Mediante el presente trabajo, se analiza desde una perspectiva laboral la idoneidad del uso de la videovigilancia por parte de los empleadores para ejercer la facultad fiscalizadora en la relación laboral teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la Resolución Directoral Nº 54-2019-JUS/DGTAIPD mediante la cual el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dispone la prepublicación del Proyecto de Directiva para el Tratamiento de Datos Personales mediante Sistemas de Videovigilancia en la cual se ha establecido un apartado en relacion al uso de la videovigilancia para control laboral. El presente trabajo académico, tiene como objetivos, en primer lugar realizar un análisis de lo que contempla el proyecto de directiva respecto del uso de la videovigilancia para control laboral; en segundo lugar, se realiza una breve revisión de la regulación legislativa y jurisprudencia comparada respecto del uso de viodeovigilancia en la relacion laboral para verificar cuales son los parámetros que a nivel internacional se han establecido respecto de su uso; en tercer lugar, analiza qué derechos fundamentales de los trabajadores pueden verse involucrados en el uso de la videovigilancia en contraposición al poder de dirección del empleador; y, en cuarto lugar, habiendo realizado el desarrollo de lo anterior, se analiza el Proyecto de Directiva en sí mismo para determinar si este garantiza el respeto de los derechos fundamentales que se ven involucrados por el uso de la videovigilancia en la relación laboral, y por otro lado, se analiza cuáles de las pautas que se siguen en la legislación y jurisprudencia comparada deben ser tomadas en cuenta como propuestas para la regulación de la videovigilancia en Perú.

La teoría acerca de la prueba prohibida es quizás una de las más controvertidas en el campo de la dogmática procesal, dado que refuerza el conflicto entre la finalidad clásica del proceso penal, que es la búsqueda de la verdad y el interés superior de respeto a los derechos fundamentales, principio rector básico de nuestro actual modelo de Estado Constitucional de Derecho. La consecuencia de ello es que el material probatorio obtenido con vulneración a derechos fundamentales no puede ser utilizado como prueba dentro del proceso. No obstante, sostenemos que esta concepción tiene un error de planteamiento desde el inicio, debido a que se da por cierta la protección de los derechos fundamentales como consecuencia de la aplicación de la regla de exclusión, cuando en la realidad no es posible “evitar” la vulneración del derecho fundamental con su utilización. Así mismo, las personas cuyos derechos fundamentales ya han sido vulnerados (con la obtención de pruebas prohibidas en su contra), no pueden volver al estado anterior o resarcir el daño que les han causado a través de la aplicación de esta regla. Existen medios más adecuados para el manejo de material probatorio prohibido, distintos a la exclusión de pruebas irrefutables, tales como la sanción directa a los responsables y/o el resarcimiento económico a las víctimas, así como el establecimiento de la presunción jurídica de que las pruebas ilícitamente obtenidas deben ser consideradas como poco fiables. No obstante, a pesar de nuestra postura, podemos afirmar que la regla de exclusión de las pruebas obtenidas vulnerando derechos fundamentales se ha universalizado, sin embargo, su naturaleza, alcance y efectos dependerá de cuál sea la explicación que se ofrece acerca de su fundamento. Para el análisis de dicho fundamento partiremos del estudio de los modelos teóricos que mayor repercusión han tenido en nuestra realidad jurídica: el modelo norteamericano y el europeo- continental

El presente informe trata sobre el derecho fundamental a la educación en una zona rural de la selva del Perú. Es un caso muy importante porque pone en evidencia la precariedad del servicio educativo en el Perú y la postura del Tribunal Constitucional frente a la dificultad para acceder al ejercicio de un derecho fundamental que el Estado Peruano no está en capacidad de garantizar. El problema principal del caso consiste en evidenciar si se vulneró o no el derecho a la educación de las demandantes (dos hermanas con 18 y 19 años) al no contarse con centros educativos idóneos en la zona rural en la que vivían y, al impedírseles la matrícula en un centro de educación básica regular por ser mayores de edad. El TC declaró fundada la demanda señalando que las leyes deben interpretarse a la luz de la Constitución y no a la inversa de modo que, si bien la Ley General de Educación, Ley 28044 y, la Directiva 014-2012- MINEDU/VMGP “Normas y orientaciones para el desarrollo del año escolar 2013 en la educación básica” establecían los criterios para el acceso a .los centros educativos de educación básica regular y de educación básica alternativa, dichas normas debían aplicarse siguiendo los lineamientos constitucionales que regulan los derechos fundamentales y no al revés. Además, la sentencia declaro el estado de cosas inconstitucional. El derecho a la educación es un derecho fundamental regulado -entre otros- en los artículos 13, 14,16 y 17 de la Constitución y en el Perú, además, los derechos humanos se interpretan, de acuerdo con la Cuarta Disposición Final y Transitoria, siguiendo los tratados internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. / This report deals with the fundamental right to education in a rural jungle area of Peru. It is a very important case because it highlights the precariousness of the educational service in our country and the position of the Constitutional Court regarding the poor access this fundamental right has and that the Peruvian Goverment cannot guarantee. The main problem in the case is whether or not the educational right of the applicants (two sisters aged 18 and 19) was violated by the lack of suitable educational centres in the rural area in which they lived and by preventing them from enrolling in a regular basic education centre because they didnt have the legal age. The Constitutional Court declares the claim to be well founded on the grounds that the laws must be interpreted following the Constitution and not vice versa, so that, evenlthough the General Educational Law establishes criteria for access to regular basic education and alternative basic education centers, these norms must be applied following the constitutional guidelines that regulate fundamental rights and not vice versa. The Courts also declared the unconstitutional state of affairs. The educational right is a fundamental right regulated -among others- in articles 13, 14, 16 and 17 of the Constitution and in Peru, in addition, human rights are interpreted, in accordance with the Fourth Final and Transitory Provision, following international treaties such as the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Economic Social and Cultural Rights.

El presente informe tiene como objetivo analizar la inconstitucionalidad de la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº30407, Ley de Bienestar y Protección Animal, la cual excluye a las corridas de toros, peleas de toros, peleas de gallos y demás espectáculos declarados de carácter cultural por la autoridad competente. El análisis jurídico comprende en determinar cuál es el estado actual de los animales dentro del ordenamiento jurídico a partir de las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional, siendo la de mayor relevancia la del Expediente Nº00022-2018-PI/TC. Se utilizará el principio de proporcionalidad como un parámetro indispensable de constitucionalidad para evaluar la actuación de los poderes públicos, sobre todo cuando ésta afecta el ejercicio de los derechos fundamentales. Es decir, el principio de proporcionalidad no debe ser entendido como la respuesta a todos los problemas, sino como la técnica que nos permite determinar la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de las medidas legales que limitan o restringen derechos fundamentales. Además, se analizará si la declaración de las corridas de toros, peleas de toros y peleas de gallos como espectáculos culturales por parte del Ministerio de Cultura es determinante para declarar la constitucionalidad de la ley. Por último, se cuestionará si es necesario realizar una reforma constitucional para garantizar una protección efectiva de los animales. / The following essay aims to analyze the unconstitutionality of the First Final Complementary Provision from Law Nº30407 Animal Welfare and Protection Law, which exempts bullfights, cockfights and other animal related activities proclaimed as cultural events from a competent lawful authority. The legal analysis intends to determine the current status of animals within the legal system, based on the resolutions issued by the constitutional court, being the most relevant File No. 00022-2018-PI/TC. The proportionality test will be utilized as an essential parameter of constitutionality to evaluate the actions of public powers, especially when it affects the exercise of fundamental rights. In other words, the proportionality test should not be understood as the answer to all problems, but rather as the mechanism that allows us to determine the suitability, necessity and proportionality of the legal measurements that limit or restrict fundamental rights. Furthermore, it will analyze whether the declaration of bullfights and cockfights as cultural events by the Ministry of Culture is a decisive factor to declare the constitutionality of the law. Finally, it will be argued if it is necessary to propose a constitutional reform in order to provide an effective protection for all animals.

El presente artículo, trata respecto a la doctrina judicial del reportaje neutral y sus implicancias en la libertad de información. En un reportaje neutral, el profesional de la información y todo aquel vinculado a la actividad periodística (periodista o empírico) es un transmisor de contenidos informativos en un medio de comunicación, previamente ya difundido por su homólogo. Dentro de ese marco conceptual, se pretende determinar si la aplicación del reportaje neutral como doctrina judicial es idónea para la protección del derecho a la libertad de información y a su vez es proporcional con el derecho al honor, siempre y cuando se tenga en cuenta los requisitos de procedibilidad o presupuestos de validez del reportaje neutral. Es en ese sentido, que el derecho a la comunicación en su variante de libertad de información en aplicación del reportaje neutral está garantizada sin lesionar el derecho al honor, exonerándose de responsabilidad al periodista o empírico en quien recae la imputación del delito de difamación agravada por el medio empleado por el contenido noticiable informado

A través del presente artículo se analiza, desde una perspectiva laboral, la incorporación de plataformas de comunicación digital empresarial en los centros de trabajo, específicamente, con el uso de “Workplace”, un software que cuenta con las características de una red social y cuyo objetivo es el de mejorar el flujo de comunicación y organización entre los trabajadores que comparten el mismo centro de trabajo. Así pues, a partir de abordar las características y objetivos de esta red social, así como, el tipo de información de índole laboral y personal que se comparte en los perfiles de cada trabajador, se procede a desarrollar un análisis desde la perspectiva del derecho laboral peruano, en el que se cuestiona si, con del uso de esta plataforma se pondría en riesgo la protección y respeto de los derechos laborales de los trabajadores y, a su vez, si ello implicaría un exceso en el ejercicio de las facultades por parte del empleador. Por un lado, se realiza un balance de la información compartida en torno a qué tipo de datos pueden tener fines laborales y cuáles otros podrían implicar un menoscabo a la dignidad y la protección de los datos personales de cada trabajador. Si bien la legislación peruana no regula de manera específica la protección de este último en el ámbito laboral, es posible realizar un análisis, a partir de información doctrinaria y jurisprudencial. Teniendo en cuenta ello y las implicancias negativas que podría traer consigo un mal uso de este tipo de plataformas y las decisiones que tome el empleador en torno a la incorporación de este en el centro de trabajo, se analiza los límites de este último en torno al uso de esta herramienta digital y los mecanismos que puede adoptar para su implementación. Respecto a las conclusiones, se resalta la importancia de una expresión de voluntad explícita de parte del trabajador de querer contar con un perfil social corporativo en el que se comparta información sensible previo consentimiento, pero, además, de que el empleador establezca los límites en torno a las exigencias sobre su uso y la información que se publica, a partir de adoptar mecanismos que tengan como prioridad el respeto a los derechos laborales y fundamentales de cada trabajador. / This article analyzes, from a labor perspective, the incorporation of digital business communication platforms in the workplace, specifically with the use of "Workplace", a software that has the characteristics of a social network and whose objective is to improve the flow of communication and organization among workers who share the same workplace. Thus, after addressing the characteristics and objectives of this social network, as well as the type of information of a labor and personal nature that is shared in the profiles of each worker, we proceed to develop an analysis from the perspective of Peruvian labor law, in which we question whether the use of this platform would jeopardize the protection and respect for the labor rights of workers and, in turn, whether this would imply an excess in the exercise of the employer's powers. On the one hand, a balance of the information shared is made regarding what type of data can be used for labor purposes and which others could imply an undermining of the dignity and protection of the personal data of each worker. Although Peruvian legislation does not specifically regulate the protection of the latter in the labor sphere, it is possible to make an analysis based on doctrinal and jurisprudential information. Taking into account this and the negative implications that could result from the misuse of this type of platforms and the decisions taken by the employer regarding the incorporation of this in the workplace, the limits of the latter regarding the use of this digital tool and the mechanisms that can be adopted for its implementation are analyzed. With regard to the conclusions, the importance of an explicit expression of will on the part of the worker to have a corporate social profile in which sensitive information is shared with prior consent is highlighted, but also that the employer establishes limits on the requirements regarding its use and the information that is published, based on the adoption of mechanisms that prioritize respect for the labor and fundamental rights of each worker.

La disminución o exención de la pena que se otorgue como incentivo a quien, habiendo participado en cierto hecho delictivo, coopera activamente en la obtención de pruebas y en la identificación de los demás intervinientes en ese y otros hechos, constituye una práctica extendida en diferentes países para hacer frente a determinadas formas de criminalidad. Bajo la premisa de que se trata de una herramienta eficaz para hacerse de información sustancial, esta práctica ha pasado a protagonizar la persecución del crimen, y, al estar exenta de controles suficientes, parece destellar ciertas notas de arbitrariedad. En nuestro país, esta práctica se sostiene a través de la colaboración eficaz, instrumento que ha acompañado la política criminal del Estado desde la época del terrorismo hasta la fecha. En los últimos años, ha cobrado especial notoriedad en razón a su empleo en los denominados casos emblemáticos –investigaciones de especial trascendencia–, y ello ha puesto en evidencia su volatilidad, al punto de cuestionarse su legitimidad en el marco de un Estado social y democrático de Derecho. ¿Es posible mantener un equilibrio entre el sistema de garantías y principios que definen la persecución penal en nuestro país, y la efectividad y eficacia que puede ofrecer esta forma de hacer frente a la delincuencia? Este trabajo parte de la premisa de que toda decisión político criminal debe afirmar el objetivo estatal recogido en nuestra Constitución y respetar el orden jurídico en ella establecido, sin que ello signifique dejar de responder a una realidad social. Por ello, se propone que la colaboración eficaz precise de límites que aseguren su empleo como una herramienta de justicia por encima de uno de poder político. Para alcanzar ese objetivo, se propone identificar las bases constitucionales sobre las cuales se construye la justicia penal en nuestro país. Bajo este esquema, es posible deducir en qué medida estas se reflejan en la justicia premial materializada a través de la colaboración eficaz, y, de ser el caso, proponer las modificaciones que correspondan.

El trabajo propone una visión más amplia en relación con el tratamiento constitucional del derecho a conocer los cargos dentro del proceso penal, en específico, en la etapa de investigación preparatoria. Este derecho exige a las autoridades estatales no solo la precisión clara y detallada de los hechos denunciados, sino que además obliga a estos a comunicar también de forma clara, precisa y detallada la norma penal aplicable al caso y la evidencia que sustenta la imputación, desde el inicio de la investigación preparatoria y en distintos niveles de exigencia. Por ello, la investigación centra sus esfuerzos en identificar el contenido esencial y constitucional del derecho a conocer los cargos, para luego precisar, según sus niveles de exigencia constitucional, cuáles serían los supuestos de afectación de dicho derecho en las sub etapas de investigación preliminar e investigación preparatoria propiamente dicha. Para poder determinar lo antes señalado el trabajo desarrolla los alcances jurídicos y dogmáticos del derecho a conocer los cargos, para lo cual se recurre al marco internacional y nacional sobre la materia, así como a la doctrina especializada (constitucional y procesal penal) que sobre el tema se ha elaborado. / The work proposes a broader vision in relation to the constitutional treatment of the right to know the charges within the criminal process, specifically, in the preparatory investigation stage. This right demands the state authorities not only the clear and detailed precision of the facts denounced, but also obliges them to communicate clearly, precisely and in detail the criminal law applicable to the case and the evidence that supports the imputation circumstantial support on which the charge rests, from the beginning of the preparatory research and at different levels of demand. For this reason, the research focuses its efforts on identifying the essential and constitutional content of the right to know the charges, and then specifying, according to their levels of constitutional demands, what would be the assumptions of affectation of this right in the sub stages of preliminary investigation and preparatory investigation. In order to determine the aforementioned, the work develops the legal and dogmatic scope of the right to know the charges, for which the international and national framework on the matter is used, as well as the specialized doctrine (constitutional and criminal procedure) that has been elaborated on the subject.

El presente informe analiza cuales son los límites del poder de dirección del empleador en el supuesto concreto de la instalación de cámaras de vigilancia en el centro de trabajo, a partir del análisis de ponderación de esta medida frente a la posible afectación de derechos fundamentales (en particular, la dignidad, privacidad, libertad sindical y derecho a la salud) en el marco de la relación laboral entre la EMPRESA NESTLE y su SINDICATO a propósito de la demanda, presentada por este último, recaída en el Expediente Nro. 02208-2017-PA/TC . Para responder a la pregunta principal se usa la metodología dogmático jurídica y se parte de un análisis de los principios reconocidos en la Constitución y los Convenios Internacionales y regionales sobre derechos humanos para luego analizar la normativa interna laboral, así como también la que regula el derecho a la privacidad, la instalación de cámaras de vigilancia para la seguridad ciudadana, así como la protección de datos personales. Luego del análisis descrito previamente, se arriba a la conclusión de que las acciones derivadas del ejercicio del poder de dirección del empleador (en el caso concreto la colocación de cámaras de vigilancia en el centro de trabajo) no se justifican en sí mismas, en virtud de que se podrían afectar derechos fundamentales, por lo que deben ser siempre sometidas al juicio de ponderación. / This report analyzes the boundaries of the employer's directing power, specifically in the installation of surveillance cameras in the workplace, based on the rationality and proportionality analysis of this measure against the possible breach of fundamental rights (in particular, dignity, privacy, freedom of association and right to health) within the scope of the employment relationship between the NESTLE COMPANY and its UNION regarding the lawsuit, filed by the latter, relapsed in Case No. 02208-2017- PA/CT. To answer the main question, the legal dogmatic methodology is used, beginning in the analysis of the principles recognized in the Constitution and the International and regional Conventions on human rights, to then analyze the internal labor regulations, as well as the regulations on the right to privacy, the installation of surveillance cameras for citizen security, as well as the protection of personal data. After the analysis described above, the report concludes that the actions derived from the exercise of the employer's directing power (specifically, the placement of surveillance cameras in the workplace) are not justifiable, considering fundamental rights could be affected, and therefore these actions must always be submitted to the rationality and proportionality test.

El presente trabajo de investigación tiene por objeto central determinar el contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la libertad de conciencia en el caso peruano. Ello, en la búsqueda de desarrollar una propuesta que permita lograr una protección igualitaria de las creencias o convicciones de las personas y que permita establecer cuál es la relación entre las libertades de conciencia y religión. La importancia de la investigación se encuentra en una evolución sociológica a nivel mundial que permite comprobar que las personas ya no solo construyen su cosmovisión en base a la fe y a la relación con una divinidad, sino que existe un aumento de aquellos ciudadanos que construyen su identidad y adoptan sus decisiones sin la necesidad de acudir a una religión. Lamentablemente, la investigación jurídica en nuestro país no se ha detenido a responder si existe en el Perú una verdadera protección constitucional de las creencias o convicciones no religiosas y si merecen una protección constitucional igualitaria respecto a aquellas religiosas. Ello se agrava si tomamos en cuenta que la Constitución de 1993 y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Perú no presentan una respuesta que permita responder a dichas interrogantes. Es por las razones expuestas que la presente tesis sostiene que la libertad de conciencia representa un derecho fundamental que contiene a la libertad de religión, siendo posible afirmar que la protección de todas las creencias o convicciones corresponde a la primera, mientras que únicamente aquellas de carácter religioso se encuentran protegidas por la segunda. Asimismo, se concluye que la libertad de conciencia presenta tanto una dimensión interna como una dimensión externa, cuyas normas iusfundamentales deberán ser reconocidas a partir de una interpretación amplia y dinámica de su contenido constitucionalmente protegido, el cual deberá caracterizarse por una protección igualitaria de las creencias o convicciones