La presente investigación aborda la problemática que se configura en el cruce entre violencia sexual y discapacidad intelectual, especialmente en relación a las estrategias reparatorias posibles de emprender. Se realizó una investigación de carácter cualitativo, donde se recogieran y analizaran los discursos enunciados por profesionales que se desempeñan en ámbitos especializados de la red de protección y reparación para este tipo de vulneraciones: un centro residencial especializado en niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad intelectual, y en el segundo caso, profesionales del equipo de atención de adultos especializado en violencia sexual, CAVAS Metropolitano. Los principales hallazgos tienen que ver con las dificultades que se encuentran en la consideración del sujeto discapacitado, tanto en su inclusión en centros terapéuticos reparatorios, como en su consideración como sujetos denunciantes creíbles, ante las distintas instituciones que intervienen a partir de la develación de los hechos: familia, policías, centros de salud y justicia.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La incapacitación absoluta es la respuesta que nuestro sistema jurídico ha ofrecido a las personas con discapacidad mental. Mediante esta institución, la persona ve anulada su capacidad de ejercicio, es declarada en interdicción y –por estimarse beneficioso proteger su intervención en el tráfico jurídico-, se le nombra un curador que vele por su persona y bienes. Este sistema de sustitución de voluntad encuentra sus bases en los artículos 1.446 y 1.447 del Código Civil, y se materializa a través de la Ley N°18.600, que establece Normas sobre Deficientes Mentales. Este afán proteccionista, en los hechos, se erige como una barrera impenetrable, que aleja a las personas con discapacidad mental de la facultad de decidir sobre sus propios asuntos, y posibilita la vulneración de sus derechos fundamentales y al respeto a su dignidad inherente. No obstante, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), vigente en Chile desde el 29 de julio de 2008, propone un auténtico cambio de paradigma en la consideración de las personas con discapacidad, por cuanto reconoce que tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. Establece además (pasando de un sistema de sustitución a uno de apoyo en la toma de decisiones), que el Estado tomará las medidas oportunas para proveer el acceso a todas las personas con discapacidad al apoyo y asistencia que requieran para el ejercicio de su capacidad jurídica, basadas en sus deseos y preferencias, y no en lo que se supone sea su interés superior objetivo, proporcionándoles salvaguardas efectivas para impedir que sean objeto de abusos. En este trabajo se pretende dar cuenta de la regulación de la capacidad jurídica en el derecho chileno, y analizar si existe correspondencia entre la figura de la interdicción por demencia y la Convención.

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En esta memoria se evalúa la aplicación del Modelo de la Asociación Americana para el Retardo Mental (AAMR), en su edición de 1992, realizada en el Centro de Atención Ambulatoria para Niños Discapacitados Mentales “Los Abedules” perteneciente a Fundación Coanil.

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / El presente trabajo estudia la situación de las personas con discapacidad mental y, especialmente, de aquellas que se encuentran en conflicto con la justicia. En concreto, analiza las disposiciones procesales penales aplicables a ellas y cómo los tribunales de justicia chilenos han fallado en esta materia. Además, se exponen las condiciones de encarcelamiento de los centros penitenciarios chilenos y se busca encontrar una explicación a la alta tasa de prevalencia de enfermedades mentales dentro de la población penitenciaria, haciendo especial mención a los grupos más vulnerables, tales como mujeres y adolescentes

La presente investigación tiene como objetivo principal: proponer políticas públicas que regulen la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad mental en situación de abandono en el Perú, con la finalidad de establecer los mecanismos que fortalezcan el sistema de salud y se brinde una mejor atención a las personas en situación de vulnerabilidad. La investigación se realizará con un enfoque cualitativo, pues permitirá comprender el mundo a partir de lo que dicen y hacen las personas en el escenario social. Con respecto a los resultados, se ha demostrado que, a pesar del cambio normativo en el sistema de salud, aún existen deficiencias en el mismo. Por ende, el Estado deberá implementar albergues donde se brinde atención especializada a personas con enfermedades mentales en situación de abandono. Para ello, será necesario que a través del Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables se cree un mecanismo intermediario entre la persona en estado de abandono y el estado, pues la asistencia social solo funciona cuando la persona no se encuentra desamparada y además está inscrita en el seguro social de Salud. Mientras tanto, los derechos de las personas en estado de vulnerabilidad se encuentran en espera.

Memoria para optar al título de Arquitecta

La tesis aborda el desarrollo un sistema multimedia basado en fonoaudiología denominado SIS-VOICE para la terapia de lenguaje en el Centro educativo para personas con habilidades diferentes El Bosque, cuyos terapeutas no hacen uso de la tecnología en las sesiones terapia. Dicho sistema posee herramientas de gestión de usuario, gestión de pacientes, y gestión de sesiones de terapia a través de ejercicios que comprenden números, letras y palabras; el objetivo principal consistió en determinar el grado de influencia del uso de un sistema multimedia basado en fonoaudiología en los resultados de las terapias de lenguaje, para ello se realizaron pruebas del sistema por un periodo de tiempo, las que permitieron obtener datos de cada sesión. Finalmente se compararon los resultados de las muestras de dicho periodo de pruebas y mediante la distribución t student se obtuvieron conclusiones que permitieron comprobar que el uso del SIS-VOICE mejora los resultados en las sesiones de terapia, obteniendo un crecimiento promedio del 7.7% en comparación a la sesiones de terapia tradicional que presentan un crecimiento promedio del 3.9% por sesión.

La falta de reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial por parte del Registro Nacional de Estado Civil (RENIEC) al excluirlos del padrón electoral, acarrea en la vulneración del derecho al sufragio y de derechos conexos como el derecho-principio de igualdad y el mandato de no discriminación. Al respecto, el Decreto Legislativo Nº 1384 reconoce la capacidad jurídica de este grupo transitando de un modelo de sustitución (interdicción) a un modelo de designación de apoyos y salvaguardias, haciendo referencia a dos supuestos: el primero, se refiere a aquellas personas que previo a la entrada en vigencia de la presente norma cuenta con una sentencia firme de interdicción y el segundo, hace referencia a aquellas personas que tiene una interdicción en trámite; quedando sin efecto la interdicción en cualquiera de los supuestos. Por su parte, la posición del RENIEC frente al mandato legal señala que, no tiene facultades para dejar sin efecto una resolución judicial de interdicción; excluyendo a dicho grupo de personas de la participación política. En el presente trabajo, se cuestiona esta perspectiva y se plantea que el RENIEC debe realizar una interpretación conforme y no formalista ni literal, de conformidad con las normas del bloque de constitucionalidad nacional y convencional antes de emitir un acto administrativo que genere efectos perniciosos en los administrados, garantizando de esta manera una debida motivación y seguridad jurídica. La realización de esta interpretación posee sentido si se piensa en clave de derechoprincipio de igualdad y del mandato de no discriminación, por medio de los cuales se garantiza el derecho al sufragio de este grupo de personas. Finalmente, es posible concluir que no se debe de esperar un mandato judicial para restablecerles su capacidad jurídica y devolverles sus derechos.

El presente informe jurídico analiza la Sentencia emitida por el Pleno del Tribunal Constitucional en la cual se señala que el internamiento involuntario de una persona con discapacidad mental, como lo son los casos de aquellas personas que tienen un diagnóstico de esquizofrenia, queda justificado más allá de lo que ha tipificado la ley en la materia y que dota a todas las personas con discapacidad de capacidad jurídica para el pleno disfrute de sus derechos y para ser tratados en igualdad de condiciones que el resto de personas. Así, en los argumentos que se esbozan en la referida sentencia hemos podido advertir que dicho fallo vulnera diversos artículos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como de la normativa peruana vigente. Considerando que las personas con discapacidad son un grupo históricamente vulnerable y discriminado, no nos encontramos de acuerdo con la postura del Tribunal Constitucional, que se aleja del modelo social y que garantiza los derechos de las personas con discapacidad a ser tratadas en igualdad de condiciones que el resto de personas para que de esa manera pueda desarrollarse y vivir una vida digna y plena. / This legal report analyzes the Judgment issued of the Constitutional Court, which states that the involuntary hospitalization of a person with mental disabilities, such as those persons diagnosed with schizophrenia, is justified beyond what is established by the law in the matter, and that it grants all persons with disabilities legal capacity to fully enjoy their rights and be treated on equal terms with other people. has been established by law on the matter and which provides all persons with disabilities with legal capacity to fully enjoy their rights and to be treated on an equal footing with other people. Thus, in the arguments outlined in the aforementioned sentence, we have observed that this ruling violates various articles of the International Convention on the Rights of Persons with Disabilities as well as current Peruvian regulations. Considering that people with disabilities are a historically vulnerable and discriminated group, we do not agree with the position of the Constitutional Court, which distances itself from the social model and the guarantee of the rights of people with disabilities to be treated on equal terms that the rest of the people, in order for them to develop and live a dignified and fulfilling life.