El presente trabajo de investigación expone la problemática que existe para las personas trans su empleabilidad e inserción laboral, cuyo objetivo general es exponer la discriminación de la que son víctimas por su identidad y expresión de género lo cual perpetúa la marginación a la que son sometidos en los diferentes espacios de su vida y limita o hasta evita que logren desarrollar un proyecto de vida en dignidad. Asimismo, se evidencia que el derecho del trabajo es una herramienta que nos permite utilizar sus principios y características, las mismas que al emanar en un espacio tan importante como el laboral; puede reivindicar los derechos de este colectivo y permitirles el real disfrute y gozo de todos sus derechos fundamentales en este espacio. A su vez, se plantea una solución en miras de buscar la inserción de las personas trans en el empleo decente desde condiciones de igualdad, así como establecer medidas que permitan una real erradicación de la discriminación múltiple hacia este grupo vulnerable, tomando como partida las herramientas que nos brinda el Sistema de Inspección Laboral a cargo de Sunafil. / This research work exposes the problems that exist for trans persons in their employability and labor insertion, which general objective is to expose the discrimination that they are victims due to their gender identity and expression, that perpetuates the marginalization to which they are subjected in the different spaces of their life and limits them from being able to develop a life project in dignity. Likewise, is evidenced that labor law is a tool that allows us to use its principles and characteristics, which emanates in a space as important as working places; can vindicate the rights of this group and allow them the real enjoyment of all their fundamental rights. At the same time, a solution is proposed in order to seek the insertion of trans persons in decent employment under conditions of equality, as well as to establish measures that allow a real eradication of multiple discrimination towards this vulnerable group, taking as a starting point the tools provided by the Labor Inspection System in charge of Sunafil.

La presente investigación tiene como objetivo el demostrar la igual obligación de los colegios privados de brindar educación inclusiva a niños con discapacidad. Esto deberá proveerse incluso si genera costos. La tesis está dividida en tres capítulos. En el primer capítulo, se ve cuál ha sido el impacto de las políticas neoliberales en América Latina con respecto los servicios públicos. De la misma forma, se discuten los efectos de las políticas posteriores al Consenso de Washington y cómo se hace necesario una nueva participación del Estado para impedir que la privatización afecte la satisfacción de derechos humanos. Luego de ello, se aborda la razón jurídica de esta determinación: las obligaciones de derechos humanos de los privados. Para justificar esto se plantea cómo el efecto horizontal de derechos humanos afecta a los privados y al mismo tiempo, genera la obligación de proteger por parte del Estado e incluso modifica la tradicional idea de contrato. En el segundo capítulo, se construye la idea de la educación inclusiva. Para lograr ello, se explica cómo surge este concepto educativo y cómo impacta en la vida de las personas con discapacidad. Se muestra cómo la educación siempre fue entendida como un derecho inalienable que no permitía la discriminación ni la segregación. A pesar de tal aparente universalidad, en el caso de las personas con discapacidad se permitieron prácticas que los excluían de la educación regular y los segregaban del resto de niños. Posteriormente, se aborda cómo esta visión cambia y se establece la educación inclusiva como una obligación estatal ineludible (aunque sometida a la progresividad). Este progreso se puede evidenciar en las discusiones que llevaron a la adopción de la CDPD. Adicionalmente, se estudia cómo la implantación de la educación inclusiva como obligación puede generar tensiones con el derecho a la libertad de educación que también se analizarán. El capítulo finaliza explicando cómo el discurso de la educación inclusiva encuentra un soporte filosófico en la teoría de las capacidades de Nussbaum. Esto permite señalar que existe justicia detrás de esta forma de educación y la necesidad de que exista una “solidaridad obligatoria” con respecto a los privados que ofrecen servicios educativos. Finalmente, en el tercer capítulo se aborda cuáles son las obligaciones de las instituciones educativas privadas con respecto a la educación inclusiva. En este sentido, se analiza qué medidas debería tomar un colegio privado para cumplir con los estándares de inclusión que se requieren a partir de la entrada en vigor de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad A partir de estos estándares se analizará la normativa peruana a través de leyes, reglamentos y directivas que han dirigido la educación de las personas con discapacidad en nuestro país. El análisis buscará confrontar la realidad actual y plantear la necesidad de reformas sobre la educación inclusiva y también sobre el papel de los privados en la prestación del servicio educativo. Por ello, la tesis finaliza con una pequeña propuesta de regulación que busca mejorar los estándares de inclusión existentes.

Las técnicas de reproducción asistida son actualmente una práctica muy difundida en casi todo el mundo y han sido justificadas fundamentalmente bajo el punto de vista de las personas que deseosas de traer hijos al mundo por razones normalmente biológicas no están en la posibilidad de hacerlo. Se busca así dar herramientas para la consecución del fin deseado: la realización personal mediante el ejercicio de la paternidad. Sin embargo, lo que muy pocas personas se han detenido a pensar es que las técnicas de reproducción humana asistida, extrauterinas para el caso que nos ocupa, no involucran solamente el derecho a procrear, sino también derechos fundamentales de aquellos seres humanos “producidos” de manera no natural. Estamos hablando del embrión concebido in vitro. La preocupación que planteamos es válida siempre que los derechos del embrión in vitro se vean afectados durante el desarrollo de estas técnicas. En ese sentido, podemos adelantar que las técnicas de reproducción humana asistida extrauterina sí afectan seriamente ciertos derechos extrapatrimoniales del concebido; y por lo tanto, se requiere regular su uso con la finalidad de evitar en todo lo posible la afectación de estos derechos, protegidos por el artículo 1, numeral 1 del artículo 2 de la Constitución Política; y por el artículo 1 del Código Civil. Es en esa afirmación donde radica el fundamento del presente trabajo. Para ello se demostrará la naturaleza humana del embrión concebido extrauterinamente y se definirán los derechos que le competen. Estos derechos se contrastarán con los derechos de las personas que desean tener un hijo y que no pueden tenerlos de manera natural. Todo ello supone realizar un análisis exhaustivo del momento en que se inicia la vida humana según el ordenamiento jurídico peruano y demostrar que el embrión concebido extracorpóreamente no sólo tiene vida humana, sino que también es un ser humano (a pesar de posturas que defienden lo contrario). Asimismo, para que este sea un trabajo completo, conoceremos en qué consisten las técnicas de reproducción humana asistidas extrauterinas, para desde allí delimitar con exactitud en qué estadío de la técnica se presentan vulneraciones a los derechos de estos seres humanos y en qué medida son vulnerados.

Esta investigación parte de la consideración que el discurso convencional sobre los derechos es – en gran medida– tributario de concepciones (liberales, moralistas, metafísicas) que no responden adecuadamente a los retos del constitucionalismo contemporáneo. En especial, en esta tesis nos vamos referir a asuntos vinculados con la fundamentación de los derechos y a la consecuencia de una fundamentación diferente en nuestro ordenamiento. Respecto a la fundamentación, de manera destacada, hoy se entiende que los derechos humanos y fundamentales encuentran su principal sustento en la dignidad de la persona humana. Sin embargo, esta noción –no obstante su innegable valor– es muy difusa y tiene un alto contenido moral y metafísico, lo que no permite generar consensos en torno a su contenido y, por el contrario, puede ser llenada de manera subjetiva y hasta arbitraria. Asimismo –sobre todo en el ámbito nacional– es extendida la tesis de que la noción “derechos humanos” equivale a las de “derechos fundamentales” y “derechos constitucionales”, pues, entre otras consideraciones, aluden a un mismo objeto (vinculados a la idea de dignidad humana) y merecen una protección equivalente (a través de los procesos constitucionales de tutela de derechos). Al respecto, sostenemos que la equiparación de estas tres categorías genera distorsiones indeseables respecto a la teoría y la protección concreta de los derechos, pues significa dar igual importancia a asuntos que tienen un valor distinto. Siendo así, en esta tesis pretendemos, básicamente: (1) establecer un mejor fundamento que la dignidad humana para los derechos humanos y fundamentales, y (2) distinguir entre los conceptos de “derechos humanos”, “derechos fundamentales” y “derechos constitucionales”, con especial atención a las consecuencias prácticas de tal diferenciación.

Estudio sobre el Estado social con el objeto de interpretar la afirmación que contiene la Constitución acerca de que el Perú es una república democrática y “social”.

La presente investigación surge atendiendo a nuestra preocupación por el rol del Estado como garante de derechos fundamentales, para lo cual, cuenta con instituciones como el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, la Dirección General de Defensa Pública, entre otras, que viabilizan la tutela de dichos derechos. De otro lado, los derechos fundamentales, en su condición de máximas de optimización orientadas a su máximo desarrollo y ejercicio, deben estar garantizados por mecanismos idóneos y eficaces que permitan su protección en caso de vulneración o amenaza. En tal sentido, los Procesos Constitucionales, constituyen los mecanismos específicos que buscan la protección de los citados derechos. Sin embargo, estos, no garantizan per se la protección de los citados derechos, pues previamente debe existir la posibilidad real de acceder a un tribunal, supuesto que ha sido recogido dentro del derecho a la Tutela Procesal Efectiva. Uno de los componentes esenciales de la Tutela Procesal Efectiva, es el acceso a la justicia, como derecho que posibilita a toda persona poder ejercer su derecho de acción ante los tribunales de justicia, cuando considere que se ha vulnerado o restringido alguno de sus derechos fundamentales. Para la concreción de dicho derecho, es necesario asegurar la inexistencia de barreras que puedan dificultar o imposibilitar el acceso a los citados tribunales o que dentro de ellos, existan situaciones que pudieran limitar el actuar de quien requiere tutela.

El tema elegido como objeto de estudio tiene como motivación el hecho que no existe suficiente investigación, a diferencia de lo que ocurre respecto a las comunidades campesinas y quienes viven en zonas periurbanas, que contenga un enfoque constitucional que analice la problemática del acceso al agua que tienen las comunidades nativas y los colectivos originarios que residen en la selva peruana. Durante el siglo XX, el olvido y la indiferencia hacia las personas que vivían en la selva del Perú persistieron y se agravaron, toda vez que el Estado no adoptó medidas eficaces que permitieran afrontar y atribuir responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos de tales colectivos, sobre todo, durante la época del caucho. En consecuencia, se puede decir que, históricamente, el departamento de Loreto, desde antes de la etapa republicana, no ha sido uno de los temas centrales para las autoridades y gobiernos de turno, debido a las dificultades climáticas, del territorio y presupuestales, los cuales han solido ser justificación para no focalizar una mayor atención sobre el tema del agua para las comunidades nativas y los pueblos originarios. Si bien actualmente, existen algunos cambios, estos no resultan suficientes, dado que el progreso económico del país, reflejado en los indicadores de los últimos años, poco o casi nada de ello se ha visto manifestado en la vida cotidiana de los citados colectivos, dado que aún persisten carencias económicas, insuficiente satisfacción de necesidades básicas y, asimismo, marginación y discriminación. Ante esta situación real, hemos estimado conveniente elegir a las comunidades nativas y los colectivos originarios del departamento de Loreto, a fin que pueda visibilizarse una de la grandes problemáticas por las que atraviesan, que el acceso al agua sea posible en condiciones adecuadas. De otro lado, hoy en día resulta innegable reconocer la importancia de las actividades extractivas de hidrocarburos en la Amazonía del Perú, específicamente, en Loreto, cuyo inicio data desde la década de 1970, lo que ha conllevado ingresos considerables para el Estado, principalmente, para el Gobierno Nacional y, al mismo tiempo, impactos ambientales negativos que han ocasionado una afectación a muchas comunidades nativas y pueblos originarios en situación de aislamiento y contacto inicial, a quienes en conjunto denominaremos pueblos amazónicos, motivo por el cual ha significado que el Estado sea visto como un agente que no ha cumplido un rol tuitivo durante décadas.

En la presente tesis abordo el tema de la incidencia del principio liberal de neutralidad estatal en el espacio institucional, en particular, en el escenario de las discusiones legislativas que tienen como objetivo la aprobación de propuestas normativas relacionadas a derechos fundamentales. En tal sentido, me centro en describir e interpretar la moral que subyace al liberalismo político de John Rawls y justificar porqué considero que dicha moral debe fundamentar el desarrollo de la discusión legislativa en un Estado constitucional; pero, también, en explicar la forma cómo debería llevarse a cabo la argumentación en sede parlamentaria, a fin de que las decisiones legislativas adoptadas sean manifestación de una voluntad imparcial y no autointeresada (considero que una argumentación legislativa debe estar marcada por las pretensiones de universalidad y de corrección); así como en explicar qué es lo que se puede argumentar, es decir, al tipo de razones que los parlamentarios pueden invocar para justificar la aprobación o no de una propuesta legislativa referida en su contenido al ejercicio de derechos fundamentales (en mi opinión las razones religiosas están totalmente excluidas). De un tiempo a esta parte, el Congreso peruano ha impedido la discusión de propuestas como el matrimonio igualitario, la despenalización del aborto en el supuesto de violación sexual, la regulación de técnicas de reproducción humana asistida, entre otras, que son de sumo interés para la mayoría ciudadana. En sede de las distintas comisiones técnicas de trabajo, los congresistas apelando a razones religiosas han rechazado iniciativas como las mencionadas y dispuesto su archivo definitivo, no obstante que estas solo buscan la garantía del ejercicio de la auotonomía moral y de la igualdad. Por ello, considero que resulta relevante discusiones académicas como la que propongo en esta tesis, no solo porque precisa cómo debe ser el comportamiento institucional de los funcionarios públicos, sino porque también persigue la efectiva vigencia de los derechos fundamentales en un Estado constitucional como es el nuestro.

En el presente informe, se analiza si correspondía declarar fundado el recurso planteado en la Casación N° 1464-2021/Apurímac, relativa a un caso donde se atribuye a los encausados el delito de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos por el bloqueo pacífico y breve de una carretera, en el marco de una protesta correspondiente al conflicto socioambiental originado en “Las Bambas”. Para ello, se realiza un análisis desde una perspectiva procesal, penal y constitucional. En primer lugar, se evalúa si se cumplía con los requisitos que establece el Código Procesal Penal para la admisión de un recurso de casación. En segundo lugar, se aborda si la conducta de los sentenciados se enmarcaba en los alcances del delito mencionado (atendiendo a sus elementos típicos y el bien jurídico que tutela), así como si cumplía con las exigencias del principio de lesividad. Finalmente, se evalúa si se vulneró el derecho fundamental a la protesta de los procesados, estableciéndose el estatus jurídico de este derecho en nuestro ordenamiento, su contenido esencial y cómo corresponde proceder cuando, durante su ejercicio, se afectan otros derechos fundamentales; para luego aterrizarse en un análisis del caso concreto. Así, se concluye que la decisión de declarar infundado el recurso fue errada e inconstitucional porque (i) no incluyó un análisis completo de las normas procesales pertinentes; (ii) implicó una vulneración del derecho fundamental a la protesta de los sentenciados y (iii) es producto de una inadecuada interpretación del artículo 283° del Código Penal, que contraviene el principio de lesividad.

El día 5 de marzo del 2013, a las 16:25 horas de la tarde, el entonces vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, anunció afligido, por cadena nacional, el fallecimiento del “comandante presidente” Hugo Chávez Frías, recientemente reelecto en octubre del 2012. La reacción ante la muerte de Hugo Chávez fue contundente. Personalidades de todo el mundo mostraron sus condolencias con la vacancia presidencial venezolana. El tema no era para menos, Hugo Chávez fue electo presidente el año 1998 y lo fue hasta el día de su muerte, y tal vez ya la región había olvidado la existencia de Venezuela sin Chávez. Como dispone la Constitución Venezolana, en su artículo 113, se convocó a comicios nacionales para la elección del nuevo presidente. Los dos candidatos que lideraron el proceso electoral fueron el ya mencionado vicepresidente Maduro reivindicando el proyecto oficialista y la V República Bolivariana y, por otro lado, el candidato de la oposición Henrique Capriles, por el movimiento antichavista Primero Justicia. Las elecciones polarizaron al país, y en una reñida segunda vuelta celebrada el 14 de abril del 2013, antes siquiera de haber concluido el conteo de votos, el Consejo Nacional Electoral declaró la