Una breve historia de esfuerzo, disciplina y constancia para conseguir los objetivos.

El presente trabajo fue desarrollado con el objetivo de evidenciar la realidad que se vive en el mundo laboral de nuestro país respecto de la imposición de sanciones distintas al despido, tales como la amonestación (sobre todo la escrita) y suspensión sin goce de haberes; las cuales no cuentan con un trámite previo a su imposición. Como objetivo principal nos propusimos demostrar que, pese a tratarse de sanciones “menores”, estas también generan afectaciones a los trabajadores que son objeto de las mismas, las cuales podrían traducirse en afectaciones al derecho al trabajo especialmente gravosas, al condicionar sus mejoras laborales al interior de una empresa. La conclusión principal abordada fue que este tipo de sanciones ha adquirido con el tiempo una faceta adicional como la de mecanismo de evaluación de los trabajadores; con lo cual el criterio que se ha venido manejando para excluir a estas sanciones de un trámite previo estaría debilitándose. Asimismo, atendiendo con especial relevancia al hecho de que en nuestra sociedad se encuentra enquistada una perspectiva discriminadora, dar herramientas para que puedan brindar un aparente revestimiento de legalidad a hechos que en el fondo no lo tienen constituye un grave error del derecho laboral. En tal sentido, resulta evidente la necesidad de que se regule esta situación con la finalidad de brindar adecuada protección de los derechos fundamentales del trabajador, sobre todo del derecho de defensa, frente a la potestad disciplinaria del empleador.

La disciplina es especialmente relevante en los cuerpos armados como los ejércitos de tierra, aire y agua; así como los cuerpos de seguridad pública y ciudadana. Debido principalmente, porque el adecuado cumplimiento de las órdenes superiores y asegurar el cumplimiento de la misión, demandará en muchas ocasiones, la exposición de la vida del militar o policía, o en el mejor de los casos poner en grave riesgo la integridad física y psicológica del servidor policial o militar. En los cuerpos armados, implica el acatamiento consciente y voluntario de las normas institucionales, así como las disposiciones emitidas por los superiores, para el cumplimiento adecuado de las acciones o actividades previstas, el éxito de la misión y el logro de los objetivos previstos. Desde esta perspectiva, la disciplina debe ser una condición especialmente necesaria en todos los efectivos policiales, para asegurar la calidad de los servicios policiales en general en favor de brindar seguridad pública y ciudadana a nivel de la III MACREPOL - La Libertad. El presente estudio está orientado a establecer el nivel de indisciplina del personal de la jerarquía de suboficiales de la PNP y su influencia en la calidad del servicio policial en la III MACREPOL - La Libertad. / Discipline is especially relevant in armed forces such as the army of land, air and water; as well as the public and citizen security bodies. Mainly, because the adequate fulfillment of superior orders and ensuring the fulfillment of the mission, will demand, on many occasions, the exposure of the life of the military or police officer, or in the best of cases, putting the physical and psychological integrity at serious risk. from the server. Discipline, in the armed forces, implies conscious and voluntary compliance with the institutional norms, as well as the provisions issued by superiors, for the adequate fulfillment of the planned actions or activities, the success of the mission, and the achievement of the objectives planned. From this perspective, discipline should be an especially necessary condition for all police officers, to ensure the quality of police services in general in favor of providing public and citizen security at the level of the III POLICE MACREPOL - LA LIBERTAD. This study is aimed at establishing the level of indiscipline of the subordinate personnel of the PNP and its influence on the quality of the police service in the III MACREPOL PNP LA LIBERTAD.

El presente artículo explica cuáles son las implicancias de la protección del derecho al honor en el procedimiento disciplinario sancionador laboral y la prevalencia de la aplicación de la sanción de despido ante actos de injuria, debido a la falta de aplicación de los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Teniendo en cuenta lo anterior, se parte de identificar el marco general normativo y jurisprudencial de protección del derecho al honor y la libertad de expresión a nivel nacional e internacional, a fin de analizar las diferencias y la finalidad de la tutela que otorga cada ordenamiento. Asimismo, se aborda los principios del procedimiento disciplinario para esclarecer el marco de protección específico del derecho al honor en materia laboral y las sanciones aplicables a los actos de injuria a nivel nacional, con el objetivo de explicar la elección por la preferencia del derecho al honor frente a la libertad de expresión de los trabajadores en el Perú. Además, se propone un marco de actuaciones en el procedimiento disciplinario laboral, mediante el ejercicio del test de ponderación, para determinar la existencia de una afectación al derecho al honor que justifique la elección de una sanción. Finalmente, se propone una modificación normativa a fin de evitar validar despidos por la mera existencia de expresiones injuriantes o faltamiento de palabra, exigiendo la evaluación de la gravedad del daño ocasionado al derecho al honor y la aplicación de una sanción proporcional.

Actualmente es posible sancionar a los trabajadores del Sector Publico, comprendidos en el ámbito de aplicación del Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador regulado en la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil, con sanción de suspensión sin goce de remuneraciones o de destitución, con la sola imputación de comisión de falta grave por vulnerar el "Principio de Respeto", el "Principio de Eficiencia", el "Principio de Idoneidad" y el "Deber de Responsabilidad" establecidos en la Ley 27815 - Ley del Código de Ética de la Función Pública (las cuales son incluidas en el listado de faltas administrativas de Ley del Servicio Civil - Ley N° 30057, de acuerdo al artículo 100° de su Reglamento); cabe precisar, que las faltas antes mencionadas han sido enunciadas de forma abierta y genérica, en tanto es posible encajar numerosas y diversas conductas del trabajador, aspecto que podría constituir la afectación del derecho al trabajo y al debido procedimiento; bajo dicho contexto, el objeto del presente trabajo es analizar la constitucionalidad de la imposición de las sanciones por la imputación de una falta grave de tipificación abierta, a fin de plantear criterios a tomar en cuenta por las entidades en salvaguarda del derecho al trabajo y al debido procedimiento.

El presente trabajo académico desarrolla un análisis crítico sobre los pronunciamientos de la Corte Suprema referidos a las sanciones impuestas a trabajadores que acatan huelgas calificadas por la Autoridad de Trabajo como improcedentes, ello desde una óptica garantista y protectora de cara a cuestionar estos pronunciamientos donde actualmente se vienen validando este tipo de sanciones que no hacen más que afectar el derecho fundamental a la huelga de los trabajadores. En ese sentido, y con la finalidad de dar un aporte en materia de derecho colectivo de trabajo se hace un estudio pormenorizado de las categorías de huelga improcedente y huelga ilegal estableciendo objetivamente su diferenciación en su concepto y sobre todo en sus efectos. Asimismo, cabe señalar que este trabajo académico, analiza la normativa constitucional y legal que prevé el derecho fundamental a la huelga, así como de la potestad sancionadora del empleador la cual no puede excederse de los límites impuestos por la ley al momento de concretizarse sobre aquellos trabajadores que solo intentaron defender sus derechos laborales y socioeconómicos a través de una convocatoria de huelga. Finalmente se presentan las conclusiones, las cuales son producto del análisis previo realizado, donde la idea general gira en torno a considerar que tales criterios jurisprudenciales que validan el actuar indebido del empleador tienen serios cuestionamientos que deberían ser corregidos por una nueva línea jurisprudencial más garantista de cara a proteger de mejor manera el ejercicio al derecho de huelga.