right has and that the Peruvian Goverment cannot guarantee. The main problem in the case is whether or not the educational right of the applicants (two sisters aged 18 and 19) was violated by the lack of suitable educational centres in the rural area in which they lived and by preventing them from enrolling in a regular basic education centre because they didnt have the legal age. The Constitutional Court declares the claim to be well founded on the grounds that the laws must be interpreted following the Constitution and not vice versa, so that, evenlthough the General Educational Law establishes criteria for access to regular basic education and alternative basic education centers, these norms must be applied following the constitutional guidelines that regulate fundamental rights and not vice versa. The Courts also declared the unconstitutional state of affairs. The educational right is a fundamental right regulated -among others- in articles 13, 14, 16 and 17 of the Constitution and in Peru, in addition, human rights are interpreted, in accordance with the Fourth Final and Transitory Provision, following international treaties such as the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Economic Social and Cultural Rights.

El presente informe tiene como objetivo analizar la inconstitucionalidad de la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº30407, Ley de Bienestar y Protección Animal, la cual excluye a las corridas de toros, peleas de toros, peleas de gallos y demás espectáculos declarados de carácter cultural por la autoridad competente. El análisis jurídico comprende en determinar cuál es el estado actual de los animales dentro del ordenamiento jurídico a partir de las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional, siendo la de mayor relevancia la del Expediente Nº00022-2018-PI/TC. Se utilizará el principio de proporcionalidad como un parámetro indispensable de constitucionalidad para evaluar la actuación de los poderes públicos, sobre todo cuando ésta afecta el ejercicio de los derechos fundamentales. Es decir, el principio de proporcionalidad no debe ser entendido como la respuesta a todos los problemas, sino como la técnica que nos permite determinar la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de las medidas legales que limitan o restringen derechos fundamentales. Además, se analizará si la declaración de las corridas de toros, peleas de toros y peleas de gallos como espectáculos culturales por parte del Ministerio de Cultura es determinante para declarar la constitucionalidad de la ley. Por último, se cuestionará si es necesario realizar una reforma constitucional para garantizar una protección efectiva de los animales. / The following essay aims to analyze the unconstitutionality of the First Final Complementary Provision from Law Nº30407 Animal Welfare and Protection Law, which exempts bullfights, cockfights and other animal related activities proclaimed as cultural events from a competent lawful authority. The legal analysis intends to determine the current status of animals within the legal system, based on the resolutions issued by the constitutional court, being the most relevant File No. 00022-2018-PI/TC. The proportionality test will be utilized as an essential parameter of constitutionality to evaluate the actions of public powers, especially when it affects the exercise of fundamental rights. In other words, the proportionality test should not be understood as the answer to all problems, but rather as the mechanism that allows us to determine the suitability, necessity and proportionality of the legal measurements that limit or restrict fundamental rights. Furthermore, it will analyze whether the declaration of bullfights and cockfights as cultural events by the Ministry of Culture is a decisive factor to declare the constitutionality of the law. Finally, it will be argued if it is necessary to propose a constitutional reform in order to provide an effective protection for all animals.

El presente artículo, trata respecto a la doctrina judicial del reportaje neutral y sus implicancias en la libertad de información. En un reportaje neutral, el profesional de la información y todo aquel vinculado a la actividad periodística (periodista o empírico) es un transmisor de contenidos informativos en un medio de comunicación, previamente ya difundido por su homólogo. Dentro de ese marco conceptual, se pretende determinar si la aplicación del reportaje neutral como doctrina judicial es idónea para la protección del derecho a la libertad de información y a su vez es proporcional con el derecho al honor, siempre y cuando se tenga en cuenta los requisitos de procedibilidad o presupuestos de validez del reportaje neutral. Es en ese sentido, que el derecho a la comunicación en su variante de libertad de información en aplicación del reportaje neutral está garantizada sin lesionar el derecho al honor, exonerándose de responsabilidad al periodista o empírico en quien recae la imputación del delito de difamación agravada por el medio empleado por el contenido noticiable informado